El Gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo aumento en el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que comenzó a regir este lunes y que impacta directamente en los gastos cotidianos de miles de trabajadores que viajan entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La suba alcanza a 104 líneas de colectivos que conectan distintos municipios de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo pasó de $650 a $700, lo que representa un incremento del 7,6% y encarece uno de los gastos diarios más importantes para quienes dependen del transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

La actualización ya había sido anticipada por el Gobierno nacional en febrero, cuando se definió un nuevo cuadro tarifario que reemplazó al establecido por la Resolución 1017/2022. En ese momento, la administración de Milei dispuso que el aumento se aplicaría en dos etapas: la primera comenzó a regir el 18 de febrero y la segunda entró en vigencia este lunes 16 de marzo de 2026.

El incremento afecta específicamente a las líneas que realizan recorridos interjurisdiccionales entre la provincia de Buenos Aires y CABA, por lo que impacta de lleno en millones de pasajeros que utilizan estos servicios para trasladarse diariamente dentro del principal conglomerado urbano del país.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el aumento forma parte de la política de reducción de subsidios al transporte, en el marco del denominado “sinceramiento tarifario”. Según la administración de Milei, el objetivo es acercar gradualmente el precio del boleto al costo real del servicio y evitar lo que consideran un retraso tarifario acumulado en los últimos años.

En ese contexto, el Ejecutivo viene aplicando subas periódicas en distintas tarifas reguladas, con el argumento de que los precios deben acompañar la evolución de la inflación.

Actualmente, el sistema de transporte del AMBA mantiene distintos valores según la jurisdicción. En las líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo cuesta $681,85, mientras que en los servicios que dependen de la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57. De esta manera, las líneas nacionales quedan con una tarifa intermedia dentro del esquema del transporte metropolitano.

Cómo quedaron los precios del boleto de colectivo

Con SUBE registrada

• Boleto mínimo (0 a 3 km): $700
• De 3 a 6 km: $779,78
• De 6 a 12 km: $839,86
• De 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada

• 0 a 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

Así, el nuevo aumento del transporte vuelve a presionar sobre el presupuesto de los trabajadores del AMBA, que destinan una parte creciente de sus ingresos a cubrir los costos de movilidad en medio de la suba generalizada de tarifas.

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, relativizó el entusiasmo que el Gobierno nacional buscó transmitir ante inversores y advirtió que el proceso de recuperación económica será desigual y atravesará tensiones sociales en el corto plazo.

“El crecimiento va a ser asimétrico”, sostuvo el mandatario mendocino al analizar el escenario productivo argentino. Según explicó, algunos sectores explicarán buena parte de la expansión económica, pero no tendrán impacto homogéneo en todo el país. “Si crecemos al cuatro por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas”, señaló.

En ese contexto, Cornejo lanzó una advertencia sobre el clima social que podría generarse durante el proceso de estabilización: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

El gobernador también se refirió a las expectativas de inversión tras las reuniones con empresarios y fondos internacionales en Estados Unidos. Si bien reconoció que percibe un mayor interés por el país, aclaró que ese optimismo todavía no se traduce plenamente en decisiones concretas de inversión. “Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió.

En relación con el marco de incentivos que impulsa el Gobierno, Cornejo consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha funcionado como una herramienta excepcional para brindar garantías a los proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que los inversores de largo plazo —especialmente en sectores como la minería y el petróleo— demandan previsibilidad que vaya más allá de un ciclo electoral.

“El mercado financiero ya refleja esa incertidumbre”, sostuvo el mandatario al analizar el comportamiento de los capitales. “Las que vencen antes de 2027 ofrecen mucho dinero los inversores financieros. Las que quieren pasar al otro año, al 2028, al 2029 o al 2030, ya no se animan a ofrecer dinero”, explicó.

Por eso insistió en que el país debe consolidar señales de estabilidad duraderas. “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”, remarcó.

Finalmente, Cornejo señaló que el desafío no recae únicamente en el Gobierno, sino también en el sector privado, que deberá adaptarse a un nuevo escenario económico. En esa línea, sostuvo que el oficialismo deberá fortalecer su base política para sostener el rumbo. “El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Mauricio Macri en 2018”, concluyó.

La escalada militar en el Golfo Pérsico ya impacta de lleno en el mercado energético mundial y obliga a Washington a tomar decisiones que evidencian la dificultad de sostener el conflicto sin provocar una crisis económica global.

En un movimiento excepcional, el gobierno estadounidense autorizó de manera temporal la compra de petróleo ruso que estaba sancionado y actualmente se encuentra cargado en buques en alta mar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la medida busca “promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales” en medio de la guerra. La autorización estará vigente hasta el 11 de abril y, según Washington, se limita únicamente al crudo que ya está en tránsito para evitar beneficios financieros significativos para Vladimir Putin.

La decisión refleja la presión que enfrenta la Casa Blanca ante el aumento del precio del petróleo. Tras varios ataques contra buques en el Golfo Pérsico, el crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, generando turbulencias en los mercados internacionales.

La tensión se agravó después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, anunciara que su país continuará bloqueando el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. El dirigente iraní también prometió vengar a los ciudadanos iraníes muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El cierre de facto del estrecho ya provoca fuertes perturbaciones en el comercio energético global y obligó a los países industrializados a tomar medidas extraordinarias. La Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas —la mayor operación de este tipo en su historia— mientras que Estados Unidos aportará otros 172 millones de barriles desde su propia reserva.

Sin embargo, la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso generó fuertes críticas en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que el cierre del estrecho “de ninguna manera” justifica aliviar las sanciones contra Moscú. En la misma línea se expresó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien advirtió que la medida podría debilitar los esfuerzos para presionar al Kremlin en la guerra de Ucrania.

Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky también criticó la decisión, calificándola como “un duro golpe” para su país y para la credibilidad de las sanciones occidentales contra Rusia.

Mientras tanto, en Moscú celebraron la decisión. El negociador ruso Kirill Dmitriev afirmó que Washington está reconociendo en los hechos que el mercado energético global no puede mantenerse estable sin el petróleo ruso. Según estimaciones del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Rusia ya obtuvo unos 6.800 millones de dólares adicionales por la venta de hidrocarburos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, Washington evalúa escoltar militarmente a los petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz, una operación que podría ampliar aún más el alcance del conflicto. Sin embargo, el llamado de Trump para que otros países envíen buques de guerra a la zona ha recibido una respuesta fría.

Países como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y China han señalado que todavía están evaluando sus opciones, mientras que Francia descartó por ahora desplegar buques militares en la zona.

La falta de un respaldo militar claro de sus aliados subraya las crecientes dificultades que enfrenta la Casa Blanca. Lo que comenzó como una ofensiva militar contra Irán se está transformando rápidamente en una crisis energética y diplomática global, donde el costo económico y político de la guerra empieza a pesar cada vez más sobre la estrategia de Trump.

El fallido del ministro de Economía Luis Caputo tras su participación en la “Argentina Week” dejó al descubierto, quizás sin proponérselo, la lógica que guía al gobierno libertario en su política económica.

“Gran trabajo vendiendo la Argentina”, celebró Caputo al felicitar a los gobernadores que participaron del encuentro con empresarios en Estados Unidos. La frase, lejos de pasar desapercibida, terminó funcionando como una admisión involuntaria de la estrategia oficial: presentar al país como una oportunidad de negocios para capitales extranjeros.

El ministro destacó que durante las reuniones “todos apoyaron el rumbo” del gobierno y elogió el rol de los mandatarios provinciales en la promoción del país ante inversores. Según Caputo, el clima que se percibe en el exterior es de entusiasmo y anticipa “un impresionante clima de inversiones” en los próximos meses.

Sin embargo, el comentario sobre “vender la Argentina” generó críticas porque resume con crudeza la orientación del programa libertario: la idea de convertir al país en una plataforma abierta a los grandes capitales internacionales, promoviendo la entrega de activos, recursos y generando oportunidades de negocio ante el sector privado global a expensas del patrimonio publico nacional.

El lapsus del titular de Economía terminó, así, exponiendo de manera transparente lo que para muchos analistas constituye el núcleo del proyecto económico oficial: la promoción de la Argentina como mercancía barata en el mercado global de inversiones.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, lanzó una fuerte advertencia sobre el presente del entramado productivo nacional y cuestionó las críticas del presidente Javier Milei hacia el empresariado.

Según el dirigente industrial, la economía atraviesa una crisis profunda que ya provocó el cierre de miles de compañías y que podría agravarse durante 2026 si no cambian las condiciones económicas actuales.

“Sin industria nacional no hay futuro para la Argentina”, afirmó Rosato al responder a recientes declaraciones del mandatario realizadas en Nueva York, donde volvió a cuestionar a empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Desde el sector pyme sostienen que el debate público debería enfocarse en cómo sostener la producción y el empleo en un contexto cada vez más complejo para las pequeñas y medianas empresas.

Rosato aseguró que el panorama actual es crítico. De acuerdo con datos del Observatorio IPA, en los últimos dos años cerraron cerca de 30.000 empresas, una cifra que ya supera el número de fábricas que bajaron sus persianas entre 2019 y 2023.

El dirigente advirtió que lo peor aún podría estar por venir. “Muchas fábricas resistieron esperando que mejorara la situación económica, pero ya no tienen margen frente a la caída del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y la presión impositiva”, sostuvo.

Según el empresario, el sector productivo enfrenta una combinación de factores que complica la continuidad de la actividad: costos elevados, demanda interna debilitada y mayor competencia externa.

“Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas”, explicó.

El informe elaborado por el Observatorio IPA también revela que la capacidad instalada de la industria cayó al 53,8%, un nivel de utilización similar al registrado durante la cuarentena de 2020. Para la entidad, este dato refleja un escenario de fuerte subutilización de las plantas industriales.

El economista Federico Vaccarezza, responsable del estudio, señaló que este fenómeno anticipa un riesgo creciente de cierres definitivos. “La escala de producción actual resulta insuficiente para sostener estructuras industriales intensivas en capital frente a la competencia importada”, indicó.

A este escenario se suma un mercado interno debilitado. Según el análisis del Observatorio IPA, el consumo se ubica alrededor de un 9% por debajo de sus niveles históricos, lo que limita la capacidad de recuperación del sector productivo.

Para Rosato, el problema excede los números de la economía. “Para el dueño de una pyme cerrar la empresa no es un simple balance financiero. Es perder un proyecto de vida, el trabajo de años y el esfuerzo de familias enteras”, afirmó.

El dirigente también cuestionó lo que definió como un modelo económico que perjudica al entramado industrial local. “Estamos frente a una etapa superior al industricidio que ya habíamos denunciado. Si no hay cambios, se consolidará una destrucción sistemática de pymes para reemplazarlas por producción extranjera”, advirtió.

En ese contexto, Rosato reclamó abrir un diálogo con el Gobierno para discutir medidas que permitan mejorar la competitividad de la industria y sostener el empleo.

“El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo”, sostuvo.

Finalmente, el titular de IPA insistió en que las pymes son uno de los principales motores del empleo en el país y advirtió que su deterioro podría tener consecuencias estructurales para la economía.

“Sin pymes, sin industria y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina”, concluyó.

La polémica por los viajes del Jefe de Gabinete libertario sumó un nuevo capítulo cuando la diputada nacional Marcela Pagano, integrante del mismo espacio político pero que decidió conformar un bloque propio en el congreso, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo por el presunto uso de recursos y gastos incompatibles con los ingresos declarados por Manuel Adorni comenzó a generar fuertes fricciones dentro del propio espacio libertario. La polémica sumó un nuevo capítulo cuando la diputada nacional Marcela Pagano, integrante del mismo universo político, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

La legisladora tomó la decisión luego de que trascendieran detalles de un vuelo privado que el funcionario del gobierno de Javier Milei realizó junto a su familia hacia Punta del Este, durante el feriado de carnaval.

La presentación judicial se originó tras la difusión de documentos que revelaron que la familia del exvocero presidencial viajó a Uruguay a bordo de un avión Hondajet con matrícula LV-HWA. El vuelo despegó el jueves 12 de febrero a las 20.21 desde Buenos Aires y aterrizó en Punta del Este apenas 35 minutos después.

A partir de esa información, Pagano cuestionó el costo del traslado y planteó que el gasto no se correspondería con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. La sospecha tomó fuerza luego de que un allegado al dirigente libertario confirmara públicamente que el propio Adorni habría pagado el viaje.

El propio funcionario había reconocido su presencia en Uruguay durante una entrevista televisiva e intentó desestimar las críticas. “Yo fui a Punta del Este, pero de mi vida privada no hablo. El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta”, aseguró.

En ese traslado, Adorni estuvo acompañado por su esposa Bettina Angeletti, dos menores de edad y el periodista Marcelo Grandio. El conductor de la TV Pública confirmó en televisión que el jefe de Gabinete pagó el vuelo privado y que él asistió como invitado.

Tras formalizar la denuncia, Pagano volvió a cuestionar al funcionario en sus redes sociales y dejó en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. “Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. ‘Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga’, ¿era así el eslogan, verdad?”, escribió la diputada del bloque Coherencia.

Ay ay ay @madorni de no tener para el café, de tu humilde programa grabado en un living de un departamento, sin escalas a comprar en Prada. Se ve que le estás sacando con tu familia un buen jugo al cargo, mientras los argentinos sufrimos el industricidio que vos militas, nos… pic.twitter.com/4r4MQUZwt7

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

La polémica se produce además en medio de otro foco de cuestionamientos contra el funcionario por el viaje de su pareja a Nueva York en el avión presidencial durante una gira oficial de Milei a Estados Unidos. Ese episodio motivó críticas de la oposición luego de que trascendiera que Angeletti integró la comitiva que acompañó al mandatario.

En ese contexto, diputados nacionales del bloque Unión por la Patria (UxP) presentaron un pedido de informes para que Adorni brinde explicaciones en el Congreso sobre el traslado, el alojamiento y los gastos vinculados al viaje de su cónyuge. La bancada opositora también solicitó que el jefe de Gabinete detalle el origen de los fondos utilizados para el vuelo privado a Uruguay y advirtió que la Cámara baja podría avanzar con mecanismos de interpelación previstos en la Constitución Nacional.

Mientras la oposición presiona por explicaciones, el dato político más sensible es que la denuncia partió desde el propio espacio libertario, una señal de que el escándalo ya empieza a abrir grietas internas dentro del oficialismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes seis nuevos edificios educativos en el municipio de Ezeiza y aprovechó la jornada para marcar fuertes diferencias con el presidente Javier Milei.

El mandatario recorrió las nuevas instalaciones junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el intendente local, Gastón Granados, en una serie de inauguraciones que incluyeron la puesta en marcha de la Escuela Secundaria Especializada en Arte N°1 —la primera de este tipo en el distrito— y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. Ambas obras habían sido paralizadas por el Gobierno nacional y fueron retomadas por la Provincia.

Durante la jornada también se inauguraron la Escuela Técnica N°2 de Tristán Suárez y los edificios de las escuelas secundarias N°11 del barrio Santa Marta y N°14 de Carlos Spegazzini. Además, Kicillof puso en funcionamiento la ampliación de la Escuela Secundaria N°9, que sumó ocho aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM), y firmó un convenio para crear un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito. La inversión total en infraestructura educativa alcanzó los 14.769 millones de pesos.

Los pibes y pibas bonaerenses cuentan con una escuela pública que los recibe y trabaja incansablemente para darles un destino y un futuro mejor. pic.twitter.com/pTf4XLhHsi

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 11, 2026

“Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”, sostuvo el gobernador, y remarcó que la provincia está alcanzando “un récord en infraestructura educativa”, pese a que —según afirmó— el Gobierno nacional paralizó la construcción de 80 edificios escolares en territorio bonaerense.

En ese contexto, Kicillof cuestionó el modelo del Ejecutivo nacional y señaló que la idea de libertad que impulsa Milei “es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”. “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”, afirmó.

Por su parte, Terigi destacó que la concreción de estas obras fue posible gracias a “la decisión política y el compromiso con la educación pública” del Gobierno bonaerense. “Estas nuevas instituciones no son solo edificios: son espacios donde se crean oportunidades y se construyen proyectos de futuro”, expresó.

El intendente Granados, en tanto, aseguró que las inauguraciones ratifican que la educación pública “es una prioridad” en el distrito y recordó que desde el inicio de la gestión de Kicillof ya se construyeron 18 nuevas escuelas en Ezeiza.

Al cierre de la jornada, el gobernador volvió a insistir con el eje de su mensaje: “Cada obra paralizada representa sueños truncos. En la Provincia tenemos una mirada distinta: la educación no es un negocio ni una mercancía, es un derecho que debe alcanzar a todos y todas”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, en un nuevo episodio de enfrentamiento interno que expone la creciente distancia entre la titular del Senado y dirigentes cercanos al presidente Javier Milei.

La presentación judicial fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Petri afirmara en televisión que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y que incluso se habría ofrecido como alternativa presidencial mientras integra la actual gestión.

El conflicto se originó tras el discurso de Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina. En ese contexto, Petri sostuvo públicamente que la vicepresidenta “no ha estado a la altura de las circunstancias” y sugirió que el mandatario hacía referencia a ella cuando mencionó a quienes, desde dentro o fuera del Gobierno, esperarían un fracaso de su gestión.

“Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”, afirmó el exministro, quien además insinuó que Villarruel podría haber aspirado a la presidencia.

La vicepresidenta respondió primero en redes sociales, donde calificó a Petri como un “cosplayer”. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió.

El cruce escaló rápidamente. Petri respondió con dureza y acusó a la vicepresidenta de ser “golpista”, lo que terminó de tensar el enfrentamiento público.

Tras ese intercambio, Villarruel decidió avanzar en la vía judicial y radicó una denuncia penal por “calumnias o falsa imputación, injurias, infracción del artículo 213 bis del Código Penal y otros atentados contra el orden público”, además de una supuesta “amenaza de rebelión”.

El artículo citado prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes integren agrupaciones que busquen imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor.

El episodio suma un nuevo capítulo a las fricciones entre Villarruel y dirigentes alineados con el núcleo político del presidente Milei, una relación que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más tirante y que empieza a trasladarse con mayor frecuencia al terreno público y judicial.

La empresa registró una caída del 50% en sus ventas en los últimos dos años, lo que la llevó a apagar los hornos de su planta en Tortuguitas y reestructurar completamente su negocio.

La histórica fábrica de termos Lumilagro dejó de producir termos de vidrio en el país tras 83 años de actividad, en un contexto de fuerte crisis del mercado interno y creciente competencia de productos importados. La empresa registró una caída del 50% en sus ventas en los últimos dos años, lo que la llevó a apagar los hornos de su planta en Tortuguitas y reestructurar completamente su negocio.

Como consecuencia del derrumbe de la demanda y del ingreso masivo de termos importados —legales y de contrabando— la firma redujo su plantilla de 220 a 50 trabajadores directos, con 170 desvinculaciones mediante retiros voluntarios. El proceso implicó el cierre de la producción local de ampollas de vidrio y una fuerte reducción en la fabricación de termos de acero.

Ante este escenario, la compañía decidió trasladar gran parte de su producción al exterior: las ampollas de vidrio ahora se importan desde India y Vietnam, mientras que los termos de acero se fabrican en China. Según la empresa, producir en el exterior permite aprovechar economías de escala y reducir costos, aunque implica abandonar parte de la histórica producción nacional.

El caso refleja las dificultades que atraviesa la industria orientada al mercado interno, afectada por la caída del consumo y la presión de productos importados más baratos. La consecuencia directa es menos producción local, pérdida de empleo industrial y una mayor dependencia de bienes fabricados en el exterior.

En medio de la creciente escalada y ampliación del conflicto en Medio Oriente, fuertes trascendidos indican que el Gobierno argentino estaría evaluando la posibilidad de enviar tropas nacionales a la guerra en curso contra Irán para colaborar con las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

La versión, que comenzó a circular en ámbitos políticos y periodísticos, implicaría un giro histórico en la diplomacia y en la estrategia internacional de la Argentina. El debate se da en un contexto marcado por la estrecha relación del presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump y por el alineamiento cada vez más explícito de la Casa Rosada con Washington y Tel Aviv.

Según informó este miércoles el periodista de El Destape Jonathan Heguier, fuentes de la Casa Rosada aseguraron que, en caso de que Estados Unidos lo solicitara formalmente, el Gobierno argentino “consideraría el pedido y avanzaría” con el eventual envío de escuadrones de las Fuerzas Armadas para participar del conflicto en Medio Oriente.

Las mismas fuentes aclararon que hasta el momento no existe un requerimiento oficial por parte de Washington. Sin embargo, la posibilidad comenzó a tomar fuerza luego de recientes declaraciones de Milei, quien se definió como “el presidente más sionista del mundo”, llamó a “defender el legado de Occidente” y afirmó: “Vamos a ganar la guerra” declarando de esta manera el estado de beligerancia a titulo personal.

Aquellas afirmaciones generaron un fuerte revuelo político y diplomático, lo que llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a matizar los dichos del mandatario. “No participamos de la guerra, pero sí de un apoyo, una filosofía y una alineación con Estados Unidos e Israel contra un régimen que amenaza la estabilidad internacional”, sostuvo entonces el funcionario.

Mientras tanto, desde el Gobierno evitan realizar declaraciones oficiales sobre la posibilidad de enviar tropas, aunque el tema ya comenzó a instalarse en el debate público ante las implicancias militares, políticas y diplomáticas que tendría una decisión de ese calibre para la Argentina.