Nuevo revés judicial para el gobierno: la Justicia Federal de La Plata ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ante el riesgo de parálisis por el ajuste presupuestario impulsado por la administración libertaria.

La medida cautelar fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak luego de una presentación del Ministerio Público Fiscal que alertó sobre la grave crisis económica y administrativa que atraviesa el organismo, pieza central en la restitución de identidades y en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El fallo obliga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia a disponer recursos urgentes para sostener la operatividad del Banco y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Entre los problemas señalados figuran la falta de fondos para limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y conservación de muestras biológicas, poniendo en riesgo pericias genéticas fundamentales para causas judiciales.

Según documentación oficial del organismo, el presupuesto previsto para 2026 cubre apenas el 55,96% de los recursos solicitados, situación que compromete la cadena de custodia y la validez de las pruebas genéticas.

En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció el “ahogo presupuestario” al BNDG y se presentó en la causa para reforzar la urgencia de la medida. La organización advirtió que cualquier interrupción en el funcionamiento del Banco afectaría pruebas irreemplazables y pondría en riesgo las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de verdad, identidad y justicia.

📣El Banco Nacional de Datos Genéticos está en peligro
🗣Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis.
COMUNICADO COMPLETO:https://t.co/okE9IXbsvA pic.twitter.com/7qNx474q17

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 14, 2026

La resolución judicial representa un fuerte llamado de atención al Gobierno y busca evitar la paralización de un organismo creado en 1987, clave en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Según cifras difundidas por la OCDE, el país recibió apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, muy por detrás de la mayoría de las economías de la región.

El contraste es contundente: el Brasil de Lula lideró el ranking con USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones. Argentina quedó relegada al último puesto pese a las promesas oficiales de que el ajuste, la desregulación y los beneficios al gran capital generarían una “lluvia de inversiones”.

La cifra expone una contradicción central del discurso de Javier Milei. Mientras el Gobierno insiste en que la apertura económica y el achicamiento del Estado mejorarían la confianza internacional, los capitales extranjeros siguen evitando apostar por el país.

“Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina”, advirtió el informe de Misión Productiva elaborado sobre estadísticas de la OCDE.

El reporte remarcó además que “el contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo”, incluso en áreas donde el país posee ventajas competitivas estratégicas.

Los números del Banco Central también muestran un panorama lejos del optimismo oficial. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa promedió apenas USD 189 millones mensuales. Aunque hubo una mejora respecto de la gestión anterior, los niveles siguen siendo bajos y no reflejan el supuesto boom inversor que el oficialismo prometía tras la aprobación de la Ley Bases y el RIGI.

Más aún: desde comienzos de año, la cuenta de inversión extranjera acumuló un déficit de USD 1.421 millones debido a la salida de empresas internacionales y a la transferencia de activos hacia compañías locales.

En ese contexto, el Gobierno busca redoblar la apuesta con el llamado “Súper RIGI”, un nuevo esquema enviado al Congreso que amplía los beneficios extraordinarios para grandes inversores. El proyecto apunta especialmente a sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, y ofrece estabilidad normativa por 30 años junto con fuertes ventajas fiscales.

Entre los beneficios previstos aparecen una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones impositivas, amortización acelerada de inversiones y libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y aseguró que busca impulsar “una mayor industrialización de los recursos” mediante actividades “que hoy no existen en Argentina”. Un discurso que se contradice con el fuerte ajuste en áreas clave para el desarrollo de dichas tecnologías como la ciencia y la educación formadoras de los necesarios recursos humanos que hoy optan por irse del país ante un clima adverso.

Sin embargo, los datos actuales muestran que ni el ajuste extremo, ni la flexibilización regulatoria, ni los incentivos extraordinarios lograron hasta ahora revertir la desconfianza de los inversores. La promesa libertaria de convertir a Argentina en un imán para el capital extranjero sigue chocando contra una realidad marcada por la recesión, la inestabilidad y la fuga de divisas.

Los boletos de subte, colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos de hasta 17 veces desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, con subas que superaron ampliamente la inflación acumulada y profundizaron el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos históricos desde la asunción de Javier Milei y ya acumulan subas de hasta 17 veces en apenas dos años y medio. El aumento del boleto de subtes, colectivos y trenes avanzó muy por encima de la inflación y profundizó el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque las tarifas del transporte crecieron muy por encima de ese porcentaje a partir de la quita de subsidios nacionales y el aumento de los costos operativos.

El caso más extremo fue el del subte, cuyo boleto pasó de $80 a $1.414, lo que implicó un aumento nominal del 1668% y una suba real del 337% por encima de la inflación. En paralelo, el boleto de colectivo se multiplicó hasta 16 veces desde noviembre de 2023: en la Provincia de Buenos Aires acumuló un alza del 1545% y en las líneas de jurisdicción nacional del 1221%.

Los trenes metropolitanos también registraron fuertes incrementos. El pasaje mínimo pasó de $33,29 a $280 en abril de 2026, con una suba real del 119%, mientras que en mayo volvió a aumentar un 17,9% hasta alcanzar los $330.

El impacto de estos aumentos se trasladó directamente al presupuesto familiar. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de sus ingresos en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

En el mismo período, el salario mínimo pasó de $156.000 a $357.800, una suba nominal del 129% que, según CEPA, significó una pérdida cercana al 43% del poder adquisitivo frente a la inflación. La situación también afecta a estudiantes y jóvenes beneficiarios de la Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025. Con ese monto, hoy pueden cubrir apenas 111 viajes con descuento, cuando en diciembre de 2023 alcanzaba para 839 boletos.

El informe además advirtió sobre la creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y el interior del país tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras el boleto mínimo en el área metropolitana ronda los $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a $2.300 y en Rawson supera los $2.190.

Entre los factores que explican las subas, el estudio destacó el incremento del gasoil, que acumuló un aumento del 536% desde noviembre de 2023, junto con una reducción real del 17,5% en el presupuesto destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte.

La combinación entre tarifazos y caída de la actividad económica ya comenzó a impactar en la cantidad de pasajeros. En febrero de 2026, el uso del sistema de transporte público cayó un 12,9% interanual, con desplomes del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos.

Según concluyó CEPA, la tendencia alcista podría continuar durante el resto de 2026 debido a la fórmula de actualización mensual de tarifas, el aumento sostenido de los costos operativos y la volatilidad de los precios internacionales de la energía.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional acusó ante la Justicia federal a altos funcionarios nacionales y a la conducción de Vialidad por el presunto desvío de más de 400 mil millones de pesos que debían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.

La presentación judicial apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de integrantes de la comisión directiva de Vialidad Nacional. Los delitos denunciados incluyen malversación de fondos públicos, fraude contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, los fondos provenían del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignación específica por ley para infraestructura vial. Sin embargo, el gremio sostiene que el Ministerio de Economía habría retenido esos recursos y los habría destinado a la compra de letras y bonos del Tesoro, dejando sin financiamiento a rutas, obras y tareas de mantenimiento esenciales.

La denuncia advierte que el impacto ya es crítico: Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual y atraviesa una “quiebra técnica” que compromete su capacidad operativa. A esto se suma la paralización de obras con financiamiento internacional, pérdida de créditos externos y el deterioro acelerado de la red vial nacional.

El cuadro es alarmante. Según datos aportados por el gremio, el 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, cuando al inicio de la gestión de Milei ese porcentaje era del 50%. Pozos, banquinas destruidas, deformaciones y falta de señalización ya forman parte del paisaje habitual en corredores estratégicos para la producción y el transporte.

La presentación judicial también denuncia un fuerte vaciamiento interno del organismo. Acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante recortes de personal técnico, manipulación de informes y presiones laborales para justificar el achicamiento del Estado y avanzar en la privatización del sistema vial.

Además, el gremio denunció un “régimen de terror laboral” dentro de Vialidad Nacional, con traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin garantías de defensa para técnicos e inspectores que alertaban sobre el deterioro de las rutas y el desvío de fondos.

“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas. Cada vez tenemos más riesgo de muerte y más accidentes”, advirtió José Raúl Rizzo, secretario adjunto del gremio vial, quien sostuvo que el Estado sigue cobrando impuestos específicos para obras que luego no se realizan.

La polémica crece también por el avance del esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Según denuncian desde Vialidad, el plan contempla entregar unos 9.000 kilómetros de rutas a operadores privados durante 30 años, con más peajes y sin obras de ampliación ni construcción de nuevas autopistas.

La causa quedó abierta y ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si existió un millonario desvío de fondos públicos mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los riesgos para millones de usuarios en todo el país.

En su último informe técnico sobre la economía local, el organismo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “desactualizado” y reclamó una nueva ley que garantice mayor autonomía e independencia para el instituto estadístico.

La observación encendió nuevas alertas sobre la credibilidad de los datos oficiales en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas. Según el Fondo, la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no representa adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos, lo que pone en duda la precisión de las mediciones difundidas por el Estado.

El planteo forma parte del informe elaborado por el staff técnico del FMI en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se remarca que la metodología vigente continúa basada en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005, pese a los profundos cambios registrados en la economía y en el consumo durante las últimas dos décadas.

El nuevo esquema estadístico desarrollado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorpora consumos hoy centrales, como plataformas digitales, servicios de streaming e internet. Sin embargo, aunque el rediseño metodológico ya habría sido finalizado por el organismo que conduce Pedro Lines, su aplicación sigue demorada por decisión política.

Según trascendió, el Gobierno evita introducir cambios en pleno año electoral debido al impacto que una nueva medición podría tener sobre la inflación oficial, las negociaciones salariales y las expectativas económicas. En ese contexto, el cuestionamiento del FMI refuerza las sospechas sobre el retraso en la actualización estadística y vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y consistencia de los indicadores públicos.

Además de revisar el IPC, el Fondo pidió avanzar en una reforma institucional del INDEC para fortalecer su independencia técnica y blindar la calidad de las estadísticas nacionales. El reclamo se suma a otras recomendaciones históricas del organismo vinculadas con la transparencia económica y la credibilidad de los datos oficiales argentinos.

La expresidenta salió a saludar este 25 de Mayo a la militancia congregada en las inmediaciones de su domicilio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, en una jornada atravesada por la conmemoración del Día de la Patria y el recuerdo del inicio del ciclo político encabezado por Néstor Kirchner en 2003.

Desde las primeras horas de la tarde, un centenar de militantes y simpatizantes autoconvocados comenzó a concentrarse con carteles, banderas argentinas y consignas como “Liberar a Cristina para liberar la Patria”. En un clima distendido, los presentes entonaron cánticos y aplausos a la espera de la aparición de la exmandataria.

Pasadas las 16.30, Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a la multitud, gesto que desató una ovación y la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de los militantes. La esquina de San José y Humberto Primo volvió a convertirse en el principal punto de encuentro del kirchnerismo, con la presencia de vecinos, familias, dirigentes y referentes políticos.

Cristina Kirchner salió al balcón de San José 1111 a saludar la militancia

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— El Destape (@eldestapeweb) May 25, 2026

Durante toda la tarde hubo música, intervenciones artísticas y reparto de chocolatada caliente, en una actividad que combinó el respaldo político a la expresidenta con la conmemoración del 23° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, considerado el inicio de su proyecto político.

La convocatoria también estuvo marcada por expresiones de rechazo a la condena judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, considerada una burda maniobra de persecución política y judicial.

Por su parte, Máximo Kirchner compartió un mensaje en redes sociales donde recordó la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia como “un rayo” que irrumpió para “desterrar la desesperanza”. “El 25 de mayo de 2003 sembró el alma de aquellas y aquellos que solo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla”, expresó el dirigente.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que reduce los subsidios al gas en zonas frías y reclamó al Senado que rechace la iniciativa. “Lo que pone en riesgo son las tarifas y, por lo tanto, las condiciones de vida de millones de argentinos”, advirtió.

Durante una actividad en Florencio Varela, Kicillof calificó como “muy tremendo” que el oficialismo haya logrado avanzar con el ajuste “con apoyo del Congreso nacional” y alertó que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei “va a traer consecuencias de todo tipo” sobre una sociedad golpeada por la crisis económica.

El mandatario bonaerense sostuvo además que algunos aspectos del proyecto “están mal directamente, son ilegales”, y dejó abierta la posibilidad de impulsar presentaciones judiciales si la norma es finalmente aprobada por el Senado. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, insistió.

En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof cuestionó la política energética nacional y comparó la situación argentina con las medidas tomadas en otros países frente al aumento internacional de la energía. “En todo el planeta hubo gobiernos que tomaron medidas para amortiguar el impacto del aumento de la energía. Todos menos Milei, que decidió transferirle el costo a los hogares”, afirmó.

Según planteó, el impacto de las tarifas ya se refleja en la vida cotidiana de millones de familias. “La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, señaló.

El gobernador también respondió a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que el margen para profundizar el ajuste fiscal es limitado. “Hace mucho que no se puede ajustar más”, retrucó Kicillof, y advirtió sobre “problemas de acceso a remedios, a cuestiones básicas y una situación cada vez más complicada producto de la desocupación y la caída de los salarios”.

Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

Durante una charla en la Universidad Austral, Macri cuestionó el estilo de conducción de Milei y lo definió como “un liderazgo emocional”, en una de las críticas más directas que expresó hasta ahora hacia el Presidente.

Además, el líder del PRO contradijo públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás había asegurado que el programa económico libertario “hizo exactamente lo opuesto” a la experiencia de Cambiemos.

Macri reconoció que, al igual que el actual gobierno, su gestión también buscó apoyo político de Donald Trump para fortalecer la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al FMI. Pero después no supo lograr que el Fondo entienda el programa”, afirmó.

La declaración relativiza el intento del oficialismo de diferenciar completamente el rumbo económico actual del implementado durante Cambiemos y deja en evidencia puntos de contacto entre ambas administraciones en relación con el respaldo internacional y las conversaciones con el organismo.

Macri incluso sugirió que Milei consiguió un apoyo más decidido de Trump que el que recibió su propio gobierno. “La gran diferencia entre el anterior y este es que Trump está entre la finitud de la vida. A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo”, sostuvo.

Las declaraciones vuelven a exponer el delicado vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza: coincidencias económicas y respaldo legislativo, pero crecientes diferencias políticas y de liderazgo entre Macri y Milei.

La interna libertaria escaló a un nivel de máxima tensión y ya impacta de lleno en el funcionamiento del Gobierno. Karina Milei decidió excluir a Patricia Bullrich de las reuniones de gabinete luego del ultimátum público que la ministra lanzó contra Manuel Adorni para que presente su declaración jurada patrimonial.

La decisión de Karina no sólo profundiza el enfrentamiento con Bullrich, sino que agrega otro frente de conflicto a una administración atravesada por disputas internas cada vez más agresivas y visibles. El episodio ocurre mientras crece la guerra política entre Santiago Caputo y Martín Menem, una pelea que ya empieza a incomodar incluso al propio Javier Milei.

En la Casa Rosada confirmaron que Bullrich no fue convocada a la reunión de gabinete del próximo lunes, aunque sí participaría del encuentro de la mesa política previsto para el martes. Sin embargo, la propia ministra les transmite a sus interlocutores que esa mesa “no sirve para nada”, reflejando el deterioro del vínculo con el núcleo duro libertario.

La tensión se disparó luego de que Bullrich presionara públicamente a Adorni para que transparentara su patrimonio, un tema sensible que mantiene incómodo al Gobierno desde hace más de dos meses. Según admitió la propia ministra, durante la última reunión de gabinete Milei la retó duramente por haber instalado el tema puertas afuera.

Cerca de Bullrich interpretan la exclusión como un intento de disciplinamiento político encabezado por Karina Milei, acostumbrada —según describen en ese sector— a marginar a quienes cuestionan sus decisiones. Pero advierten que la ministra no piensa aceptar el desplante en silencio.

“Ella no es Marra ni los otros”, afirman en su entorno, en referencia a que Bullrich conserva estructura, peso político y vínculos propios dentro del oficialismo. La advertencia escala aún más: “Ella puso todo y ahora la maltratan al pedo. Ahora que se la banquen”.

En el oficialismo ya temen que el conflicto derive en una fractura más profunda. Algunos sectores libertarios incluso empiezan a especular con un posible eje político entre Bullrich, el espacio de “Las Fuerzas del Cielo” vinculado a Caputo y Mauricio Macri como contrapeso al armado de Karina Milei.

En paralelo, cerca de Bullrich aseguran que la ministra busca consolidarse como “el plan A del establishment”, aunque también circula otra hipótesis: convertirse en una alternativa de emergencia para Milei en caso de un escenario electoral adverso. Bajo esa lógica, Bullrich impulsaría un acuerdo político más amplio que incluiría un entendimiento con Macri, incluso negociando el futuro electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

El clima de confrontación interna ya dejó de ser un ruido de fondo y empieza a mostrar consecuencias concretas dentro del Gobierno. Con Karina Milei endureciendo su control político y Bullrich decidida a resistir, la disputa amenaza con abrir una nueva etapa de inestabilidad en el oficialismo.

Una disposición administrativa firmada en las últimas horas habilitó el ascenso de 246 agentes a las categorías más altas del escalafón, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia y el impacto salarial de la medida.

La polémica crece porque muchos de los ascensos habrían sido otorgados sin concursos ni criterios públicos claros, beneficiando a funcionarios y empleados cercanos a la conducción del organismo. Con las recategorizaciones, varios de los promovidos pasarán a cobrar salarios que rondan los seis millones de pesos mensuales, desatando indignación tanto en sectores políticos como entre trabajadores de la propia administración pública.

Desde distintos espacios opositores denunciaron que ARCA se convirtió en “una caja de privilegios” mientras el Gobierno sostiene un discurso de ajuste y recorte del gasto estatal. El caso amenaza con escalar políticamente debido al volumen de ascensos y al millonario costo que implican las nuevas designaciones dentro del organismo recaudador.