Más de 630 argentinos que quedaron atrapados en Medio Oriente lanzaron un desesperado pedido de ayuda para poder salir de la zona de guerra. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, algunos de ellos decidieron recurrir directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la esperanza de que pueda interceder para facilitar su regreso al país.

La mayoría de los argentinos varados se encuentra en Israel, Qatar y Emiratos Árabes, donde el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación masiva de vuelos complicaron la posibilidad de regresar a la Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 630 personas ya se contactaron con sedes diplomáticas para solicitar asistencia.

Sin embargo, varios de los afectados aseguran que la respuesta de la Cancillería y de las embajadas ha sido insuficiente, lo que generó incertidumbre y desesperación entre quienes permanecen en la región. En ese contexto, algunos argentinos decidieron enviar una carta abierta a Tapia, recordando el antecedente reciente en el que el titular de la AFA tras una serie de hábiles gestiones intervino para colaborar en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, la que se dio de manera exitosa.

Una de las varadas es Virginia Luca, quien se encuentra en Sharjah, en Emiratos Árabes, junto a su pareja. La mujer contó que su vuelo de regreso fue cancelado cuando comenzaron los bombardeos y relató que desde entonces viven una situación de total incertidumbre.

Según explicó, desde la embajada argentina les recomendaron que quienes no tengan un pasaje directo a la Argentina intenten trasladarse por sus propios medios a Omán o Arabia Saudita, desde donde todavía salen algunos vuelos. Sin embargo, las autoridades locales les indicaron que no se movilicen, lo que los deja sin saber qué decisión tomar.

“No tenemos nada. El planteo es esperar a ver si se abre el espacio aéreo o arriesgarnos a cruzar la ruta solos hacia Omán, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar conseguir un vuelo que podamos pagar”, relató Luca.

La mujer también denunció la falta de coordinación oficial. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos. Al no tener respuestas empezó un poco el sálvese quien pueda”, advirtió.

En ese marco, explicó por qué decidieron recurrir al presidente de la AFA:

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Por eso sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que quizás tenga contactos que puedan ayudarnos al menos a viajar juntos y protegidos hasta Omán, donde salen algunos aviones”.

Los argentinos varados aseguran que no piden que el Estado vaya a rescatarlos, sino que solicitan ayuda para organizar una salida segura de la región y evitar tener que desplazarse solos por rutas desconocidas en medio de un contexto de guerra. Mientras tanto, el reclamo continúa creciendo a la espera de una solución que les permita regresar al país.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe basado en datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo, en medio de un fuerte retroceso del aparato productivo durante la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con el Informe Sectorial #41 de la consultora Audemus, la industria argentina cerró el segundo año del actual gobierno en una “recesión profunda”, acumulando una caída promedio del 7,9% entre 2024 y 2025 respecto a los niveles de 2023.

El deterioro fue tan pronunciado que, entre 56 países relevados por la ONUDI, Argentina quedó solo por detrás de Hungría en términos de desplome industrial, consolidándose como uno de los casos más severos de contracción productiva a nivel global.

El contraste con la región es contundente. Mientras la industria argentina se hundía, economías vecinas como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) registraron expansiones sostenidas de su actividad manufacturera.

Derrumbe del tejido empresarial

Uno de los datos más preocupantes del informe es el desmantelamiento del entramado industrial. En apenas dos años 2.436 empresas manufactureras dejaron de operar, lo que equivale a la desaparición del 5% del total de firmas del sector.

La pérdida es particularmente grave por su carácter estructural: el estudio advierte que la cantidad de unidades productivas activas se encamina a perforar los mínimos históricos registrados durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

Según el análisis de Audemus, el fenómeno no puede interpretarse como un simple proceso de depuración empresarial.

“No se trata de una limpieza de ineficiencias, sino de un colapso productivo que afectó incluso a empresas con décadas de trayectoria”, señala el documento.

Entre los factores que explican este escenario aparecen la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos en dólares y la apertura comercial sin mecanismos de protección para la producción local.

Una sangría laboral que golpea a miles de familias

El derrumbe industrial tuvo un impacto directo sobre el empleo formal.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la industria expulsó 72.955 trabajadores registrados, lo que implica una reducción del 6% de la plantilla total del sector.

El informe destaca además que el empleo industrial cayó en 16 de los 24 meses de la actual gestión, evidenciando un proceso sostenido de destrucción de puestos de trabajo.

Incluso en los meses donde la actividad mostró leves rebotes técnicos, la contratación no se recuperó, reflejando que muchas empresas entraron en un modo de supervivencia, priorizando recortes de costos laborales para evitar el cierre definitivo.

Fábricas semivacías y sectores en alerta roja

La crisis también se refleja en la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial, que en 2025 promedió apenas 57,9%, el nivel más bajo de la última década si se excluye el año de confinamiento por la situación excepcional de la pandemia.

Algunos sectores registraron cifras históricamente críticas:

• Metalmecánica y textil, con niveles mínimos de actividad.
• Tabaco, químicos, caucho y plástico, con tasas inferiores incluso a las registradas en 2020.

Entre las ramas más afectadas se destaca la industria de cuero y calzado, donde la cantidad de empresas activas cayó 16,4% en el bienio analizado.

También sufrieron fuertes retrocesos confecciones y productos metálicos, golpeados por la caída del poder adquisitivo y el ingreso creciente de bienes importados.

En contraste, solo algunos sectores vinculados a exportaciones primarias lograron sostenerse, como la molienda de cereales y oleaginosas —que se recuperó tras la sequía— y la industria farmacéutica, cuya demanda suele ser menos sensible a las crisis económicas.

Señales de crisis productiva

El informe también advierte que la caída reciente de las importaciones de bienes de capital y de insumos industriales no responde a una sustitución productiva, sino a una falta de inversión y de actividad fabril.

Sin maquinaria nueva ni piezas intermedias para producir, los analistas señalan que la industria enfrenta un techo estructural dentro del actual esquema macroeconómico, marcado por un tipo de cambio que favorece el consumo de bienes externos pero debilita la competitividad de la producción local.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) refuerzan este diagnóstico: la industria manufacturera lideró la pérdida de puestos laborales en noviembre de 2025, con una caída mensual del 0,3% desestacionalizado.

La advertencia sobre la falta de política industrial

Para los analistas de Audemus, el factor que más preocupa hacia el futuro es la ausencia de una estrategia industrial activa.

Mientras muchas potencias mundiales volvieron a implementar subsidios, incentivos productivos y protección de sectores estratégicos, el modelo económico vigente en Argentina apuesta por una desregulación amplia del mercado.

El riesgo, advierte el informe, es que la pérdida de capital humano calificado —operarios que migran hacia la informalidad u otras actividades— vuelva mucho más lenta y costosa cualquier eventual reconstrucción del aparato productivo.

En ese escenario, la industria argentina enfrenta no solo una crisis coyuntural, sino también un proceso de desindustrialización que podría marcar el rumbo económico del país durante los próximos años.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, admitió que la baja del riesgo país está siendo más lenta de lo que esperaba el Gobierno y atribuyó esa situación a factores políticos y a la percepción de los mercados. “Bajar el riesgo país es más difícil de lo que se cree”, afirmó el funcionario.

Durante una disertación en un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, Caputo explicó que, a pesar de las medidas económicas adoptadas por la gestión de Javier Milei, el indicador que elabora JPMorgan Chase no cayó como se esperaba.

Las declaraciones se dieron en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales en medio de tensiones por la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, el riesgo país argentino subió 3,7% y cerró en 588 puntos básicos.

“El mercado sigue priceando un riesgo kuka”

Caputo sostuvo que el comportamiento del indicador no responde únicamente a variables económicas. Según explicó, los inversores aún incorporan en sus cálculos la posibilidad de cambios políticos en el país.

“Sacamos un bono hace dos semanas que vence dentro del mandato de Javier Milei y salió al 5,89%, unos 230 puntos básicos por encima del Tesoro estadounidense. El mercado implícitamente sigue priceando un ‘riesgo kuka’ de casi 300 puntos básicos”, afirmó.

Para el ministro, esa percepción política explica por qué el riesgo país se mantiene elevado aun cuando el Gobierno asegura haber mejorado los indicadores macroeconómicos.

“Es más difícil de lo que vos creés”

Caputo también cuestionó a economistas y analistas que, según dijo, fueron cambiando sus críticas a medida que el Gobierno fue cumpliendo metas económicas.

“Antes decían que el problema era que no comprábamos reservas. Ahora que compramos, dicen que tenemos que hacer una colocación internacional. No, esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que pasó es que es más difícil de lo que vos creés”.

El ministro remarcó que el Ejecutivo superó metas de acumulación de divisas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. “Habíamos quedado en comprar alrededor del 5% del volumen diario y estamos comprando más del 30%, sin afectar el precio”, aseguró.

Resultados económicos y desconfianza política

Caputo insistió en que la gestión económica ya mostró resultados, pero que el mercado todavía no refleja plenamente esos cambios en el riesgo país.

“Después de dos años podemos mostrar resultados. Este Gobierno, sin violar la propiedad privada, sin default ni planes Bonex, bajó el gasto 30% en términos reales y terminó con cinco puntos de déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que los mercados no reaccionan únicamente a los fundamentos económicos. “Ojalá los activos financieros se guíen solo por los fundamentos. En el corto plazo influye más la posición técnica y, en países como el nuestro, también el factor político”, explicó.

Por eso, concluyó, la percepción de los inversores sigue incorporando ese componente: “El ‘riesgo kuka’ está y sigue estando”.

La crisis del consumo y el freno de la actividad siguen profundizando una ola de despidos que se expande por todo el país y golpea con fuerza al sector del comercio y la industria alimenticia.

ChangoMás acelera el ajuste: estiman hasta 300 despidos

La cadena de supermercados controlada por Dorinka, del grupo del empresario Francisco de Narváez, inició un nuevo plan de ajuste que podría alcanzar entre 200 y 300 despidos en todo el país, según estimaciones de fuentes mercantiles.

El viernes pasado fueron notificados 11 trabajadores de la sucursal de la capital de San Juan, mientras que en La Pampa también hubo cesantías, incluso entre personal jerárquico. Los gremios provinciales ya intervienen para verificar las condiciones de las desvinculaciones y exigir precisiones sobre el pago de indemnizaciones.

Desde los sindicatos advierten que el recorte “llegará a todo el país” y que la cifra final podría superar ampliamente las primeras estimaciones. “Como mínimo fueron tres empleados por tienda y la empresa tiene más de 90 sucursales”, señalaron fuentes del sector. Muchos de los despedidos serían trabajadores con poca antigüedad, especialmente de líneas de cajas.

Desde la Casa Rosada no se ve. San Juan, capital: entre los supermercados Libertad y Changomás hubo 50 despidos, desde diciembre último. Los más recientes fueron el pasado viernes 27/2, cuando Changomás despidió a 11 empleados. Motivo? Caída del consumo. pic.twitter.com/OjKYabsACL

— David Correa (@davidcorreatv) March 3, 2026

El antecedente inmediato no es alentador: en mayo de 2024 la firma ya había despedido al menos 152 empleados en ocho sucursales, también bajo el argumento de la caída de ventas. Hoy, con 93 sucursales y unos 8.600 trabajadores, la compañía vuelve a aplicar un ajuste más profundo, en un contexto de retracción del consumo que afecta a todo el rubro supermercadista.

Cierre del frigorífico San Roque en Morón: 140 familias sin trabajo

La crisis también impacta con fuerza en la industria cárnica. El frigorífico Ganadera San Roque cerró definitivamente su planta en Morón y despidió a sus 140 trabajadores, alegando caída del consumo interno y un fuerte incremento de las importaciones.

La empresa encuadró las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Los telegramas comenzaron a llegar mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el conurbano bonaerense, donde el sector ya venía golpeado por suspensiones y conflictos.

La Anónima y otras cadenas, en alerta

La situación también genera inquietud en La Anónima, cadena con fuerte presencia en la Patagonia, que enfrenta una caída de ventas de hasta el 25% y problemas financieros vinculados al aumento de la morosidad en su tarjeta propia. En los últimos meses redujo decenas de puestos de trabajo y no se descartan nuevas medidas.

En paralelo, otras firmas del sector como Cencosud —propietaria de Vea y Easy en Argentina— avanzaron con cierres de sucursales y despidos en distintas provincias. También se registran recortes en Libertad y ajustes en distintas plazas del interior.

El panorama general muestra un escenario de ajuste extendido, con empresas que reducen estructuras, aplican “dotaciones mínimas” y avanzan en despidos como respuesta a la caída del consumo. La preocupación crece entre los trabajadores y sus representantes gremiales, que advierten que el costo de la crisis vuelve a recaer, una vez más, sobre el empleo formal en todo el país.

El argentino Rafael Grossi, actual titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y candidato impulsado por Javier Milei para conducir la Organización de las Naciones Unidas, puso en jaque el argumento con el que Donald Trump justificó el reciente ataque coordinado con Israel contra Irán.

En recientes declaraciones a la cadena NBC News y a la Española RTVE, Grossi fue categórico: el organismo dependiente de la ONU no había identificado “elementos de un programa sistemático y estructurado para fabricar armas nucleares” en Irán. Incluso recordó que el año pasado la AIEA ya había afirmado que no existían indicios en ese sentido.

“Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear”, remarcó el diplomático argentino.

Las afirmaciones chocan de frente con el discurso de Trump, quien tras el ataque aseguró: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, y sostuvo además que el régimen iraní estaba a punto de contar con misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Las palabras de Grossi no son menores: al provenir del jefe del organismo encargado de supervisar el uso pacífico de la tecnología atómica, debilitan el fundamento técnico de la ofensiva militar y tensan el relato de la Casa Blanca, ya que la mera sospecha no constituye validación formal por parte del sistema de verificación internacional.

El impacto político también alcanza a Milei. El Presidente argentino celebró el ataque y la “eliminación” del ayatola Jamenei —a quien calificó como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia”— y mantiene un alineamiento sin matices con Trump. En ese contexto, la posición técnica de su propio candidato a la ONU lo deja en una situación incómoda.

El respaldo oficial a la candidatura de Grossi fue formalizado en noviembre pasado, cuando el Gobierno destacó su “capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”. El diplomático, que asumió al frente de la AIEA en 2019 tras la muerte de Yukiya Amano, se convirtió entonces en el primer latinoamericano en dirigir el organismo.

Ahora, sus declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la diferencia entre evaluación técnica y narrativa política, justo cuando Milei profundiza su sintonía con la Casa Blanca y se prepara para nuevos encuentros con la administración estadounidense.

¿El gobierno de Javier Milei busca arrastrar al país al conflicto de Medio Oriente?

Mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica con consecuencias aún inciertas con miles de civiles afectados, el precio del petróleo al alza y amplias repercusiones globales, la mayoría de las naciones del mundo han adoptado posturas de cautela o llamado a la diplomacia ante esta guerra. Muchos gobiernos optaron por condenar los ataques o pedir soluciones negociadas; incluso dentro de América Latina varios mandatarios expresaron distancia de la ofensiva impulsada por Washington y Tel Aviv.

En contraste con este enfoque mayoritario, Argentina rompió con la postura regional y su tradición diplomática. La cancillería del gobierno de Milei emitió un comunicado oficial respaldando públicamente las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando que esas acciones buscan “neutralizar la amenaza que Irán representa para la estabilidad internacional”. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que optaron por la prudencia o por enfatizar soluciones políticas, Argentina se destacó como el único país de la región en adoptar esta posición de apoyo explícito a la campaña bélica.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 28, 2026

Horas después, la propia Oficina del presidente ratificó y amplió ese respaldo, celebrando la eliminación del líder iraní Alí Jamenei con términos moralizadores y confrontativos que subrayan una identificación ideológica con Estados Unidos e Israel más allá de intereses tradicionales de política exterior.

Este alineamiento de Buenos Aires con la Casa Blanca y Tel Aviv no es un hecho aislado, sino parte de un giro estratégico desde la llegada de Milei al poder que lo ha llevado a convertir a Argentina en uno de los pocos países del mundo que se coloca tan abiertamente junto a Washington e Israel en el conflicto, en sintonía con figuras como el expresidente Donald Trump y enfrentando así no solo a Irán sino también a las posturas diplomáticas mayoritarias en América Latina y el mundo.

En un contexto donde la mayoría de gobiernos aboga por la desescalada, el rechazo a la violencia y el respeto al derecho internacional, la decisión argentina —única en la región— de respaldar estos ataques militares refleja una política exterior que muchos críticos ven como un intento de arrastrar al país hacia una guerra ajena, alineándose con potencias globales y apartándose de la tradición diplomática latinoamericana centrada en la neutralidad y la resolución pacífica de conflictos

La Fiscalía General solicitó ante la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de u$s57.100 millones y el posible destino irregular de esos fondos.

El pedido fue formulado por el fiscal general José Agüero Iturbe, quien ratificó la apelación presentada por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, contra el archivo del expediente dispuesto semanas atrás.

En la causa están imputados el expresidente Macri; sus exfuncionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación del gobierno de Javier Milei; además del exministro Nicolás Dujovne y el exjefe de Gabinete Marcos Peña. Todos están bajo sospecha por presuntas irregularidades en el trámite administrativo del préstamo y en el manejo posterior de las divisas.

La definición ahora quedó en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

En su planteo, Picardi sostuvo que la investigación se encuentra lo suficientemente avanzada como para citar a indagatoria a los imputados y señaló la posible existencia de una “plataforma criminal que ha podido ser acreditada”.

El conflicto judicial se originó tras la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa, al considerar que el acuerdo con el organismo internacional constituyó una decisión de naturaleza política no judicializable. En su resolución, la magistrada afirmó que no se advierte, hasta el momento, la acreditación de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público.

En contraposición, la fiscalía sostiene que podrían haberse cometido delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta. Con este nuevo paso procesal, el fiscal general solicitó formalmente que se revoque el archivo para avanzar hacia nuevas instancias en la investigación.

La interna en el oficialismo volvió a escalar con un duro cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado nacional libertario Luis Petri, en medio de fuertes acusaciones cruzadas y reproches públicos.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel acusó al ex ministro de Defensa de haber dejado un “vacío” en la obra social de militares y fuerzas de seguridad, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), y deslizó la existencia de un presunto desfalco que estaría bajo investigación judicial.

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”, escribió la vicepresidenta. En el mismo mensaje, redobló la apuesta y sugirió una posible responsabilidad penal: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

El descargo fue en respuesta a declaraciones previas de Petri, quien la había acusado de “apostar al fracaso del gobierno” y de ser “funcional a la oposición”, en un contexto de crecientes tensiones dentro del espacio gobernante. Además, el diputado cuestionó la actitud de Villarruel durante la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei, y aseguró que se mostró desatenta mientras el mandatario brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa

El intercambio marca un nuevo y áspero capítulo en la disputa interna del oficialismo, ahora atravesado por acusaciones de gravedad vinculadas a la gestión del IOSFA, la obra social que brinda cobertura médica a cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales en todo el país.

Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El sector de la construcción continúa sumido en un escenario sombrío, atravesado por una fuerte contracción de la actividad y una pérdida masiva de empleo. Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, describió una “crisis profunda” que ya provocó la eliminación de 120.000 puestos de trabajo directos y una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Según advirtió, el sector perdió cerca del 30% de su mano de obra en medio del ajuste.

“El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra”, sintetizó Weiss, al cuestionar el impacto del freno en la inversión pública nacional. Si bien reconoció cierto dinamismo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, sostuvo que el estancamiento es generalizado debido a la “casi total ausencia” de obras impulsadas por el Estado nacional.

El dirigente también alertó sobre los efectos de la apertura de importaciones y la necesidad de resguardar a las empresas locales. “Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, afirmó. En esa línea, remarcó que, aunque las compañías ineficientes podrían no subsistir en un esquema macroeconómico ordenado, “es imperativo proteger a las que sí lo son”.

A este cuadro se suma un mercado inmobiliario privado que continúa “tranquilo” y una recuperación del crédito hipotecario que, según Weiss, todavía no alcanza el volumen necesario para reactivar con fuerza la actividad. Así, pese a algunos indicios aislados de movimiento, la construcción sigue atrapada en un ciclo recesivo que profundiza la incertidumbre y el pesimismo en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

El senador libertario Francisco Paoltroni volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “comer carne es como andar en un Ferrari, es un lujo”, una frase que generó fuertes reacciones en el país históricamente identificado con la producción y el consumo de carne vacuna.

En la Argentina —donde durante décadas el consumo per cápita llegó a rozar los 100 kilos anuales y donde la carne formó parte habitual de la dieta semanal de millones de familias— la comparación con un auto de superlujo fue leída como una provocación y como un síntoma del cambio de época que atraviesa el mercado interno.

Las críticas se potenciaron por el propio perfil del senador: productor agropecuario y vinculado a la actividad ganadera, un sector tradicionalmente asociado al abastecimiento local además de la exportación. Para muchos, resulta llamativo que alguien con ese recorrido sostenga que hoy consumir carne sea equiparable a un lujo inaccesible.

En ese marco, la discusión de fondo gira en torno al destino de la producción vacuna, con un volumen creciente orientado a la exportación, y al impacto de los precios internos frente a salarios que no acompañan la inflación. Mientras desde el oficialismo se insiste en una mejora de los ingresos en términos de dólares, amplios sectores de la población señalan que el poder adquisitivo en el mercado local continúa deteriorado.

La frase de Paoltroni no solo reavivó el debate sobre el costo de vida, sino también sobre el modelo productivo y el acceso de los argentinos a uno de los alimentos más emblemáticos de su identidad cultural.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa presentaron el balance oficial de la temporada, que dejó los peores resultados desde la salida de la pandemia en términos de movimiento turístico e impacto económico en la Provincia de Buenos Aires.

Costa detalló que los datos relevados hasta el 22 de febrero confirman una caída generalizada en los principales indicadores del sector. Entre el 1° de diciembre y esa fecha ingresaron al territorio bonaerense 8,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 1,2% respecto del año pasado. Sin embargo, el contraste más fuerte se observa frente a la temporada 2022/2023, cuando se había registrado un millón más de visitantes.

El deterioro no solo se reflejó en la cantidad de turistas, sino también en la duración de las estadías. Hasta la primera quincena de febrero, el promedio fue de cinco noches, un 4% menos que en la temporada anterior y un 6% por debajo de los niveles de 2022/2023. “Vino menos gente, estuvo menos tiempo y gastó muchísimo menos que en temporadas anteriores”, sintetizó el ministro.

El dato más crítico surgió del análisis del consumo. A partir de un relevamiento en 28 centros turísticos, realizado junto al Banco Provincia mediante el estudio de transacciones, se determinó que el gasto promedio de los turistas cayó un 25% interanual. Si la comparación se realiza contra la temporada 2022/2023, la contracción alcanza el 35%, lo que implica una fuerte pérdida de ingresos para hoteles, comercios, gastronomía y actividades recreativas.

Según Costa, el desplome del poder adquisitivo fue determinante en este resultado. El funcionario advirtió que “los ingresos para el sector turístico se desplomaron en estos dos años” y que la actividad queda “muy mal parada” de cara al resto del año.

Entre los factores explicativos, el ministro apuntó al encarecimiento relativo de los destinos locales frente a los internacionales. Aseguró que viajar al exterior llegó a resultar hasta un 50% más barato que vacacionar en la provincia o en otros puntos del país, situación que desde el Gobierno bonaerense atribuyen a la política cambiaria nacional y a la pérdida de competitividad del turismo interno.

Por su parte, Kicillof vinculó el balance negativo con el contexto económico nacional y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. “En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada 4 minutos: estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó.

Con estos números oficiales, la temporada de verano cerró con un panorama crítico para uno de los motores económicos clave de la provincia, afectado de lleno por la caída del consumo y el deterioro del ingreso real de la población.