La polémica por el millonario contrato del gobierno de Javier Milei con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que dirige María Josefina Rouillet (esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) sumó nuevos datos que agravan el escándalo.

Según una investigación del periodista Sebastián Lacunza publicada en Diario.ar, basada en información oficial del portal Compr.AR, apenas iniciado el mandato libertario la Cancillería renovó el convenio con la AACI con un incremento del 398%. La adjudicación firmada en febrero de 2024 ascendió a $55,3 millones, cuando la última renovación bajo la gestión de Alberto Fernández había sido por $11 millones en marzo de 2023.

El salto supera ampliamente la inflación acumulada desde entonces (276%), lo que implica un aumento real del 32%. El dato resulta particularmente sensible en el contexto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno bajo la consigna “no hay plata”.

El contrato con la AACI se remonta a la gestión de Mauricio Macri. La primera adjudicación directa fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. En noviembre de 2019 se elevó a $2,7 millones, por debajo de la inflación acumulada en ese período. Durante el mandato de Alberto Fernández, las renovaciones continuaron con aumentos que también quedaron por debajo o apenas en línea con la inflación: $4 millones en noviembre de 2020, $5,7 millones en marzo de 2022 y $11 millones en marzo de 2023.

El quiebre se produjo con la llegada de Milei. Tras el incremento del 398% en febrero de 2024, el 23 de diciembre de 2025 se adjudicó un nuevo contrato por $114 millones, otra vez con una suba superior a la inflación del período (82% en 22 meses).

En total, desde la última firma de la gestión anterior hasta la más reciente adjudicación bajo Milei, el contrato acumuló un aumento del 936%, frente a una inflación del 688% en el mismo lapso.

Mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste en áreas sociales, culturales y presupuestarias, el crecimiento exponencial del convenio con la institución que dirige la esposa del ministro de Desregulación alimenta cuestionamientos políticos y judiciales. Para muchos críticos, el mensaje parece contradictorio: para algunas partidas “no hay plata”, pero para otras, sí.

La imagen del Gobierno nacional volvió a deteriorarse en febrero y consolida una tendencia que golpea de lleno a la figura presidencial, en un escenario marcado por la crisis económica y la persistente presión inflacionaria.

Así lo revela el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador cayó 0,6% respecto de enero y acumula una baja interanual de 6,8%, profundizando el desgaste en la opinión pública.

Según el relevamiento, el ICG se ubicó en 2,38 puntos en febrero sobre una escala de 0 a 5. Aunque el nivel aún se mantiene cerca del promedio de la gestión de Javier Milei (2,44 puntos), la dinámica de los últimos meses confirma un deterioro sostenido en la evaluación social del Gobierno.

El informe señala que, si bien el índice se movió dentro de un rango acotado —entre 1,94 y 2,86 puntos durante la actual administración—, la tendencia reciente muestra oscilaciones negativas que evidencian un progresivo debilitamiento de la confianza.

El desempeño fue dispar entre los cinco componentes que integran el ICG. Dos subíndices registraron mejoras: Honestidad (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29; +2,7%).

Sin embargo, los retrocesos se concentraron en dimensiones centrales para la imagen presidencial. La Capacidad para resolver los problemas del país cayó 4,9% (2,70 puntos), la Evaluación general del Gobierno descendió 1,8% (2,18 puntos) y la Preocupación por el interés general retrocedió 1% (1,99 puntos).

En plena crisis económica, el principal deterioro se observa en la percepción sobre la capacidad de gestión y en la evaluación global de la administración, dos variables clave que impactan directamente en la imagen del Presidente y refuerzan la sensación de desgaste acumulado.

La crisis industrial que atraviesa la Argentina suma nuevos episodios que exponen el deterioro productivo y el creciente conflicto laboral en las economías regionales. Los casos de San Luis y Tierra del Fuego reflejan un escenario de cierres, deudas salariales y plantas paralizadas que golpea con fuerza al empleo.

San Luis: cierre, despidos y conflicto abierto

En la localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis, la empresa Master Lajas, propiedad del grupo inglés SSQ Group, anunció el cierre definitivo de su planta y dejó sin trabajo a 54 operarios. La firma, dedicada a la extracción y comercialización de laja, comunicó que sus accionistas resolvieron dejar de invertir en el país y avanzar con la clausura del establecimiento ubicado sobre la avenida José Santos Ortiz.

El conflicto venía gestándose desde hace meses. Los trabajadores denuncian salarios adeudados desde octubre de 2025, incluyendo haberes de diciembre y enero, el medio aguinaldo, horas extras, aportes sociales y la interrupción de la obra social. Desde fines de enero mantienen tomada la planta tras detectar presuntos intentos de la patronal de retirar maquinarias y herramientas, en lo que interpretaron como un posible vaciamiento.

Como salida, la empresa ofreció pagar solo el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas, propuesta que fue rechazada por los operarios por considerarla insuficiente y dilatoria. La situación impacta de lleno en Juana Koslay, una ciudad de menos de 20.000 habitantes donde la planta representaba una de las principales fuentes de empleo privado. Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) advirtieron además que el efecto se extiende a trabajadores indirectos y proveedores, en un contexto de retracción de la actividad minera.

Tierra del Fuego: fábrica tomada por salarios impagos

El panorama es igualmente crítico en Tierra del Fuego. En la ciudad de Río Grande, los trabajadores de la empresa Aires del Sur, dedicada a la producción de aires acondicionados, tomaron la planta ante la falta de pago de salarios desde enero.

La fábrica, que emplea a 140 operarios, permanece paralizada desde fines de diciembre, cuando cerró por el período vacacional y no retomó la actividad. La compañía atraviesa un concurso de acreedores y cambió de manos a fines de 2025, sin que hasta el momento los nuevos propietarios hayan dado respuestas concretas a los reclamos sindicales.

La medida fue impulsada por la conducción provincial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general en la provincia, Oscar Martínez, denunció la acumulación de deuda salarial y la falta de diálogo con los responsables de la firma. El sindicato solicitó la intervención urgente de los ministerios de Trabajo e Industria para garantizar la continuidad operativa y el pago de los haberes adeudados.

Los trabajadores de la firma Aires del Sur, situada en la ciudad de Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego, tomaron la planta de la industria este lunes por la mañana tras la falta de pago de salarios desde el mes de enero. La empresa, que atraviesa un concurso de… pic.twitter.com/mTB9ctaMLC

— Conclusión (@ConclusionRos) February 23, 2026

Un panorama que se agrava

Ambos conflictos muestran una tendencia preocupante: empresas que reducen inversiones o cierran, salarios impagos, indemnizaciones recortadas y trabajadores que recurren a la toma de plantas como último recurso para defender sus derechos. En provincias donde el entramado industrial es clave para la economía local, cada cierre no solo implica pérdida de empleos directos, sino también un fuerte efecto multiplicador sobre comercios, proveedores y servicios.

La combinación de retracción productiva, incertidumbre empresarial y deterioro del poder adquisitivo configura una crisis industrial que se profundiza y amenaza con seguir expandiéndose si no aparecen respuestas estructurales que contengan el impacto social y laboral en las regiones más vulnerables del país.

En medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y buena parte del empresariado industrial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Toto Caputo oficializó la eliminación de las restricciones antidumping al aluminio chino

En medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y parte del empresariado industrial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo oficializó la eliminación de las restricciones antidumping al aluminio chino, una decisión que impacta de lleno en el mercado local y golpea directamente a Aluar, uno de los principales jugadores del sector.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 172/2026, dispuso el cierre del examen por expiración de plazo de la sanción antidumping que regía desde 2020. Aquella resolución —la 88/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo— había impuesto un arancel del 28% sobre el valor FOB para determinadas exportaciones de hojas de aluminio provenientes de China, ante sospechas de maniobras de dumping y el ingreso de stock excedente a precios artificialmente bajos.

Con el vencimiento del plazo de cinco años en febrero, el Gobierno optó por no prorrogar la medida. En la práctica, se levantó el “tapón” que protegía al mercado interno frente a la competencia de uno de los mayores productores globales, habilitando el ingreso de aluminio chino sin el recargo adicional que encarecía su comercialización en el país.

La sombra del conflicto por Fate

La decisión no pasó desapercibida en los pasillos de la Casa Rosada. Llega apenas días después del cierre de Fate, la histórica fábrica de neumáticos propiedad de Javier Madanes Quintanilla, quien también controla Aluar. El cierre, que se produjo en plena discusión por la reforma laboral, generó ruido político y económico.

Incluso el presidente Javier Milei dejó entrever en redes sociales la existencia de tensiones con sectores del empresariado nacional, en un contexto en el que el oficialismo defiende la apertura importadora y cuestiona a las industrias que, según su visión, no resisten la competencia externa.

En ese marco, la eliminación del esquema antidumping sobre el aluminio chino fue interpretada por distintos actores como un mensaje directo hacia el grupo empresario. Más aún cuando el traspaso de los terrenos de Fate a Aluar —una operación interna entre compañías de Madanes— alimentó sospechas en el entorno oficial sobre un movimiento coordinado detrás del cierre de la planta.

Exportaciones en jaque y tensión con EE.UU.

Más allá de la pulseada política, en el sector industrial crece el malestar por la pérdida de competitividad. En el caso de Aluar, buena parte de su producción estaba orientada a mercados externos como Estados Unidos. Sin embargo, el tipo de cambio considerado “bajo” y el encarecimiento de los costos internos complican la ecuación exportadora.

A eso se suma que el Gobierno no logró destrabar con la Casa Blanca un cupo para exportar aluminio y acero argentino sin aranceles a Estados Unidos. Esa negociación quedó en “stand by”, agregando presión a un escenario donde el mercado interno tampoco absorbe excedentes por la caída del consumo.

Así, mientras promueve una apertura comercial amplia, la administración nacional avanza con decisiones que impactan de lleno en uno de los complejos industriales más relevantes del país, en un contexto de tensión política y económica que excede lo estrictamente comercial.

Con el objetivo de fortalecer la producción local y ampliar sus canales de comercialización, el Gobierno bonaerense encabezó una ronda de negocios destinada a consolidar la presencia de productos PyME en los supermercados chinos, uno de los formatos comerciales de mayor alcance territorial en los barrios.

La iniciativa, promovida desde la Provincia como herramienta estratégica para dinamizar el mercado interno, reunió a 273 empresas que elaboran bienes finales destinados a góndola. El encuentro apuntó a generar vínculos comerciales directos entre productores bonaerenses y autoservicios chinos, facilitando su incorporación a nuevos puntos de venta de cercanía.

La actividad se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata y fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente Julio Alak; y el presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, Chen Xing.

Participaron empresas de los rubros alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, textil, calzado, artículos del hogar y ferretería. Cerca de dos tercios correspondieron al sector alimentario, lo que refleja el peso estratégico de esta actividad en la economía provincial. Además, el 40% de las firmas estuvo liderado por mujeres y más del 65% fueron pequeñas unidades productivas con menos de 20 personas empleadas, consolidando el protagonismo PyME.

Durante la apertura, Rodríguez destacó que la Provincia promueve estos ámbitos para garantizar “la interacción directa entre el sector productivo y el sector comercial”, y remarcó que se trata de “una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno y cuidar la producción y el trabajo bonaerense”. También subrayó que para los comercios representa la oportunidad de conocer nuevos proveedores, ampliar su oferta y sumar productos con identidad bonaerense a sus góndolas.

Desde la perspectiva empresarial, la ronda significó la posibilidad de abrir un canal adicional de comercialización en un contexto complejo, ampliando mercados y fortaleciendo emprendimientos locales. La iniciativa se enmarca en una política provincial más amplia impulsada por el gobernador Axel Kicillof, orientada a acompañar a la producción y sostener el entramado PyME bonaerense.

El cierre de la empresa Fate generó un fuerte cimbronazo en el ámbito político, económico y mediático. En ese contexto, la conductora Mirtha Legrand decidió pronunciarse al aire y lanzó duras reflexiones sobre el presente de la industria nacional y el impacto social de la medida.

Durante su programa en El Trece, Legrand se hizo eco de la información publicada en distintos medios sobre la decisión empresarial y la situación de los trabajadores afectados. Con visible preocupación, advirtió: “Según los diarios, van a pagar a sus empleados, pero no vuelven a producir… Es una empresa muy antigua”.

“Si fuera autoridad, estaría muy preocupada”

Lejos de limitarse a un comentario aislado, la conductora fue más allá y apuntó directamente al contexto general. “Yo, si fuera autoridad, estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran, es preocupante”, expresó con contundencia, dejando en claro su alarma ante el panorama industrial.

Además, calificó como “muy triste” la situación que atraviesan los 920 empleados afectados por el cierre, remarcando el costado humano de una decisión que, según informó la compañía, responde a “cambios en las condiciones de mercado”.

En la mesa también se analizó el escenario económico actual. El periodista Diego Sehinkman, del canal Todo Noticias, mencionó la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales internacionales y destacó el vínculo con China como socio estratégico.

Sin embargo, las palabras de Legrand marcaron el tono del debate: su preocupación no solo apuntó al caso puntual de Fate, sino a lo que considera una señal de alarma sobre el presente y el futuro de la producción nacional. El cierre reaviva así una discusión más amplia sobre la actividad manufacturera, el empleo y el rumbo económico del país.

El pago de más de 720 millones de pesos en alquileres, un contrato por 114 millones adjudicado sin licitación a la institución que dirige su esposa y presunto tráfico de influencias son los ejes de una denuncia penal que vuelve a exponer la opacidad en el manejo de fondos públicos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, continúa sin ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones administrativas que lo colocaron en el centro de un nuevo escándalo. Esta semana, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una denuncia ante la Justicia Federal no solo contra el ministro, sino también contra su esposa, Josefina Rouillet —titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, contra el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.

Según la presentación judicial, Sturzenegger autorizó el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras para su cartera por un total superior a 720 millones de pesos. La cifra resulta particularmente sensible en un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios promovidos por el propio gobierno.

A ese monto se suma un contrato por 114 millones de pesos que la Cancillería adjudicó de manera directa —sin licitación pública— a la AACI, institución dirigida por Rouillet, para el dictado de cursos de inglés destinados a diplomáticos. La denuncia señala que la contratación se realizó mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.

El escrito judicial identifica a Rouillet como presunta coautora del delito de defraudación por su rol como directora ejecutiva de la entidad beneficiada y por su vínculo con el ministro. También apunta contra funcionarios de la Cancillería que habrían intervenido en la adjudicación directa y contra Quirno, a quien se acusa de presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”, al haber defendido públicamente la contratación en redes sociales en lugar de impulsar una investigación interna.

En cuanto a Sturzenegger, la denuncia sostiene que no puede descartarse su intervención para favorecer a la entidad dirigida por su cónyuge, lo que configuraría un caso de tráfico de influencias. Además, se pidió investigar como “partícipes necesarios” a responsables de áreas técnicas y jurídicas que habrían avalado el procedimiento, así como a funcionarios vinculados a políticas de transparencia y ética pública.

El caso estalló luego de que el ministro promoviera y defendiera en medios el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que habilita descuentos salariales en casos de enfermedad, lo que profundizó la controversia al contrastar su discurso de austeridad con los millonarios gastos cuestionados.

Durante el fin de semana largo, la AACI envió un comunicado interno a sus trabajadores intentando justificar la contratación directa, argumentando, entre otros puntos, la cercanía geográfica de sus oficinas con la sede de la Cancillería. También señalaron que, aunque mantienen vínculos contractuales con el Estado desde 2018, en 2025 no habían prestado servicios. Sin embargo, trascendió que ese año sí se habrían dictado cursos para un reducido grupo de agentes, mientras que para 2026 el esquema se amplió significativamente.

Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei respalda “plenamente” al ministro, a quien suele elogiar públicamente. No obstante, cerca del mandatario evitan responder por qué no se abrió una licitación pública ni explicar el alcance de los alquileres millonarios, decisiones que contradicen el discurso oficial de austeridad y el programa de “alquiler cero” promovido por el propio Gobierno.

La falta de respuestas claras y la sucesión de contrataciones directas bajo sospecha vuelven a instalar un interrogante central: ¿cómo se compatibiliza el discurso de transparencia y ajuste con prácticas que, al menos en apariencia, eluden los mecanismos básicos de control y competencia pública?

La iniciativa, impulsada por Javier Milei, obtuvo media sanción con modificaciones y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Con el respaldo de gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral y dio un paso clave en su estrategia parlamentaria. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, obtuvo media sanción modificada y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El texto fue aprobado en general por 135 votos afirmativos contra 115 negativos. A los 95 diputados de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR, el MID y una serie de espacios provinciales que resultaron determinantes tanto para alcanzar el quórum como para sostener los artículos más controvertidos. El acompañamiento de legisladores alineados con mandatarios provinciales fue decisivo para garantizar el avance del proyecto.

El rol de los gobernadores

El oficialismo contó con el respaldo de diputados vinculados a los gobernadores Mario Pasalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, entre otros. Su intervención fue central para habilitar el debate y asegurar los números necesarios.

No obstante, hubo tensiones: algunos diputados que dieron quórum luego votaron en contra. Desde Unión por la Patria cuestionaron esa conducta. Máximo Kirchner criticó a legisladores que, pese a rechazar la ley en sus discursos, facilitaron el inicio de la sesión. También el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, adelantó que el peronismo impulsará su derogación si vuelve al poder.

El cambio clave: eliminación del artículo 44

Para asegurar los votos aliados, el oficialismo tuvo que acepar la eliminación del polémico artículo 44, que reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por accidentes o enfermedades inculpables. Ese punto había generado polémica pública tras declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, lo que llevó a bloques dialoguistas a exigir su retiro.

La supresión de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva al Senado, ya que Diputados introdujo modificaciones sobre el texto que había recibido media sanción.

Principales ejes de la reforma

Pese a la eliminación del artículo 44, el proyecto mantiene puntos centrales:

• Convenios colectivos: prioridad de acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo para financiar indemnizaciones con aportes empresariales.
• Indemnizaciones por despido: mantiene un mes por año trabajado, pero excluye conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios del cálculo y establece topes.
• Vacaciones: habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días.
• Banco de horas: permite compensar horas extras mediante acuerdos escritos.
• Trabajadores de plataformas: crea la figura del repartidor independiente, estableciendo que no constituye relación laboral.
• Derecho a huelga: amplía el listado de servicios esenciales y fija niveles mínimos de prestación.
• Blanqueo laboral: contempla quitas de hasta 70% en deudas previsionales y reducción de cargas para nuevos trabajadores registrados.

Con la media sanción modificada, el oficialismo apuesta a que el Senado convalide rápidamente los cambios para convertir la reforma en ley y consolidar una victoria legislativa antes del discurso presidencial de apertura de sesiones.

En un contexto de caída sostenida y señales cada vez más preocupantes para el sector, Stellantis anunció que frenará nuevamente las operaciones de su planta de El Palomar hasta marzo, profundizando el cuadro de crisis que atraviesa la industria automotriz argentina.

La automotriz —la única que mantiene dos fábricas en el país— justificó la medida en “tareas de mantenimiento y readecuación operativa”. Sin embargo, el parate vuelve a exponer el delicado momento productivo. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Las operaciones estarán suspendidas entre el 18 y el 27 de febrero, con regreso previsto para el lunes 2 de marzo. Durante ese lapso, la empresa realizará tareas de mantenimiento y buscará “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, en un escenario atravesado por dificultades logísticas y tensiones en la cadena de abastecimiento.

El impacto sobre los trabajadores vuelve a ser significativo. Según informó la compañía, durante los días sin actividad “el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales”, en el marco del acuerdo colectivo vigente firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica. La reducción salarial parcial se suma a un esquema de suspensiones que ya se había aplicado en diciembre, cuando la planta adelantó vacaciones para todo el personal y permaneció paralizada hasta el 5 de enero.

Stellantis también opera otra fábrica en Córdoba, donde produce el Fiat Cronos y las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota. Allí el receso fue de 15 días en diciembre, confirmando que el freno productivo no es aislado sino parte de un ajuste más amplio.

Siete meses de caída y el peor inicio desde 2020

El parate se produce en medio de un deterioro persistente. Según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), en enero de 2026 se fabricaron 20.998 vehículos, un 20,7% menos que en diciembre y 30,1% por debajo de enero de 2025, cuando se habían producido 30.058 unidades.

La industria acumula siete meses consecutivos de caída y registró el peor comienzo de año desde 2020. Si bien desde la entidad atribuyeron parte del retroceso a factores logísticos, menor cantidad de días hábiles y concentración de vacaciones en enero, los números reflejan una contracción más profunda.

El 2025 cerró con 490.876 vehículos producidos, un 3,1% menos que el año anterior. Las exportaciones, con 280.589 unidades, cayeron 10,8%, afectando uno de los principales motores del sector. En contraste, la venta de autos importados se disparó 47,8% interanual, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, evidenciando la creciente presión competitiva sobre la producción local.

En este escenario, las nuevas suspensiones en El Palomar no aparecen como un hecho aislado ni meramente “estacional”, sino como un síntoma más del agravamiento de la crisis automotriz, que combina caída de producción, retroceso exportador, mayor penetración de importados y un impacto directo sobre el empleo y los salarios del sector.

La crisis del consumo golpea con fuerza a una de las marcas más tradicionales del rubro escolar. Ángel Estrada y Compañía, propietaria de los cuadernos y hojas Rivadavia, cerró el primer semestre del ejercicio 2025/2026 con una pérdida neta de $1.418 millones, un giro drástico frente a la ganancia de $2.236 millones que había registrado un año antes.

Facturación en caída libre

Los ingresos alcanzaron $23.497 millones, muy por debajo de los $33.932 millones del mismo período anterior. La contracción fue del 31%. En su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la empresa reconoció un contexto de “retracción del consumo” que afectó de lleno sus resultados.

Ventas y producción en retroceso

El freno no solo se sintió en la facturación. En volumen, la compañía vendió 8,5 millones de unidades, 2,5 millones menos que las 11 millones comercializadas un año atrás.

La producción también se ajustó con fuerza: pasó de 13,2 millones de unidades a 8,06 millones. El desplome productivo fue del 39%, reflejo de una demanda debilitada que obligó a reducir el ritmo industrial.

En el plano operativo, la empresa logró un resultado positivo de $1.948 millones antes de resultados financieros e impuestos. Sin embargo, el frente financiero revirtió ese margen: el resultado por posición monetaria y financiera arrojó una pérdida de $3.961 millones, absorbiendo la ganancia operativa y empujando el balance final a terreno negativo.

Más deuda para sostener la actividad

Para financiar capital de trabajo, la compañía emitió obligaciones negociables por más de $6.391 millones. El pasivo total escaló a $42.367 millones, mientras que el índice de liquidez cayó de 3,83 a 1,98, mostrando un menor margen para afrontar compromisos de corto plazo.

El caso refleja con claridad cómo la caída del consumo no solo reduce ventas y producción, sino que también obliga a las empresas históricas del sector escolar a endeudarse más para sostener su funcionamiento en un escenario cada vez más desafiante.