Se acabó el silencio: peritan los audios que muestran cómo la ‘motosierra’ en discapacidad habría servido para financiar beneficios propios

La investigación judicial que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave tras el pedido formal de una pericia técnica sobre una serie de audios que involucran al director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo. La solicitud busca determinar la veracidad y la integridad de las grabaciones donde se escuchan presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos y la toma de decisiones dentro de la agencia encargada de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.

Spagnuolo, quien asumió el cargo bajo la actual administración y es un hombre de extrema confianza del entorno presidencial, quedó en el ojo del huracán luego de que trascendieran registros que sugerirían un uso discrecional de los recursos estatales. La justicia intenta establecer si los audios —que circularon de manera interna y luego llegaron a sede judicial— prueban maniobras de malversación o si fueron editados, como sostienen desde sectores cercanos al funcionario.

El avance de esta pericia es fundamental para la causa, ya que podría confirmar un esquema de desvío de partidas en un área que viene sufriendo recortes presupuestarios severos y denuncias de beneficiarios por la falta de entrega de insumos básicos y demoras en el pago de prestaciones. La denuncia pone en duda la transparencia en la gestión de una de las cajas más sensibles del Estado nacional.

Mientras se espera el resultado de las pruebas técnicas, el escándalo en ANDIS aumenta la presión sobre el gabinete. La investigación judicial no solo apunta a la responsabilidad penal de Spagnuolo, sino que también expone las internas de una gestión que prometía barrer con la discrecionalidad y ahora debe dar explicaciones en los tribunales por presuntos hechos de corrupción en una de las áreas más vulnerables de la administración pública.

El hermano del Jefe de Gabinete declaró ante la OA un patrimonio de $80.500.000, casi el doble de lo que había declarado al inicio de 2024.

Mientras el discurso oficial pregona un ajuste implacable sobre los ingresos de los trabajadores, la familia del vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco está puesto en Francisco Adorni, hermano del funcionario, quien recientemente adquirió una camioneta Jeep de última generación, un vehículo cuyo valor de mercado resulta difícil de explicar para un empleado que se incorporó hace apenas unos meses a la estructura del Estado.

Francisco Adorni fue designado al inicio de la gestión en un cargo dentro del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con un sueldo que supera los dos millones de pesos mensuales. Sin embargo, la compra de un vehículo de este porte, sumada a los gastos de mantenimiento y seguro que conlleva, ha despertado fuertes sospechas sobre la velocidad con la que los “nuevos funcionarios” han logrado capitalizarse mientras el resto de la sociedad padece una inflación galopante y la caída del poder adquisitivo.

La noticia de la camioneta se suma al ya escandaloso “Adornigate”, que mantiene bajo investigación judicial al propio vocero y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio, y este nuevo episodio de ostentación por parte del hermano de Manuel Adorni refuerza la percepción de un esquema de privilegios familiares financiados con fondos públicos.

Desde la oposición y diversos sectores sociales señalan la contradicción moral de una gestión que justifica el recorte en medicamentos y jubilaciones bajo el lema “no hay plata”, mientras sus propios integrantes exhiben lujos que son inalcanzables para la enorme mayoría de los argentinos. La camioneta Jeep de Francisco Adorni se ha convertido, en pocas horas, en el nuevo símbolo de una “casta” que parece haber cambiado de nombres, pero no de hábitos.

Desde el macrismo cuestionaron el mal andar del gobierno de Milei y sostuvieron que el apoyo legislativo brindado hasta ahora no debe confundirse con un “cheque en blanco”.

El partido liderado por Mauricio Macri emitió un duro comunicado que marca un punto de inflexión en su alianza con el Gobierno nacional. En un contexto dominado por el “Adornigate” —la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa—, el PRO decidió diferenciarse de la gestión libertaria, exigiendo mayores niveles de transparencia y criticando la falta de institucionalidad en algunas decisiones del Ejecutivo.

El documento expresa una creciente preocupación por la acumulación de escándalos que salpican al entorno más cercano de Javier Milei. Desde el PRO sostienen que el apoyo legislativo brindado hasta ahora no debe confundirse con un “cheque en blanco”, y subrayan que el compromiso con el cambio no justifica la repetición de prácticas que el sector venía a combatir. El distanciamiento se produce justo cuando la justicia avanza sobre el entorno del vocero presidencial, lo que el partido amarillo interpreta como un desgaste innecesario para la credibilidad del arco aliado.

Más allá de lo ético, el comunicado también refleja el malestar por la parálisis en la gestión y la falta de canales de diálogo fluidos. Los dirigentes del PRO remarcaron que el ajuste económico debe ir acompañado de una ejemplaridad que, a su criterio, se está viendo dañada por las recientes denuncias. Este gesto político deja al oficialismo en una posición de mayor fragilidad en el Congreso, justo cuando se discuten reformas clave para el programa económico.

Con este movimiento, el macrismo busca resguardar su propio capital político y evitar quedar pegado a las esquirlas judiciales que rodean a la Casa Rosada. La advertencia es clara: la gobernabilidad depende de un orden institucional que, por estas horas, el PRO considera que el Gobierno está descuidando peligrosamente.

El Gobierno de Javier Milei no para nunca con la motosierra: a partir del 18 de mayo subirán un 2% colectivos y trenes. En el caso de los colectivos, el boleto mínimo pasará a $714 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. Para un trabajador que usa dos colectivos por día, deberá gastar alrededor de 100 mil pesos al mes (siempre y cuando trabaje de lunes a viernes). Como se sabe, esos incrementos no están registrados correctamente por el INDEC porque el organismo público decidió no actualizar sus ponderadores.

Además, el gobierno libertario puso en marcha la Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo mediante el cual usuarios y sectores interesados podrán presentar opiniones y comentarios sobre los nuevos cuadros tarifarios. La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles a través de la web oficial de la Secretaría de Transporte y forma parte del proceso previo a la implementación de los aumentos previstos para las próximas semanas.

La propuesta oficial alcanza tanto a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor de jurisdicción nacional como al sistema ferroviario nacional y contempla incrementos escalonados y progresivos. A través de este lunes, formalizó ese proceso de apertura a través del Boletín Oficial mediante la Resolución 26/2026 con la firma del secretario Mariano Plencovich.

El interventor de Andis, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios que había detectado el fiscal Franco Picardi, en su investigación sobre el caso de las coimas que estalló con la divulgación de los audios de Diego Spagnuolo. Spagnuolo era un hombre de extrema de confianza de Karina Milei y fue quien tuvo a su cargo la gestión en Discapacidad. Por el escándalo nació el mote de “Karina coimera”.

La trama da cuenta además de la interna entre Santiago Caputo y la propia Karina porque Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, cercano a Caputo. 

En el documento, Vilches denuncia que “se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma”. “Se ha identificado un universo de 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78”, dice y agrega que “del monto total mencionado, una cifra cercana a los $4.770 millones se encuentra aún en estado “Pendiente” de liquidación”. Se estiman sobreprecios del 4000%. Se ve que para la corrupción sí había plata.