La causa Cuadernos sumó este jueves un testimonio explosivo. Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 que fue presionado y amenazado en el juzgado de Claudio Bonadio para incriminar al entorno de la ex presidenta, y admitió que mintió en su declaración de 2018.

“Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”, afirmó Silva durante la audiencia. Y agregó: “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”.

La confesión del testigo sorprendió a todas las partes presentes en el juicio y golpeó uno de los relatos que durante años sostuvo la acusación en la denominada causa Cuadernos, utilizada políticamente contra Cristina Kirchner.

Silva reveló además que cuando fue citado al juzgado de Bonadio durante la instrucción de la causa se sintió amenazado por funcionarios judiciales. “Me sentí mal”, declaró ante los jueces. Según relató, le dijeron que debía contar “todo” y que “pensara en sus hijas” antes de prestar declaración.

El encargado del edificio de Juncal y Uruguay explicó que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, solía llevar un portafolio y ocasionalmente “un bolsito de mano”, pero negó haber visto los bolsos y valijas que figuraban en su declaración original firmada durante la investigación de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Durante su testimonio, Silva también relató un episodio ocurrido en el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner que dejó expuesta la presión ejercida durante la investigación. Según contó, escuchó cuando el comisario a cargo le informó a Bonadio que el procedimiento había terminado sin resultados positivos.

“Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada”, recordó que dijo el jefe policial. Y agregó que del otro lado del teléfono escuchó los gritos del juez: “No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”.

“Yo lo escuché perfectamente”, insistió Silva, al tiempo que explicó que Bonadio “estaba a los gritos”.

Las declaraciones del testigo reabrieron los cuestionamientos sobre la instrucción de la causa Cuadernos, denunciada desde distintos sectores por irregularidades, presiones sobre imputados y utilización política del aparato judicial en el marco de la persecución contra Cristina Kirchner.

La Casa Rosada avanza con llamativo apuro en el ascenso de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de extrema confianza de Karina Milei, pese a que su nombre aparece vinculado a una investigación judicial por supuestas irregularidades millonarias en contrataciones y compras oficiales.

El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego PE 133/26 para promover a Ibáñez al grado de general de división, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2025. De aprobarse, quedará a un solo escalón del máximo rango del Ejército Argentino: teniente general.

La decisión sorprendió incluso dentro del Congreso porque el ascenso no fue incluido en el paquete habitual de promociones militares, sino que ingresó junto a un lote de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. El movimiento fue interpretado como un intento de blindar políticamente al jefe de la Casa Militar en medio del avance de las investigaciones.

Ibáñez está bajo la lupa junto a la exdirectora de Logística Florencia Gastaldi y al expiloto presidencial Juan Pablo Pinto por presuntas maniobras irregulares en compras de repuestos, mantenimiento de aeronaves y contrataciones vinculadas a la Agrupación Aérea Presidencial. Según trascendió, la Justicia investiga supuestos pedidos de retornos del 10% en licitaciones adjudicadas a proveedores cercanos al organismo.

Uno de los casos más sensibles involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por más de 4 millones de dólares, pese a que una aeronave similar habría sido cotizada posteriormente en poco más de 2 millones. También aparecen cuestionadas contrataciones millonarias de vehículos y alquileres para actos oficiales realizadas mediante licitaciones exprés, con oferentes únicos y proveedores repetidos.

La Casa Militar depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, quien vuelve a quedar en el centro de las sospechas por la protección política de funcionarios de su círculo más íntimo.

Ibáñez además quedó recientemente envuelto en la polémica por el endurecimiento de restricciones a periodistas en la Casa Rosada. Desde la Casa Militar impulsaron una denuncia por supuesto “espionaje ilegal” contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras un informe televisivo emitido por TN. La presentación fue finalmente desestimada por la Justicia.

Con 138 votos a favor, el oficialismo logró aprobar la llamada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que elimina regulaciones y protecciones sobre sectores considerados clave para la industria, la ciencia, la tecnología y la defensa nacional.

La iniciativa fue respaldada no sólo por La Libertad Avanza, sino también por el PRO, la UCR y gobernadores aliados. Acompañaron los diputados vinculados a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, además de integrantes del interbloque Provincias Unidas. El peronismo, la izquierda y algunos bloques provinciales rechazaron el proyecto, aunque reunieron apenas 96 votos, 42 menos que el oficialismo.

La oposición advirtió que detrás de la derogación de normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno se esconde un avance sobre herramientas legales que protegían activos estratégicos del Estado y empresas nacionales sensibles. Entre ellas aparecen Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, Fabricaciones Militares, Tandanor y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, compañías que ya habían sido incluidas por Milei en el primer intento de privatizaciones de la ley Ómnibus.

Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó que el proyecto apunta a “liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa”. También cuestionó la derogación de la Ley de Bienes Culturales, sancionada en 2003 para evitar que compañías argentinas endeudadas quedaran en manos extranjeras. Según explicó, esa normativa no sólo protegía medios de comunicación sino también empresas vinculadas al desarrollo tecnológico y la defensa nacional.

El periodista Carlos Pagni volvió a sacudir la escena política con una fuerte denuncia sobre presuntos negocios vinculados al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, una de las figuras más influyentes del gobierno de Javier Milei.

En medio de la feroz interna que atraviesa a La Libertad Avanza, el columnista advirtió que las disputas no sólo exponen una pelea de poder, sino también un entramado de intereses económicos que rodea al oficialismo.

“No todo es Adorni, no todos son los Menem, no todo es Karina Milei. Daría la impresión de que también alrededor de Caputo hay negocios”, lanzó Pagni en su análisis político, poniendo el foco sobre el hombre al que muchos dentro del Gobierno señalan como el verdadero arquitecto del poder libertario.

El periodista apuntó especialmente contra los hermanos Neuss, empresarios y amigos de la infancia de Caputo, quienes —según sostuvo— se habrían convertido en algunos de los grandes beneficiados del actual esquema político. “Con la palanca casi familiar que tienen con Santiago Caputo, se quedan con negocios muy importantes”, afirmó, y remarcó la preocupación que existe en sectores empresarios de la energía por el avance de ese grupo.

Entre los episodios mencionados apareció una licitación vinculada a Transener, la principal empresa de transporte eléctrico del país. Pagni relató que durante el proceso el sistema informático colapsó y, tras su restablecimiento, terminó imponiéndose la oferta presentada por los Neuss, pese a las sospechas que rodearon el procedimiento. El caso derivó en una denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas y alimentó nuevas críticas sobre la transparencia en áreas estratégicas del Estado.

El conductor también señaló intereses del mismo grupo empresario en la Hidrovía y reveló un dato aún más delicado: supuestas presiones desde el entorno de Caputo para favorecer a los Neuss en una licitación petrolera en Chubut. Según Pagni, desde las oficinas del asesor presidencial habrían existido llamados para influir en el proceso. Caputo, por su parte, rechaza cualquier vinculación irregular.

La denuncia adquiere mayor dimensión porque surgió en el marco de la guerra interna libertaria detonada por la cuenta de X @PeriodistaRufus, atribuida por el propio Caputo a Martín Menem. Desde ese perfil se deslizaron acusaciones directas sobre el crecimiento de los negocios de la familia Neuss y su cercanía con el asesor presidencial. La paradoja no pasó inadvertida para Pagni: la ofensiva que Caputo utilizó para golpear a Menem terminó exponiendo sospechas que también alcanzan a su propio círculo de poder.

Las declaraciones del periodista reavivaron el debate sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios del modelo libertario y hasta qué punto la promesa anticasta convive con una red de negocios, influencias y favoritismos en las sombras del Gobierno.

El senador libertario quedó en el centro de las críticas y las burlas tras lanzar una insólita explicación sobre la fuerte caída del consumo en Argentina durante una entrevista televisiva en TN.

En un intento por justificar los alarmantes números de la economía desde la llegada de al Gobierno, el legislador aseguró que una de las causas de la retracción económica sería la baja natalidad.

“El consumo cayó porque cada vez nacen menos niños“, afirmó al aire, dejando atónitos tanto a los periodistas en el estudio como a miles de usuarios en redes sociales, donde sus declaraciones rápidamente se viralizaron entre críticas, memes y comentarios irónicos.

Mientras el mercado interno atraviesa una profunda recesión, con caída de ventas, cierre de comercios y pérdida del poder adquisitivo, Paoltroni eligió apelar a una teoría disparatada para intentar despegar al oficialismo de la crisis económica.

Senador de La Libertad Avanza
"El consumo cayó porque cada vez nacen menos niños"

Lo pelotudo tenés que ser para seguir creyéndole semejantes ganzadas a este gobierno pic.twitter.com/WwwZn8cJKC

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 20, 2026

La insólita excusa fue tomada por muchos como una muestra del desconcierto del oficialismo frente al derrumbe del consumo y volvió a encender el debate sobre las explicaciones que sectores libertarios ofrecen ante el deterioro de la situación económica.

En internet, las reacciones no tardaron en multiplicarse y cientos de usuarios calificaron al senador como “vergonzoso”, cuestionando el nivel de argumentación utilizado para defender el modelo económico del Gobierno.

El empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente de Electroingeniería SA, lanzó explosivas declaraciones que vuelven a poner bajo la lupa el origen y la construcción de la denominada “causa Cuadernos”, el expediente judicial impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri y utilizado para perseguir y proscribir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones radiales, Ferreyra describió con detalles cómo fue presionado por el fiscal federal Carlos Stornelli para que se acogiera a la figura del arrepentido y declarara contra la expresidenta y el exmandatario Néstor Kirchner. “Tenía que decir que colaboré con ‘los mugrientos’”, reveló el empresario sobre la frase que, asegura, escuchó directamente de boca del fiscal.

La declaración golpea el corazón de una causa que durante años fue presentada mediáticamente como el mayor escándalo de corrupción de la Argentina, pero que desde sus inicios acumuló denuncias por irregularidades, extorsiones y utilización política de la Justicia. Ferreyra sostuvo que todo el expediente “se organizó con fines políticos, no jurídicos”, y denunció que existió un mecanismo sistemático de coerción para fabricar testimonios contra dirigentes kirchneristas.

Según contó, las presiones comenzaron apenas fue detenido e incomunicado. Después de tres días, fue llevado a declarar ante Stornelli. “Me dijo que la ley del arrepentido la estaban estrenando y que si colaboraba me iba con mi familia; si no, iba a ir preso”, recordó. Cuando preguntó de qué debía arrepentirse, recibió la respuesta que terminó revelando públicamente: debía admitir supuestas maniobras de corrupción junto a “los mugrientos”, en referencia a los Kirchner.

Ferreyra aseguró que se negó a mentir y rechazó firmar declaraciones falsas sobre sobreprecios o pago de coimas. “No tenía nada de qué arrepentirme”, afirmó. Sus palabras reavivan las denuncias sobre el uso de la prisión preventiva como método de presión psicológica y disciplinamiento judicial durante el macrismo.

La trama geopolítica de la causa cuadernos

Pero el empresario fue más allá y vinculó el armado de la causa Cuadernos con intereses geopolíticos internacionales. Según explicó, la ofensiva judicial apuntó especialmente contra empresarios argentinos que trabajaban con capitales chinos en proyectos estratégicos de infraestructura y financiamiento. “Había que sacar a China de la región”, sostuvo, al señalar que Electroingeniería participó en acuerdos vinculados a represas, centrales energéticas y obras ferroviarias impulsadas junto al gigante asiático.

En ese sentido, Ferreyra relacionó la causa con una avanzada regional que también tuvo expresiones en Brasil y Ecuador. Recordó el proceso judicial que terminó con la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva y mencionó la existencia de investigaciones similares en otros países latinoamericanos. Para el empresario, existió una estrategia coordinada para desplazar gobiernos populares y perseguir dirigentes que promovían vínculos económicos independientes de Estados Unidos.

Las confesiones del exdirectivo de Electroingeniería vuelven a alimentar las denuncias de lawfare realizadas en reiteradas oportunidades por Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que la causa Cuadernos fue utilizada como herramienta de persecución política, condicionamiento electoral y proscripción.

Mientras el juicio oral continúa avanzando, las revelaciones de Ferreyra abren nuevos interrogantes sobre el accionar de fiscales, jueces y operadores judiciales durante la etapa de instrucción. También dejan expuesto el funcionamiento de un entramado político, judicial y mediático que, según denunció, buscó construir condenas anticipadas antes que investigar hechos concretos.

La inflación mayorista pegó un fuerte salto en abril y encendió señales de alerta para el Gobierno. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 5,2%, muy por encima del 2,6% que marcó la inflación minorista, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El dato implicó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto de marzo y obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a salir a explicar públicamente las causas del incremento.

En términos interanuales, la inflación mayorista acumuló un avance de 30,8%, mientras que en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,6%. El fuerte despegue del índice reflejó el impacto de los precios internacionales de la energía, especialmente del petróleo y sus derivados, sobre la estructura de costos de la economía.

El IPIM mostró una suba mensual impulsada principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 5,3%, mientras que los importados avanzaron 2,5%. La presión más fuerte provino de sectores ligados a la cadena hidrocarburífera, que explicaron gran parte de la aceleración inflacionaria.

Frente al dato, Caputo utilizó sus redes sociales para relativizar el impacto y atribuyó el salto a factores externos. El ministro sostuvo que cerca del 85% de la variación estuvo vinculada al aumento del petróleo y productos asociados, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

“Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados”, afirmó el funcionario. Según detalló, las divisiones de Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos de los 5,2% registrados en el nivel general.

Caputo incluso aseguró que, excluyendo esos rubros afectados por el shock externo, la variación del resto del índice habría sido cercana al 1,1% mensual, con un acumulado de 4,4% en lo que va del año y 23% interanual.

Sin embargo, otros indicadores mayoristas también mostraron una aceleración. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos internos, subió 4,8% en abril, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó otro 4,8%, impulsado principalmente por el incremento de 7,5% en productos primarios.

Los datos reflejan que la presión inflacionaria no proviene solamente de factores tributarios o regulados, sino de un encarecimiento más profundo en los costos de producción, que podría trasladarse a los consumidores en los próximos meses.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Petróleo crudo y gas (22,9%), Productos pesqueros (16,8%), Productos refinados del petróleo (13,6%), Productos de caucho y plástico (7,4%) y Sustancias y productos químicos (5,1%). Cuatro de los cinco sectores que más subieron están vinculados directa o indirectamente con la industria energética.

El panorama hacia mayo también aparece condicionado por el frente externo. La escalada del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a impactar en los precios internacionales de la energía y amenaza con trasladarse a los costos locales. Según estimaciones privadas, el valor de importación del Gas Natural Licuado (GNL) y del gasoil podría aumentar hasta un 30% durante el invierno.

A esto se suman nuevos incrementos regulados, como las subas en colectivos del AMBA, peajes y tarifas de gas, factores que podrían dificultar la desaceleración inflacionaria que el Gobierno esperaba consolidar.

En ese contexto, las consultoras advierten que la moderación del IPC de abril podría haber sido transitoria. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) señalan que recién en agosto la inflación mensual podría perforar el 2%, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto de la energía, los combustibles y la volatilidad internacional en la dinámica de precios.

La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, buscará visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales, centros de salud y programas esenciales de atención médica.

La Marcha Federal en defensa de la Salud Pública reunirá este miércoles a sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores del sistema sanitario en una masiva movilización contra las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el gobierno nacional. La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, buscará visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales, centros de salud y programas esenciales de atención médica.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, la movilización partirá a las 13 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, donde se leerá un documento conjunto. La protesta se inscribe en una creciente ola de reclamos contra las medidas económicas del Gobierno, en línea con las recientes manifestaciones universitarias en defensa de la educación pública.

Las organizaciones convocantes denunciaron un “creciente deterioro del sistema sanitario” y alertaron sobre el desfinanciamiento de políticas públicas clave. Entre los principales reclamos señalaron la interrupción del programa Remediar, las dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional y el abandono de políticas de salud mental.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, afirmó Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, espacio que reúne a profesionales, trabajadores y usuarios del sistema sanitario.

Desde la CTA Autónoma advirtieron que entre 2023 y 2025 el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Salud sufrió una caída del 34%, a lo que se sumó un recorte administrativo de $63.000 millones en mayo de 2026. Según denunciaron, la reducción de recursos ya tiene consecuencias concretas sobre la atención sanitaria y las condiciones laborales del sector.

En la misma línea, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su respaldo a la marcha y sostuvo que el sistema sanitario atraviesa un “profundo deterioro” producto de las políticas de ajuste. “La salud pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste”, remarcaron desde la entidad.

Por su parte, desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof señalaron que desde fines de 2023 unas 742 mil personas dejaron de pagar su obra social o prepaga debido al fuerte incremento de cuotas, que alcanzó el 398% en ese período. También alertaron sobre el aumento de la demanda en hospitales públicos y la presión sobre las camas de terapia intensiva.

En paralelo a la movilización sanitaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará cortes sobre la Avenida General Paz para denunciar el cierre de 25.000 pequeñas y medianas empresas durante la actual gestión nacional. “Milei ha dañado más que la pandemia”, afirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, al cuestionar el impacto económico y social de las políticas oficiales.

El gobierno de quedó envuelto en una fuerte controversia tras firmar un acuerdo militar con Estados Unidos que habilita durante cinco años el patrullaje y monitoreo del Mar Argentino Sur por parte de fuerzas vinculadas a la Armada norteamericana. La decisión generó críticas por considerar que implica una cesión de soberanía sobre un área estratégica para el país.

El convenio no fue anunciado por la Casa Rosada ni por el Ministerio de Defensa argentino, sino directamente por el, organismo del Departamento de Defensa estadounidense encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe. El dato alimentó las críticas opositoras sobre la relación asimétrica entre ambos gobiernos y el alineamiento automático de Milei con Washington.

El programa fue presentado bajo el nombre de “Protección de los Bienes Comunes Globales”, una definición que despertó especial rechazo porque el propio Comando Sur describió al Atlántico Sur como un “bien común global”, relativizando el carácter soberano del Mar Argentino y de una región atravesada por disputas geopolíticas, recursos estratégicos y la cuestión Malvinas donde persiste la ocupación militar británica.

La Carta de Intención fue firmada por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense, junto al almirante Juan Carlos Romay por la Armada Argentina. Según Washington, el objetivo será “fortalecer la seguridad regional” y combatir amenazas marítimas mediante intercambio tecnológico, asistencia operativa y entrenamiento militar.

La primera etapa contempla la entrega de equipamiento de vigilancia para aeronaves argentinas, aunque el plan prevé una creciente participación estadounidense a través de tecnología, capacitación y tareas de control marítimo en el Atlántico Sur.

¿Que son los global commons?

El termino tiene su origen en el derecho anglosajón bajo cuyo significado histórico remitía a las tierras y recursos de usufructo comunal, pero que en las últimas décadas se ha tornado más dinámico en cuanto a su alcance incluyendo a espacios sujetos a una débil jurisdicción estatal como así también a aquellos donde la misma es inexistente, pasando de esta manera a formar parte de las agendas de seguridad de las potencias de la angloesfera que se atribuyen para si mismas la necesidad de “protegerlos y controlarlos”.

Críticas por “entrega de soberanía”

Desde distintos sectores políticos advirtieron que el acuerdo representa una avanzada extranjera sobre una zona estratégica bajo jurisdicción argentina. Uno de los primeros en cuestionarlo fue el ministro bonaerense, quien rechazó que el Mar Argentino pueda ser catalogado como un espacio internacional.

“El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”, expresó el funcionario, quien además acusó al gobierno nacional de convertir el Atlántico Sur en un área de entrenamiento y monitoreo para potencias extranjeras.

La Armada Argentina firmó hoy con EE.UU. un programa para la “protección global de bienes comunes”. El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa argentino. Lo hicieron exclusivamente la Embajada de EE.UU. y el Comando Sur.

El Mar Argentino no… pic.twitter.com/fNiv7yzA2J

— Carli Bianco (@Carli_Bianco) May 19, 2026

Bianco vinculó además la firma del acuerdo con el avance de intereses petroleros sobre las Islas Malvinas. Ese mismo día, la petrolera canadiense anunció su incorporación al consorcio integrado por la israelí y la británica, que planea explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a partir de 2028.

Para sectores opositores, mientras empresas extranjeras avanzan sobre recursos estratégicos en torno a Malvinas, el gobierno argentino profundiza acuerdos militares con Estados Unidos sin impulsar acciones diplomáticas firmes contra la explotación petrolera en territorio en disputa.

Un alineamiento militar cada vez más profundo

El acuerdo firmado ahora aparece como un nuevo eslabón en la creciente cercanía entre la administración Milei y las Fuerzas Armadas estadounidenses. En abril, el presidente visitó el portaaviones frente a las costas de Mar del Plata durante ejercicios conjuntos organizados por el Comando Sur.

La relación con Washington también incluyó reuniones con la exjefa del Comando Sur, y posteriormente con su sucesor, con quien el gobierno coordinó despliegues militares regionales y ejercicios conjuntos, además en dichos encuentros quedó patente el interés de Washington por tutelar las infraestructuras estratégicas del país como la base naval conjunta de Ushuaia.

En octubre de 2025, Milei autorizó además el ingreso de tropas estadounidenses en mediante decreto, evitando el tratamiento legislativo requerido por la normativa vigente para ejercicios militares extranjeros, a lo que se suma diversos acuerdos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa entre ellos con la polémica empresa Palantir señalada por ser un tentáculo de la CIA.

“Atlántico Sur” o “Mar Argentino”: la disputa por el sentido

La polémica también dejó expuesta una discusión geopolítica de fondo. Mientras Washington habla de “Atlántico Sur” y de “bienes comunes globales”, los críticos remarcan que se trata concretamente del, un espacio bajo soberanía nacional y parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La diferencia no es solamente semántica. Para especialistas y dirigentes opositores, definir la región como un “espacio global” diluye la jurisdicción argentina y legitima la intervención de potencias extranjeras sobre un territorio estratégico por sus recursos pesqueros, energéticos y su cercanía con las Islas Malvinas, el cruce bioceánico en el estrecho de Magallanes y la Antártida.

En ese contexto, el acuerdo firmado por Milei reavivó el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región y sobre los límites del alineamiento argentino con Washington en materia de defensa y soberanía.

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial y amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el Gobierno nacional. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y a cargo del juez federal Sebastián Casanello, apunta a determinar si el patrimonio del legislador libertario tuvo un crecimiento injustificado desde su desembarco en cargos públicos nacionales, adonde llegó de la mano de su hermano.

El expediente se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo sospecha la evolución patrimonial de Francisco Adorni y cuestionó la velocidad con la que canceló un crédito millonario otorgado por el Banco Provincia. Según la legisladora, los ingresos declarados por el diputado libertario no alcanzarían para justificar el incremento de bienes registrado entre 2024 y 2025.

Desde Comodoro Py ya comenzaron a analizar los movimientos salariales y administrativos del dirigente libertario durante su paso por el Ministerio de Defensa y por el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF), donde ocupó cargos estratégicos tras la llegada de Javier Milei al poder.

La Justicia sospecha de un “presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni pasó a integrar la estructura nacional bajo la órbita política de su hermano Manuel, uno de los hombres más cercanos al Presidente.

En sus declaraciones juradas, el diputado informó un salto patrimonial de más de $40 millones en apenas un año. Entre los movimientos observados aparecen la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación acelerada de un crédito de $60 millones, operaciones que despertaron dudas en la fiscalía.

Pero el caso no termina ahí. La investigación también incluirá informes de ARCA, ARBA, AGIP, Migraciones, Banco Central, UIF y registros de propiedades, con el objetivo de reconstruir toda la trama financiera y patrimonial del legislador libertario. Incluso se cruzarán datos con la causa que ya investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio del creciente escándalo, Francisco Adorni intentó despegarse de las críticas lanzando un polémico sorteo de becas financiadas con fondos públicos para estudiantes secundarios de La Plata. La movida, difundida en redes sociales, fue interpretada por opositores y usuarios como un intento desesperado por mejorar la imagen del apellido Adorni justo cuando la presión judicial comenzaba a crecer.

La estrategia generó aún más controversia: mientras el oficialismo sostiene un discurso contra “la casta” y el gasto estatal, las críticas apuntaron a que el legislador utilizó recursos públicos para realizar una campaña de posicionamiento personal.

El avance de la causa golpea además las aspiraciones políticas de Francisco Adorni, que ya se perfilaba como posible candidato libertario para disputar la intendencia de La Plata en 2027. Ahora, el apellido Adorni quedó definitivamente bajo la lupa judicial y política.