La falta de pagos y la negativa a actualizar aranceles derivaron en la suspensión progresiva de prestaciones médicas en al menos cuatro provincias, mientras otras se mantienen en estado de alerta y podrían sumarse en las próximas horas.
Clínicas y sanatorios —principalmente en la Patagonia y el centro del país— confirmaron que comenzaron a restringir la atención a afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Aunque oficialmente no se trata de un “cierre total”, el impacto es profundo: miles de jubilados ya no pueden acceder a consultas en consultorios externos, cirugías programadas ni estudios ambulatorios.
Las urgencias y emergencias continúan atendiéndose bajo criterio médico, pero el recorte en la atención regular instala un escenario alarmante: controles postergados, tratamientos interrumpidos y diagnósticos demorados para una población que depende casi exclusivamente del PAMI para sostener su salud.
Provincias afectadas: la mecha ya está encendida
La medida de fuerza impacta con fuerza en:
- La Pampa, donde clínicas dejaron de atender consultorios y cirugías programadas.
- Neuquén, Río Negro y Chubut, que se sumaron al corte tras no recibir transferencias adeudadas.
- Córdoba, donde ACLISA declaró el estado de alerta por demoras en los pagos.
En la Patagonia, cerca de 30 sanatorios enviaron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, exigiendo respuestas urgentes. Advirtieron que, si no hay convocatoria a una mesa técnica y soluciones concretas en las próximas horas, la suspensión “progresiva” podría transformarse en un corte total de servicios.
En Río Negro ya son 15 los establecimientos que suspendieron prestaciones, entre ellos el Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Roca, Clínica Viedma y Sanatorio Juan XXIII, entre otros. En Neuquén, la medida alcanza a ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. La lista crece y el temor es que el conflicto se expanda a otras jurisdicciones.
Deudas millonarias y sistema al borde del colapso
Los prestadores describen un panorama crítico:
- Deuda millonaria: solo en Neuquén se reportan compromisos impagos que superan los $1.000 millones.
- Atraso salarial: los pagos del PAMI representan hasta el 50% de los ingresos de muchas clínicas. Sin esos fondos, se demoran sueldos y se tensiona toda la estructura sanitaria.
- Aranceles congelados: los valores que paga la obra social quedaron muy por debajo de la inflación y de los costos reales, lo que vuelve inviable la prestación.
El conflicto ya no es solo financiero: es estructural. Las clínicas advierten que trabajan a pérdida y que el sistema se sostiene con parches mientras se acumulan deudas.
La respuesta oficial: auditorías y promesas
Desde el PAMI sostienen que los retrasos responden a auditorías internas para detectar irregularidades en facturaciones anteriores y “sanear las cuentas”. También aseguran que la atención “está garantizada” y que existen mesas de diálogo abiertas con las cámaras prestadoras.
Sin embargo, las transferencias parciales liberadas hasta ahora son consideradas insuficientes por los sanatorios, que aseguran que no cubren ni una fracción significativa de la deuda acumulada.
Este miércoles se realizará una reunión clave entre la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA) y autoridades nacionales del organismo. De ese encuentro dependerá si la medida se desactiva o si el conflicto escala hacia provincias de peso como Buenos Aires o Santa Fe.
Jubilados en el medio de la disputa
En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo y aumento del costo de vida, la interrupción de prestaciones médicas agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores. La incertidumbre crece y la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede tensarse el sistema antes de que el impacto sea irreversible?
La crisis del PAMI ya no es una discusión administrativa. Es una emergencia sanitaria en desarrollo.