La cadena Farmacity reportó pérdidas operativas millonarias y y admitio que la rentabilidad de su negocio “continúa siendo acotada”, en un escenario que se suma al reciente colapso de la cadena farmacéutica Doctor Ahorro.

Según el balance trimestral presentado por la compañía, Farmacity cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida operativa de $12.297 millones, afectada por la caída del poder adquisitivo, el freno del consumo y la persistencia de la inflación.

Aunque el resultado neto final mostró una ganancia de $4.961 millones, la mejora no provino de la actividad comercial sino del resultado financiero derivado de la revaluación del peso y del efecto de la inflación sobre su posición monetaria. El negocio operativo, en cambio, mostró señales de fuerte estancamiento.

Entre enero y marzo de este año, la empresa facturó $501.705 millones, apenas un 0,4% más que en igual período de 2025, reflejando una virtual parálisis del mercado de consumo masivo.

En su informe, Farmacity reconoció que el contexto económico continúa golpeando de lleno al comercio minorista. “El consumo, el comercio y la industria continuaron rezagados, afectando directamente el desempeño del consumo masivo”, señaló la empresa.

La cadena también advirtió sobre el cambio de comportamiento de los consumidores, que comenzaron a priorizar productos esenciales, buscar precios más bajos y reemplazar marcas tradicionales por segundas marcas. Ese fenómeno impactó especialmente en categorías clave para el grupo, como perfumería, cosmética y cuidado personal.

La presión sobre los márgenes quedó reflejada en el fuerte incremento de costos operativos. El costo de mercaderías vendidas alcanzó los $346.710 millones, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron más de $149.000 millones, absorbiendo buena parte de la rentabilidad generada por la operación.

Pese a haber reducido el rojo operativo frente al primer trimestre de 2025 —cuando había perdido $18.532 millones—, la compañía reconoció que todavía no logra recuperar niveles consistentes de rentabilidad y que el escenario macroeconómico sigue siendo “exigente”.

Dentro del grupo, el negocio de farmacias continuó sosteniendo la mayor parte de los ingresos, con ventas por $463.114 millones. Sin embargo, otras unidades como Get The Look continuaron arrojando pérdidas operativas, mientras que Simplicity mostró una desaceleración en sus resultados.

La situación de Farmacity se produce apenas meses después de la quiebra de Doctor Ahorro, que expuso la fragilidad financiera de muchas cadenas farmacéuticas frente a la caída del consumo y el aumento de costos. En el sector ya advierten que, si la economía no muestra señales de recuperación, podrían profundizarse los cierres, ajustes y reestructuraciones en una actividad históricamente considerada defensiva frente a las crisis.

Según los últimos relevamientos del sector, el consumo cayó un 6,8% interanual y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, reflejando el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo sobre los hábitos cotidianos de millones de familias.

La carne vacuna, históricamente vinculada a la identidad cultural y alimentaria del país, se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis de consumo. El aumento sostenido de los precios obligó a muchos hogares a reducir las compras de cortes tradicionales, optar por cantidades menores o reemplazar directamente la carne vacuna por alternativas más económicas como pollo, cerdo o productos elaborados.

El cambio se percibe tanto en supermercados como en carnicerías barriales. Comerciantes aseguran que las ventas continúan en caída y que cada vez más clientes buscan promociones, cortes baratos, carne picada o menudencias para sostener el consumo. En algunos casos, incluso el asado dejó de formar parte de las reuniones familiares habituales debido al costo que implica.

Desde cámaras frigoríficas y entidades agropecuarias advirtieron que el consumo per cápita anual se encuentra en mínimos históricos para un país tradicionalmente ganadero. Durante décadas, Argentina se ubicó entre las naciones con mayor consumo de carne vacuna del mundo, pero la combinación entre inflación, salarios rezagados y aumento de costos comenzó a modificar esa realidad.

A la caída del poder de compra se suma el incremento de los costos de producción. Productores señalan que el precio del alimento para el ganado, los combustibles, la logística y los servicios impacta directamente sobre el valor final que pagan los consumidores. El resultado es un mercado interno debilitado, donde las familias priorizan gastos esenciales y restringen consumos considerados históricos dentro de la dieta argentina.

El retroceso también preocupa a la industria frigorífica, que observa una desaceleración en la actividad y una menor demanda local, tradicionalmente uno de los pilares del sector. Frente a este escenario, muchas empresas apuestan a las exportaciones como vía para sostener la producción y amortiguar la caída del mercado interno.

Economistas coinciden en que la baja del consumo de carne vacuna funciona como un termómetro social y económico. En un país donde el asado simboliza parte de la vida cotidiana y cultural, la reducción en las compras no sólo refleja un cambio alimentario, sino también el alcance de una crisis que impacta de lleno sobre la capacidad de consumo de los hogares.

Aunque algunos sectores mantienen expectativas de recuperación si mejora el poder adquisitivo, reconocen que el escenario sigue siendo incierto y que muchos hábitos podrían transformarse de manera permanente incluso en un contexto económico más favorable.

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un explosivo pedido de informes al Gobierno de Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, en medio de las denuncias por represión estatal y creciente conflictividad social en ese país.

La oposición advierte que podría tratarse de un nuevo episodio de asistencia encubierta a fuerzas represivas, reeditando el antecedente del envío de armamento durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019.

La iniciativa, encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por referentes como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, exige conocer qué tipo de carga transportaban las aeronaves militares, quién autorizó la operación y cuáles son los acuerdos vigentes entre la Argentina, Bolivia y el programa “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las sospechas crecieron luego de que el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco denunciara públicamente que los Hércules argentinos no estarían trasladando ayuda humanitaria sino materiales destinados a reforzar la represión contra las protestas sociales que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.

“Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión”, afirmó Marino, quien advirtió que “la sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”.

El reclamo opositor pone nuevamente bajo la lupa el rol de la Argentina en la crisis boliviana y revive el escándalo internacional por el envío de armas y municiones antidisturbios al régimen de facto de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado de 2019, una causa judicial que todavía continúa abierta.

Además del pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social y contra “toda forma de represión estatal e injerencia externa” en Bolivia. Allí cuestionó el alineamiento del gobierno de Milei con los comunicados del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar que omiten las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez”, sostuvo el legislador, quien insistió en que “ningún recurso del Estado argentino puede ser utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano”.

La Justicia puso bajo la lupa una polémica licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y el caso amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno de Javier Milei.

El expediente, que involucra directamente a Karina Milei, ya comenzó a ser analizado por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al Ejecutivo toda la documentación vinculada al proceso.

La contratación cuestionada corresponde al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Antes de definir si avanza formalmente con una investigación penal, el fiscal solicitó acceder al expediente completo para conocer el estado actual de la licitación y determinar si existieron irregularidades.

Según trascendió, el principal foco de sospecha apunta a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. De acuerdo con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas empresas integrarían un mismo grupo económico, situación que podría haber generado una competencia ficticia dentro del proceso licitatorio.

“El procedimiento podría haber sido simulado para aparentar una compulsa entre oferentes”, sostienen los cuestionamientos incorporados al expediente judicial, una situación que abre interrogantes sobre la transparencia de la contratación promovida desde el área que conduce la hermana del Presidente.

La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza hoy enfrentada políticamente con el oficialismo. En la presentación judicial se mencionan posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.

La licitación pública N° 23-0005-LPU26 quedó así en el centro de una investigación que vuelve a colocar a Karina Milei en una situación incómoda y suma un nuevo capítulo de tensión política para la Casa Rosada.

El dato surge del Inform Risk Index, una herramienta elaborada por organismos vinculados a Naciones Unidas y la Unión Europea para medir el riesgo de crisis humanitarias y desastres en 191 países.

Cuando Javier Milei prometía durante la campaña que la Argentina podría convertirse en “Alemania en 20 años”, el mensaje apuntaba a un país ordenado, próspero y desarrollado. Sin embargo, apenas un año y medio después del inicio de su gestión, la Argentina acaba de quedar, por primera vez en su historia reciente, en condiciones de ser considerada receptora de ayuda humanitaria internacional.

El dato surge del Inform Risk Index, una herramienta elaborada por organismos vinculados a Naciones Unidas y la Unión Europea para medir el riesgo de crisis humanitarias y desastres en 191 países. En su última edición, la Argentina aparece en el puesto 94 y deja de ser catalogada como un país de “riesgo bajo” para ingresar en la categoría de “riesgo medio”.

No se trata de un detalle técnico ni estadístico. El índice es utilizado por gobiernos y organismos internacionales para orientar la asignación de fondos de cooperación y asistencia. Hasta ahora, la Argentina quedaba afuera de muchos programas porque era considerada una nación con capacidades suficientes para responder a crisis sociales y económicas. Eso cambió.

El deterioro se explica principalmente por tres variables que el informe considera centrales: el aumento de la vulnerabilidad socioeconómica, el debilitamiento de la capacidad estatal de respuesta y el deterioro de indicadores estructurales vinculados a desigualdad, infraestructura y protección social.

La dimensión que más impactó en la recategorización del país fue la de “vulnerabilidad”, donde se evalúan factores como desigualdad económica, pobreza, brecha de género, deterioro de ingresos y condiciones sociales. A eso se suma la caída en la capacidad de respuesta institucional, asociada al retroceso de la inversión pública, el deterioro de infraestructura y el debilitamiento de áreas sensibles del Estado.

Especialistas que trabajan desde hace años en cooperación internacional admiten que la situación representa un quiebre histórico. “Siempre fuimos un país de riesgo bajo. Este año aparecemos en rojo”, señaló una fuente del sector humanitario con más de 15 años de experiencia.

La paradoja es contundente: mientras el Gobierno sostiene un discurso de estabilidad macroeconómica y promete un futuro de prosperidad comparable al de las principales potencias europeas, la Argentina empieza a ser observada internacionalmente con parámetros similares a los que se aplican a países que requieren asistencia externa para afrontar crisis sociales.

El informe además advierte que la tendencia podría agravarse. La paralización de la obra pública, el deterioro de rutas, la pérdida de capacidad estatal y el retiro de políticas de contención social podrían profundizar en los próximos años los indicadores que hoy colocan al país en una zona inédita de vulnerabilidad.

De la promesa de convertirse en Alemania, a entrar en la lista de países que podrían necesitar ayuda humanitaria: el contraste resume, para muchos analistas, el verdadero saldo social del ajuste.

El Gobierno nacional dispuso de un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen diariamente de colectivos y trenes para movilizarse.

Desde este lunes 18 de mayo, el boleto mínimo de las líneas de colectivos nacionales sube un 2%, mientras que los pasajes de trenes registran un fuerte incremento del 18%, en el marco del esquema de actualización tarifaria que seguirá aplicándose hasta septiembre.

La decisión fue formalizada mediante la resolución 27/2026 publicada en el Boletín Oficial y se suma a una seguidilla de aumentos que profundizan la pérdida del poder adquisitivo frente a salarios que siguen corriendo detrás de la inflación.

Cómo quedaron las tarifas

En los colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los usuarios con Tarifa Social el valor quedó en $321,30, mientras que quienes viajen con SUBE sin registrar deberán pagar $1.428.

Además, el Gobierno ya tiene previsto aplicar nuevas subas del 2% en junio y julio. De esta manera, el boleto mínimo alcanzará los $728 el 15 de junio y llegará a $742 el 15 de julio.

Las nuevas tarifas de colectivos quedaron de la siguiente manera:

• De 0 a 3 km: $714
• De 3 a 6 km: $807,07
• De 6 a 12 km: $894,17
• De 12 a 27 km: $983,78
• Más de 27 km: $1085,49

Trenes: el aumento más fuerte

El ajuste más duro se dio en el sistema ferroviario. Desde hoy, el boleto mínimo pasó de $280 a $330, aunque para muchos usuarios el valor base informado es de $310 con SUBE registrada.

Las próximas subas ya están definidas:

• Junio: $379
• Julio: $428
• Agosto: $480
• Septiembre: $528

El boleto de segunda sección quedó en $420 y el de tercera sección en $520. En tanto, quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada deberán pagar una tarifa diferencial que llega hasta los $1100 en efectivo.

Aunque continúa vigente la Tarifa Social con un descuento del 55%, el aumento representa otro duro golpe para quienes utilizan el transporte todos los días para trabajar o estudiar.

Menos subsidios y conflicto con las empresas

Desde la Secretaría de Transporte justificaron los incrementos asegurando que buscan “reducir el atraso tarifario” y disminuir la dependencia de subsidios estatales. Según datos oficiales, las tarifas ferroviarias cubrían apenas el 2% del costo operativo en diciembre de 2023 y actualmente rondan el 5%.

Sin embargo, el aumento también se produce en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno y las empresas de colectivos del AMBA. Las compañías denuncian que las tarifas siguen por debajo de la inflación y reclaman una deuda de $35.000 millones vinculada al denominado “atributo social”.

En las últimas semanas varias líneas redujeron frecuencias debido al aumento de costos operativos, especialmente por el combustible, perjudicando a miles de pasajeros que deben esperar más tiempo para viajar.

Más presión sobre la inflación

El nuevo tarifazo también tendrá impacto directo sobre la inflación de mayo. Según el INDEC, el rubro Transporte fue el que más aumentó en abril, con una suba del 4,4%.

Pese a todo, el Gobierno sostiene que las tarifas del AMBA continúan siendo las más bajas del país. Actualmente, el boleto mínimo cuesta alrededor de $1.900 en Santa Fe capital, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.550 en Mar del Plata y $1.140 en Neuquén.

El presidente Javier Milei salió en una fuerte defensa pública del economista José Luis Espert luego de que Fred Machado, empresario que financió parte de su actividad política, se declarara culpable en Estados Unidos por lavado de activos y fraude electrónico.

El mandatario aseguró que el dirigente liberal fue víctima de una “operación política y mediática infame” que destruyó su imagen y lo obligó a bajar su candidatura el año pasado.

El respaldo presidencial llegó después de conocerse que Machado, detenido desde noviembre en Oklahoma, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía norteamericana: admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y fraude, mientras que la acusación por narcotráfico fue retirada del expediente judicial.

A partir de este cambio en la causa, Milei utilizó sus redes sociales para reivindicar a Espert y cuestionar con dureza a los medios de comunicación. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, expresó el jefe de Estado.

El Presidente también defendió la trayectoria personal y profesional del economista liberal. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, escribió Milei, quien cerró su mensaje ratificando su alianza política: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.

Sin embargo Machado reconoció ante la Justicia estadounidense haber encabezado una estructura dedicada a conspiración para lavar activos y fraude electrónico. Según la acusación, el empresario desarrolló maniobras fraudulentas vinculadas con la venta irregular de aeronaves pertenecientes a otras compañías.

Las figuras penales admitidas por Machado contemplan penas de hasta 20 años de prisión, además de multas económicas y libertad supervisada. Este lunes, el juez federal Amos Mazzant III deberá decidir si homologa el acuerdo alcanzado con la fiscalía.

La relación entre Espert y Machado había quedado expuesta durante la campaña electoral pasada, cuando trascendió que el economista utilizó aeronaves privadas del empresario para viajes políticos. Además, Espert reconoció haber recibido un adelanto de USD 200.000 en el marco de un contrato de consultoría por USD 1 millón para una empresa minera en Guatemala vinculada a Machado.

Desde el entorno de Milei y Espert sostienen que esos fondos provenían de actividades legales y que no existía ningún vínculo con el narcotráfico. No obstante, la confesión del empresario por delitos financieros volvió a poner bajo discusión el origen del dinero que financió parte de la estructura política liberal en sus inicios.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “la calidad de vida en Argentina, gracias a Trump, mejoró enormemente”, en una declaración que muchos interpretaron como un insólito gesto de adulación hacia el líder republicano estadounidense.

La frase fue pronunciada durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino, donde el mandatario desplegó su ya habitual combinación de tecnicismos económicos, agresividad verbal y referencias ideológicas.

En un tono exaltado, Milei defendió el rumbo de su programa económico y reivindicó el alineamiento político con Estados Unidos, aunque sorprendió al atribuirle indirectamente a Donald Trump una supuesta mejora en la calidad de vida de los argentinos. La afirmación generó desconcierto incluso entre sectores afines al oficialismo en especial considerando las políticas de proteccionismo económico impulsadas por Trump contrarias al dogma libertario de globalización económica.

Durante la entrevista, el Presidente también aprovechó para lanzar ataques contra economistas críticos, dirigentes opositores y periodistas, a quienes acusó de intentar desacreditar su gestión. Entre conceptos financieros y descalificaciones, Milei construyó un discurso cargado de épica ideológica y admiración hacia referentes internacionales de la derecha conservadora.

Las declaraciones se suman a una larga serie de intervenciones públicas en las que el mandatario prioriza los gestos políticos y las provocaciones discursivas, muchas veces por encima de explicaciones concretas sobre el impacto real de sus medidas económicas en una sociedad atravesada por el ajuste, la inflación y la caída del consumo.

A la persistente pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral, se suman crecientes cuestionamientos políticos y escándalos que erosionan la confianza pública y aceleran la caída de la imagen presidencial.

La crisis económica profundiza el desgaste del gobierno de Javier Milei y empieza a impactar de lleno en el humor social. A la persistente pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral, se suman crecientes cuestionamientos políticos y escándalos que erosionan la confianza pública y aceleran la caída de la imagen presidencial.

Según una nueva edición de QMonitor, el sistema de monitoreo estratégico elaborado por QSocial Big Data, apenas el 19% de los argentinos evalúa positivamente la situación económica del país, un desplome de 23 puntos respecto de diciembre. En paralelo, el 46% considera que la situación económica es directamente negativa y el pesimismo sobre el futuro no deja de crecer.

El informe correspondiente a mayo de 2026 registró la tercera caída consecutiva del clima social y ubicó a la economía como el principal factor de desgaste de la gestión libertaria. La percepción sobre la situación general del país también se deterioró fuertemente: la evaluación positiva cayó del 28% al 14% en apenas cuatro meses.

El impacto de la crisis ya atraviesa la vida cotidiana de millones de argentinos. El 75% de los hogares debió recortar gastos para llegar a fin de mes, mientras que el 58% asegura no tener capacidad de ahorro. Además, el 67% tuvo dificultades para pagar deudas o cuotas durante el último año.

La encuesta revela también un nivel creciente de fragilidad financiera. El 61% utilizó la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios o medicamentos, y el 58% recurrió a ahorros previos para afrontar gastos corrientes del hogar. A esto se suma que el 65% considera que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, percepción que aumentó 14 puntos desde febrero.

En el plano laboral, el deterioro también se hace evidente. Más de la mitad de los trabajadores considera que su empleo es poco o nada estable, mientras que el 37% sufrió una caída de ingresos o reducción de horas laborales en los últimos seis meses. Además, el 41% percibe señales de posibles despidos o recortes de personal, cifra que trepa al 55% en el Gran Buenos Aires.

El desgaste económico comienza además a traducirse en costos políticos concretos para Milei. El informe detectó una cuarta caída mensual consecutiva en la aprobación presidencial: la imagen positiva cayó del 36% al 32%, mientras que la negativa subió al 55%. En total, el Gobierno perdió 17 puntos de respaldo en apenas cinco meses.

Al mismo tiempo, se debilita el respaldo social al ajuste. A comienzos de año, el 43% consideraba que “las políticas de Milei son necesarias aunque duelan en el corto plazo”. Hoy, ese apoyo cayó al 32%, especialmente entre votantes independientes y sectores que anteriormente acompañaban al oficialismo.

En paralelo, los conflictos internos y las polémicas que rodean al Gobierno también comienzan a impactar en el terreno digital. QMonitor registró una caída histórica en las interacciones del Presidente en redes sociales: entre enero y abril, los “me gusta” de Milei cayeron 79% en Facebook, 66% en Instagram y 59% en X. En TikTok, directamente dejó de publicar y sus interacciones se desplomaron por completo.

El informe además señala un dato político llamativo: por primera vez desde el inicio de la gestión, un funcionario superó a Milei en interés digital. El vocero presidencial Manuel Adorni lo superó en búsquedas online en siete oportunidades entre marzo y mayo, impulsado por el escándalo de la denominada “cascada”, un episodio que volvió a poner al Gobierno en el centro de las controversias públicas.

Con una economía cada vez más deteriorada, señales de agotamiento social frente al ajuste y una sucesión de episodios que golpean la credibilidad oficial, el gobierno de Milei enfrenta uno de sus momentos de mayor desgaste desde que llegó al poder.

En las últimas horas, Patricia Bullrich volvió a cruzar con extrema dureza al jefe de Gabinete y dejó al descubierto el nivel de fractura que atraviesa al Gobierno, incluso después de los fuertes reproches que recibió del propio Presidente en la última reunión de gabinete.

Durante la sesión de este jueves en el Senado, la ex ministra de Seguridad mantuvo conversaciones reservadas con legisladores opositores y aliados en los pasillos del recinto, mientras se debatía el pliego del juez Carlos “Coco” Mahiques. Según reconstruyeron distintos senadores, Bullrich lanzó acusaciones demoledoras contra Adorni y hasta alentó a la oposición a avanzar políticamente contra él.

“Todos sabemos que Adorni está sucio”, habría afirmado la titular del bloque libertario, para luego agregar una frase que encendió alarmas dentro de la Casa Rosada: “No entiendo por qué Milei lo defiende”.

Las declaraciones impactaron aún más cuando Bullrich reveló que el Gobierno ya había evaluado desplazar políticamente a Adorni el año pasado. “Querían mandarlo como diputado porque había que bajarle el copete, ya se sabía lo que estaba haciendo”, comentó ante los legisladores, en referencia a la candidatura legislativa que el funcionario finalmente no asumió.

Pero el momento más explosivo llegó cuando, sin intentar disimular la profundidad de la interna, lanzó una frase que cayó como una bomba en el Senado: “Si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema”.

El trasfondo de las acusaciones es todavía más delicado porque Bullrich dejó entrever que Javier Milei y su entorno conocían desde hace tiempo las irregularidades atribuidas a Adorni. Esa sospecha alimenta versiones sobre una presunta cobertura política desde la cúpula del poder y profundiza el desgaste del Presidente en medio del escándalo.

La ofensiva de Bullrich no quedó limitada al Senado. En reuniones recientes con empresarios, gobernadores y dirigentes del denominado “círculo rojo”, la ex ministra volvió a cuestionar la continuidad de Adorni y hasta deslizó que el funcionario podría arrastrar políticamente al propio Milei. “Milei va a perder por Adorni”, repitió en distintos encuentros, según coinciden fuentes políticas.

En paralelo, dentro del establishment ya comenzaron a moverse sectores que observan a Bullrich como una posible alternativa presidencial para 2027 ante el deterioro de la imagen del mandatario. Las últimas encuestas reflejan un fuerte impacto del escándalo en la figura presidencial y alimentan la sensación de crisis dentro del oficialismo.

Así, el caso Adorni ya dejó de ser solamente un problema judicial o administrativo: se convirtió en el epicentro de una feroz disputa de poder dentro del Gobierno, con acusaciones cruzadas, operaciones internas y dirigentes que empiezan a posicionarse para un escenario de recambio político.