La vice había quería un desfile militar el 2 de abril pero Milei le dijo que no hay plata. En respuesta Villarruel critico el uso de militares en seguridad interior.

Luego de mostrarse en un acto juntos y de hacer circular una foto para demostrar unidad luego del choque en el senado donde Villarruel habilitó el tratamiento del DNU que fuera rechazado, un nuevo cortocircuito sacude la relación entre el presidente y la vice.

En las ultimas hora se supo finalmente que Milei le bajó el pulgar al desfile militar que Victoria Villarruel venia organizando para conmemorar el 2 de abril, fecha que recuerda a los veteranos y caídos en la gesta de Malvinas en 1982.

La decisión la comunicó públicamente el propio Nicolás Kasanzew, director de la oficina Gesta de Malvinas en el Senado, a quien Villarruel le había encomendado personalmente la tarea de organizar el desfile.

“El alto costo que implica organizarlo lo hace imposible, dadas las condiciones de crisis económica que vive el país”, explicó en sus redes sociales Kasanzew, quien fue corresponsal en las islas por el canal ATC.

El desfile era una fuerte apuesta política y mediática de la vicepresidenta, quien pese a tratar de simular normalidad viene de una serie de fuertes confrontaciones con el presidente, en especial por su accionar en el congreso que llevó al rechazo del DNU en la cámara de senadores. Este hecho fue duramente criticado por el especio libertario a tal punto que la vicepresidenta fue objeto de un viral ataque mediático en las redes sociales donde el propio Milei daba “like” a muchos comentarios contra la vice.

Es en este contexto que la negativa de Milei a realizar el desfile es leída como un acto de represalia contra la vicepresidenta donde se trata de dar un justificativo económico para disimular la situación de tensión y desconfianza existente.

Villarruel contraataca

En respuesta, La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior, política fuertemente impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, en el contexto de la grave situación que atraviesa la ciudad de Rosario a raíz del narcotráfico.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, subrayó la vice en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

La cámara de Diputados bonaerense aprobó la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras.

Se trata de una ley elaborada por el legislador de Unión por la Patria y ex intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que establece la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, un instrumento jurídico para conseguir financiamiento en organismos internacionales para encarar obras que eviten las recurrentes inundaciones que sufre el sur del Conurbano.

El proyecto original sufrió algunas modificaciones ya que ahora se establece que establecer el tope para que el 80% de los gastos del nuevo comité hídrico vayan directamente a las obras y tambien que los cargos del directorio sean ad honorem.

En este sentido, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, valoró: “Que el directorio sea ad honorem; que el comité elabore el plan de expropiación lo remite a la Bicameral y sea tratado en la Legislatura bonaerense para su aprobación; un límite al presupuesto del 20% a la función estructural y un 80% para obras; y la creación la Bicameral de control y seguimiento de tres cuencas: San Francisco- Las Piedras, Río Reconquista y Río Luján”, enumeró.

Cabe destacar que, el proyecto que obtuvo medida sanción este miércoles prevé la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, con la intención de solventar la realización de obras pluviales en el sur del Conurbano bonaerense.

Por su parte, el propio Cascallares refirió al respecto: «Hay muchas obras que si no las hace el estado, no las hace ningún privado. Este tipo de obras son muy cuantiosas, con mucha planificación y es necesario que sea el Estado quien las lleve adelante”.

El intendente de Unión por la Patria celebró la media sanción del proyecto de ley que intenta evitar nuevas inundaciones en el Conurbano bonaerense, y se mostró confiado en que la ley pueda correr con la misma suerte en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. 

“Hemos visto hasta aquí que el Gobierno nacional plantea que no va a hacer más obras”, lamentó Cascallares, al tiempo que agregó que aún está la expectativa sobre qué “autoridades nacionales viabilicen la posibilidad de financiamiento de organismos internacionales, de multilaterales, para poder financiar sobre todo este tipo de obras, que superan los límites de un municipio y tienen tanta implicancia en lo social como en lo económico”. 

Fuente: con información de Diputados Bonaerenses y La noticia web

Luego de una serie de fallos y apelaciones, finalmente se declaró inconstitucional la reforma sobre la Ley de Tierras que proponía el DNU de Javier Milei.

Aunque fue rechazado en el Senado, el DNU de Javier Milei continúa vigente hasta tanto no se vote en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una serie de reformas fueron derogadas a través de fallos judiciales. Ese es el caso del artículo del decreto que proponía la eliminación de la Ley de Tierras.

El caso llegó a instancia judicial a partir de un amparo colectivo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que argumentó que la derogación de la Ley de Tierras habilitaba a “la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

En primer medida, los jueces legitimaron el amparo colectivo del CECIM por entender que en esa organización están nucleados “quienes debieron empuñar las armas en defensa” de la soberanía nacional. A su vez, consideraron las condiciones en que el Presidente anunció el decreto: “No existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.

También se refirieron a los argumentos con los que el Gobierno apuntó a la derogación de la Ley de Tierras: “Razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. “El fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.

Finalmente, consideraron que la eliminación de la Ley de Tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”, que no se fundamenta en “paliar una supuesta situación excepcional” sino que propone reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”

Qué propone la Ley de Tierras

La Ley de Tierras, nombre por el que se conoce a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Se trata de una legislación sancionado por el Congreso Nacional en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La norma establece un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros hasta las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial.

Al mismo tiempo, fija en un 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de campos en territorio nacional para aquellas personas extranjeras, tanto físicas como jurídicas. El objetivo de la ley es poner un límite a la extranjerización de las tierras.

Fuente: Ámbito

En medio del brutal ajuste del Ejecutivo nacional, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sale a buscar nuevas oportunidades de financiamiento con los BRICS.

En medio del brutal ajuste del Ejecutivo nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves una videollamada con la titular del Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Roussef, con el objetivo de estrechar lazos de colaboración y abordar oportunidades de inversión entre el organismo y el territorio bonaerense.

Es que, la cartera de inversión del Banco de Desarrollo de los BRICS incluye programas de infraestructura en transporte, energía renovable, agua y saneamiento, desarrollo urbano y proyectos ambientales, entre otros, fondos claves para continuar las obras públicas que la motosierra del presidente de la Nación, Javier Milei, dilapidó.

Nos reunimos por videoconferencia con @dilmabr, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, para analizar nuevas oportunidades de inversión en la provincia.

Fortalecer los lazos con el organismo es fundamental para seguir dando respuestas y transformar la vida de los… pic.twitter.com/UFde4Pmxgq

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 21, 2024

Tal es la necesidad de fondos para motorizar las obras públicas podadas en el territorio bonaerense que, semanas atrás, los ministros de Economía provinciales habían mantenido un encuentro con el secretario de Hacienda del Ejecutivo, Carlos Guberman.

En ese marco, el Secretario del Ejecutivo les trasmitió a los funcionarios que los distritos tenían vía libre para buscar financiamiento con organismos internacionales con el objetivo de avanzar en las obras públicas.

Cabe destacar que, al panorama de ahorque financiero para los distritos se le suman los magros números de Coparticipación Federal, que se dieron a conocer este martes. Es que, los fondos para las provincias se desplomaron un 24% durante la primera quincena de marzo.

Además, según los datos aportados por la consultora privada Politikón Chaco, la provincia de Buenos Aires fue la más afectada en la caída de la Coparticipación Federal, ya que el distrito tuvo una merma del 25,5%.

Al respecto de esta situación, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristián Girard, señaló que en el territorio bonaerense “se concentran las mayores desigualdades y las pobrezas más profundas”.

“Tiene un déficit de calidad de vida, en términos sociales, que hay que suplir con recursos tributarios porque hay un estado presente y no ausente“, sentenció el funcionario, defendiendo el aumento de impuestos realizado por Kicillof.

Fuente: Diputados Bonaerenses

La Nación y la Ciudad avanzan en un operativo represivo ante las manifestaciones que encabezarán Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Bullrich amenaza con aplicar el protocolo anti piquetes.

El próximo domingo 24 de marzo se llevará a cabo la primera conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia bajo el gobierno de Javier Milei, quien durante la campaña electoral minimizó los delitos de lesa humanidad al calificarlos de “excesos”. En este contexto de gobierno negacionista se esperan masivas movilizaciones hacia la Plaza de Mayo, mientras se suma que las fuerzas de seguridad tienen en agenda activar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito.

El hecho de que estén Milei al frente de la Rosada y Victoria Villarruel como vicepresidenta preanuncia que la jornada del domingo podría ser de las más convocantes de los últimos años en respuesta al negacionismo gobernante. Luego de conversaciones para unificar los actos de las organizaciones de derechos humanos y de izquierda, finalmente habrá dos homenajes distintos en medio de las víctimas de la dictadura. Sin embargo, las concentraciones y actividades callejeras casi ocurrirán en simultáneo en toda la zona del microcentro porteño.

Operativo policial

Mientras el protocolo antipiquete de Bullrich y Milei permanece vigente, las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA– se emplazarán en los edificios del Congreso y la Casa Rosada, por su calidad de “objetivos federales”. La Policía de la Ciudad, a cargo de Diego Kravetz, tiene a cargo la custodia general del espacio público porteño.

La orden que está circulando en los despachos de Seguridad es que el protocolo antipiquete tiene que cumplirse, más allá de lo simbólico que representa que agentes policiales custodien de cerca una movilización que justamente repudia el accionar represivo que tuvo la dictadura. Hay un elemento extra que pone en tela de juicio la avanzada oficial de evitar los cortes de calles a cualquier costo: no solo es feriado, sino que también es domingo, por lo que se estima que la circulación de tránsito habitual será mucho menos reducida. “Por ser domingo no sería una jornada que genere un estrés mayor, pero vamos a cumplir con el protocolo”, afirmó a este medio un vocero del gabinete de Jorge Macri. La misma fuente ratificó que el objetivo es que las manifestaciones transcurran “por la vereda” o que se corte aunque sea “un carril” de las avenidas.

🚨Entrenamiento de la Prefectura Naval Argentina.

👉Practican enfrentamientos con Piqueteros. pic.twitter.com/bZ9NlhW2DR

— Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) March 16, 2024

Video: Prefectura ensaya maniobras de represión.

“La idea general es que la gente no crea que puede usar el espacio público porque sí”, justificó la voz consultada, que remitió como ejemplo a lo que sucedió anteayer con las protestas de los movimientos sociales en varios accesos a la Capital Federal.

El plan del Gobierno de Milei es que el operativo de seguridad para la movilización de La Cámpora tenga una dinámica “como de una maratón”, calificó una alta fuente nacional. Los agentes de la Policía porteña seguirían el recorrido de la manifestación a medida que avanza, interrumpiendo el tránsito en algunos cruces y liberando otros. “Si la Ciudad les autoriza a caminar por la calle, mucho no podemos hacer. Estamos esperando una comunicación de la Ciudad”, puso reparos un funcionario cercano a Bullrich.

El protocolo de la ministra supone que las manifestaciones callejeras deberían contar con una autorización previa. Incluso le exige a sus organizadores contratar un seguro de caución por posibles daños en la vía pública. Así hizo la CGT cuando protestó contra el DNU de Milei a fines de diciembre, aunque luego el Gobierno denunció a las agrupaciones tanto peronistas como de izquierda por no haber respetado el protocolo y hasta los notificó de multas millonarias que nunca prosperaron. “Nunca vamos a pedir autorización para movilizarnos un 24 de marzo”, planteó a elDiarioAR la legisladora porteña Alejandrina Barri, querellante en causa de lesa humanidad y parte del EMVJ, en cuyo documento del domingo habrá también un fuerte cuestionamiento a Milei. “Vamos a repudiar cualquier presencia de la policía en la manifestación. Es una provocación que se active el protocolo antipiquete”, denunció la diputada.

Que se active el protocolo antipiquete de Bullrich en el marco del Día de la Memoria sería un agravante más a la política abiertamente contra los organismos de derechos humanos que lleva adelante el Gobierno. Al menos en EMVJ aseguraron que hasta ahora no tuvieron contacto con el secretario Alberto Baños. Ayer, la diputada Myriam Bregman denunció que en el marco del ajuste mileísta a los empleados públicos está en peligro el funcionamiento de los “Sitios de la Memoria” en los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Extermino, como lo es la exESMA.

“Estamos preocupados, como hacen barbaridades pueden hacerlo con nosotros en ese día”, advirtió el lunes la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, ante el rol que podrían tener las fuerzas de seguridad. “La calle se puebla, vienen los sindicatos, vienen los jóvenes. Yo creo que va a ser una reunión única, con gran preocupación de lo que estamos viviendo pero sin aflojar porque tenemos que hablar”, dijo en el marco del acto que protagonizó en la CGT como previa a la movilización del domingo próximo. Y anticipó la masividad que podría tener la primera conmemoración del Día de la Memoria bajo la gestión de Milei: “Unirnos es una inyección de vida”.

Fuente: con información de Política Argentina

La recesión y la caída del consumo perjudican directamente al sector que trabaja del reciclaje urbano. Además, los cartoneros son cada vez más.

La retracción en el consumo y en la producción industrial generada por las políticas del gobierno de Javier Milei provocaron una disminución en la generación de residuos en los primeros meses del año, y esto afecta a los recicladores urbanos. Los cartoneros advierten que hay “cada vez menos cartón en la calle” y que “tardan y caminan más».

“Hay menos trabajo en comparación al verano anterior, no sé cuánto. Pero cada vez habrá más cartoneros y los compañeros se van a salir a matar por una caja de cartón”, indicó Matías Capoblanco, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR).

Agregó además que “tardan y caminan más” en juntar cierta cantidad de materiales y una de las razones se debe a la “clara baja del consumo”.

“Tenés a los compañeros que se la ganan transpirándola y sin ningún recurso del municipio, y está bajando totalmente el trabajo”, agregó Capoblanco, quien también es presidente de la cooperativa “Construyendo desde Abajo”, sobre la actividad de “los cartoneros independientes que laburan en las periferias de los barrios populares”.

El consumo masivo en febrero tuvo una caída del 6,6% respecto a enero y un 13,4% interanual, según la consultora Focus Market.

La realidad de los cartoneros

Mientras acomodaba su carro y afirmaba que en los últimos meses “hubo menos basura”, también recordó que “antes (unos meses atrás) juntaba una pila enorme” de cartones, pero que ahora “está más difícil”.

“Cada vez hay más gente que se dedica a esto, pero bueno, hay que seguir”, deslizó José con una indisimulable preocupación.

Otra recicladora, llamada Alejandra, de 48 años, coincidió en que hay “menos cartones” para juntar, un material por el que en un centro de reciclaje le pagan $130 el kilo.

“Acá tendré unos $14.000”, comentó, al señalar un montículo de cartones que recolectó junto a otro compañero.

Capoblanco detalló detalló sobre el precio que puede variar entre los $60 a los $240 el kilo, dependiendo del volumen y el formato -suelto o compactado- en que se vende.

“Al 70% de los que te podes cruzar revolviendo las bolsas de basura les varía mucho. Les pueden pagar $150 en un lugar, o hasta $60 en otro”, sostuvo.

Poco empleo, más recicladores

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el trabajo de los recolectores suele disminuir en enero y febrero debido a las vacaciones de verano. El dirigente de FACCYR coincidió en que las pocas ofertas en el mercado de trabajo formal aumenta la cantidad de recicladores.

“Otro factor (de la baja en la rentabilidad de los recicladores) es que la falta de laburo provoca que haya cada vez más nuevos cartoneros independientes”, subrayó el también referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Los supermercadistas y las industrias ven “como un negocio” la venta de materiales reciclables -algo que también afecta a los recolectores-. A la vez, la apertura de importación de alimentos anunciada por el Gobierno nacional, perjudica a los recicladores, ya que quedarían por fuera de la cadena de elaboración de estos productos.

Fuente: Gestión Sindical

A través de la Secretaría de Medios que gestiona Eduardo Serenellini se transfirieron casi 64 millones de pesos a periodistas de La Nación y a la productora de Luis Majul.

Mientras la gestión de La Libertad Avanza hace una bandera del corte de la pauta oficial a los medios como sinónimo de austeridad, la Secretaría de Medios que comanda el experiodista Eduardo Serenellini aparece como el lugar desde donde todavía se pueden direccionar recursos a multimedios «amigos».

Según un informe reservado al que pudo acceder en exclusiva InfoGremiales, sólo el 31 de enero el área destinó de Serenellini casi 64 millones de pesos a abastecer a usinas de información cercanas al pensamiento de los funcionarios libertarios.

Vale recordar que esa función específica de gestión de pauta, además, era englobada por el área publicitaria de la Agencia de Noticias Telam, que ahora está siendo vaciada y con su personal dispensado desde hace casi 20 días.

El archivo que repasa las transferencias de esa jornada marca que se giraron un total de $63.799.778,47. De ese monto La Nación, ex empleador de Serenellini hasta su desembarco en la función pública, se llevó $9.163.348.48.

Por su parte a La Cornisa la productora de Luis Majul, tal vez el periodista que más entrevistó a Javier Milei en las últimas semanas, se le enviaron unos modestos $703.813.44 ese mismo día.

También se destacan los $17,468.884,10 que se hicieron llegar a la Consultora Sentidos, los $1.553.872,32 adjudicados a Wall Street Vía Pública y los $3.880.507,51 destinaros a Eventos Producciones, propietarios entre otros de Canal 26.

Los $63.799.778,47 a los que accedió InfoGremiales del 31 de enero forman parte del universo de casi 224 millones de pesos que la gestión libertaria le transfirió a medios afines desde su llegada a Casa Rosada hasta esa fecha. Una información que ya había trascendido pero que nadie había detallado.

Fuente: Infogremiales

La caída de la actividad se suma al plan de ajuste iniciado en diciembre con la asunción de Milei.

La empresa Longvie, radicada en el Parque Industrial de Paraná de la provincia de Entre Ríos, procedería durante los próximos días con una reducción del 50% de su personal, producto de la actual recesión que padece nuestro país. La medida implicaría la suspensión de una gran parte de sus actividades.

La firma que se dedica a producir calefones, termotanques y estufas cuenta con unos 90 trabajadores, viene realizando despidos desde diciembre del año pasado, y ya habrían sido cerca de 20 los que perdieron su puesto de trabajo en la fábrica de la capital entrerriana, algunos de los cuales, tenían entre 10 y 15 años de antigüedad.

Según señalaron desde el portal “Elonce”, las suspensiones que se están evaluando conllevarían una reducción salarial durante el período que le dejaría a los trabajadores entre el 75 y el 80 por ciento de sus sueldos, en el marco del plan de ajuste implementado, entre otras cuestiones, por la fuerte caída en las ventas producto del desplome del mercado interno que al gobierno parece no importarle.

“Sólo quedarán algunos trabajadores para cargar los camiones y algunas tareas de mantenimiento”, indicó una de las fuentes consultadas por el medio entrerriano, que dio cuenta de la incertidumbre que tienen los operarios.

Recordemos que Longvie viene aplicando una política de recorte del personal desde el año 2018, cuando durante la gestión de Mauricio Macri, comenzó a cesantear trabajadores cuando la planta estable tenía un total de 240 personas, llegando a los cerca de 80 que quedan actualmente.

Fuente: Mundo Gremial

El vocero presidencial, se entretiene jugando a los videojuegos y pide que lo apoyen económicamente desde la aplicación “Cafecito”.

Luego de su habitual rueda de prensa matutina, donde no pocas veces opina más de lo que informa acerca de actividades del gobierno nacional, el vocero Manuel Adorni se entretiene jugando videojuegos online a través de un streaming que se transmite en vivo y en directo. En ese marco, a través de la plataforma Cafecito, comenzó a recibir donaciones de hasta 120 mil pesos.

El accionar del vocero de Javier Milei transgrede la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nro. 25.188, que les impide a los funcionarios -cualquiera sea su condición- recibir concesiones de terceros. Así lo establece su artículo 18: “Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

Y añade: “En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico – cultural si correspondiere”.

La realidad indica que el vocero presidencial desconoce el detalle de las leyes que regulan su actividad como funcionario, ya que, aún cuando dicha recaudación se realice para un bien superior -como podría ser una obra de caridad-, también estaría entraría en flagrante violación a la normativa vigente.

Fuente: Real Politik

Este martes, la conocida empresa de construcción anuncio el cierre de su planta.

La paralización de la obra pública había generado que la empresa suspendiera y despidiera trabajadores en todo el país. En diciembre había 36 empleados en San Pedro. Ahora quedaban 16 que este martes recibieron la notificación del cierre del taller y su desvinculación.

“Nos echaron a todos”, dijo un empleado de la firma. En la planta sólo quedó un jefe administrativo y el responsable del taller, quienes deben ultimar los detalles para el cierre definitivo de la planta.

Sin obra pública, la empresa atravesaba una situación complicada en todo el país que por supuesto repercutía en San Pedro. Hace 15 días, cuando hubo una movilización en Buenos Aires, los datos que surgían de la planta local señalaban que si bien no había conflicto sí había preocupación porque estaban “totalmente parados” en el taller.

“Lo de Dycasa es un cierre total de la empresa. Hace meses que no tiene trabajo. Mantuvo los trabajadores cuatro meses pero ahora no quedó nadie, se declaró planta cerrada“, informó el sindicalista a La Opinión.

Dycasa llegó a San Pedro en el año 1986. Desde entonces, el taller funcionaba con mano de obra calificada como mecánicos, electricistas automotrices, soldadores especializados más capataces, personal de maestranza, etc. Este martes informaron al personal que se van de la ciudad.

“Hoy ya no queda más nadie adentro del obrador, sacaron todo“, lamentó Azzoni, que atribuyó la situación a la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional. 

“Desde que asumió Milei estamos complicados, estamos pasando el peor momento de la Argentina”, dijo el sindicalista y aseguró que en San Pedro son “más de 500” los puestos de trabajo que se perdieron en la construcción en los últimos meses.

Fuente: La Opinión