El 20 de febrero, Ali Peralta, secretario político nacional de la OLA, recibió en su domicilio de la capital jujeña una notificación de la Policía Federal para presentarse en la fiscalía federal. La citación se debe a una investigación iniciada por una denuncia realizada en julio de 2025 por un soldado del ejército israelí de origen argentino que vive en territorios palestinos ocupados como reservista de las FDI.

Por Joshua Lentulus Aivazian.

La denuncia original imputaba a Peralta los delitos de “terrorismo, apología de la violencia y posible acción en banda”. A raíz de esta presentación, la organización denuncia que el dirigente fue objeto de “seguimiento y espionaje por parte de la Policía Federal durante meses en su trabajo, hogar y demás actividades”, lo que consideran una vulneración de su derecho a la intimidad. “Buscando pruebas ante tamaña denuncia encontraron que es un trabajador y padre de familia, que así como está comprometido con nuestro pueblo y la nación Argentina, también apoya la Causa Palestina y su lucha contra la ocupación”, afirma el comunicado oficial de la OLA el pasado martes 3 de marzo.

Sin embargo, lejos de archivar el caso, la organización señala que los fiscales intervinientes decidieron “dar curso a la persecución” modificando la carátula a “discriminación por antisemitismo”. El Secretariado Nacional de la OLA concluye afirmando su decisión de ir a juicio “con la convicción de sostener nuestros valores, nuestros principios, nuestras verdades, y nuestra posición histórica, política y cultural, intransigente e irreductible, de resistencia nacional popular contra el sionismo”.

El caso de Ali Peralta, se suma a la lista de personas víctimas de persecución y censura con la complicidad de las instituciones del Estado argentino. Vulneran derechos y garantías constitucionales en vísperas de conmemorarse 48 años del golpe cívico-militar de 1976. Lejos de ser un retroceso, reflejan una alarmante renovación del propósito en el uso represivo del aparato estatal, actualizando viejas prácticas con nuevos ropajes discursivos.

Para comprender la gravedad del momento, es menester mirar por el espejo retrovisor. Los fundamentos ideológicos de la dictadura de Videla operaban en dos dimensiones. Puertas adentro, el objetivo declarado era preservar la “organización nacional” y los “valores cristianos” frente a la amenaza subversiva. En el plano exterior, significaba una extensión del alineamiento internacional con Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor.

El objetivo oficial de dicho plan era exterminar cualquier célula subversiva alineada con Moscú en el contexto de la Guerra Fría. Pero en la práctica, su misión fue la destrucción de los movimientos patriotas que luchaban por la soberanía y la justicia social, socavando la independencia y la libertad de nuestros pueblos. Fueron perseguidos sindicatos, organizaciones estudiantiles, artistas e intelectuales, instaurando un verdadero terrorismo de Estado sobre el conjunto de la sociedad.

Hoy nos encontramos con una inquietante reedición de aquel escenario. La bipolaridad Este-Oeste murió, pero la resurrección semántica del “enemigo” se perpetúa con violencia desde el discurso del movimiento libertario. Este discurso viene acompañado de alineamientos explícitos con un occidente supremacista y belicista, teniendo como ejes centrales a Estados Unidos e Israel.
No es casual. Los Acuerdos de Abraham, la reivindicación de una alianza evangélico-sionista, y la humillación y persecución pública de quienes critican los actos de genocidio cometidos por Israel sobre el pueblo palestino, son tan solo el espejo histórico de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina.

Hoy, desde el Estado y sus instituciones, se persigue a quienes denuncian estos crímenes. Y, como complemento perverso, se impulsa el negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, llegando incluso a su reivindicación como un acto “necesario” y “positivo”. Este revisionismo grotesco corre en paralelo a los actuales discursos de simpatía hacia las políticas genocidas y belicistas de figuras como Trump y Netanyahu.

La denuncia contra Ali Peralta, orquestada desde el extranjero y validada por una fiscalía federal que cambió la carátula para sostener la acusación, es un ejemplo perverso de este retroceso histórico. Se persigue a quienes se oponen al discurso oficial, se quiere subordinar al país a los dictámenes de potencias hostiles a cambio de fotos y reconocimientos hacia el presidente, y se quiere reescribir la historia para justificar el presente.

Frente a esta renovación del propósito represivo del aparato del Estado, la respuesta no puede ser otra que la misma de siempre: una batalla tras otra en defensa de nuestras libertades, la soberanía y la justicia social. Porque, como ayer, hoy también es una batalla más. Y es necesario, hoy más que nunca, no dormir en los laureles de efemérides simbólicas, sino despertar en la realidad de la lucha por nuestros derechos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del núcleo duro del Gobierno con una reacción cargada de ironía frente a la polémica por el viaje a Nueva York del jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni junto a su esposa.

En medio de una relación cada vez más deteriorada con el resto del oficialismo, Villarruel reposteó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje crítico que apuntaba al funcionario por la controversia generada en torno a los viajes oficiales. El mensaje, acompañado por un fragmento de una entrevista a Adorni, incluía una frase irónica: “El ajuste lo va a pagar la política… jajajaja”.

El gesto fue leído en la Casa Rosada como un nuevo capítulo de la interna que enfrenta a la vicepresidenta con el armado político que responde al presidente Javier Milei. La tensión se da, además, en un momento particular: Villarruel ejerce de manera interina las funciones presidenciales mientras Milei se encuentra de gira internacional.

La polémica se desató luego de que se conociera que Adorni viajó a Nueva York acompañado por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, como parte de la comitiva que acompañó al mandatario en el evento Argentina Week. La presencia de Angeletti generó cuestionamientos y críticas en redes y en la oposición, especialmente por el contraste con una de las principales consignas del oficialismo: la reducción del gasto estatal.

Ante los cuestionamientos, Adorni defendió la decisión. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, explicó.

El funcionario también señaló que Angeletti tenía previsto viajar previamente a Miami el 26 de febrero, pero que el cambio en su agenda motivó que finalmente lo acompañara en el vuelo oficial.

En ese contexto, la reacción de Villarruel volvió a evidenciar la distancia política dentro de La Libertad Avanza. Si bien la vicepresidenta no fue la autora original del mensaje —publicado por una cuenta llamada @Apoyoavictoria—, la decisión de republicarlo amplificó la crítica y sumó un nuevo round de chicanas dentro del oficialismo.

Un dato alarmante refleja con crudeza la profundidad de la crisis económica: seis de cada diez trabajadores asalariados en Argentina se ven obligados a saltearse comidas por falta de dinero, incluso durante su jornada laboral.

Así lo revela una encuesta difundida el 10 de marzo de 2026 por la Universidad Católica Argentina (UCA), realizada sobre 1.171 trabajadores de distintas ciudades del país, en el marco del debate sobre la reforma laboral.

El informe, elaborado para la empresa Edenred, indica que el 61,1% de los asalariados ha dejado de alimentarse durante su horario de trabajo debido a restricciones económicas. Dentro de ese universo, el 46,7% lo hace ocasionalmente y el 14,4% de manera habitual, lo que expone un deterioro profundo de las condiciones de vida incluso entre quienes tienen empleo registrado.

Trabajar y no poder comer

El estudio advierte que la crisis no solo impacta en la cantidad de alimentos, sino también en su calidad. El 78,5% de los trabajadores opta por comidas menos nutritivas para abaratar costos, una tendencia que se intensifica entre quienes perciben ingresos inferiores a $800.000 mensuales.

La problemática golpea con mayor fuerza a jóvenes de entre 18 y 29 años, a trabajadores de menores ingresos, a empleados no calificados y a quienes se desempeñan en pequeñas empresas, donde los beneficios corporativos vinculados a la alimentación son menos frecuentes.

Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, explicó que la economía personal determina directamente la calidad de la alimentación. Según el estudio, más de la mitad de los trabajadores ha debido saltearse comidas o elegir alimentos menos nutritivos por razones económicas, mientras que solo el 16,5% declara no sufrir ningún tipo de privación alimentaria.

La presión también se observa en el gasto cotidiano: el 43,9% de los asalariados destina entre $5.000 y $10.000 por día para alimentarse, mientras que un 36,1% debe arreglarse con menos de $5.000 diarios.

Desigualdad regional y diferencias entre sectores

La encuesta también revela fuertes disparidades geográficas. En el Nordeste argentino (NEA), el 50,1% de los trabajadores reconoce que no come durante su jornada laboral, uno de los niveles más altos del país.

Las diferencias también aparecen entre sectores: en el ámbito privado el 17% de los asalariados no ingiere alimentos durante el horario de trabajo, mientras que en el sector público la cifra se eleva al 33%.

Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos de Edenred, subrayó la gravedad del fenómeno: “Una cosa es comer mal o poco y otra es pasar entre ocho y doce horas sin comer nada. También sorprende que más de la mitad de los trabajadores no reciba ningún aporte de alimentación por parte de su empleador”.

Alimentación y reforma laboral

El informe también vincula la problemática con la reciente reforma laboral, que modificó un artículo para ampliar los beneficios alimentarios considerados como beneficios sociales.

La nueva normativa permite incluir comedores externos o tarjetas de alimentación para comercios cercanos, sin que esos montos formen parte del salario imponible.

Según Granatelli, garantizar la alimentación de los trabajadores no es solo una cuestión social, sino también productiva: “Un trabajador que come bien está más sano, tiene menos accidentes laborales, falta menos y es más productivo”.

El estudio deja al descubierto un dato inquietante de la coyuntura: en medio de la crisis, incluso tener empleo dejó de ser garantía de una alimentación adecuada.

El sistema universitario argentino comienza marzo atravesado por una crisis profunda. Un paro de personal docente y no docente posterga el inicio del ciclo lectivo hasta el próximo 16 de marzo y expone el creciente conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y la pérdida salarial de sus trabajadores.

La medida de fuerza combina distintos niveles de protesta gremial. Mientras la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) convocaron a un cese de actividades de 24 horas, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió iniciar una huelga por tiempo indeterminado hasta obtener una recomposición salarial. El gremio reclama un aumento del 51%, en contraste con la propuesta oficial del 12,3% a pagar en cuotas.

El retraso en el comienzo de clases refleja un conflicto más amplio que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. Los sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura inmediata de paritarias, denunciando que el Gobierno nacional mantiene congelada la negociación salarial formal desde 2024.

Conflicto por financiamiento y salarios

El núcleo de la disputa se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuya implementación fue suspendida por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 795/2025. El Gobierno sostuvo que la norma no habilitaba gastos de manera explícita, lo que derivó en una presentación judicial colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto.

Desde ADUBA advierten que la falta de negociación salarial agravó el deterioro de los ingresos en el sector. Su secretario general, Emiliano Cagnacci, señaló que la ausencia de paritarias desde 2024 provocó un retraso que hoy resulta insostenible para los trabajadores del sistema universitario.

Según explicó el dirigente, el reclamo involucra a todo el entramado laboral de las universidades públicas: docentes, no docentes, investigadores y personal de salud de los hospitales universitarios. En ese marco, el paro busca presionar al Gobierno para que convoque a paritarias y cumpla con la legislación vigente sobre financiamiento.

La postura de AGD-UBA es aún más contundente. El gremio condicionó el regreso a las aulas a una recomposición salarial que compense la pérdida acumulada frente a la inflación.

Su secretaria general, Laura Carboni, denunció que el Ejecutivo intenta evitar el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los trabajadores mediante modificaciones legislativas. Según detalló, mientras el reclamo sindical plantea una actualización del 51%, el Gobierno propone un aumento del 12,3% dividido en tres cuotas, cuya última se abonaría recién en septiembre.

Además de la huelga, el plan de lucha incluye movilizaciones, cortes y permanencias en facultades y colegios universitarios de todo el país bajo la consigna de una “huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”.

Escalada del conflicto

La paralización en la UBA comenzará formalmente el 16 de marzo, pero el desarrollo del conflicto tendrá un nuevo punto de evaluación el 20 de marzo, cuando se realice una asamblea para definir la continuidad o eventual profundización de la huelga.

Los gremios insisten en la plena aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley original, que establecen la actualización automática de salarios y becas estudiantiles de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo dentro del sistema universitario.

Lo hizo durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York, un evento orientado a atraer inversores internacionales, donde también apuntó directamente contra Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, afirmó el mandatario durante su exposición. En ese marco, rechazó las acusaciones de sectores que lo señalan como “antiempresa”. “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”, sostuvo.

Durante su discurso en la sede de JP Morgan, Milei acusó a ambos empresarios de haberse beneficiado durante años de un sistema de protección estatal y los calificó como “empresarios prebendarios”. “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó: se terminó la Argentina corrupta”, afirmó.

Las críticas más duras estuvieron dirigidas a Madanes Quintanilla, a quien el Presidente acusó de presionar al Gobierno para mantener barreras comerciales que favorecían a la producción de aluminio de Aluar. Según relató, el empresario habría advertido que despediría trabajadores si se modificaba ese esquema.

“Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños”, aseguró Milei.

El jefe de Estado utilizó ese ejemplo para cuestionar los sistemas de protección comercial. “Si los neumáticos costaban 100 dólares y el político pone una pared enorme para que no se puedan importar y hay que pagarlos 400, eso es un problema”, explicó. Según el Presidente, la eliminación de esas barreras permitiría a los consumidores acceder a productos más baratos y destinar el dinero restante a otros sectores de la economía.

En esa línea, defendió la apertura comercial y cuestionó a quienes critican lo que denominan “apertura indiscriminada”. “Están reclamando por cazar en el zoológico”, sostuvo. Y remató con una frase que sintetizó su postura: “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

Además, Milei insistió en que su gobierno busca romper con el esquema histórico de relación entre política y empresas. “Nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”, afirmó.

El “riesgo kuka” como chivo expiatorio

En otro tramo de su intervención, el mandatario volvió a responsabilizar al kirchnerismo por las dificultades para reducir el riesgo país. Según explicó, el denominado “riesgo kuka” —la posibilidad de un eventual regreso del kirchnerismo al poder— sigue afectando la percepción de los mercados.

“Cuando fue la elección el riesgo país estaba en 2500 puntos básicos. Hoy está en 550. Pero todavía el riesgo kuka, ese escenario catástrofe, ese cisne negro, sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá de 2027”, afirmó.

Milei sostuvo que ese factor continúa influyendo en el costo del financiamiento internacional para la Argentina. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo”, agregó.

Según el Presidente, si el riesgo país se mantiene en torno a los 550 puntos básicos la economía podría crecer entre 4% y 5% anual. En cambio, si descendiera a niveles cercanos a los 220 puntos, el crecimiento podría ubicarse entre el 7% y el 8%.

“Eso implicaría que la Argentina podría estar duplicando el PBI cada nueve o diez años”, concluyó

El presidente Javier Milei profundizó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel al declararse públicamente “el presidente más sionista del mundo” durante una exposición en la Yeshiva University, una institución académica judía de orientación ortodoxa ubicada en Nueva York.

En ese marco, el mandatario argentino calificó a Irán como “enemigo” y expresó su apoyo a la escalada militar impulsada por el gobierno estadounidense en Medio Oriente.

La intervención de Milei se produjo en el auditorio Lamport de la universidad, ante cerca de 500 asistentes, en su mayoría estudiantes. Durante más de una hora, el presidente argentino defendió su alianza estratégica con Washington y Tel Aviv, y vinculó esa relación con la confrontación en curso contra la República Islámica. “Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó, en un discurso que fue celebrado con aplausos por el público presente.

El mandatario justificó su posicionamiento al señalar que Irán es un “enemigo” de Argentina, aludiendo a los atentados contra la AMIA en 1994 y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. “Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos han metido dos bombas… por lo tanto son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de la creciente escalada en Medio Oriente que enfrenta a Israel, Estados Unidos y Irán, un conflicto que amenaza con ampliarse hacia un enfrentamiento regional. En ese marco, Milei respaldó explícitamente la política internacional del presidente estadounidense Donald Trump, a quien atribuyó haber “salvado al mundo” al sobrevivir a un intento de asesinato durante la campaña electoral.

Más allá del tono celebratorio del acto, el discurso dejó en evidencia el giro en la política exterior argentina. La definición de Irán como “enemigo” y la reivindicación de una alianza estratégica con Washington y Tel Aviv ubican a Argentina dentro del esquema de seguridad promovido por Estados Unidos, una posición que rompe con la tradición diplomática del país basada en el multilateralismo y la autonomía relativa frente a las grandes potencias.

Durante su exposición, Milei también enmarcó el conflicto de Medio Oriente en una disputa geopolítica de mayor escala. Según el presidente, la guerra no se explica únicamente por los recursos energéticos sino por una competencia estratégica global que podría alterar el equilibrio de poder internacional.

En ese análisis, el mandatario vinculó la crisis con la rivalidad entre Estados Unidos y China, al sugerir que el nuevo escenario internacional podría dejar a Beijing más aislado si algunos de sus socios estratégicos pierden influencia o se debilitan a partir del conflicto.

La gira de Milei por Estados Unidos incluyó además su participación en la gala anual organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a dirigentes políticos y figuras influyentes de la comunidad judía internacional. También mantendrá reuniones con representantes del sistema financiero global, entre ellos el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y encabezará la apertura de Argentina Week 2026 en Wall Street.

Tras su paso por Nueva York, el presidente viajará a Chile para asistir a la asunción del mandatario electo José Antonio Kast en el Congreso Nacional de Valparaíso.

En conjunto, la agenda internacional del gobierno argentino refleja una inserción externa cada vez más definida por alineamientos políticos e ideológicos con el bloque encabezado por Estados Unidos e Israel. Para diversos analistas, esta orientación implica el riesgo de involucrar al país en tensiones geopolíticas globales —desde el conflicto con Irán hasta la disputa estratégica con China— que exceden los intereses históricos de la política exterior argentina.

Según la presentación anual realizada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025, el funcionario declaró $1.402.292.739,22 al inicio del período y $2.371.733.030,08 al cierre, lo que representa un aumento de $969.440.290,86 en apenas doce meses.

El ministro de Desregulación del Estado del gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, registró un fuerte incremento en su patrimonio durante 2024. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario informó bienes por $2.371 millones al cierre del año, lo que implica un aumento cercano a los $970 millones en apenas doce meses.

La documentación oficial muestra que Sturzenegger declaró $1.402 millones al inicio del período y $2.371 millones al final, una diferencia de $969 millones. El propio formulario indica que buena parte de la suba se explica por revaluaciones de activos y por ingresos laborales y rentas, aunque el resultado final es un salto patrimonial significativo en un solo año.

Entre los bienes informados aparecen depósitos de dinero en el exterior que superan los $1.447 millones, además de inversiones financieras en títulos públicos, fondos de inversión y otros activos. También figuran inmuebles en distintas localidades, un departamento incorporado durante 2024 en la ciudad de Buenos Aires, y vehículos entre los que se incluyen una Toyota Corolla Cross híbrida modelo 2024 y una Chevrolet Trailblazer 2020.

El patrimonio del ministro muestra además un perfil fuertemente financiero, con participaciones en bonos soberanos como GD35, GD29 y GD38, junto con otros instrumentos y créditos fiscales.

El crecimiento patrimonial adquiere especial relevancia política en el contexto del discurso de austeridad que promueve el gobierno libertario. Mientras la administración de Milei impulsa un fuerte ajuste del gasto público y reclama sacrificios económicos a la población, el incremento de los bienes de uno de sus ministros más influyentes vuelve a poner en debate la distancia entre el relato oficial y la situación real de los funcionarios de alto rango.

La situación se vuelve aún más sensible porque Sturzenegger ya se encuentra envuelto en una polémica por contratos millonarios adjudicados a su esposa en la Cancillería, un episodio que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.

De esta manera, la declaración jurada 2024 del ministro deja una imagen que contrasta con el discurso de austeridad del gobierno: un funcionario clave del gabinete que incrementó su patrimonio en casi mil millones de pesos en un año, en un contexto de ajuste económico que impacta de lleno en el poder adquisitivo y las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad argentina.

El estudio advierte que, en apenas dos años, el peso de la industria nacional en la economía cayó a niveles que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Según el documento, la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto descendió del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un retroceso que devuelve a la estructura productiva del país a cifras de hace casi 90 años.

El informe vincula este deterioro con la fuerte caída de la actividad manufacturera, que en el período 2023-2025 acumuló una contracción del 8,3%. Este desplome se refleja también en un aumento de la capacidad instalada ociosa, que ya supera el 40%, y en un proceso acelerado de pérdida de empleo en el sector. Desde noviembre de 2023 se habrían perdido cerca de 100 mil puestos de trabajo industriales, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día.

Los investigadores señalan que la recesión, impulsada por el atraso cambiario y la caída del consumo interno, golpeó con fuerza a la mayoría de las ramas manufactureras: 22 de las 24 actividades industriales redujeron su producción entre 2023 y 2025. Solo los sectores de alimentos y energía mostraron dinamismo, una señal que, según el informe, se vincula con un proceso de reprimarización de la economía.

Esa tendencia también se refleja en la composición de las exportaciones. Las manufacturas de origen industrial (MOI) pasaron de representar el 35% de las ventas externas argentinas en 2011 al 28% en 2024, mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) se mantuvieron en una franja de entre el 33% y el 37% en ese mismo período.

El trabajo también advierte sobre el impacto de la apertura de importaciones, que se profundizó desde 2024. Uno de los sectores más afectados es el de bienes de capital, cuya producción cayó cerca de un 24% entre 2023 y 2025, al mismo tiempo que las importaciones del rubro crecieron un 77%.

En la industria metalúrgica, el incremento de las importaciones también genera preocupación. “Las importaciones aumentaron un 60%. Es muchísimo, es un crecimiento del 5% mensual. Es imposible de controlar para nosotros”, señaló Luis Manini, presidente de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic). El dirigente advirtió además que “no se puede pretender que el empresario pyme pueda sostener este proceso de pérdida de competitividad”.

Otro indicador del impacto de la apertura comercial aparece en el mercado de maquinaria agrícola. Entre mayo y octubre de 2025, las importaciones de maquinaria usada se multiplicaron por ocho, lo que golpeó de lleno al entramado nacional de fabricantes.

En este contexto, varias industrias atraviesan situaciones críticas. De acuerdo con el informe de la UBA, los sectores más afectados —como curtiembres, marroquinería y calzado, la metalurgia y la producción de minerales no metálicos vinculados a la construcción— registraron caídas de entre el 20% y el 25%.

También se observaron retrocesos de entre el 15% y el 20% en la fabricación de maquinaria de uso general, especial y doméstico, así como en la industria del plástico y el caucho. Otros sectores, como la industria editorial, el papel, los muebles, la electrónica de consumo y el textil, mostraron caídas de entre el 10% y el 15%.

El panorama que describe el estudio vuelve a poner en debate el rumbo de la estructura productiva argentina y el lugar que ocupa la industria en el modelo económico actual.

El consumo en el sector pyme continúa profundizando su deterioro y se consolida como uno de los indicadores más claros de la fase recesiva que atraviesa la economía argentina.

Las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6% a precios constantes, acumulando un retroceso del 5,2% en el primer bimestre de 2026.

De acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), si bien durante febrero se observó un leve repunte mensual del 2,6%, impulsado por factores estacionales como el inicio del ciclo lectivo y una mayor demanda en alimentos, la mejora no alcanza para revertir la tendencia contractiva que domina la actividad comercial.

El dato confirma que el consumo interno continúa debilitado, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos y una demanda cada vez más restringida.

Un deterioro generalizado en la actividad

La retracción del consumo se manifestó en seis de los siete rubros relevados, evidenciando el carácter extendido de la desaceleración comercial.

Entre los sectores más afectados se destacan:

• Bazar y decoración: -14,4%
• Perfumería: -10,7%
• Alimentos y bebidas: -8,7%

El único segmento que logró escapar a la tendencia negativa fue Farmacia, que registró una leve suba interanual del 0,3%, sostenida principalmente por la naturaleza esencial de sus productos.

La percepción de los comerciantes también refleja el deterioro de la actividad. Mientras en enero predominaban las opiniones de estabilidad, en febrero ese indicador cayó seis puntos y se ubicó en 52,6%. En paralelo, el 38,8% de los empresarios consultados afirmó que su nivel de ventas se deterioró directamente durante el último mes, lo que marca un aumento en la sensación de crisis dentro del sector minorista.

Inversión frenada y presión de costos

Las expectativas para los próximos doce meses muestran un panorama dividido. Un 46,6% de los comerciantes cree que su situación se mantendrá estable, mientras que un 42,9% confía en una eventual mejora. Solo el 10,5% anticipa un escenario peor.

Sin embargo, este moderado optimismo no se traduce en decisiones de expansión. El 57,6% de los empresarios considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones, frente a apenas un 15,5% que visualiza oportunidades.

El principal obstáculo para la recuperación sigue siendo la combinación de costos operativos en aumento, presión tributaria y caída del poder de compra, factores que erosionan los márgenes y mantienen al sector en una situación de contracción técnica.

En este escenario, la demanda se vuelve cada vez más selectiva. Los consumidores priorizan estrictamente promociones, descuentos y planes de financiamiento para sostener sus compras, incluso en productos de primera necesidad, reflejando el impacto directo del ajuste del ingreso sobre el consumo cotidiano.

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia que genera fuerte preocupación en América Latina: Washington aseguró que está dispuesto a emprender “acciones militares unilaterales” contra los “cárteles del narcotráfico” en la región, incluso sin el respaldo de los países involucrados.

La declaración fue realizada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante la apertura de la conferencia Américas contra los cárteles, celebrada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos. Allí advirtió que su país está preparado para pasar a la ofensiva si considera que las amenazas vinculadas al narcotráfico lo requieren.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó el funcionario ante representantes militares y de seguridad de distintos países del continente.

Las declaraciones encendieron alarmas en la región, ya que implican la posibilidad de operaciones militares de dudosos objetivos sin el consentimiento de los Estados latinoamericanos, lo que representaría un serio riesgo para la soberanía de los países de América Latina.

Durante su intervención, Hegseth defendió la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, que contempla ampliar el uso de herramientas militares para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico (etiqueta lo suficientemente flexible que EEUU podría aplicar a cualquier gobierno que no sea funcional a sus intereses). Bajo esa lógica, el funcionario instó a los gobiernos del continente a “ir a la ofensiva” contra lo que denominó “narcoterroristas”.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de seguridad de diversos países latinoamericanos, aunque se registraron ausencias significativas como las de México, Colombia y Brasil, tres actores clave en cualquier estrategia regional contra el narcotráfico.

El jefe del Pentágono también justificó el endurecimiento de la política estadounidense señalando que, durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de drogas como el fentanilo o la cocaína. Asimismo, afirmó que el negocio del tráfico de personas alcanzó en 2022 un valor de 13.000 millones de dólares.

Para Washington, el continente americano —que concentra apenas una octava parte de la población mundial— registra cerca de un tercio de los crímenes violentos del planeta, un argumento utilizado por la administración estadounidense para impulsar una estrategia más agresiva.

Sin embargo, especialistas advierten que la retórica de “guerra contra las drogas” ha sido históricamente utilizada por Estados Unidos para justificar intervenciones directas en América Latina como en el pasado se utilizo la de la lucha contra el comunismo y el terrorismo pos 2001. En ese contexto, la advertencia sobre posibles “batallas unilaterales” vuelve a poner en debate los límites del derecho internacional y el respeto a las soberanías nacionales en la región.