En una jugada relámpago que encendió todas las alarmas en el Congreso, Mahiques anunció el envío masivo de designaciones judiciales a la Cámara alta. Sectores opositores advierten sobre un intento de acomodar jueces “ad hoc” y garantizar un blindaje tribunero para el oficialismo.

En un movimiento de altísimo volumen político que promete desatar una tormenta institucional, el Gobierno nacional envió 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado para cubrir las vacantes en los tribunales de todo el país. La confirmación, a cargo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, fue leída de inmediato por amplios sectores políticos como una maniobra estratégica de la Casa Rosada para copar el Poder Judicial y garantizarse impunidad de cara a los expedientes sensibles que acorralan a la gestión.

Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo para agilizar la justicia, el masivo desembarco de nombres propuesto por Javier Milei apunta a casilleros decisivos en la Justicia Federal y en los fueros donde se tramitan desde denuncias por corrupción y contratos del Estado, hasta las presentaciones colectivas contra el ajuste económico y las medidas del Ejecutivo.

Las claves de la sospecha por el “copamiento” judicial:

• El control de los juzgados clave: La lista incluye postulantes para despachos de primera instancia y cámaras de apelaciones estratégicas, lo que le permitiría al oficialismo tejer una red de contención frente a futuras investigaciones penales o reveses judiciales.
• Alertas por “jueces ad hoc”: Desde la oposición salieron a denunciar que el apuro por aprobar este paquete busca nombrar magistrados afines al proyecto libertario, condicionando la independencia del Poder Judicial para los próximos años.
• La rosca en el Senado: Con un recinto fragmentado, la aprobación de las 203 candidaturas dependerá de negociaciones bajo mesa. Denuncian que el Gobierno ofrecerá cobertura en provincias a cambio del voto de senadores dialoguistas para blindar sus propios pliegos.

Blindaje judicial en tiempos de ajuste

La jugada se produce en el momento de mayor erosión política del Gobierno, salpicado por el descontento social y los severos cuestionamientos a sus decretos. Para analistas y legisladores opositores, armar una “Justicia adicta” es la última trinchera del Ejecutivo para frenar los amparos que frenan sus reformas y, al mismo tiempo, asegurarse la tranquilidad penal cuando los funcionarios deban rendir cuentas ante los tribunales.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lanzó una de sus críticas más duras contra el presidente Javier Milei al afirmar que “quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina”, al cuestionar el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras.

“Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras ‘Malvinas’, es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales“, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, diferenció la ocupación británica de las Islas Malvinas de lo que, según afirmó, busca el Gobierno nacional: “Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino”.

MILEI QUIERE LLENAR DE “OTRAS MALVINAS” TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. EN ESO CONSISTE EL PROYECTO DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS.
NO A LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS

— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 3, 2026

Espinoza aseguró que la iniciativa oficial representa un salto respecto de anteriores procesos de privatización. “Ya no se trata de ‘entregar a precio vil’ o de ‘vender al mejor postor’ el patrimonio nacional; ahora se trata de regalar nuestros recursos y convertir grandes porciones del territorio en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes”, afirmó.

El intendente también sostuvo que, mientras otros países protegen sus recursos estratégicos, “Javier Milei no”, y advirtió que el Gobierno pretende abrir la puerta a la apropiación extranjera de activos clave como el litio, el shale gas, el agua dulce, el shale oil y la producción agropecuaria.

“Argentina tiene litio para disputar el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro, plata y uranio para desarrollar la energía nuclear. Pero Javier Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales“, remarcó.

Finalmente, Espinoza vinculó esta política con la situación de las Islas Malvinas y advirtió: “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras, lo mismo pasará con todos nuestros recursos“.

Para cerrar, citó una frase de Manuel Belgrano: “Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzosamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación”, y concluyó: “Sigue vigente”.

La desregulación del sistema de practicaje impulsada por el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, desató un fuerte conflicto que mantiene paralizados los principales puertos exportadores del país.

Un paro por tiempo indeterminado de los prácticos ya dejó 140 buques sin operar, provocando demoras, desvíos de cargas al exterior y un fuerte impacto sobre el comercio internacional argentino.

La medida de fuerza comenzó en la madrugada del lunes 3 de agosto en rechazo al Decreto 690/2026, que modifica las reglas de la actividad de prácticos y pilotos, profesionales indispensables para asistir a los capitanes en maniobras complejas y en la navegación por canales, pasos fluviales y accesos portuarios. Su conocimiento de las corrientes, profundidades y riesgos de cada zona resulta clave para la seguridad de las operaciones.

El Gobierno sostiene que la reforma elimina requisitos que considera obsoletos, habilita una mayor competencia entre prestadores, permite la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios y actualiza las condiciones para eximir del uso obligatorio del servicio. Además, reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de la zona y dominio del inglés, en línea con estándares internacionales.

Sin embargo, el conflicto ya comenzó a generar fuertes consecuencias. En una nota enviada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyM), el Centro de Navegación —que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino— advirtió que al menos 140 buques permanecen a la espera de la confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje, una cifra que podría incrementarse con el correr de las horas a medida que nuevos barcos deban ingresar o salir de la Vía Navegable Troncal.

La entidad también alertó que varias operaciones previstas en puertos argentinos fueron canceladas y redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil. Según señalaron, la situación afecta a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, los complejos del Up River, Quequén y Bahía Blanca, entre otros, provocando pérdidas de operaciones de transbordo que habían sido recuperadas para la Argentina tras años de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Con el conflicto sin una resolución a la vista, crece la preocupación por el impacto económico de la paralización portuaria. La continuidad del paro amenaza con profundizar las demoras logísticas, encarecer los costos del comercio exterior y afectar el ingreso de divisas en uno de los sectores más estratégicos para la economía argentina.