Aunque el Gobierno negó un recorte directo, el cambio de la fórmula previsional y el congelamiento del bono funcionaron como una licuadora silenciosa sobre los haberes. En la comparación con el esquema anterior, los jubilados cobran hoy hasta un 25% menos de lo que deberían.

En el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, las jubilaciones fueron uno de los blancos centrales de la motosierra. Si bien el Ejecutivo no aplicó un recorte nominal directo sobre los haberes, la decisión de modificar por decreto la fórmula de movilidad previsional derivó en una pérdida concreta y acumulada que, según distintos análisis, ya alcanzó hasta un 25% respecto de lo que los jubilados hubieran cobrado de haberse mantenido el esquema anterior.

Más adelante, el impacto se explicó a partir del cambio dispuesto vía DNU 274/2024, mediante el cual el Gobierno reemplazó la fórmula que combinaba salarios y recaudación por una actualización atada exclusivamente a la inflación. Esa modificación, presentada como una medida “neutral”, implicó en los hechos que los haberes crecieran menos que bajo el régimen previo, especialmente en un contexto de recuperación parcial de ingresos y actividad. La comparación entre ambos esquemas dejó en evidencia que, hacia fines de 2025, las jubilaciones deberían haber sido alrededor de un 25 a 27% más altas sin el cambio impuesto por Milei.

En el mismo tono, otro factor clave del ajuste fue el congelamiento del bono previsional. El refuerzo de $70.000, que alcanzó a millones de jubilados y pensionados, permaneció fijo mientras la inflación continuó licuando su valor real. De este modo, incluso quienes percibieron el bono vieron deteriorarse su ingreso total mes a mes, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Finalmente, por más que Milei y su junta insistieron en negar un “recorte”, los números mostraron otra cosa: el ajuste existió, fue deliberado y tuvo consecuencias directas sobre los ingresos de los jubilados. No se trató de una poda explícita, sino de una estrategia de licuación sostenida, que volvió a colocar el peso del programa económico sobre quienes menos margen tienen para resistirlo.

Un documento oficial presentado por el Gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal afirma que no existe una estructura criminal denominada “Cártel de los Soles”, desmintiendo la idea instalada en el discurso mediático y cuestionando una figura clave en la narrativa sobre el narcotráfico venezolano.

Una presentación formal de funcionarios estadounidenses ante un tribunal federal en el marco de una causa judicial reveló que, según la propia administración de Estados Unidos, no existe evidencia de la conformación formal de una organización criminal denominada “Cártel de los Soles” como unidad estructurada y operativa.

La expresión “Cártel de los Soles” había sido utilizada en múltiples ocasiones por distintos actores políticos, analistas de seguridad y organismos de prensa para describir a una supuesta red de narcotráfico vinculada a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, el documento oficial reconoce que no hay una entidad con ese nombre o configuración identificable legal o procesalmente.

En el texto judicial, los representantes del Gobierno norteamericano explicaron que aunque existen investigaciones sobre actividades delictivas y vínculos de funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas, ninguna prueba concreta respalda la existencia de una estructura monolítica o cartelizada bajo el título de “Cártel de los Soles” con una jerarquía y operativa definidas como la de otros carteles tradicionales.

Este reconocimiento judicial contradice directamente el uso frecuente de esa denominación en discursos oficiales y mediáticos, que la emplearon como un sello para agrupar una serie de imputaciones y supuestos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico internacional.

La declaración también pone en evidencia la complejidad y fragmentación de las redes delictivas en Venezuela, donde actores vinculados a actividades ilícitas pueden operar sin constituirse en un cartel formal y centralizado, lo que complica las atribuciones judiciales y los procesos de imputación en materia de crimen organizado.

El impacto de este reconocimiento puede tener repercusiones tanto en la política internacional como en las estrategias de persecución del narcotráfico, porque desdibuja una narrativa instalada durante años que había servido de argumento en sanciones, discursos diplomáticos y campañas mediáticas contra el gobierno venezolano.

Con esta presentación, Estados Unidos puso en blanco sobre negro lo que expertos alertaban desde hace tiempo: la existencia de estructuras ilícitas no siempre coincide con la formulación simplificada de un cartel unificado, y la investigación judicial seguirá su curso con base en hechos y pruebas, no en denominaciones preestablecidas.

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en los niveles obligatorios y contemplará un receso invernal del 20 al 31 de julio, con el objetivo de cumplir 190 días de clase.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y establece un mínimo de 190 días efectivos de clases.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, las clases iniciarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las modalidades Técnica, Agraria y Artística, además de Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y los Centros Educativos Complementarios. El cierre del ciclo lectivo quedó fijado para el 22 de diciembre, mientras que el receso invernal se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio.

Para el nivel superior, el calendario dispone que la Educación Superior Docente, Técnica y Artística comience el 16 de marzo y finalice el 27 de noviembre. En tanto, la Formación Profesional iniciará el ciclo el 9 de marzo y concluirá el 18 de diciembre. En todos los casos, las vacaciones de invierno coincidirán con las fechas previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma también contempla instancias de planificación institucional, con actividades pedagógicas y conmemoraciones que deberán incorporarse a las propuestas curriculares y áulicas de cada establecimiento, en función de los contextos locales y regionales.

Además, se establecen cinco jornadas institucionales a lo largo del año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional a definir por los equipos distritales. El acto de cierre del ciclo lectivo podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre.

Por último, la normativa dispone que las instituciones de gestión privada alcanzadas por convenios internacionales deberán adecuar su calendario al marco general establecido para el sistema educativo bonaerense.

Acorralado por la falta de dólares, el equipo económico apeló a la emisión monetaria para recomponer reservas y volvió a subir con fuerza las tasas. El Tesoro llega sin caja al pago de deuda de esta semana y negocia auxilio externo bajo presión.

El Banco Central reabrió una puerta que el propio Gobierno prometía mantener cerrada: la emisión de pesos para comprar divisas. En una jornada atravesada por la tensión cambiaria, la autoridad monetaria adquirió dólares con dinero recién creado, mientras el Ministerio de Economía endurecía las tasas para contener la demanda y evitar una nueva corrida.

La maniobra dejó al desnudo un problema estructural que la retórica oficial no logra tapar. La estabilidad cambiaria depende de instrumentos cada vez más costosos para la actividad económica y, aun así, no resuelve la escasez de divisas que enfrenta el Tesoro a días de un vencimiento clave de deuda externa.

Para frenar al dólar, el Gobierno combinó intervención directa con un salto abrupto en los rendimientos en pesos. Primero, el Tesoro salió a vender divisas y a convalidar tasas más altas; luego, el Central ingresó al mercado y concretó su primera compra de reservas del año financiada con emisión. El resultado fue un alivio transitorio, a cambio de mayor presión recesiva.

La urgencia explica la secuencia. Economía necesita reunir unos USD 4.200 millones para cumplir con compromisos que vencen esta semana y el reloj corre en contra. Los fondos deben transferirse a los agentes de pago internacionales en cuestión de horas, mientras continúan las negociaciones con un grupo de bancos extranjeros para obtener financiamiento de corto plazo.

El ancla elegida vuelve a ser la tasa de interés. Pero el remedio no es inocuo. El encarecimiento del dinero impacta de lleno en empresas y hogares, restringe el crédito y eleva el riesgo de incumplimientos en un contexto donde la morosidad ya muestra señales de alarma. El mercado financiero reflejó el ajuste con tasas de fondeo en niveles extremos.

La operatoria del Central implicó una emisión significativa de pesos que luego fue parcialmente absorbida mediante instrumentos de esterilización. Lejos de resolver el problema, la estrategia engrosa los pasivos remunerados que el propio presidente señala como uno de los factores de inestabilidad macroeconómica, en una contradicción cada vez más evidente entre discurso y práctica.

Del lado del Tesoro, la caja sigue corta. Los dólares disponibles no alcanzan para cubrir amortizaciones e intereses de bonos bajo ley local y extranjera. La expectativa oficial está puesta en un crédito puente de bancos internacionales, pero la discusión sobre garantías demora el acuerdo y mantiene bajo presión a los títulos públicos y al riesgo país.

El plan alternativo de captar divisas en el mercado interno tampoco rindió lo esperado. El blanqueo fiscal no generó el flujo de dólares prometido y los bancos advierten que las regulaciones vigentes siguen limitando el ingreso de fondos. En paralelo, el Gobierno mira a las provincias endeudadas como última fuente de dólares, aunque los plazos legales conspiran contra la urgencia.

Así, entre emisión monetaria, tasas al límite y negociaciones contrarreloj, el Gobierno gana horas pero no soluciona el fondo del problema. La calma cambiaria se sostiene con parches financieros, mientras la economía real paga el costo de un ajuste que, lejos de estabilizar, profundiza las fragilidades del esquema oficial.

El bloque PRO puso en duda el respaldo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Inteligencia impulsado por La Libertad Avanza, marcando una fuerte interna política en el oficialismo mientras crece el rechazo en distintos sectores de la oposición y la sociedad.

El oficialismo vive una tensa disputa interna a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941/2025) que modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilitando atribuciones polémicas, como la realización de tareas de contrainteligencia y la aprehensión de personas sin control judicial estricto.

Mientras La Libertad Avanza empuja la medida con el argumento de “modernizar” el sistema de inteligencia, el bloque PRO en la Cámara de Diputados decidió no garantizar su apoyo hasta no conocer los protocolos de aplicación y establecer controles democráticos claros. Los referentes del PRO, liderados por Cristian Ritondo, expresaron su preferencia por evaluar técnicamente las normas que van a regir la implementación antes de convalidar la reforma.

La tensión se agudiza porque el DNU, al ser un decreto de necesidad y urgencia, no puede ser modificado parcialmente en el Congreso: debe ser aprobado o rechazado en bloque. Para el PRO, esta situación deja al partido amarillo en una encrucijada: apoyar sin garantías sería avalar potestades que consideran excesivas; oponerlo por completo implicaría abrir una grieta con LLA dentro del propio oficialismo.

Este manejo cauteloso contrasta con la postura del núcleo duro de La Libertad Avanza, que busca demorar el debate hasta que se definan los protocolos, con la intención de avanzar sin fricciones mayores en la agenda de reformas institucionales. La estrategia de LLA apunta a frenar la embestida opositora y exigir que el DNU sea tratado recién en el período ordinario de sesiones, lo que podría postergar cualquier resolución hasta febrero.

La interna se vuelve más visible en medio del creciente rechazo opositor: bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas e izquierda presentaron acciones legales para que el decreto sea declarado inconstitucional y se frene de inmediato su aplicación, además de reclamar la alta probabilidad de que habilite facultades propias de un “estado policial”.

En este escenario, el PRO parece marcar una distancia estratégica tanto del decreto como del entusiasmo que muestra LLA por avanzar sin diálogo amplio. La jugada política planteada por Ritondo y su bloque expone que el respaldo automático del PRO al Gobierno de Milei ya no está garantizado, y que las tensiones internas del oficialismo podrían complicar más que consolidar la gestión en temas de alta sensibilidad institucional.

El Gobernador bonaerense comienza el año con una inversión récord para modernizar el Sistema Integral de Emergencias 911. El llamado a licitación es para adquirir equipamiento y contratar servicios.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, autorizó el llamado a la Licitación Pública N° 20/25 para avanzar en la provisión de equipamiento y la contratación del servicio de implementación, puesta en marcha, soporte y mantenimiento integral del Sistema Integral de Emergencias 911.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 2901-MSGP-2025, firmada por el ministro Javier Alonso el 31 de diciembre de 2025. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof realiza una inversión multimillonaria para un área más que sensible en todo el territorio bonaerense.

El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a $23.105.697.326,46, lo que convierte a la licitación en una de las más relevantes del área de seguridad para el próximo período. El proceso de compra se tramitará bajo el Proceso PBAC N° 170-1158-LPU25.

La iniciativa fue impulsada con la idea de llevar a cabo una actualización tecnológica y operativa del sistema. Asimismo, tiene el objetivo de garantizar su funcionamiento integral, sostenido y acorde a las demandas actuales en materia de seguridad y respuesta ante emergencias.

Según se detalla en la resolución, la licitación se encuentra encuadrada en el artículo 17 de la Ley N° 13.981, que regula el régimen de compras y contrataciones del Estado provincial, y su decreto reglamentario. El llamado contempla tanto la adquisición de bienes como la prestación de servicios especializados, incluyendo soporte técnico y mantenimiento, aspectos considerados críticos para la continuidad del sistema 911.



Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso

En cuanto al financiamiento, el gasto se imputará al Presupuesto General de la Provincia, con partidas correspondientes al ejercicio 2026 y compromisos diferidos al ejercicio 2027, distribuidos en distintos incisos presupuestarios. La Tesorería General de la Provincia ya registró el compromiso de pago de un anticipo financiero del 25% para los renglones principales, conforme lo establece la normativa vigente.

La resolución también prevé que determinadas prestaciones podrán ser prorrogadas hasta en un 50%, específicamente para el renglón 71, en línea con lo dispuesto por el decreto reglamentario de la Ley de Compras. Esta posibilidad busca dotar de mayor flexibilidad al contrato ante eventuales necesidades operativas futuras.

Asimismo, se conformó la Comisión de Preadjudicación, integrada por cinco funcionarios, que tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las ofertas presentadas. En tanto, la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 fue designada como la unidad orgánica responsable de actuar como contraparte contractual y de verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la licitación apunta a fortalecer y modernizar el sistema 911, considerado un componente clave para la coordinación de fuerzas, la atención de situaciones críticas y la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias en toda la provincia de Buenos Aires.

Tras un fin de semana turbulento marcado por la agresión de Estados Unidos a Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó con dureza a Estados Unidos por el bombardeo sobre Caracas y, tras ser blanco de amenazas directas por parte de Donald Trump, aseguró que está dispuesto a defender a su país incluso por la vía armada.

En medio de ese escenario, el líder colombiano respondió: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. Asimismo, negó enfáticamente vínculos con el narcotráfico y sostuvo que su patrimonio es público, por lo que calificó como “ilegítimo” el planteo de EE.UU.

En un extenso mensaje, Petro llamó a reconfigurar el vínculo regional al considerar que “los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”. Incluso, cuestionó el rol de la CELAC: “Hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”.

El mandatario colombiano sostuvo que “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Franco, ni Antonio de Oliveira Salazar” y que “por generaciones, los sudamericanos no olvidarán”. En esa línea, lamentó que esa “herida quedará abierta”, pero remarcó que “la venganza no debe existir porque mata el corazón”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dolor de toda la derecha argentina, descartó que vaya a haber elecciones pronto en Venezuela. Ayer, Delcy Rodríguez, juró ante la Asamblea Nacional como nueva presidenta de Venezuela, después de la detención de Nicolás Maduro. 

Según Trump, la actual mandataria venezolana “estuvo cooperando” con funcionarios estadounidenses y adelantó: “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”.

En es sentido, descartó que haya un llamado a elecciones: “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”. En ese sentido, vale recordar las palabras anteriores de Trump sobre Corina Machado, quien fue premiada en Europa con el Premio Nobel de la Paz: “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.