El último informe de la consultora Zuban Cordoba advierte que el 51% de la población se encuentra en “alerta roja” como consecuencia del deterioro de sus ingresos y su situación de empleo.

El estudio refleja un nivel creciente de preocupación social frente al impacto de la crisis en la vida cotidiana. Más de la mitad de los encuestados manifestó atravesar un escenario de fragilidad económica, con dificultades para sostener sus ingresos y perspectivas laborales inciertas.

La situación es aún más delicada entre los jóvenes de 18 a 30 años. En ese segmento, la falta de empleo aparece como la principal inquietud, señalada por el 34,5% de los consultados, lo que expone las barreras que enfrentan las nuevas generaciones para ingresar y mantenerse en el mercado de trabajo.

La economía real desplazó la "agenda política".
En nuestro último informe nacional, los bajos salarios y la falta de empleo consolidan el podio del malestar social frente a la inseguridad y la inflación.
Vamos con un informe express👇

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) February 28, 2026

El relevamiento se realizó sobre 1.500 casos en todo el país, con trabajo de campo desarrollado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026. Los resultados describen un escenario atravesado por la incertidumbre y la vulnerabilidad económica, con un fuerte impacto en las expectativas de futuro.

Transporte público, alquileres, medicina prepaga, luz y agua subirán en simultáneo, configurando un escenario de fuerte presión sobre los ingresos en un contexto en el que la inflación mensual ronda el 2%–3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Lejos de tratarse de ajustes aislados, se trata de subas acumulativas que se suman a los incrementos ya aplicados en los primeros meses del año y que afectan rubros esenciales de la vida cotidiana.

Transporte público: otro salto tras el 31% de febrero

El transporte vuelve a encabezar la lista de aumentos. Las líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un incremento del 7,7% desde el 16 de marzo, tras el fuerte salto del 31% aplicado en febrero.

Con SUBE registrada, las tarifas quedarán así:

• 0 a 3 km: $700
• 3 a 6 km: $779,78
• 6 a 12 km: $839,86
• 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada, los valores prácticamente se disparan:

• Hasta 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

En paralelo, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,9%, llevando el boleto mínimo a $681,85. Para quienes viajan todos los días, el impacto mensual se vuelve significativo y erosiona aún más el salario.

Alquileres: subas que superan el 100%

El mercado inmobiliario presenta uno de los escenarios más duros. Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los incrementos varían según el tipo de contrato, pero en muchos casos resultan abrumadores:

• Contratos bajo la derogada Ley de Alquileres: +33,89% (ICL).
• Contratos firmados en marzo de 2023: +149,34%.
• Actualización trimestral: +7,3%.
• Ley 27.737 con fórmula “Casa Propia”: +16,61% semestral.

La dispersión de regímenes convive con aumentos que, en algunos casos, multiplican varias veces la inflación mensual, profundizando la dificultad para sostener una vivienda en alquiler.

Prepagas: subas de hasta 3,2% y más presión en salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo aumentos de entre 2,9% y 3,2%, en línea con la inflación de enero (2,9% según el INDEC). El ajuste también alcanza a los copagos.

Si bien el porcentaje parece menor frente a otros rubros, se suma a una cadena de incrementos previos y consolida a la salud privada como uno de los gastos fijos más pesados para la clase media.

Luz: aumentos de hasta 17%

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas eléctricas subirán desde el 1° de marzo para usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas:

• Usuarios sin subsidios: +17%.
• Usuarios con subsidios: +12%.

El ajuste responde a la actualización de precios mayoristas y al Valor Agregado de Distribución (VAD), además del nuevo esquema de subsidios. En el AMBA aún se aguarda la confirmación de los incrementos para Edenor y Edesur.

Agua: actualización mensual del 4%

AySA continuará con su esquema de actualización mensual con tope del 4%, aprobado por el ERAS mediante la Resolución N° 53/25. El mecanismo combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Con esta suba, el valor promedio del servicio aumentará en $22.739, sumando otro ajuste a la lista de gastos fijos que deben afrontar los hogares.

Un marzo cargado de presión económica

El tercer mes del año llega así con un combo de incrementos simultáneos en servicios esenciales. Transporte, vivienda, salud y tarifas básicas vuelven a ajustarse en porcentajes que, en muchos casos, superan ampliamente la evolución de los salarios.

La acumulación de subas configura un escenario complejo para millones de familias, que deberán reorganizar sus presupuestos para absorber un nuevo y contundente golpe al bolsillo en marzo de 2026.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri y reconoció públicamente que se equivocó al no haber condicionado el acuerdo político de 2015 en materia judicial.

Entrevistada por Jonatan Viale en ¿La ves?, por la señal Todo Noticias, Carrió fue contundente: “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero no acordé el tema de la Justicia. Me arrepiento”.

La exdiputada sostuvo que durante el gobierno de Macri se consolidó un esquema de influencia sobre los tribunales. “Él se quedó con la Justicia”, afirmó, en referencia a la designación de operadores y alfiles cercanos al entonces mandatario.

Críticas al entramado político-judicial

Carrió también cuestionó con dureza al sistema político en general. “En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos. Existe un entramado mafioso que ya se veía en la época menemista: los jueces jugaban junto con los políticos al pádel”, señaló.

Recordó además supuestos vínculos y encuentros entre miembros del poder político y judicial en los años 90. “Desde entonces veo a fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas. Las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran. Era el centro mismo de la mafia”, denunció.

En ese marco, apuntó contra la comisión de Reforma del Código Penal durante la gestión de Juntos por el Cambio. “A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión donde estaba Mahiques. Era ese pequeño grupo que tenía Macri con Mahiques y Angelici”, afirmó, en referencia a Juan Bautista Mahiques y Daniel Angelici.

Debate por la ley de Glaciares

Finalmente, amplió sus críticas al debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado y propone reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras. “Tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.

En una decisión que vuelve a poner bajo la lupa judicial al jefe de Gobierno porteño, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a la adquisición de un departamento en Miami en 2011 por más de US$400.000.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez, el máximo tribunal dejó sin efecto el cierre del expediente —que había sido confirmado en tres instancias— y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo fallo contemplando los planteos del Ministerio Público Fiscal. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La investigación se centra en la compra de un inmueble en el edificio Icon, ubicado en Brickell Avenue, por US$402.963,62. La operación se realizó a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la adquisición. Según el expediente, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por US$219.000 y otro de US$184.000 otorgado por la firma uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal de San Isidro, dictó el sobreseimiento al considerar acreditado el origen y la documentación de los préstamos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y luego por Casación, que entendió que los cuestionamientos de la fiscalía no justificaban reabrir la investigación.

Maniobras sospechosas

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que no se había profundizado adecuadamente en medidas de prueba clave. Cuestionó especialmente la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al sugerir que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se acreditó de manera suficiente su cancelación. También señaló la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría del tribunal consideró que la sentencia de Casación no respondió de manera suficiente a esos argumentos y que algunos planteos fueron “dogmáticamente soslayados”. Si bien la Corte recordó que no le corresponde revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, afirmó que puede intervenir cuando detecta arbitrariedad o falta de fundamentación adecuada.

En disidencia, Rosenkrantz sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma y defendió el criterio de las instancias anteriores, que descartaron la hipótesis delictiva tras analizar la prueba documental y pericial. También señaló que los fondos fueron declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con esta resolución, el sobreseimiento pierde efecto y la Cámara de Casación deberá emitir un nuevo pronunciamiento. La causa, iniciada hace más de una década tras una denuncia de la Procelac, vuelve así al centro de la escena judicial y política, reabriendo el debate sobre el alcance de la investigación en casos de presunto lavado de activos que involucran a funcionarios públicos.

Los industriales santafecinos aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

La crisis industrial en Santa Fe suma nuevos indicadores que confirman el paso de una situación de alerta a un escenario crítico. Los industriales aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en diciembre de 2025 la actividad manufacturera provincial registró una caída interanual del 9,8%, con más de dos tercios de las ramas mostrando bajas en su producción. El retroceso no es coyuntural: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una contracción del 4,9% en el entramado empresarial y del 5,6% en el empleo sectorial.

El deterioro impacta en un territorio históricamente industrializado y fuertemente vinculado a la producción metalmecánica, textil, plástica y papelera, rubros que hoy aparecen entre los más afectados por la competencia importada. Desde la asunción de Javier Milei, el sector denuncia un cambio en las condiciones macroeconómicas que tensiona al máximo la estructura productiva local.

En este contexto, la FISFE remarcó “la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional” que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, proteja a los sectores transables de la competencia desleal y corrija los principales factores de pérdida de competitividad: costos logísticos, financiamiento productivo, presión impositiva y costos laborales no salariales, además de impulsar la recuperación del mercado interno.

Javier Martín, presidente de la entidad, advirtió en diálogo con PERFIL que la industria santafesina enfrenta “un mercado interno que no reacciona; las cadenas de pago se estresan, muchas empresas están endeudadas y tienen que bajar su producción o cerrar”. Si bien señaló que no hubo grandes conflictos laborales porque los despidos se realizaron con indemnizaciones conforme a convenio, alertó que el empleo industrial es difícil de recomponer: “Por cada puesto directo hay tres indirectos vinculados a servicios como catering, limpieza o seguridad”.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. “Enero pinta mal y la mayoría de las regionales nos dio un panorama muy sombrío por lo que va de febrero”, sostuvo Martín al proyectar el inicio de 2026.

Uno de los focos más críticos es la cadena de pagos. El informe de la FISFE señala que en diciembre la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos creció un 205% interanual, mientras que el monto nominal involucrado se disparó un 311%. Además, el 23,7% de las empresas industriales considera que su situación financiera actual es mala.

Con empresas que cierran, producción en retroceso y un sistema financiero cada vez más tensionado, la crisis industrial golpea con fuerza a Santa Fe y profundiza el deterioro de uno de los principales motores productivos del país.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria impulsaron un proyecto de resolución para exigir información detallada y precisa sobre las implicancias y alcances del acuerdo de comercio e inversión firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, y solicitaron la presencia del canciller Pablo Quirno en el Congreso.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés, acompañado por Jorge Taiana y Santiago Cafiero, entre otros legisladores del espacio opositor. El eje central del proyecto es que el funcionario explique en detalle el contenido del entendimiento bilateral, los compromisos asumidos por el Estado argentino y sus eventuales consecuencias económicas, regulatorias y estratégicas.

Pedido de información y advertencias legales

En los fundamentos, Valdés sostuvo que el contexto jurídico en Estados Unidos genera interrogantes sobre la solidez del acuerdo. Citó un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inválidas medidas arancelarias adoptadas durante la presidencia de Donald Trump, al considerar que la política comercial en materia de aranceles es una atribución del Poder Legislativo y no puede ser ejercida unilateralmente por el Ejecutivo.

Según el diputado, al momento de la firma del tratado —el 5 de febrero— ya existían decisiones judiciales que cuestionaban la legalidad de esas políticas, lo que, a su entender, podría modificar el marco legal del acuerdo bilateral. En ese sentido, reclamó saber si la Cancillería advirtió oportunamente al ministro sobre esa situación y qué evaluaciones jurídicas se realizaron antes de avanzar con la firma.

El proyecto solicita formalmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores remita al Congreso el texto completo del acuerdo y sus anexos, así como informes pormenorizados sobre su posible impacto arancelario, productivo, laboral, regulatorio y ambiental.

Desde Unión por la Patria advirtieron que el entendimiento podría afectar sectores sensibles de la economía argentina —como la industria nacional y las economías regionales— y limitar la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas propias. Por ello, remarcaron que el Congreso debe ejercer sus facultades constitucionales de control sobre los tratados internacionales y evaluar si los compromisos asumidos podrían colocar al país en una posición de desventaja ante eventuales cambios en la política comercial estadounidense.

Apoyos al proyecto

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del bloque, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Nancy Sand y Aldo Leiva, quienes acompañaron el pedido de interpelación al canciller.

La medida de fuerza tendrá alcance nacional y alcanzará tanto a escuelas públicas como privadas, en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno por la falta de acuerdo salarial y la ausencia de convocatoria formal a la paritaria nacional docente.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, el arranque de clases del próximo 2 de marzo enfrenta un escenario cada vez más incierto y con altas probabilidades de verse afectado a nivel nacional. La confirmación de que los gremios docentes de la CGT se sumarán al paro convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) profundizó la tensión y dejó al sistema educativo al borde de una paralización masiva.

Reclamo salarial y paritaria nacional

La adhesión fue anunciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman, ambos sindicatos enrolados en la CGT. Desde hace semanas venían advirtiendo que el conflicto podía escalar si no había respuestas concretas.

Romero sostuvo que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”, mientras que Felman fue más tajante al afirmar que el 2 de marzo “se paraliza la educación en todo el país”, al considerar que el Gobierno obliga a los gremios a reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales.

El eje del reclamo es la falta de convocatoria a una paritaria nacional que establezca un salario mínimo docente y condiciones laborales comunes para todas las jurisdicciones, un punto que los sindicatos consideran clave para garantizar previsibilidad en el sistema.

Financiamiento, FONID y conflicto abierto

El paro fue definido días atrás en un congreso extraordinario de CTERA, encabezada por Sonia Alesso. Además de la cuestión salarial, el gremio exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para el sector.

Desde los sindicatos advierten que el sistema educativo atraviesa uno de los ajustes más severos de las últimas décadas y cuestionan el retiro del Estado nacional de compromisos que, aseguran, impactan directamente en salarios, infraestructura y calidad educativa.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) también anticipó su adhesión a la medida. Mientras continúan las negociaciones con la gestión de Axel Kicillof, los gremios rechazaron una propuesta de aumento del 3% y mantienen el diálogo en cuarto intermedio.

De concretarse el paro con el nivel de adhesión previsto, el inicio de clases podría verse seriamente afectado en gran parte del país, y solo en territorio bonaerense cerca de un millón de alumnos podrían no comenzar el ciclo lectivo el lunes, en un escenario que mantiene en vilo a familias y autoridades educativas.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el mercado interno y que sigue dejando víctimas en el entramado productivo, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes y 400 trabajadores quedaron en la calle.

Tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, que había sido adquirida por el grupo Grupo Vicentin, estaba a cargo de la elaboración de reconocidos yogures y postres de SanCor, una marca emblemática de la tradición láctea argentina.

A pesar de sus inicios prometedores, la empresa acumuló importantes deudas con proveedores, transportistas y empleados. Desde 2023 arrastraba atrasos salariales y había aplicado suspensiones masivas, en un contexto de caída del consumo y fuerte retracción de la actividad.

ARSA operaba dos plantas clave: una en Arenaza (partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires), donde trabajaban 180 empleados, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con alrededor de 200 trabajadores. Ambas eran el núcleo de la producción de postres lácteos refrigerados para SanCor.

Entre los productos más destacados que salían de sus líneas de producción se encontraban los yogures Yogs y Primeros Sabores, orientados al consumo familiar, y una amplia gama de flanes y postres como los tradicionales flanes caseros SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de argentinos.

El cierre de ARSA no solo implica la pérdida de 400 puestos de trabajo, sino que vuelve a evidenciar el impacto de la crisis sobre la industria alimenticia y el mercado interno, con empresas que no logran sostener su actividad frente al derrumbe del consumo, la oleada importadora y el aumento de los costos.

En el distrito más rico del país, los propios datos oficiales muestran que la pobreza sería al menos seis puntos más alta que la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una brecha difícil de atribuir únicamente a diferencias técnicas.

Impulsada por aumentos en alimentos como carne, frutas y verduras, la canasta de indigencia trepó 5,6% en enero y alcanzó los 767 mil pesos. La canasta de pobreza también subió —3,7%— y en ambos casos los incrementos superaron la inflación mensual de la Ciudad (3,1%). Es decir, mientras los precios de los consumos básicos avanzan por encima del promedio general, las mediciones nacionales no reflejan con la misma intensidad ese deterioro.

Para Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la diferencia no es menor y responde a la metodología utilizada. Según explicó, la Ciudad realiza un relevamiento directo del gasto de los hogares: el encuestador consulta cuánto se destina efectivamente a alimentos, ropa y otros consumos esenciales. El INDEC, en cambio, estima los gastos no alimentarios mediante un coeficiente, un mecanismo que —según cuestiona— mantiene rezagados rubros sensibles como tarifas, medicina prepaga y educación privada.

La utilización de esta metodología indirecta no es exclusiva del organismo nacional: también la emplean las provincias, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud real de la pobreza y la indigencia en el país. En ese contexto, la distancia entre lo que muestran las estadísticas y lo que se percibe en la vida cotidiana se amplía.

“En el resto del país no lo vas a ver reflejado en términos estadísticos, lo vas a ver reflejado en la situación social”, advirtió Chávez Molina, quien consideró probable que los niveles reales de pobreza e indigencia sean más altos que los publicados, aunque la metodología vigente impide comprobarlo con exactitud.

Paradójicamente, incluso con criterios distintos, la medición porteña no enfrenta cuestionamientos de legitimidad en la captación de hogares bajo la línea de pobreza. El contraste deja expuesta una tensión de fondo: mientras el costo de vida golpea con más fuerza a los sectores vulnerables, las cifras oficiales nacionales parecen amortiguar ese impacto en los papeles, pero no en la realidad.

La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día o incluso más según un relevamiento periodístico.

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) desató una fuerte controversia tras el cierre masivo de causas por evasión tributaria en los tribunales penales económicos. La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día —o incluso más— según un relevamiento periodístico.

El núcleo de la polémica radica en la actualización extraordinaria de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que implica incrementos superiores al 6500%. En el caso de la evasión a través de terceros, el umbral subió de $2.000.000 a $200.000.000, un alza cercana al 9900%. En términos generales, la ley elevó en torno al 3000% los pisos a partir de los cuales una conducta se considera delito penal.

Como consecuencia, la enorme mayoría de las causas en trámite quedaron fuera del ámbito penal. Según fuentes judiciales, son muy pocos los expedientes que superan los nuevos montos. El cierre se produce por dos vías: pedidos de las defensas para acogerse a la nueva norma o decisiones de los jueces que, aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna, extinguen las acciones de oficio. En muchos casos, los fiscales no apelan o retiran la acusación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, respaldó formalmente este criterio. En su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos en causas ya iniciadas.

¿Una ley hecha a medida de la delincuencia?

El debate jurídico y político es intenso. Para los críticos, la ley funciona como una amnistía encubierta que beneficia a evasores y debilita la capacidad del Estado para investigar el origen de los fondos. El tributarista Marcos Sequeira sostuvo que la norma “beneficia a los grandes evasores” y modifica el paradigma histórico del derecho tributario al abandonar la lógica de control sobre la procedencia del patrimonio. Según su interpretación, el Estado prioriza que los fondos ingresen al mercado —ya sea para consumo o adquisición de bienes— por encima de la verificación de su origen.

En la misma línea, el excanciller Jorge Taiana cuestionó duramente la iniciativa y afirmó que la “hipócritamente llamada ley de inocencia fiscal” podría convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero, en contradicción con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos los vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los defensores de la norma, en cambio, argumentan que el objetivo es concentrar los recursos del sistema penal en los grandes evasores y descomprimir los tribunales, trasladando los casos menores al ámbito administrativo, donde continuarían bajo sanciones y multas.

Mientras tanto, el efecto inmediato es tangible: centenares de expedientes cerrados y un cambio profundo en el alcance del derecho penal tributario, cuya dimensión institucional y económica sigue generando fuertes interrogantes.