Mientras el gobierno de Javier Milei monta una fuerte ofensiva diplomática y mediática contra Venezuela mira para otro lado en torno a la grave situación en el Atlántico Sur generada por Gran Bretaña.

Por Ignacio Corradi

El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) monta por estos días una fuerte ofensiva diplomática contra Venezuela luego de que presionado por EEUU decidiera el embargo y posterior entrega para su destrucción del avión de la empresa Emtrasur, a lo que Caracas respondió cerrando su espacio aéreo al transito de aviones argentinos.

Las fricciones con Venezuela si bien no son nuevas ingresaron en los últimos tiempos en una fase de mayor confrontación verbal, el principal motivo fue la retención por parte del gobierno argentino del avión Boeing 747-300 matrícula YV3531 de la empresa Emtrasur en junio de 2022 luego de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza (previa negativa a hacerlo en Montevideo, decisión que Uruguay tomo basado en información de “agencias extranjeras”), una vez en Ezeiza la empresa Shell se negó a cumplir el contrato para abastecer de combustible a la aeronave. Si bien en su momento la retención del avión y su tripulación se trato de una decisión judicial, la misma estuvo fuertemente influenciada por las presiones ejercidas por Estados Unidos quien afirma que la empresa Emtrasur esta asociada al gobierno de Irán e implicada en actividades terroristas. Esta teoría fue rápidamente abonada por referentes del macrismo quienes al conocerse la situación comenzaron a viralizar una serie de teorías conspirativas y conjeturas infundadas en torno a la aeronave y su supuesto contenido, llegando a sostener que era parte de una operación terrorista. Lo cierto resultó ser (como se supo después) que el avión transportaba un cargamento de repuestos para la empresa Volkswagen sin poder comprobarse vinculo alguno con actividades terroristas.

El gobierno de Javier Milei dispuso finalmente la entrega inmediata del avión a los Estados Unidos quien procedió a su destrucción, acción fuertemente repudiada por el gobierno de Venezuela quien acusó a Milei de “robarse el avión”, El canciller venezolano, Yván Gil, dijo que el gobierno de Milei había cometido “actos de piratería y robo” contra su país y comunicó en la red social X la decisión que había tomado el Gobierno: “Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte”. La medida del gobierno bolivariano de cerrar su espacio aéreo al transito de aeronaves argentinas motivó al gobierno argentino a realizar una furiosa campaña diplomática contra el gobierno de Nicolas Maduro haciendo una denuncia en la Organización de Aviación Internacional (OACI), la cual forma parte de la ONU.

Se cometió un crimen contra un Avión de Conviasa Emtrasur que nos secuestraron, le quitaron los colores de la bandera, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi y luego lo picaron en pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela revolucionaria y bolivariana…… pic.twitter.com/jBEJyF2ATf

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 29, 2024

El gobierno neonazi de Argentina, no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero “cara de tabla”: El Sr. Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas… https://t.co/VB5GoR4mgl

— Yvan Gil (@yvangil) March 12, 2024

Mientras tanto en Malvinas…

Mientras Milei busca complacer los intereses regionales de EEUU y canaliza los esfuerzos diplomáticos contra Venezuela país contra el que EEUU prorrogó por un año mas el paquete de sanciones económicas, en el Atlántico Sur el gobierno argentino hace caso omiso a la grave situación planteada por el Reino Unido de Gran Bretaña quien amplió de manera arbitraria la posesión de inmensos espacios marítimos en el Atlántico Sudoccidental bajo el pretexto ambiental de conformar un Área Marina Protegida (AMP) estableciendo de esta manea restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000km2 adicionales del Mar Austral.

En paralelo a esta medida, el gobierno británico llevó adelante en estos días una nueva demostración de fuerza que incluyo ejercicios militares en las Islas Malvinas con el despliegue tropas y aeronaves de combate. Estas acciones del gobierno de ocupación británico se enmarcan en una agresiva política de fortalecimiento y expansión de su presencia en el Atlántico Sur, la que incluye la construcción de una renovada infraestructura portuaria y logística que busca rivalizar con el proyecto del polo logístico antártico que Argentina decidió llevar adelante en Tierra del Fuego (obra que hoy esta ralentizada y sin mayores novedades sobre su continuidad) que tiene como finalidad ser una puerta de entrada al continente antártico para el país y para terceros, y que se combinará con la recuperación y modernización integral de la base antártica Petrel cuyas características la tornan una pieza estratégica en la política Antártica Argentina.

En este sentido la estrategia británica en el Atlántico Sur busca por un lado apuntalar la proyección de Londres sobre el continente antártico, donde los reclamos territoriales si bien están contenidos por el marco del tratado antártico, vale resaltar que los de Gran Bretaña se superponen casi en su totalidad con los de nuestro país y con buena parte del área ambicionada por Chile. El tratado antártico y sus protocolos si bien no caducan, podrán ser revisados a partir del 2048, quedando la puerta abierta a posibles reformas en cuanto al tipo de actividades que podrían permitirse, entre ellas posibilidades de exploración y explotación de recursos, con el trasfondo de la disputa geopolítica entre China y EEUU donde los recursos naturales tienen un papel central. Llegar a esta instancia desde una posición de fortaleza será fundamental para los actores con intereses en dicho continente y el Reino Unido tomo ya nota de ello.

Por otro lado, la construcción de un puerto de aguas profundas en las islas permitirá al gobierno de ocupación avanzar con sus proyectos extractivistas en los espacios marítimos usurpados, tanto en materia pesquera (la principal fuente de ingresos de las islas) pero en especial los relacionados a los hidrocarburos, además del potencial uso militar de dicha infraestructura.

Ante esta situación extremadamente grave y amenazante para los intereses argentinos en una región geopolítica de máximo interés para el país, sorprende la pasividad e indiferencia con la que las autoridades nacionales tomaron el asunto, las reacciones además de notoriamente tímidas fueron por lo general forzadas y tardías. La estrategia a seguir por parte del gobierno de LLA en torno la cuestión Malvinas se basa en el retorno de la formula del “paraguas de soberanía”, artificio por el cual el reclamo en materia de soberanía queda relegado en favor de consideraciones económicas y comerciales que poco y nada benefician a la Argentina pero mucho al ocupante británico quien ve de esta manera abaratados los costos de la usurpación, tal como quedó demostrado en experiencias pasadas tanto durante el menemismo (acuerdos de Madrid de 1989) como durante el macrismo (comunicado conjunto Foradori-Duncan en 2016).

Esto constituye un claro ejemplo mas del relajamiento en materia de reclamos con respecto a la histórica disputa con Gran Bretaña y de ejercicio de soberanía en general, decisiones que están sintonía con otras medidas tales como la polémica entrega de la gestión de la vía de navegación troncal del Paraná (mal llamada Hidrovia) al ejercito de los Estados Unidos, los intentos de desmantelamiento del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) y de la denominada “Ley de tierras Rurales” (Ley 26.737) que habilitan la extranjerización de las tierras e incluso de cursos de agua, a lo que se suman otras propuestas del espacio “libertario” tales como las del diputado Benegas Lynch de “privatizar el mar argentino”, no casualmente también con un pretexto ambientalista igual que las AMP decretadas por los británicos.

Los que si levantaron la voz

La pasividad del gobierno argentino en torno a Malvinas contrastó notablemente con el activo respaldo a los derechos argentinos realizado por los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante la reciente VIII cumbre realizada en San Vicente y las Granadinas. Dentro de este bloque de países esta Venezuela, país que reafirmó una vez más su respaldo al reclamo de soberanía argentino, y quien además también es acosado por la política de injerencia británica tal como lo demuestra el envió de un buque británico HMS Trent ( gemelo del que patrulla las aguas usurpadas en el Atlántico Sur) a la disputada y codiciada región del esequibo, otro legado del colonialismo británico en la región.

No obstante este apoyo regional, tanto el gobierno de Milei como por entonces el de Mauricio Macri rehusaron participar de la CELAC a la cual incluso se evito enviar representantes. En conclusión la agenda de la política exterior del gobierno de Javier Milei esta claramente mas influenciada por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y socios estratégicos como Israel (país que ha votado reiteradas veces contra el reclamo argentino en el marco de la ONU y cuyas empresas participan de la explotación petrolera ilegal en Malvinas) que por autenticas consideraciones de interés nacional.

El ex canciller macrista y actual embajador en Chile, Jorge Faurie, tuvo palabras desafortunadas que generaron un roce diplomático con el país vecino. El nivel de la diplomacia argentina pasa por uno de sus peores momentos.

Congresistas chilenos rechazaron este viernes (22.03.2024) la postura del embajador de Argentina, Jorge Faurie, después de que se diera a conocer un incidente del diplomático con funcionarios de Chile en el paso fronterizo de ‘Los Libertadores’, el más cercano a Santiago.

“Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, habría sido una de las frases polémicas del embajador de acuerdo con el diario local chileno El Mostrador, el primero en difundir la noticia. Asimismo, diplomáticos de Chile denunciaron que Faurie habría despreciado el puesto de delegado, ya que al parecer dijo que la consideraba una figura sin utilidad que su país no reconocía.

Faurie formaba parte de una delegación argentina que, junto a otra chilena, recorrieron el Área de Control Integrado (ACI) del citado paso, donde trabaja personal a cargo de los controles fronterizos de Aduanas y Migraciones de ambos países, además de agentes del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile. El objetivo de la visita era estudiar las medidas bilaterales que se podían poner en marcha para agilizar el tránsito de personas y vehículos de carga.

En este contexto, el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, pidió este viernes “la salida inmediata” del embajador, “por desconocer las políticas que se ejercen en nuestra República, mirando en menos a las autoridades que son nombradas por el presidente, en este caso Gabriel Boric, además de faltar el respeto de la estructura gubernamental que impera hoy en el territorio nacional”.

En tanto, el senador Iván Moreira, de la ultraconservadora Unión Democrática Independiente (UDI), sostuvo que “el embajador de Argentina fue muy impertinente” y que “sabemos el estilo de Javier Milei, pero eso no puede ser una estrategia permanente de Argentina de malos entendidos o más bien de generar, a través de la política exterior, una acción que tiene beneficios de la política interna”, aunque no reclamó su salida.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert, del partido ultraderechista Republicanos, instó a Argentina “a respetar las autoridades chilenas” y pidió que “el embajador se pueda disculpar por cuanto las autoridades chilenas deben ser respetadas, así como también nuestro pueblo”.

Este es el segundo incidente que se produce en apenas tres meses, después de que en enero pasado se acusara al embajador argentino de haber declarado que las relaciones de Argentina y Chile son un “desastre” a nivel bilateral.

Fuente: DW

El vocero presidencial brindó información falsa para criticar la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia, pero la embajada del país asiático lo desmintió rápidamente.

La embajada de China salió a desmentir este viernes al vocero presidencial, Manuel Adorni, por la divulgación de información falsa respecto a la llegada de unos supuestos camiones de ayuda contra el Covid-19. 

“No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta. Estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina”, aseguraron desde la embajada china en el país a través de su cuenta de X.

Desde la sede diplomática asiática hicieron hincapié en que los materiales que llegaron ahora “no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso” e indicaron que “el Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales”.

(4/4)y no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso. El Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales.@Voceria_Ar @MindefArg

— Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) March 22, 2024

En el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni había revelado -con ironía- este viernes la llegada de camiones sanitarios provenientes del país asiático: “Quiero contarles algunas cosas que no dejan de sorprendernos. Nos han llegado desde la República Popular China, 30 camiones que están destinados para enfrentar la pandemia del Covid-19″. 

Y lanzó: “Esto habla a las claras de cómo fue la gestión de la pandemia en el anterior gobierno”.

Luego, celebró la iniciativa pero volvió a recurrir al sarcasmo: “Independientemente de esto agradecemos al gobierno de Xi Jinping por esta generosa donación y prometemos utilizarlo, no para el COVID, pero sí para mejores fines”.

Fuente: con información de Política Argentina

Mientras cubría la inundación en Avellaneda, un vecino le cantó la verdad al periodista ultra macrista.

El periodista estaba cubriendo las inundaciones en el conurbano a causa del temporal, cuando le puso el micrófono a un vecino de Avellaneda que quería expresarse.

“Acá toda la vida se inundó porque estamos bajos, cerca del río. Hay que hacer obras que no podemos a hacer los vecinos, como dice Milei. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Un desague pluvial que salga a Magdalena? ¿Una planta elevadora? Acá hacen falta obras del Estado nacional”, se quejó el hombre con toda razón.

Trebucq volvió a sus andanzas como notero y lo putearon un poquito. pic.twitter.com/XOqVc1iC9J

— Marian Herrera (@marianherrrera) March 21, 2024

“¿Te pudiste expresar?“, le preguntó Esteban Trebucq al ver que hablaba con enojo. “Sí, y ustedes se lavan las manos, son responsables también, pero se piensan que no tienen nada que ver. Vos, Feinmann y todos los forros que están en ese canal. Me pude expresar“, explotó el vecino de Avellaneda. 

“Viva la libertad entonces, se pudo expresar, vivimos en un país libre”, manifestó Trebucq para salir del incómodo momento y continuar con el móvil de LN+.

El Gobierno porteño convocó a una nueva audiencia pública para aumentar el boleto de subte y así incrementar el valor de la tarifa de los $ 125 actuales hasta los $ 757 en junio. 

De esta manera, el gobierno de Jorge Macri insistirá en aumentar el precio del servicio público, lo que implicará multiplicarlo por 6 este año, muy por encima de la inflación proyectada (de alrededor del 200%). 

Tras la audiencia que será el 25 de abril, lo planeado es que el primer tramo de aumentos se aplique 5 días después de la publicación en el Boletín Oficial del nuevo cuadro tarifario. Si bien no hay una fecha establecida, se estima que a principios de mayo pase de los $ 125 actuales hasta $ 574. 

Luego, a los 15 días se aplicará el segundo tramo de incrementos, y pasará de $ 574 a $ 667. Y otros 15 días después, lo llevará a $ 757. 

De esta forma, el boleto de subte se incrementará un 505% en tan solo 25 días. 

Fuente: El Cronista

Bullrich le propuso a Villarruel debatir sobre el rol que deben tener la Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Este viernes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le propuso a la vicepresidente, Victoria Villarruel, debatir sobre el rol que deben tener la Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. “Es un debate que estoy totalmente dispuesta a darlo con la vicepresidenta”, señaló.

Cabe mencionar que, Villarruel manifestó en la noche de este lunes su desacuerdo con que las Fuerzas Armadas tengan un rol activo en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. “La función no es combatir a civiles, creo que ha quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿dónde están los que combatieron? Presos”, sostuvo la vicepresidenta.

Si bien, el primero en responderle fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien le aclaró que el contexto actual es muy diferente al de los años a los que hizo referencia Villarruel, Bullrich directamente defendió la propuesta que lleva adelante el Gobierno de Javier Mieli en Rosario. En tanto que, la invitó a analizar el futuro de las Fuerzas Armadas y que deje el pasado.

“Las FFAA hoy son parte de la democracia. Además, lo que se está discutiendo respecto al pasado no es solo haber participado del combate del terrorismo, sino cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir el terrorismo. Los militares le tienen miedo a esa etapa, pero hay que superar los miedos que en Argentina hemos tenido”, sostuvo Bullrich.

Asimismo, la Ministra de Seguridad le aseguró a Villarruel que la actualidad es un momento en el que se debe dar el quiebre entre lo que fue “políticamente correcto para ir a lo que necesita la sociedad”, por lo que consideró que en realidad esa es la discusión que debe darse puertas adentro en el Gobierno.

En efecto, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la actual Ley de Seguridad Interior, en el que se abrirá la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen activamente contra el narcotráfico en dos escenarios posibles, bajo el supuesto de “terrorismo”.

Luego de semana santa, se anunciaría un fuerte recorte al sector que no solo incluye despidos de personal sino la modificación de servicios hasta la desaparición de algunos ramales.

Emulando a la década del 90, aunque en este caso ‘sin ramales que paran’, Milei tiene en carpeta preparado el fuerte recorte al sector que va desde despidos a desaparición de frecuencias y tal vez, ramales enteros. La primera medida, aunque no se vieron sus efectos, ya está en marcha y fue la disolución del ministerio de Transporte y la paralización de todas las licitaciones pendientes, incluidas algunas fundamentales para la continuidad del servicio.

La compañía estatal explicó que los recortes podrían concretarse luego del resultado de las auditorías que se están realizando, con la intención de ‘racionalizar estructuras superfluas por el pretendido ahorro fiscal’, aunque existen versiones de que la intención sería volverlas más atractivas para su privatización.

Las autoridades de las empresas ferroviarias del Estado no toman otras decisiones que los planes de ajuste “bajados” desde Economía y la Jefatura de Gabinete: inminentes despidos a gran escala y parálisis de compras y licitaciones. Escasea esta semana el gasoil en distintas líneas de tracción diésel del AMBA. Se especula con un próximo recorte de servicios diésel suburbanos, regionales y trenes de larga distancia.

La Secretaría de Transporte depende ahora del Ministerio de Economía que comanda Luis ‘Toto’ Caputo, quien de esta manera iguala las competencias que tenía el superministro Domingo Cavallo durante la privatización menemista: entonces, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos había fusionado las que tradicionalmente habían sido dos áreas con criterios de gestión muy distintos. Por otro lado, permanece en la Jefatura de Gabinete una secretaría encargada de la supervisión de las empresas del Estado, a cargo de Mauricio González Botto.

El directorio de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) oficializó la semana pasada esa dirección a través de una resolución de directorio en que se aprobó un plan de reducción de personal, la suspensión de coberturas de vacantes y relevos, y la elaboración de un plan de retiros voluntarios. La SOFSE, que opera cinco de las siete líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y todos los servicios de pasajeros regionales y de larga distancia, es la mayor de las empresas ferroviarias del Estado: emplea a unos 23 mil empleados.

La falta de pago a proveedores también está generando estragos. Comenzó a notarse en enero, cuando el impago con distribuidores de mercadería para los coches comedor llevó a cerrar el –de por sí muy escueto– servicio de restauración en los trenes de larga distancia.

Se prevé que tras el cierre de la temporada de verano, después de Semana Santa, el Gobierno anuncie un brusco recorte de los trenes de larga distancia que podría también alcanzar al menos parcialmente a los trenes regionales y servicios diésel del AMBA.

En el punteo de la nueva Ley Ómnibus presentado a los gobernadores no aparecen Ferrocarriles Argentinos ni la ADIF, aunque se insiste con ‘privatizar o concesionar’ toda la operación ferroviaria de cargas y pasajeros.

En paralelo, según se conoció en el nuevo borrador de Ley Microómnibus presentada el viernes pasado a los gobernadores –en rigor un punteo de sus principales medidas–, algunas empresas ferroviarias habrían quedado fuera del paquete inicial de privatizaciones. El nuevo proyecto sigue mencionando la ‘privatización o concesión’ de las dos operadoras, SOFSE (pasajeros) y Trenes Argentinos Cargas, aunque llamativamente no aparecen la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) ni el holding Ferrocarriles Argentinos.

Cabe recordar que la legislación vigente permite la existencia de operadores privados ferroviarios pero establece que la administración de la infraestructura y de los sistemas de control de circulación de trenes son una responsabilidad indelegable del Estado. Más allá de esto, en Economía continúan trabajando en una serie de pliegos que buscan entregar al sector privado todos los trenes metropolitanos, incluyendo –al menos en su pretensión inicial, de máxima– la propiedad de los terrenos, el ‘enganche’ que espera el Gobierno para volver atractiva su venta.

Fuente: Que pensas Chacabuco.

La vice había quería un desfile militar el 2 de abril pero Milei le dijo que no hay plata. En respuesta Villarruel critico el uso de militares en seguridad interior.

Luego de mostrarse en un acto juntos y de hacer circular una foto para demostrar unidad luego del choque en el senado donde Villarruel habilitó el tratamiento del DNU que fuera rechazado, un nuevo cortocircuito sacude la relación entre el presidente y la vice.

En las ultimas hora se supo finalmente que Milei le bajó el pulgar al desfile militar que Victoria Villarruel venia organizando para conmemorar el 2 de abril, fecha que recuerda a los veteranos y caídos en la gesta de Malvinas en 1982.

La decisión la comunicó públicamente el propio Nicolás Kasanzew, director de la oficina Gesta de Malvinas en el Senado, a quien Villarruel le había encomendado personalmente la tarea de organizar el desfile.

“El alto costo que implica organizarlo lo hace imposible, dadas las condiciones de crisis económica que vive el país”, explicó en sus redes sociales Kasanzew, quien fue corresponsal en las islas por el canal ATC.

El desfile era una fuerte apuesta política y mediática de la vicepresidenta, quien pese a tratar de simular normalidad viene de una serie de fuertes confrontaciones con el presidente, en especial por su accionar en el congreso que llevó al rechazo del DNU en la cámara de senadores. Este hecho fue duramente criticado por el especio libertario a tal punto que la vicepresidenta fue objeto de un viral ataque mediático en las redes sociales donde el propio Milei daba “like” a muchos comentarios contra la vice.

Es en este contexto que la negativa de Milei a realizar el desfile es leída como un acto de represalia contra la vicepresidenta donde se trata de dar un justificativo económico para disimular la situación de tensión y desconfianza existente.

Villarruel contraataca

En respuesta, La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior, política fuertemente impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, en el contexto de la grave situación que atraviesa la ciudad de Rosario a raíz del narcotráfico.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, subrayó la vice en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

La cámara de Diputados bonaerense aprobó la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras.

Se trata de una ley elaborada por el legislador de Unión por la Patria y ex intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que establece la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, un instrumento jurídico para conseguir financiamiento en organismos internacionales para encarar obras que eviten las recurrentes inundaciones que sufre el sur del Conurbano.

El proyecto original sufrió algunas modificaciones ya que ahora se establece que establecer el tope para que el 80% de los gastos del nuevo comité hídrico vayan directamente a las obras y tambien que los cargos del directorio sean ad honorem.

En este sentido, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, valoró: “Que el directorio sea ad honorem; que el comité elabore el plan de expropiación lo remite a la Bicameral y sea tratado en la Legislatura bonaerense para su aprobación; un límite al presupuesto del 20% a la función estructural y un 80% para obras; y la creación la Bicameral de control y seguimiento de tres cuencas: San Francisco- Las Piedras, Río Reconquista y Río Luján”, enumeró.

Cabe destacar que, el proyecto que obtuvo medida sanción este miércoles prevé la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, con la intención de solventar la realización de obras pluviales en el sur del Conurbano bonaerense.

Por su parte, el propio Cascallares refirió al respecto: «Hay muchas obras que si no las hace el estado, no las hace ningún privado. Este tipo de obras son muy cuantiosas, con mucha planificación y es necesario que sea el Estado quien las lleve adelante”.

El intendente de Unión por la Patria celebró la media sanción del proyecto de ley que intenta evitar nuevas inundaciones en el Conurbano bonaerense, y se mostró confiado en que la ley pueda correr con la misma suerte en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. 

“Hemos visto hasta aquí que el Gobierno nacional plantea que no va a hacer más obras”, lamentó Cascallares, al tiempo que agregó que aún está la expectativa sobre qué “autoridades nacionales viabilicen la posibilidad de financiamiento de organismos internacionales, de multilaterales, para poder financiar sobre todo este tipo de obras, que superan los límites de un municipio y tienen tanta implicancia en lo social como en lo económico”. 

Fuente: con información de Diputados Bonaerenses y La noticia web

Luego de una serie de fallos y apelaciones, finalmente se declaró inconstitucional la reforma sobre la Ley de Tierras que proponía el DNU de Javier Milei.

Aunque fue rechazado en el Senado, el DNU de Javier Milei continúa vigente hasta tanto no se vote en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una serie de reformas fueron derogadas a través de fallos judiciales. Ese es el caso del artículo del decreto que proponía la eliminación de la Ley de Tierras.

El caso llegó a instancia judicial a partir de un amparo colectivo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que argumentó que la derogación de la Ley de Tierras habilitaba a “la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

En primer medida, los jueces legitimaron el amparo colectivo del CECIM por entender que en esa organización están nucleados “quienes debieron empuñar las armas en defensa” de la soberanía nacional. A su vez, consideraron las condiciones en que el Presidente anunció el decreto: “No existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.

También se refirieron a los argumentos con los que el Gobierno apuntó a la derogación de la Ley de Tierras: “Razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. “El fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.

Finalmente, consideraron que la eliminación de la Ley de Tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”, que no se fundamenta en “paliar una supuesta situación excepcional” sino que propone reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”

Qué propone la Ley de Tierras

La Ley de Tierras, nombre por el que se conoce a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Se trata de una legislación sancionado por el Congreso Nacional en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La norma establece un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros hasta las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial.

Al mismo tiempo, fija en un 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de campos en territorio nacional para aquellas personas extranjeras, tanto físicas como jurídicas. El objetivo de la ley es poner un límite a la extranjerización de las tierras.

Fuente: Ámbito