Referentes de derechos humanos señalaron que las condiciones impuestas a la expresidenta son más restrictivas que las aplicadas en otros casos y reclamaron que la Justicia garantice las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas.

Referentes de múltiples entidades de derechos humanos se reunieron este martes en una conferencia de prensa para denunciar las restricciones que, según sostienen, fueron impuestas sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto en un departamento en Buenos Aires tras su polémica condena en la causa Vialidad.

Los organismos reclamaron a la Justicia federal que evalúe la veracidad y proporcionalidad de las condiciones de detención que se le aplican a la exmandataria, sosteniendo que las limitaciones sobre sus visitas, contactos y actividades son más severas que las impuestas a otros condenados que también gozaron del beneficio de la prisión domiciliaria.

Las entidades firmantes —entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)— señalaron que esas restricciones impactaron de manera directa en los vínculos personales de la ex presidenta y limitaron el ejercicio de sus derechos políticos.

El comunicado firmado por los organismos comparó la situación de la expresidenta con la de condenados por delitos de lesa humanidad que también accedieron a la prisión domiciliaria, pero sin que se les impusieran las mismas limitaciones en visitas y permisos, una diferencia que los denunciantes consideran injusta e inequitativa.

En la conferencia prevista en la Cámara de Diputados, los referentes manifestaron que la defensa de Fernández de Kirchner ya había presentado solicitudes para modificar el régimen de detención, sin que hasta el momento se hayan incorporado cambios significativos.

La denuncia de los organismos de derechos humanos se enmarca en un debate más amplio sobre cómo se aplican y supervisan las medidas restrictivas en casos de prisión domiciliaria, y sobre la necesidad de que esas decisiones respeten los estándares de proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantía de derechos fundamentales.

La interna en el oficialismo volvió a escalar con un duro cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado nacional libertario Luis Petri, en medio de fuertes acusaciones cruzadas y reproches públicos.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel acusó al ex ministro de Defensa de haber dejado un “vacío” en la obra social de militares y fuerzas de seguridad, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), y deslizó la existencia de un presunto desfalco que estaría bajo investigación judicial.

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”, escribió la vicepresidenta. En el mismo mensaje, redobló la apuesta y sugirió una posible responsabilidad penal: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

El descargo fue en respuesta a declaraciones previas de Petri, quien la había acusado de “apostar al fracaso del gobierno” y de ser “funcional a la oposición”, en un contexto de crecientes tensiones dentro del espacio gobernante. Además, el diputado cuestionó la actitud de Villarruel durante la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei, y aseguró que se mostró desatenta mientras el mandatario brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa

El intercambio marca un nuevo y áspero capítulo en la disputa interna del oficialismo, ahora atravesado por acusaciones de gravedad vinculadas a la gestión del IOSFA, la obra social que brinda cobertura médica a cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales en todo el país.

Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El sector de la construcción continúa sumido en un escenario sombrío, atravesado por una fuerte contracción de la actividad y una pérdida masiva de empleo. Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, describió una “crisis profunda” que ya provocó la eliminación de 120.000 puestos de trabajo directos y una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Según advirtió, el sector perdió cerca del 30% de su mano de obra en medio del ajuste.

“El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra”, sintetizó Weiss, al cuestionar el impacto del freno en la inversión pública nacional. Si bien reconoció cierto dinamismo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, sostuvo que el estancamiento es generalizado debido a la “casi total ausencia” de obras impulsadas por el Estado nacional.

El dirigente también alertó sobre los efectos de la apertura de importaciones y la necesidad de resguardar a las empresas locales. “Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, afirmó. En esa línea, remarcó que, aunque las compañías ineficientes podrían no subsistir en un esquema macroeconómico ordenado, “es imperativo proteger a las que sí lo son”.

A este cuadro se suma un mercado inmobiliario privado que continúa “tranquilo” y una recuperación del crédito hipotecario que, según Weiss, todavía no alcanza el volumen necesario para reactivar con fuerza la actividad. Así, pese a algunos indicios aislados de movimiento, la construcción sigue atrapada en un ciclo recesivo que profundiza la incertidumbre y el pesimismo en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

Con una conferencia de prensa en Diputados, Abuelas, Madres, HIJOS y SERPAJ cuestionaron el régimen de prisión domiciliaria de la ex presidenta y marcaron diferencias con el trato que reciben represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Organismos de Derechos Humanos realizaron este martes una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para reclamar ante la Justicia la flexibilización de las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria. La convocatoria se llevó a cabo en el anexo A del Congreso y contó con la presencia de referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Charly Pisoni, Pablo Llonto y Eduardo Tavani.

Durante el encuentro, las organizaciones difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron la disparidad de criterios que, según sostienen, existe entre el tratamiento judicial que recibe la ex mandataria y el que reciben represores condenados por crímenes de lesa humanidad que también cumplen prisión domiciliaria. “A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, señalaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia.

El reclamo apuntó directamente al régimen de detención que el Tribunal Oral Federal Nº2 dispuso el año pasado para la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución. Las restricciones vigentes incluyen un límite de tres personas por visita, con una duración máxima de dos horas y hasta tres veces por semana, además del uso de tobillera electrónica y un tope de dos horas diarias para el uso de la terraza del edificio.

En ese contexto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reflexionó sobre la situación política del país y llamó a la sociedad a movilizarse. “Yo creo que el pueblo debe movilizarse y los dirigentes despertar. Porque están dormidos. No tienen propuestas claras, alternativas, para la situación del país. Pero el pueblo se está movilizando. Pero tiene que comenzar a tener mayor fuerza con eso”, afirmó en declaraciones a Radio 750.

La defensa de Cristina Kirchner ya había solicitado sin éxito la flexibilización de estas medidas, entre ellas la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales y la quita de los límites a la cantidad y duración de las visitas. Hasta el momento, el Tribunal mantiene las normas fijadas originalmente.

La conferencia de prensa buscó instalar el tema en la agenda pública en un contexto donde, según los organismos, el tratamiento judicial hacia la ex presidenta resulta más severo que el aplicado a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los referentes de los Derechos Humanos que participaron del encuentro reclamaron una revisión de las medidas impuestas.

El senador libertario Francisco Paoltroni volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “comer carne es como andar en un Ferrari, es un lujo”, una frase que generó fuertes reacciones en el país históricamente identificado con la producción y el consumo de carne vacuna.

En la Argentina —donde durante décadas el consumo per cápita llegó a rozar los 100 kilos anuales y donde la carne formó parte habitual de la dieta semanal de millones de familias— la comparación con un auto de superlujo fue leída como una provocación y como un síntoma del cambio de época que atraviesa el mercado interno.

Las críticas se potenciaron por el propio perfil del senador: productor agropecuario y vinculado a la actividad ganadera, un sector tradicionalmente asociado al abastecimiento local además de la exportación. Para muchos, resulta llamativo que alguien con ese recorrido sostenga que hoy consumir carne sea equiparable a un lujo inaccesible.

En ese marco, la discusión de fondo gira en torno al destino de la producción vacuna, con un volumen creciente orientado a la exportación, y al impacto de los precios internos frente a salarios que no acompañan la inflación. Mientras desde el oficialismo se insiste en una mejora de los ingresos en términos de dólares, amplios sectores de la población señalan que el poder adquisitivo en el mercado local continúa deteriorado.

La frase de Paoltroni no solo reavivó el debate sobre el costo de vida, sino también sobre el modelo productivo y el acceso de los argentinos a uno de los alimentos más emblemáticos de su identidad cultural.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa presentaron el balance oficial de la temporada, que dejó los peores resultados desde la salida de la pandemia en términos de movimiento turístico e impacto económico en la Provincia de Buenos Aires.

Costa detalló que los datos relevados hasta el 22 de febrero confirman una caída generalizada en los principales indicadores del sector. Entre el 1° de diciembre y esa fecha ingresaron al territorio bonaerense 8,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 1,2% respecto del año pasado. Sin embargo, el contraste más fuerte se observa frente a la temporada 2022/2023, cuando se había registrado un millón más de visitantes.

El deterioro no solo se reflejó en la cantidad de turistas, sino también en la duración de las estadías. Hasta la primera quincena de febrero, el promedio fue de cinco noches, un 4% menos que en la temporada anterior y un 6% por debajo de los niveles de 2022/2023. “Vino menos gente, estuvo menos tiempo y gastó muchísimo menos que en temporadas anteriores”, sintetizó el ministro.

El dato más crítico surgió del análisis del consumo. A partir de un relevamiento en 28 centros turísticos, realizado junto al Banco Provincia mediante el estudio de transacciones, se determinó que el gasto promedio de los turistas cayó un 25% interanual. Si la comparación se realiza contra la temporada 2022/2023, la contracción alcanza el 35%, lo que implica una fuerte pérdida de ingresos para hoteles, comercios, gastronomía y actividades recreativas.

Según Costa, el desplome del poder adquisitivo fue determinante en este resultado. El funcionario advirtió que “los ingresos para el sector turístico se desplomaron en estos dos años” y que la actividad queda “muy mal parada” de cara al resto del año.

Entre los factores explicativos, el ministro apuntó al encarecimiento relativo de los destinos locales frente a los internacionales. Aseguró que viajar al exterior llegó a resultar hasta un 50% más barato que vacacionar en la provincia o en otros puntos del país, situación que desde el Gobierno bonaerense atribuyen a la política cambiaria nacional y a la pérdida de competitividad del turismo interno.

Por su parte, Kicillof vinculó el balance negativo con el contexto económico nacional y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. “En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada 4 minutos: estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó.

Con estos números oficiales, la temporada de verano cerró con un panorama crítico para uno de los motores económicos clave de la provincia, afectado de lleno por la caída del consumo y el deterioro del ingreso real de la población.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cruzarse con el gobierno de Javier Milei, después de que en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso anduviera a los empujones con Karina Milei. Militantes libertarios pidieron su renuncia en redes.

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”, ironizó en X Villarruel.

Después, siguió con sus tuits contra dirigentes oficialistas: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

La recaudación tributaria registró en febrero una baja real del 9,5%, profundizando el deterioro de las cuentas públicas y encendiendo alertas sobre la situación financiera de las provincias. Con este resultado, ya son siete los meses consecutivos en terreno negativo. Desde julio de 2025, los ingresos fiscales no logran acompañar el ritmo de la inflación. El motivo: la caída de la actividad golpea sobre los ingresos públicos, como era previsible.

En este contexto, se abre el interrogante sobre la capacidad de sostener el superávit fiscal que el presidente Javier Milei volvió a ratificar como meta para este año y que constituye el principal argumento a favor del actual esquema económico. La persistencia de la caída en los recursos pone presión sobre ese objetivo que solo se podrá lograr con más ajuste, que volverá a golpear sobre la recaudación, que necesitará un nuevo ajuste…

“El Gobierno ya agotó buena parte del margen de ajuste. Puede recortar subsidios, pero eso impacta en la inflación. El congelamiento del bono a los jubilados aporta poco. Y no parece viable modificar el ancla salarial”, sostuvo Hernán Letcher, economista y director del Centro de Política Económica Argentina (CEPA).

El retroceso golpea especialmente a los tributos que integran la masa coparticipable. El IVA, indicador clave del nivel de actividad, mostró una contracción real interanual del 3,2%. Parte de esa merma obedece a la caída del IVA Aduanero, tras la eliminación de la suspensión de los certificados de exclusión, una medida que favoreció a las importaciones.