El Ejecutivo ofreció un incremento de 1,5 por ciento sobre la paritaria 2026, pero fue rechazado por los sindicatos.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) planteó que, de cara a la negociación 2026, “resulta imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación, sino también una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense”. 

De esa forma se manifestó el FUDB tras la reunión paritaria con funcionarios provinciales en la sede central del Ministerio de Trabajo, ubicada en La Plata, donde estos últimos ofrecieron un incremento salarial de 1,5 por ciento en la paritaria de este año, dando por cerrada, de esa forma, la paritaria 2025. La oferta fue considerada “insuficiente” por los sindicalistas.

Por ese motivo, el Frente de Unidad Docente también planteó como “prioritaria y urgente” la continuidad de la negociación paritaria en la que se pueda avanzar hacia una nueva propuesta, que garantice el cierre del 2025 con la recuperación del poder adquisitivo, “con un incremento salarial real que responda a las necesidades de las y los trabajadores de la educación”.

En el encuentro paritario estuvieron presentes por el Ejecutivo representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, junto con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

Finalmente, luego que los gremios rechazaran la propuesta presentada por el gobierno provincial, la reunión pasó a un cuarto intermedio.

El presidente designó al primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como nuevo Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), profundizando la lógica de convertir los activos estratégicos del Estado en un negocio familiar de la casta que dice combatir.

Tras la renuncia de Alfonso Peña, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2024, el Gobierno nombró a Diego Luis Adúriz como máxima autoridad ejecutiva de Yacyretá. Adúriz, hasta la semana pasada consejero del organismo, es primo de Toto Caputo y sobrino del empresario Nicolás “Nicki” Caputo, histórico beneficiario del poder político y socio recurrente del Estado argentino.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 15/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Junto con Peña, también presentó su renuncia el consejero José Antonio López.

Adúriz ya formaba parte del entramado económico del Gobierno: había sido designado como representante de CAMMESA y se desempeñó como asesor del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora asumirá la conducción de la represa binacional por un período que se extenderá hasta enero de 2031.

La actual composición del organismo fue definida directamente por Milei, quien designó a los representantes argentinos Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, estos últimos aún en funciones.

Además, el Ejecutivo completó el organigrama local de Yacyretá con el nombramiento de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejero hasta el 31 de agosto de este año, en reemplazo del licenciado López.

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra “la casta”, la conducción de una de las principales represas hidroeléctricas del país queda en manos del círculo íntimo del poder económico, confirmando que, lejos de achicarse, el Estado se reparte entre familiares y socios del Gobierno.

Milei construyó el relato del 17.000% de inflación y del 95% de pobres para describir una herencia catastrófica, pero la admisión oficial de una inflación del 211,4% expone que aquella cifra no se sostiene en ningún registro estadístico reconocido.

El vocero presidencial Manuel Adorni publicó este martes un mensaje en redes sociales en el que celebró que “la inflación del 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años”, y recordó que, al asumir el actual gobierno, “la inflación del 2023 había sido del 211,4%”. Con esos números, Adorni cerró su mensaje autoatribuyéndose un supuesto logro de gestión: “esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Sin embargo, en el mismo movimiento, Adorni terminó desarmando el relato que tanto Milei como su equipo repitieron desde la campaña electoral y durante buena parte de su gestión. En múltiples apariciones públicas, el Presidente aseguró que recibía de Alberto Fernández una economía con una inflación anual de 17.000%. Por ejemplo, en un discurso y entrevistas de 2024 dijo categóricamente: “En seis meses redujimos la inflación del 17.000 al 50% anual”, frase que fue reproducida varias veces en medios pese a no estar sustentada en datos estadísticos oficiales.

Incluso en declaraciones más técnicas, Milei insistió con el mismo número: “Cuando vos tomás lo que dio mayorista, que fue 54%, lo anualizás y te da 17.000%” — un intento de justificar con un cálculo poco convencional una cifra apocalíptica que nunca se materializó en los datos del INDEC. Además, en el ámbito de la campaña y eventos partidarios vinculados a La Libertad Avanza, aseguró que “dejaron plantada una inflación del 17.000%, que iba a dejar 95% de pobres”, asociando ese número a una herencia catastrófica del gobierno anterior.

En el mismo tono, esta contradicción no es un detalle menor ni un ajuste técnico de cifras: si la inflación real del último año de Alberto Fernández fue del 211,4% y no del 17.000%, entonces las cifras ultraexageradas que Milei decidió llevar en discursos oficiales, entrevistas y presentaciones públicas no se sostienen con ninguna estadística reconocida. La repetición constante de este número funcionó como relato político para justificar recortes, ajustes y la narrativa del desastre, pero hoy queda expuesto como una construcción retórica que el propio vocero del presidente no pudo sostener cuando fue a dar los datos oficiales.

Finalmente, mientras el gobierno celebra porcentajes más moderados y se aplaude a sí mismo, queda claro que el relato presidencial estuvo montado sobre cifras que no correspondían a la realidad y que, en muchos casos, eran deliberadamente alarmistas. Que el propio vocero tenga que publicar los datos oficiales y dejar de lado la versión presidencial desnuda no solo un error técnico, sino un engaño político que se usó para condicionar decisiones económicas profundas y dolorosas para la mayoría de los argentinos.

Llevarán al presidente ante la Justicia federal tras sus declaraciones sobre la autodeterminación de los kelpers. Advierten que el Gobierno nacional incurre en una grave vulneración de la Constitución y consolida una posición funcional a los intereses británicos.

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) denunciará al presidente Javier Milei ante la Justicia Federal por sus reiteradas declaraciones sobre la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, a las que calificaron como un aval explícito al colonialismo británico y una claudicación del reclamo histórico argentino.

La presentación judicial se realizará luego de que el jefe de Estado ignorara una carta documento enviada el 2 de enero, en la que se le exigía una retractación pública por sus dichos. El escrito, firmado por el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, intimaba a Milei a corregir afirmaciones que, según los veteranos, contradicen de forma directa la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La controversia se originó en una entrevista concedida por Milei al diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025, donde sostuvo que Malvinas “debería regresar a la Argentina solo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Para los excombatientes, esa definición implica reconocer el principio de autodeterminación de una población implantada por la potencia ocupante.

El planteo no fue aislado. El 2 de abril de 2025, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente profundizó esa línea al afirmar que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y expresar su deseo de que los kelpers “algún día voten con los pies a la Argentina”. Incluso sostuvo que el objetivo del país debía ser volverse tan atractivo que los habitantes de las islas prefirieran ser argentinos.

Las organizaciones de veteranos consideran que esas expresiones configuran una renuncia política al reclamo soberano y una adopción abierta del lenguaje colonial británico. Señalan que la Constitución Nacional es taxativa al ratificar la soberanía “legítima e imprescriptible” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y al establecer su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante legal del CECIM, confirmó que la denuncia será presentada en los próximos días ante la Justicia Federal de Comodoro Py. La intención es solicitar la habilitación de la feria judicial y, de no prosperar, avanzar con la presentación en febrero, una vez reanudada la actividad judicial. “Le dimos un plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, afirmó.

No es la primera vez que las declaraciones de Milei generan reacciones judiciales. En abril del año pasado, tras su primer pronunciamiento favorable al principio de autodeterminación, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció al presidente por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria. Aquella causa no avanzó.

Para los excombatientes, sin embargo, el problema persiste y se agrava. Advierten que el Gobierno de Milei no solo guarda silencio ante los reclamos, sino que consolida una política exterior que debilita la posición argentina y rompe con décadas de consenso democrático en torno a Malvinas, transformando una causa nacional en una concesión ideológica.

La embajada estadounidense difundió un mensaje de tono intimidante dirigido a turistas, estudiantes y trabajadores argentinos. En línea con la política migratoria de Donald Trump, confirmó que el monitoreo es permanente y que la visa puede ser revocada incluso después del ingreso al país.

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina lanzó una advertencia de fuerte contenido político y simbólico hacia los ciudadanos argentinos que viajan con visa. “Te estamos controlando”, señaló el mensaje difundido por la misión diplomática, que dejó en claro que el seguimiento no termina con la aprobación del permiso de ingreso, sino que se extiende durante toda la estadía en territorio norteamericano.

El comunicado indicó que el Gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre quienes viajan por turismo, estudio o trabajo, y que cualquier incumplimiento de las condiciones migratorias puede derivar en la cancelación inmediata de la visa y en un proceso de deportación, sin necesidad de advertencias previas.

Según la embajada, la visa no constituye un derecho adquirido, sino una autorización sujeta a control permanente. El alcance de la vigilancia incluye la revisión de antecedentes, eventuales irregularidades durante la estadía, cambios en la situación declarada e incluso el comportamiento en redes sociales.

El endurecimiento del mensaje no es un hecho aislado. Se inscribe en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, caracterizada por un enfoque punitivo y una creciente violencia institucional contra migrantes y visitantes extranjeros. Desde el inicio de su nueva gestión, Estados Unidos revocó más de 100.000 visas, una cifra récord que acompaña el giro restrictivo del discurso oficial.

El Departamento de Estado informó que miles de permisos fueron anulados por la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducción bajo los efectos del alcohol, aunque remarcó que cualquier infracción puede ser motivo suficiente para perder la visa.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al justificar el refuerzo de los controles.

En paralelo, la política migratoria se apoya en una estrategia de deportaciones masivas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, más de 605.000 personas fueron deportadas en este período, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria bajo presión oficial.

La advertencia dirigida a los argentinos se alinea con ese esquema general. Más que una recomendación administrativa, funciona como un mensaje disciplinador que refuerza el clima de control y vigilancia promovido por la Casa Blanca, incluso sobre quienes viajan de forma legal y temporal.

Las estadísticas oficiales confirman que durante octubre de 2025 la destrucción de empleo registrado tuvo un salto preocupante: se perdieron más de 30 mil puestos laborales en todo el país, mostrando una profundización de la caída del mercado de trabajo en múltiples sectores.

Los datos oficiales sobre el mercado laboral revelan que en octubre pasado se perdieron 33.100 puestos de trabajo registrado, con caídas que afectaron prácticamente a todas las categorías laborales, incluido el monotributo, un segmento que hasta ahora había mostrado mayor resistencia ante la contracción del empleo formal.

La caída se reflejó en una reducción de la cantidad total de aportantes al sistema previsional, que pasó de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 en octubre, lo que muestra una retracción significativa en pocas semanas.

El empleo asalariado privado —el principal generador de trabajo formal— fue uno de los más golpeados, con una pérdida acumulada de 71.000 puestos entre junio y octubre de 2025. La estadística oficial también indicó que 10 de los 14 sectores productivos relevados registraron descensos de empleo en el mes.

La caída laboral no se concentró en un área aislada: industria, comercio, construcción y servicios empresariales fueron los sectores que evidenciaron mayores bajas, en un panorama que refleja el retroceso de la actividad productiva y la falta de generación de empleo.

El empleo público y el trabajo en casas particulares también sufrieron retrocesos en octubre, mientras que el único segmento con leve mejora fue el de trabajadores autónomos, un cambio que no alcanza para compensar la destrucción neta de fuentes de trabajo formal.

En términos interanuales, la caída del empleo es aún más profunda: entre octubre de 2024 y octubre de 2025 se perdieron más de 90 mil puestos de trabajo registrados, con descensos tanto en el sector privado como en el público y entre los trabajadores domésticos.

Estos números se suman a una tendencia prolongada de debilitamiento del mercado laboral argentino, que en los últimos años viene mostrando cifras negativas en los principales indicadores de empleo formal, y plantean un desafío urgente para las políticas económicas y sociales ante la falta de creación de trabajo estable y de calidad.

El Indec reconoció finalmente que el relato de “inflación cero” no tiene sustento. En noviembre, la suba de precios fue de 2,8% con un incremento interanual de 31,8%. Se esperan números similares para diciembre y enero.

Si se ve la inflación núcleo, que no incluye a los precios regulados, el problema es mayor porque en noviembre corrió al 3%. El modelo de Javier Milei de desinflación se terminó. ¿Y ahora?

Por indicaciones del FMI, el gobierno busca liberar tarifas y ajustar el tipo de cambio por inflación, lo que en la práctica va a retroalimentar el problema. ¿Podrá bajarla a cero como prometió Milei que ocurriría en 2025?

El empleo asalariado en el sector privado cayó por quinto mes consecutivo en octubre. A su vez, se trató de la mayor pérdida de puestos de trabajo en un año y medio, en parte por la incertidumbre que traía aparejada la elección legislativa pero fundamentalmente por el perfil de un modelo económico que no tiene a la creación de empleo de calidad como eje central.

Este martes la secretaría de Trabajo informó que en el décimo mes del año se contabilizaron cerca de 6,2 millones de trabajadores formales en el sector privado. Esto significó una reducción de 17.900 puestos respecto de septiembre. Desde abril de 2024, cuando la economía todavía acusaba las consecuencias de la brusca devaluación, que no se veía una variación negativa de tal magnitud.

Desde que Javier Milei es presidente, ya son 176.900 las fuentes laborales que se perdieron en este segmento. Si bien la mayor parte de esta baja se produjo en el primer semestre de 2024, entre junio y octubre de 2025 fueron 71.300 los empleos destruidos.

Como suele pasar cuando gobierna el liberalismo en Argentina, el sector privado sufre por el ajuste y las recetas neoliberales, que en su narrativa vienen a mejorar el desempeño de las empresas y a crear empleo. En la práctica siempre ocurre lo contrario: cierran empresas y aumenta el desempleo. La historia se repite una vez más en Argentina.

Lejos de capitalizar la mayor disponibilidad de materias primas, el sector cerró noviembre de 2025 con fuertes caídas en producción, ventas internas y exportaciones.

Mientras Vaca Muerta consolida récords de producción de hidrocarburos y se posiciona como uno de los principales motores del sector energético, la industria química y petroquímica atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. Lejos de capitalizar la mayor disponibilidad de materias primas, el sector cerró noviembre de 2025 con fuertes caídas en producción, ventas internas y exportaciones.

Un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) revela que la producción total se desplomó 15% respecto de octubre y 18% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros once meses del año, la contracción alcanza el 6%, confirmando un deterioro sostenido que se profundizó hacia el final de 2025.

El mercado interno tampoco ofreció señales de alivio. Las ventas locales cayeron 9% en el mes, con un impacto especialmente severo en los subsectores vinculados a los agroquímicos finales. En términos interanuales, el retroceso fue del 21%, mientras que el acumulado anual muestra una baja del 17%, en un contexto de fuerte retracción de la demanda industrial y del consumo.

El frente externo, que históricamente funcionó como válvula de escape, tampoco logró compensar la caída doméstica. Las exportaciones retrocedieron 4% frente a octubre y 14% interanual. Entre enero y noviembre, el desempeño exportador quedó 1% por debajo del registrado en 2024, evidenciando un estancamiento que contrasta con el crecimiento de las ventas externas de hidrocarburos.

La crisis ya tiene impacto directo en el empleo. Tal como informó Ámbito, la petroquímica Sealed Air despidió a 65 trabajadores tras fracasar las negociaciones con el gremio, en el marco de un “proceso global de optimización de recursos”. La compañía aplicó una reducción cercana al 40% de su plantilla, combinando despidos y retiros voluntarios, lo que derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

En este escenario adverso, la Pequeña y Mediana Industria Química (PyMIQ) mostró señales mixtas. La producción cayó 9% mensual, aunque mantiene un crecimiento interanual del 9% y un avance acumulado del 7%. Las ventas locales descendieron 7% en noviembre, pero crecieron 9% frente al mismo mes del año pasado. El dato más destacado fue el salto mensual del 27% en exportaciones, aunque la comparación interanual sigue siendo negativa (-20%) y el acumulado anual refleja una caída del 30%.

El deterioro del comercio exterior se tradujo además en una balanza comercial deficitaria. En noviembre, las importaciones del sector bajaron 0,21%, pero las exportaciones medidas en dólares se contrajeron 27%, lo que arrojó un déficit estimado del 16,5%.

A esto se suma un uso de la capacidad instalada que permanece lejos de niveles óptimos. Según la CIQyP, en productos básicos e intermedios el promedio fue del 67%, mientras que los productos petroquímicos alcanzaron el 79%, dejando en evidencia un importante margen de capacidad ociosa en una industria que debería ser estratégica para agregar valor a los recursos de Vaca Muerta.

En términos de facturación, las ventas totales del sector alcanzaron los u$s261 millones en noviembre y sumaron u$s3.076 millones en los primeros once meses del año. Para Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, los datos reflejan “un cierre de año marcado por la desaceleración de la actividad industrial en general”. Si bien destacó la recuperación puntual de las exportaciones PyMIQ, advirtió que el escenario sigue siendo desafiante.

De cara a 2026, el principal interrogante es si el boom energético logrará finalmente derramar sobre la industria química y petroquímica. Por ahora, la paradoja es evidente: en un país que bate récords de producción de gas y petróleo, la industrialización de esos recursos continúa en retroceso.

En las últimas horas, Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con la Casa Rosada al reclamar que no se recorten fondos para el combate del fuego y al advertir que la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo impacta de lleno en la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias ambientales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei al cuestionar el ajuste en el área ambiental y exigir una mayor asignación de recursos para enfrentar los incendios que azotan a la Patagonia, en medio de un desastre ecológico de gran magnitud y de crecientes tensiones dentro del Gobierno nacional.

En las últimas horas, Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con la Casa Rosada al reclamar que no se escatimen fondos para el combate del fuego y al advertir que la política de recorte impulsada por el Ejecutivo impacta de lleno en la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias ambientales. Su planteo fue leído como un desafío directo al esquema de ajuste que sostiene Milei sobre los organismos ambientales y de gestión de emergencias.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.
Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

“Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, escribió la titular del Senado en sus redes sociales, en un mensaje que puso el acento en la necesidad de priorizar recursos públicos para preservar el ambiente, mientras los incendios —cuya intencionalidad ya fue confirmada— arrasan con parques nacionales, tierras fiscales y propiedades privadas.

A través de su cuenta en X, Villarruel describió la situación como una tragedia recurrente y sostuvo que “todos los años se repite esta catástrofe que nos duele a todos los argentinos”, al señalar que las tierras son devastadas por incendios provocados “con dolo, por negligencia o de manera fortuita”.

Además del reclamo presupuestario, la vicepresidenta adelantó que propondrá en el Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas y establecer cárcel efectiva para quienes inicien incendios. “Quien delinque debe responder”, afirmó, y remarcó que las sanciones deben aplicarse “sin excepciones, sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología”.

En ese marco, Villarruel citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a protegerlo y recomponerlo cuando resulta dañado, reforzando el sustento legal de su postura en plena crisis ambiental.

El planteo de la vicepresidenta también incluyó un llamado a mejorar la articulación entre el Estado nacional y las provincias. Reclamó “una coordinación más eficiente y asertiva en el combate contra el fuego”, una definición que fue interpretada como una crítica indirecta a la reducción de recursos y al corrimiento del Estado nacional promovido por el Gobierno de Milei.

No es la primera vez que Villarruel, sin vínculos orgánicos con la Casa Rosada, expone diferencias con el Presidente. Sin mencionarlo de forma explícita, volvió a cuestionar decisiones del Ejecutivo y a profundizar una interna que se hace cada vez más visible, mientras la Patagonia atraviesa uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años.