El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a suplicar a los empresarios para que inviertan y aceleren “el proceso de reactivación” y prometió: “No los vamos a defraudar”.
“Ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación, cuya velocidad depende de la Ley de Bases y del proceso de inversión”, sostuvo el ministro.
Caputo habló en la apertura del Latin Economic Forum que se está realizando en la Ciudad de Buenos Aires.
"No los vamos a defraudar". Con la frase más menemista de la historia, Caputo le rogó hoy a los empresarios que inviertan y que "no tengan miedo". El régimen sabe que se le agotaron los trucos de casino y ahora suplica por fondos. Fin. pic.twitter.com/mtswSh1ozV
“También nos sentimos motivados por los resultados: estamos en franca recuperación, después de atravesar una situación crítica. Pasamos de un déficit de cinco puntos a superávit en un mes y llegamos a un dígito de inflación mensual”, afirmó.
“Entonces, vemos que lo peor ya pasó y estamos en franca recuperación, cuya velocidad depende de dos factores: la aprobación de la Ley Bases y convencer a los ciudadanos de que el cambio depende más de ellos. Está muy instalado de que ese cambio debe venir del sector público y no es así”, resaltó el jefe del Palacio de Hacienda.
“Sabemos todos que es un país que toda la vida los defraudó, pero no tengan miedo a aportar, porque esto es un círculo virtuoso. Nos los vamos a defraudar, tenemos un objetivo distinto”. dijo Luis Caputo.
En medio de las penurias de los jubilados, la pobreza que crece, la caída de la actividad económica y la incertidumbre, los libertarios buscan crear confianza en los empresarios con un supuesto“círculo virtuoso”.
En relación a la media sanción de una la ley de movilidad jubilatoria que se produjo en el Congreso nacional, Caputo envió claras señales al afirmar que el Gobierno nacional no se apartará del objetivo de sostener el equilibrio fiscal.
Un relevamiento de la UIC mostró además que en abril el 45% de las fábricas produjo menos que en el primer trimestre por la caída de ventas sostenida.
El último relevamiento realizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) a sus empresas asociadas en toda la provincia podría concluir con que “el año está perdido”. Es que, si bien hay optimismo a futuro, pocos esperan cambios positivos en el corto plazo y a pesar de transitar aún la primera mitad de 2024, ya apuestan a que el quiebre de tendencia se dé recién en 2025.
Es que en la actualidad, el derrumbe continúa y la luz al final del túnel todavía no asoma. Y eso se explica en que el 45% de los consultados admitió tener un menor nivel de producción en abril que en el primer trimestre, que ya había comenzado con serias dificultades. El proceso recesivo, fruto del ajuste y la crisis económica, se mantiene vigoroso.
“La industria de Córdoba enfrentó un mes de abril desafiante, con el 45% de los industriales reportando una reducción en el volumen físico de producción en comparación con el promedio mensual del primer trimestre del año. Este debilitamiento productivo refleja una desaceleración significativa en la actividad manufacturera, lo cual puede tener serias implicaciones tanto para la competitividad de las empresas locales como para los ingresos del sector”.
Nuevo escalón de crisis
Y el paso siguiente del deterioro comenzó a manifestarse: el recorte de fuentes de trabajo. Si bien siempre se destaca a la industria como un sector que resiste desprenderse de su personal por la inversión en capacitación y perfiles necesarios, el goteo empezó a acentuarse: en abril, una de cada cuatro empresas decidió recortar empleados. El mismo informe destaca que sin embargo, a futuro, las que piensan algún tipo de ajuste por el lado del trabajo, lo hace proyectando reducciones y no despidos. De todos modos, en la medida en que la actividad no recupere su ritmo, los riesgos de más desprendimientos continúa.
Según el relevamiento, “aunque el 70% de las industrias no variaron su dotación de personal, la reducción del 24% en la cantidad de empleados refleja un impacto sustancial en el factor laboral, indicando ajustes y posibles dificultades en el ámbito laboral. Particularmente crítica resulta la situación en el caso de las micro, donde casi un tercio tomó decisiones que implicaron reducir la cantidad de colaboradores”, remarcó la Unión Industrial.
En la otra punta, en la demanda, está el principal problema. El deterioro del bolsillo llevó a una fuerte caída del consumo y eso empezó a impactar primero en el comercio y luego se trasladó aguas arriba hacia a la industria.
“El mes de abril fue testigo de una contracción en la dinámica de pedidos locales. El 51% de los entrevistados experimentaron una contracción en su cartera de pedidos, mientras que un 28% logró mantenerse a flote en un mar de incertidumbre económica”, sintetiza el relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba.
Continúan los escándalos en el Ministerio de Capital Humano, luego de que la Justicia hallará diferencias entre lo que Sandra Pettovello informó y lo encontrado en los depósitos.
Continúan las repercusiones en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de que la Justicia hallará diferencias entre lo que informó el Gobierno nacional y lo encontrado en los depósitos de alimentos,tras los allanamientos en Villa Martelli y Tafí Viejo.
Es que, según los allanamientos que se llevaron adelante el sábado por la tarde, por orden del juez federal Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, “hay una multiplicidad de divergencias” entre lo que el Gobierno informó y lo que se encontró efectivamente en el lugar.
Según precisó la Justicia, las diferencias están en que faltan lotes de comida y que los alimentos que estaban vencidos no se encontraban en el lugar. “Es un primer análisis porque seguimos relevando información y además falta mucha documentación que no se encontró”, aclararon este martes.
En detalle, según el informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, en los depósitos de alimentos de Capital Humano de las 30.240 unidades de leche en polvo de un kilo que estaban informadas había solo 18.640, por lo que faltaban 11.600. Con otro lote de 49.950 unidades de leche en polvo informadas faltaban 8, mientras que de otras 229.034 unidades solo hay 11.600 de más.
Por otra parte, el informe destaca que no se encontraron en losdepósitos de alimentos de Capital Humano los aceites de marca “Costa del Sol” pero sí había 25.350 unidades del aceite “Alsamar” que no estaban registradas. Lo mismo ocurre con el producto de puré de tomate.
Vale recordar que, luego de que la Justicia notificará que la titular de Capital Humano no presentó en el tiempo ordenado el plan de distribución de las casi 6 mil toneladas de alimentos retenidos, el juez federal Sebastián Casanello resolvió que se ingresara al depósito ubicado en Villa Martelli.
En ese sentido, por la orden de Casanello, la Policía constato el listado de productos enviados por el Ministerio de Capital Humano “en cuanto al tipo, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento”. Fue allí, tras el informe de Pettovello y los allanamientos que la Justicia encontró diferencias notorias.
En la presentación en la Justicia, Capital Humano informó que entre los dos depósitos tiene 5.902.987 kilos de comida: 3.627.815 kilos en el depósito de Villa Martelli y 2.275.172 de kilos en Tafí Viejo. Según el informe se trata de aceite de girasol y de soja, arroz con carne, arroz y hortalizas, arvejas, garbanzos, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, locro, pasas de uva, pasta de maní, puré de tomate y yerba mate.
De allí surge que hay comida vencida, 3.792 kilos de yerba mate de la marca “La Hoja” que vencieron en enero de 2022, lo que corresponde al gobierno de Alberto Fernández. También 40 kilos de arroz y hortalizas que expiraron en febrero de este año. Sin embargo, habría alimentos que también expiran en julio, que sería el caso de los 339.867 kilos de leche en polvo.
Cuando se conoció el estado y fechas de vencimiento de los alimentos, la cartera conducida por Pettovello informó que se había llevado a cabo una auditoríaque determinó “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock”, echando así al supuesto responsable, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de La Torre.
Desde el entorno del hermano del actual senador bonaerense, Joaquín de la Torre, se quejaban de que “Pablo no tenía el control del tablero”, para aminorar el escándalo de los alimentos no entregados. Incluso, una de las escenas que graficó con exactitud esto, fue cuando ante una concentración de las organizaciones sociales, la propia Pettovello salió a afirmar que “atendería de a uno a quienes tuvieran hambre“.
Por ello, y ante la presión que se intensificada sobre la cartera de Pettovello, con dos manifestaciones, una denuncia judicial, y reclamos, en más de una oportunidad, de la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, expresó: “Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario”, la salida De la Torre fue inminente.
El presidente estalló con la aprobación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, acordada por toda la oposición en diputados.
Javier Milei enfureció con los diputados que le dieron media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y advirtió que la vetará, aunque la oposición quedó al filo de los dos tercios.
“Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC !!!”, apuntó el presidente esta madrugada quien además compartió el discurso que dio hace dos semanas en el IAEF cuando avisó que vetaría cualquier proyecto opositor. “Se los voy a vetar, me importa tres carajos”, dijo en ese momento.
Milei también volvió a sugerir que los diputados -que hace poco más de un mes le aprobaron la Ley Bases- son ratas. Lo hizo a través de dos dibujitos que publicó en su cuenta de Twitter casi a las dos de la madrugada.
El presidente también compartió y likeó decenas de tuits principalmente en contra del kirchnerismo y del radicalismo, al que había dejado de atacar después de la Ley Bases. También compartió mensajes en contra del aumento de sueldos que firmó Martín Menem.
Más calmado, esta mañana Milei volvió a expresarse y apuntó a “una parte del Congreso” que “muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal”. El presidente los culpó por “la pérdida de valor de los bonos” y la suba el riesgo país, que comenzaron varios días antes de la sesión. “Si cedemos a los delirios políticos volverá la inflación”, advirtió sobre el índice que en abril fue de 8,8%.
La amenaza de veto de Milei tiene el problema de que la oposición demostró que está muy cerca de conseguir los dos tercios que dejarían firme la sanción. Como explicó LPO, la nueva fórmula se aprobó con 160 votos, 11 menos de los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto del presidente.
Pero la situación para el Gobierno podría ser incluso peor. Porque si se toman los dos tercios de los presentes, la alianza que hoy se conformó lo habría alcanzado porque en el recinto había 240 diputados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aprobó este martes un incremento del 80% en la dieta de los diputados nacionales con la suba, el nuevo sueldo pasará a ser más de $2,2 millones.
A pesar del aumento que propuso Menem, desde Casa Rosada y casi todos los bloques están en contra, dado que les parece un aumento bajo y pretenden ganar lo mismo que los senadores, que en abril cobraron $7,2 millones con su actualización. Aún así, el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.
El funcionario buscó que buena parte de los presidentes de los bloques acompañen el aumento pero frente al rechazo de los legisladores, que entienden que es corto el incremento, la resolución llevará la firma de Menem en soledad.
Asimismo, los diputados tampoco quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública, por lo que la salida que se encontró es que la resolución lleve estampada la rúbrica del titular del cuerpo y de nadie más.
Por otro lado, los diputados de la oposición le reclaman a Menem que defienda el accionar de los legisladores y sus salarios en la discusión pública como lo hizo su par en el Senado, Victoria Villarruel.
Con este aumento, y tomando en cuenta una dieta promedio de 1,2 millones de pesos, los 257 legisladores nacionales pasarían a tener, una vez que se completen las tres cuotas, un ingreso promedio de 2.2 millones de pesos bruto.
“La realidad es que estamos muy lejos de lo que cobra un senador y nosotros también tenemos que viajar y tenemos que pagar hoteles”, explicó un diputado nacional a Infobae.
“El 80% de los miembros de la Cámara viven de su dieta y no les alcanza. El desarraigo que está en 300.000 pesos alcanzaba durante el 2023 para pagar un hotel, hoy no se cubre una semana. Si tengo que llamar a una comisión informativa, no viaja nadie”, agregó.
El ministro de Defensa, Luis Petri, reveló que el gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso con el fin de habilitar la participación de las FFAA en tareas de seguridad interna.
El ministro de Defensa, Luis Petri, reveló que el gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso con el fin de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas contra el terrorismo. Esta medida busca abordar “de manera contundente la creciente amenaza que representa el narcoterrorismo en el país”.
Durante su visita a la provincia de Mendoza, donde participó del II Consejo de Seguridad Interior, Petri expuso la intención del Ejecutivo para realizar dicha modificación. El proyecto de ley apunta específicamente a permitir la intervención del Ejército en ciertos casos de narcotráfico que involucren actos terroristas.
Ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas
Petri explicó que actualmente las Fuerzas Armadas tienen dos posibilidades de participar en tareas de Seguridad Interior. La primera está circunscrita a labores de apoyo logístico y transporte, como las que se llevan a cabo en la ciudad de Rosario. La segunda opción se presenta cuando las fuerzas de seguridad se ven sobrepasadas por la magnitud de los hechos delictivos.
Sin embargo, el proyecto de ley propuesto por el gobierno busca establecer una “opción intermedia” que permita la utilización de las Fuerzas Armadas de manera más directa en situaciones específicas de terrorismo vinculado al narcotráfico. Según explicó Petri, si un juez determina que se está en presencia de un acto terrorista, las tropas militares deberán intervenir.
Cabe destacar que el ministro aclaró que esta medida no está prevista para hechos menores, sino para situaciones de extrema gravedad que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Terminal Puerto Rosario (TPR) concretó esta semana los primeros despidos. Es a raíz de la fuerte caída de la actividad en los muelles por menores operaciones de exportación y de importación.
La empresa -concesionaria de las terminales I y II del puerto de Rosario- despidió unos 20 supervisores de su planta de personal. Además, cerró el comedor para el personal, lo que también suma cesantías laborales.
Según informó el portal Rosario3, los despidos no alcanzaron a los estibadores que están bajo convenio, en el maco de los acuerdos laborales firmados a fin del año pasado con el sindicato de estibadores (Supa) Rosario. Pero, como muestra de la crisis, hace 7 meses que no contratan personal eventual, una práctica común al momento de las operaciones de carga y descarga.
En ese marco, autoridades de TPR ya avisaron al personal que se vienen cuatro meses de casi nula actividad, con lo cual la situación se puede complicar hacia fin de año.
La menor actividad en los muelles es consecuencia directa de la recesión económica. TPR, a diferencia del resto de los puertos del Gran Rosario, no está concentrado en la carga y descarga de granos sino en cargas generales en contendores, por lo que su performance está ligada a la marcha del consumo interno y la industria, dos sectores que sufren a pleno el parate productivo.
TPR es propiedad mayoritaria de la chilena Ultramar y en menor porcentaje de Vicentin, grupo empresario que tiene su casa matriz en default y que también inició despidos en otra de sus empresas controladas, la láctea Arsa, también con el argumento de la fuerte caída del consumo.
En el cuarto mes del año se ratificó lo sucedido durante el primer trimestre: los argentinos que vendieron sus dólares en los canales oficiales fueron más que los que compraron moneda dura.
Hasta el cuarto mes del año se presentó una tendencia que por mucho tiempo fue a la inversa: en el mercado oficial de cambios hubo másvendedores de dólares que compradores. Un fenómeno que encuentra su sustentoen el ajuste y la recesión que atraviesa la Argentina.
El dato se desprende del Balance Cambiario que publica el Banco Central(BCRA) en el que detalla las operaciones de personas físicas para el mes de abril. De acuerdo con el documento oficial, las “Personas humanas” efectuaron ventas en abril por u$s14 millones y compraron billetes por u$s9 millones, un 12% menos que en marzo y un 94% menos en términos interanuales. En cuanto a la cantidad de personas que operaron en abril, 208 mil individuos vendieron billetes, mientras que unos 51 mil compraron.
Así, la tendencia se extendió al cuarto mes del año y ratificó lo sucedido durante el primer trimestre: los argentinos que vendieron sus dólares en los canales oficiales fueron más que los que compraron moneda dura, que apenas fueron 51.000.
De esta manera, el Balance Cambiario del BCRAexpone que los ahorristas se vieron en la necesidad de vender sus dólares para hacer frente a gastos corrientes, sobre todo en los meses más crudos del ajuste y de elevada inflación. Sin embargo, los analistas consideran que esta medida se sostendrá en el tiempo a pesar de la moderación de la inflación, pues según las consultoras privadas el dato de mayo estará cerca del 5%, pero los aumentos, como por ejemplo en alquileres superan el 100% para el mismo mes.
Por ello suje la pregunta de por qué estas personas no vendieron esas divisas a una cotización más alta en el mercado del blue o a través de un bróker, pero lo cierto es que el balance del Banco Central le pone cifras a una situación que ya se está dando durante la gran parte del año: son más los que compran dólares que los venden seguramente para hacer frente a las cuentas.
La ejecución del presupuesto vigente para 2024 es un reflejo de las prioridades del Gobierno, los fondos destinados a la Secretaría de Presidencia aumentaron un 219%.
Según una encuesta de la Universidad de San Andrés, las principales preocupaciones de los argentinos son los bajos salarios (36%), la pobreza (35%) y la inflación (34%). En cuarto puesto quedó la inseguridad, con un 31%.
A las pequeñas y medianas empresas argentinas también les preocupa el futuro: de acuerdo con un estudio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), el 80% es pesimista sobre lo que puede pasar en los próximos meses y el 35% no descarta tener que despedir a parte de su personal.
Pero la ejecución presupuestaria parece ir a contramano de estas inquietudes. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sólo ejecutó el 10% del total y, aunque en la mayoría de los programas se observa un aumento del presupuesto vigente respecto al cálculo inicial, la ejecución en muchos casos es igual a 0.
El dato más llamativo en cuanto a crecimiento del presupuesto es tal vez el destinado a “Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto”, de las Fuerzas Armadas, con un 88,23% de ejecución y un aumento del 690% en el presupuesto.
Las áreas de Patricia Bullrich y Luis Petri tuvieron fuertes aumentos en sus partidas presupuestarias.
Algunos otros presupuestos también aumentaron: fue el caso de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El monto total previsto pasó de 21.059 millones de pesos a $69.454 millones, lo que representa un aumento presupuestario del 219%. En cuanto a la ejecución, mayo cierra con un 13,79% en el programa “Conducción del Poder Ejecutivo Nacional” y un 0,27% en el programa “Acciones de prensa institucional”, que pasó de no tener fondos a disponer de $2.779 millones.
A nivel de baja ejecución le sigue la Secretaría de Educación, con un total devengado del 18%. En este caso se suma una baja en el presupuesto, sobre todo impulsada por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que pasó de $347.450 millones a $71.088 millones. En el caso del programa destinado al Mejoramiento de la Calidad Educativa, si bien el presupuesto se amplió de $42 mil a $75 mil millones, al quinto mes del año sólo se ejecutó el 0,19% de ese total.
Según los cálculos oficiales, solamente de enero a febrero se perdieron más de 20 mil puestos de empleo privado y registrado. Pero hay un dato más alarmante: durante el primer trimestre se cerraron más de 250 mil cuentas sueldo, con lo que el impacto de la caída del empleo durante el primer cuatrimestre se avizora mayor.
La obra pública y el mantenimiento de los servicios también fueron grandes rubros perdedores en la ejecución de gastos de la primera mitad del año. Entre los programas con 0% devengado están el de Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible (que mantiene el mismo presupuesto), el Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria (que cuenta también con el mismo presupuesto previsto, de $21.600 millones), Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (con un presupuesto inamovible de $13.700 millones), y el Programa de Fomento, Promoción y Apoyo a la Cultura (que mantiene el presupuesto de $6.000 millones, y sin un solo peso ejecutado).
El ministro bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este lunes que el gobierno nacional debe a la provincia de Buenos Aires un total de 5.8 billones de pesos, reflexionó que “se castiga a los bonaerenses”.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, afirmó este lunes que el gobierno nacional debe a la provincia de Buenos Aires un total de 5.8 billones de pesos, reflexionó que “se castiga a los bonaerenses con un plan sistemático y deliberado que asfixia económica y financieramente” y le pidió al presidente Javier Milei “que revea esa situación porque se necesitan esos recursos”.
El funcionario formuló esas declaraciones al encabezar junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata.
“El gobierno abandonó mil obras”, expuso Bianco en la conferencia y le pidió al jefe de Estado que “deje de lado ese plan sistemático y elaborado de asfixia financiera sobre el pueblo de la provincia, que le devuelva los fondos a los bonaerenses para poder tener mejor acceso a la salud, educación, generación de empleo y de obras públicas”.
En su exposición, el funcionario puntualizó las deudas que el gobierno nacional posee con la administración bonaerense: “Anses debe a la caja provincial 716 mil millones de pesos; por las compensaciones previstas en el Consenso Fiscal, 213 mil millones; por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, 107 mil millones; por el Convenio de Asistencia Financiera, 76 mil millones; por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 74 mil millones; por Equipamiento para diagnóstico por imágenes, 30 mil millones; por la Venta de Energía generada por Centrales de la Costa, 15 mil millones; por el Fondo para Infraestructura Portuaria, 10 mil millones; el Fondo de Compensación del Transporte del Interior, 10 mil millones; por el Programa para la Jornada Completa en Educación, 5 mil millones; por Fondos para la compra de Vacunas, casi 3 mil millones; por programas de Maternidad y Medicamentos, 2 mil millones de pesos; por Programas de mejora educativa, 2 mil millones, y por otros fondos, 3 mil millones”.
Bianco expuso que, en total, se adeudan 1, 27 billones de pesos y razonó: “Es tanto, que no es difícil dimensionar el monto”.
En cuanto a obras públicas, detalló que “son 180 las obras que estaban siendo ejecutadas y quedaron completamente abandonada por 2.35 billones”; dijo que “por el programa PoCreAr había 105 convenios para hacer 6.500 casas por 1 billón”; apuntó que “por convenios de Nación con municipios para 755 obras se adeudan 400 mil millones” y agregó que se paralizaron “Programas de construcción de 9.000 viviendas por 240 mil millones”.
Estipuló, además, que se frenaron “convenios con provincia para 128 obras por 225 mil millones y el envío de fondos para saneamiento de grandes basurales por 60 millones”, señaló que en concepto de “obras de infraestructura de convenios tripartitos entre Nación, provincia y municipios, se deben 43 mil millones; por las 40 obras de infraestructura por programas nacionales, 28 mil millones, para las universidades nacionales con sede en la provincia, 27 mil millones; por obras en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por 21 mil millones” y contó que “por el Plan de Infraestructura penitenciaria se adeudan 5 mil millones y por otra obras 47 mil millones”.
“En total, total son 4.46 billones”, señaló y continuó: “Por el Programa Fines se deben 13 mil millones; por el Programa Sumar, 4.700 millones; por el Cucaiba, 1.600 millones; por el Programa VIH, 1.100 millones; por el Potenciar Trabajo, 1.000 millones; y por Incluir Salud, Incluir Salud, 910 millones”, resaltó Bianco.
Posteriormente, puntualizó que “por obras y refacciones en clubes de barrio, se adeudan 629 millones; por obras en polideportivos, 440 millones; por gestión educativa, 395; por programas culturales, 300 millones; por otros programas, 2.000 millones, lo que hace un total de 26.777 millones de pesos”.
“Otro reclamo tiene que ver con la obligación de asistir a la provincia para el servicio alimentario escolar, el programa MESA, y comedores, los programas para celíacos, dinero para catástrofes y temporales”, agregó y dijo que ello suma un total de “73.500 millones de pesos”.
Sostuvo que, sumando todos esos montos y esas deudas, la deuda total que tiene el gobierno es a abril 5,8 billones de pesos” y recalcó que “el gobierno nacional debe cambiar su postura, aunque no le guste”.
“Tienen que entender que gobiernan para 23 provincias y la Ciudad Autónoma, en donde viven 46 millones de argentinos. En la provincia viven 17 millones. Su único territorio no puede ser una hoja de Excel con ingresos y egresos fiscales”, resaltó y pidió al presidente “que se hagan cargo y entreguen los recursos a la provincia de Buenos Aires”.
Finalmente, afirmó: “Mandamos cientos de notas, ni siquiera responden. Apelamos a mandar mensajes por WhatsApp a los ministros. Es muy difícil sostener el diálogo. Lo único que queda en hacer denuncias públicas”.
A su turno, Larroque dijo que desde que asumió el gobierno nacional, en diciembre pasado, todavía no logró ser recibido por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, a quien pidió que lo atienda y solicitó “que se convoque al Consejo Federal de Políticas Sociales”.
“Queremos un país de trabajo y producción donde no tengan que existir comedores, pero estamos muy lejos de eso”, dijo e indicó que “así como Perón decía que gobernar es crear trabajo, hoy gobernar es dar de comer, presidente Milei y ministra Pettovello”.
Analizó luego que “hay un desconocimiento absoluto de la política social y una demonización de las organizaciones sociales” de parte del gobierno nacional y le pidió celeridad para la entrega de alimentos “a comedores y merenderos”.
A su turno, Rodríguez cuestionó la caída del 14,9% en los salarios de los trabajadores; manifestó que se registra “una baja considerable en el consumo de alimentos” y subrayó que “desde noviembre del año pasado, el consumo de carne bovina cayó 17,9%; el de carne aviar, 15,6% y el de leche fresca, 13,7%”.
