Karina Milei estalló de furia al ver un potrero semivacío, con menos de dos mil asistentes, muy lejos de los 7 a 10 mil que esperaba juntar para la “foto aérea” que justificara los recursos invertidos.

El cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia, encabezado por Javier Milei en Moreno, terminó en un bochorno que todavía hace ruido en los pasillos libertarios. La bronca de Karina Milei estalló al ver un potrero semivacío, con menos de dos mil asistentes, muy lejos de los 7 a 10 mil que esperaba para conseguir la “foto aérea” que justificara los recursos invertidos.

“Les dimos 100 mil dólares para que movilicen”, fue la frase atribuida a Karina que encendió la mecha de un escándalo interno. El apuntado directo es Ramón “Nene” Vera, encargado del armado en Moreno y la Primera Sección bajo la conducción de Sebastián Pareja. El enojo fue tan grande que la hermana presidencial pasó el jueves al teléfono, reclamando explicaciones a las segundas líneas del espacio por lo que definió como un verdadero desastre de convocatoria.

La pregunta que circula en los chats libertarios es la misma: ¿qué pasó con el dinero que debía garantizar una movilización cuatro veces más grande?. Mientras algunos responsabilizan de lleno a Vera, otros señalan también a María Luz Bambaci, cercana a Pareja y parte de la coordinación territorial.

El fracaso en Moreno no sólo expuso la falta de músculo territorial: reavivó la interna feroz entre el armado de Pareja y “Las Fuerzas del Cielo” de Santiago Caputo. Estos últimos, relegados en el cierre de listas y desplazados del acto, aprovecharon la debacle para pasar factura: “Muchos de los que fueron, estaban pagados y ni siquiera bancan a Javi. Se fueron antes”, reconoció uno de sus miembros.

El contraste fue brutal. Mientras en Capital abundan los jóvenes de traje sacándose selfies en actos prolijos, en el conurbano bonaerense Milei no logró mostrar volumen real ni convocatoria genuina. El resultado fue un acto fantasma, una foto aérea que nunca existió y un tendal de sospechas sobre el paradero de los fondos.

El desbande organizativo, las acusaciones cruzadas y la amenaza de una “caza de brujas” en busca de responsables dejan claro que el cierre en Moreno, lejos de consolidar al libertarismo en la provincia, terminó exhibiendo sus flaquezas: internas, improvisación y un fiasco imposible de disimular.

El puntero libertario conocido como el “Nene” Vera, admitió que se fue del acto de Milei en su Audi descapotable y que debe 600 mil pesos en multas.

Lejos de encarnar la promesa de “terminar con la casta”, el puntero libertario Ramón “Nene” Vera quedó en el centro de la polémica tras admitir que abandonó el acto de Javier Milei en Moreno a bordo de su Audi A3 descapotable, un vehículo de lujo que, además, acumula casi 600 mil pesos en multas impagas.

El legislador bonaerense de La Libertad Avanza y con sospechas de vínculos con barrabravas, reconoció en una entrevista que el auto que maneja tiene al menos diez infracciones: siete por eludir barreras de peaje, dos por exceso de velocidad y una por estacionar en forma indebida. “Son de 200 mil pesos, no sé, es muchísimo”, intentó relativizar, aunque los registros oficiales de la Ciudad de Buenos Aires detallan que la deuda asciende a casi 600 mil.

El dirigente justificó su situación destacando que su coche es un modelo 2011 que “no vale más de 12 mil dólares”. Sin embargo, en el mercado un Audi A3 cabriolet similar al suyo se cotiza en torno a los 29.500 dólares.

Vera, que en 2023 llegó a la Legislatura bonaerense de la mano del armador provincial de LLA Sebastián Pareja, fue el encargado de organizar parte del acto de Milei en Moreno, un distrito gobernado por el peronismo y considerado hostil para los libertarios. Su hija, Andrea Vera, también tiene protagonismo en la política local: fue candidata a intendenta en 2023 y, en el cierre de campaña, ofició de anfitriona del evento en el club Villa Ángela.

El rol del “Nene” en el operativo también generó suspicacias por la aparición de presuntos barras de River en la previa del acto, algo que él intentó desmentir pese a haber sido visto junto a una valla por donde ingresaron militantes con bombos y redoblantes.

Con su Audi descapotable cargado de multas y su pasado zigzagueante en la política que decantó finalmente en el mileísmo, la figura de Vera parece contradecir la narrativa de lucha contra la “casta” que el oficialismo libertario dice representar.

El Banco Central, bajo la conducción de Santiago Bausili, mantiene una firme resistencia a entregar a la Auditoría General de la Nación (AGN) la documentación sobre dos de las operaciones más sensibles de la actual gestión: el traslado al exterior de las reservas en oro y el préstamo repo firmado con bancos internacionales.

En la AGN advierten que esta negativa despierta serias sospechas sobre el verdadero alcance de ambas operaciones y, en particular, sobre las millonarias comisiones que habrían quedado ocultas. “Todos sabemos que las comisiones de los créditos son los grandes negocios de los ministros”, señaló al portal LPO un operador financiero con larga experiencia en este tipo de contratos.

Las auditorías buscan esclarecer dos movimientos clave. Por un lado, el repo por 2.000 millones de dólares acordado en diciembre de 2024, en el que se pusieron como garantía los Bopreales, bonos diseñados para importadores. Por otro, el enigmático traslado de varias toneladas de lingotes de oro al extranjero, sin información precisa sobre destino, operación realizada ni rentabilidad obtenida.

El tema no es menor: se trata de decisiones que comprometen tanto las reservas como la credibilidad del Banco Central. La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, recuerda que la ley le otorga plenas facultades para requerir información y auditar este tipo de transacciones. Sin embargo, Economía y el Central se muestran reticentes y herméticos.

Los antecedentes generan más inquietud. En los repos, los bancos internacionales reciben bonos en garantía a cambio de dólares líquidos, pero esas operaciones suelen incluir comisiones desmedidas, cláusulas poco transparentes y un alto costo para el país. En este caso, la garantía fueron los Bopreales, hipotecando así un instrumento sensible para el comercio exterior.

En paralelo, el oro sigue rodeado de incógnitas: la auditoría exige detalles básicos como cuántas toneladas se enviaron, a qué destino, bajo qué condiciones y con qué rendimiento. Nada de eso fue aclarado hasta ahora, y el Banco Central se limita a esquivar preguntas. Consultados por LPO, sus voceros se limitaron a una frase lacónica: “No tenemos ninguna declaración para hacer”.

Con cada negativa, crece la percepción de que el gobierno busca ocultar la letra chica de operaciones que impactan directamente sobre los recursos estratégicos del país.

La iniciativa coincide con un contexto de máxima tensión entre el Gobierno y el periodismo por la difusión de audios que involucran a Karina Milei en la trama de las coimas, así como el avance de otras causas que golpean de lleno al núcleo del Gobierno.

El Gobierno, por impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propuso en el Consejo de Mayo derogar el Estatuto del Periodista Profesional, una norma vigente desde hace 80 años que protege a los trabajadores de prensa frente a despidos al establecer indemnizaciones más altas. La iniciativa respondió a un reclamo histórico del Grupo Clarín, principal opositor a la norma desde su sanción.

El planteo, realizado en julio pasado bajo un acuerdo de confidencialidad, recibió el respaldo del presidente de la UIA, Martín Rappallini, pero fue rechazado por Gerardo Martínez (CGT) y tampoco contó con el aval del secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex asesor del Grupo Techint.

El Estatuto, creado en 1944 por impulso de Juan Perón y ratificado por ley en 1946, regula condiciones laborales, categorías, descansos y vacaciones de los trabajadores de prensa. Su capítulo más cuestionado por las patronales es el que garantiza la “estabilidad del periodista profesional”, al establecer indemnizaciones reforzadas frente a despidos sin causa: además de los pagos habituales, otorga una compensación especial equivalente a seis meses de sueldo.

La propuesta de Sturzenegger se inscribe en la misma línea de reformas laborales contenidas en el DNU 70/23 y la ley Bases, frenadas en parte por la Justicia. Aunque no volvió a tratarse en el Consejo de Mayo, su sola mención expone la sintonía entre la administración libertaria y los grandes medios, en especial Clarín, en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y el periodismo.

La Libertad Avanza atraviesa un clima de creciente desconfianza, donde las acusaciones de espionaje interno se multiplican y tensan aún más la vida interna del bloque oficialista.

Marcela Pagano negó ser la responsable de las filtraciones y apuntó directamente contra una colega: “La única que grababa conversaciones era Lilia Lemoine”. Sin embargo, dentro de la bancada libertaria persiste la sospecha de que la diputada tendría “horas de grabación” de reuniones privadas.

El martes, Martín Menem avivó las tensiones al admitir en X que el registro de audios de Karina Milei podría haberse producido en su propio despacho, durante una reunión del bloque en la presidencia de la Cámara de Diputados. Aunque Pagano casi nunca participaba de esos encuentros, la maniobra pareció dirigida contra ella.

En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el…

— Martin Menem (@MenemMartin) September 2, 2025

El presidente Milei recogió el guante y redobló la ofensiva, sosteniendo que se trata de una “red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, en línea con la cruzada del gobierno contra la prensa, que se agudizó tras la cautelar censora obtenida en la Justicia.

La grabación en cuestión habría tenido lugar en abril de 2024, en plena crisis interna por la expulsión de Oscar Zago y la disputa de Pagano por la comisión de Juicio Político. Desde el Congreso confirman que en esos momentos Karina Milei arengaba a los legisladores en un tono defensivo, lo que da mayor verosimilitud a la hipótesis.

Lejos de aplacar el escándalo, nuevas declaraciones lo alimentan. El diputado José Peluc reconoció que en campaña las grabaciones eran frecuentes, aunque “no se dijera nada importante”, y admitió que esa “modalidad” podría haber sobrevivido en la dinámica del bloque.

El señalamiento no se detuvo allí: viejas rencillas internas dejaron también bajo sospecha a Rocío Bonacci, en un entramado de desconfianzas cruzadas que exhibe el frágil equilibrio interno de La Libertad Avanza.

La oposición aprovecha la grieta: Cecilia Moreau sostuvo que los libertarios “se grabaron entre ellos” y no pueden atribuirlo a un plan externo.

Mientras tanto, Pagano se muestra desafiante frente a los ataques: “Que avancen, no me van a silenciar ni les tengo miedo”, aseguró. Incluso, algunos libertarios advierten que la presión del oficialismo podría victimizarla y terminar potenciando su figura política: “La van a convertir en candidata a presidenta”, alertó un legislador.

En este escenario, la interna libertaria ya no solo expone fracturas políticas, sino también una extendida sospecha de espionaje interno que amenaza con corroer la confianza en la base misma del bloque oficialista.

El gobierno nacional blanqueó su decisión de intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar perfore el techo de la banda de flotación fijada en abril.

El gobierno nacional quedó contra las cuerdas y admitió en las últimas horas que comenzó a vender dólares del Tesoro para evitar que el tipo de cambio perforara el techo de la banda de flotación. La decisión expuso la magnitud de la crisis y la fragilidad del plan económico: se abandonó otro de los compromisos asumidos en abril, esta vez en medio de la presión de los mercados y de un clima de desconfianza creciente.

El impacto fue inmediato. Si bien la intervención permitió bajar el mayorista en $11 hasta los $1.361, el dólar paralelo siguió escalando y el riesgo país se catapultó, reflejo de la inquietud sobre la capacidad del Gobierno de afrontar sus vencimientos de deuda. La operatoria además encendió las alarmas porque los fondos utilizados son los mismos que deberían respaldar los pagos de los Globales y Bonares.

Horas desesperadas en Economía

Aunque el Ministerio de Economía intentó demorar el reconocimiento, ya desde fines de la semana pasada consultoras de la city detectaban que se estaban utilizando dólares del Tesoro depositados en el Banco Central para frenar la corrida. La maniobra contradice la promesa oficial de no intervenir dentro de los límites de la banda, y marca un giro forzado tras meses de compras presionadas por el FMI para recomponer reservas.

Ahora, la apuesta es que el anuncio sirva para disuadir la demanda de divisas. Pero el margen es acotado: el Tesoro cuenta con apenas u$s 1.700 millones en depósitos, de los cuales se estima que ya se volcaron al mercado unos u$s 100 millones.

Riesgo de default y más presión cambiaria

La medida golpeó de lleno a los bonos en dólares, que cayeron hasta 2,9 %, y reavivó los temores de default. En enero vencen u$s 4.200 millones y, en paralelo, el acuerdo con el FMI obliga a acumular reservas, lo que agrega más presión en un escenario de escasez de divisas.

En este contexto, la estrategia oficial quedó bajo fuego cruzado: la intervención genera dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario, mientras que la desconfianza de los inversores empuja al alza el riesgo país. El resultado es un Gobierno atrapado entre la necesidad de frenar la corrida y el riesgo de quedarse sin dólares para cumplir con sus compromisos.

La Embajada de la Federación de Rusia salió al cruce de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y desmintió de manera categórica cualquier vínculo con la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En un comunicado con tono firme, la representación diplomática calificó las acusaciones del gobierno de Milei como “infundadas y falsas” y denunció la falta absoluta de pruebas que las respalden. “El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, remarcaron.

Bullrich había sugerido la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” e involucró a Rusia y Venezuela como responsables de operaciones de desestabilización. La embajada respondió con dureza: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.

❗️Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas.

🔗 Comentario completo: https://t.co/djI2Qmzsit pic.twitter.com/xdIUGJwLVq

— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) September 2, 2025

Asimismo, rechazaron “categóricamente” las versiones difundidas y recordaron que Rusia sostiene con Argentina una asociación estratégica integral basada en la amistad entre ambos pueblos. En ese sentido, advirtieron: “Deseamos celebrar en octubre el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con ese espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.

Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

La oposición en el Congreso Nacional se moviliza para poner un freno a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la polémica denuncia contra periodistas que difundieron audios de Karina Milei. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

El conflicto surgió a raíz del decreto 383/2025, firmado este año por Bullrich y Milei, que reestructuró funciones de la Policía Federal, incorporando tareas de espionaje. Según la oposición, estas competencias entran en conflicto con la Ley de Inteligencia Nacional Nº25.520 y eliminan el control parlamentario sobre las actividades de inteligencia.

El senador Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral que supervisa las tareas de espionaje, junto a su correligionaria Mariela Colett y legisladores de UP, enviaron notas a los presidentes de ambas cámaras, cuestionando el decreto. En ellas, señalan que la medida habilita a la Policía Federal a actuar en el marco de la Ley 25.520 sin el necesario control legislativo, generando riesgos de uso arbitrario de información y vulneración de derechos.

“La PFA debe observar lineamientos claros en el desarrollo de sus tareas y respetar el control parlamentario, un pilar esencial del Estado de Derecho”, advirtieron Lousteau y los legisladores opositores. Agregaron que la superposición de funciones debilita la coordinación del sistema de inteligencia y compromete la transparencia de las acciones estatales.

La nota de la bicameral deja en claro que la ministra no puede atribuirse facultades sobre inteligencia sin pasar por la supervisión legislativa, como ocurre regularmente con los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según la oposición, la cercanía de Bullrich con Milei podría estar motivada por la pérdida de confianza de este último en los servicios tradicionales de inteligencia.

Lousteau calificó de “acto de autoritarismo” el pedido de allanamiento a periodistas, destacando que se trata de un ataque a la democracia y al secreto de las fuentes, en medio de denuncias de corrupción, incluido el desvío de fondos para personas con discapacidad.

La unidad opositora anticipa que el decreto que amplía los poderes de Bullrich podría ser rechazado en el recinto mediante una mayoría simple en ambas cámaras, fácilmente alcanzable con los acuerdos ya consolidados. No obstante, la ministra podría conservar influencia hasta diciembre, cuando planea asumir un cargo en el Senado, postulada por Milei como presidenta provisional. Sin embargo, UP no garantiza su aval a la línea sucesoria, y podrían negociar otras alternativas con La Libertad Avanza.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia el pasado 12 de agosto desató una fuerte polémica en Tierra del Fuego, donde crece la preocupación por el alcance de los ejercicios militares realizados en conjunto con fuerzas argentinas y las intenciones de Estados Unidos en la provincia austral.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia y las reiteradas presiones de Washington para instalar infraestructura militar en Tierra del Fuego encendieron fuertes alarmas sobre la soberanía nacional en el extremo austral del país.

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó en el Senado un enérgico pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las circunstancias bajo las cuales se permitió el ingreso de tropas extranjeras el pasado 12 de agosto, en el marco de ejercicios militares combinados con fuerzas argentinas.

“Es inaceptable que las fuerzas del principal aliado de Gran Bretaña pisen nuestro suelo fueguino”, advirtió la legisladora en declaraciones a El Sureño, acusando al presidente Javier Milei de una “entrega de soberanía” que pone en riesgo no solo la seguridad provincial, sino también los intereses estratégicos de la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

Los interrogantes planteados al Gobierno

El documento presentado en el Senado exige que se aclare:

• Autorización legal: si el ingreso de tropas contó con aval del Congreso, como marca la Constitución, o si se habilitó mediante un DNU inconstitucional.
• Acceso a instalaciones sensibles: si los marines accedieron a la Base Naval Almirante Berisso u otros sistemas estratégicos de comunicación.
• Implicancias geopolíticas: si la operación compromete la logística antártica o información relativa a las Islas Malvinas.
• Protección de la soberanía: qué medidas se tomaron para resguardar la seguridad nacional.

López insistió en que no se opone a la cooperación internacional, pero subrayó que esta debe realizarse respetando la Constitución y la soberanía. “No podemos permitir que la Base Naval de Ushuaia se convierta en una plataforma extranjera en lugar de un centro argentino de investigación y desarrollo antártico”, agregó.

La presión de Estados Unidos por el radar y una base naval

El contexto se vuelve aún más complejo tras las visitas del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien este año se reunió dos veces con autoridades argentinas para impulsar la reactivación de un radar instalado en Tolhuin y promover una base de submarinos en Ushuaia.

Ese radar, operado por la empresa LeoLabs, quedó envuelto en polémica luego de que el gobierno fueguino le revocara los permisos a fines de 2023, al denunciar sus vínculos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y advertir sobre un posible uso militar. Según documentos oficiales, Gran Bretaña accede a la información generada por las antenas de la compañía en distintos puntos del mundo.

Washington sostiene que se trata de un sistema de “rastreo de basura satelital”(aunque la misma empresa reconoce en su sitio web sus capacidades duales) y presiona para que vuelva a funcionar, mientras niega cualquier control británico. Sin embargo, en Tierra del Fuego advierten que su reactivación pondría en riesgo información estratégica sobre el Atlántico Sur permitiendo entre otras cosas una alerta temprana a las fuerzas británicas que conforman junto a los Estados Unidos la alianza UKUSA de espionaje electrónico global que jugó un papel clave en la guerra de Malvinas proporcionando información vital a Gran Bretaña.

Paralelamente, Estados Unidos insiste en establecer un atracadero para submarinos nucleares en Ushuaia, lo que en los hechos consolidaría una base integrada de operaciones en el Cono Sur. Según fuentes locales, esta pretensión se enmarca en la estrategia global de Washington de limitar la influencia china en la región, pero a costa de debilitar la autonomía argentina en su territorio más austral.

Riesgo de una “rendición silenciosa”

El reclamo de la senadora López cobra aún mayor relevancia al recordar que durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Estados Unidos apoyó activamente al Reino Unido con logística, inteligencia satelital y armamento. Permitir hoy la instalación de tropas y bases estadounidenses en Tierra del Fuego —afirma la legisladora— constituye una “rendición silenciosa” frente a los mismos actores que colaboraron en la derrota argentina.

“Se está traicionando la esencia misma de nuestra identidad nacional”, advirtió. “La soberanía no se negocia, y mucho menos en el suelo más austral de la patria”.

La medida refleja un evidente seguidismo de la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”.

En una decisión que marca un fuerte giro en la política exterior argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que el país dejará de participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los principales órganos internacionales dedicados a la promoción y protección de las libertades fundamentales.

La medida refleja una clara sintonía con la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”. Ahora, la Casa Rosada justifica su salida con un discurso similar, al afirmar que la Argentina no se someterá a “estructuras burocráticas internacionales” que, según el oficialismo, limitan la soberanía nacional.

Sin embargo, el costo político y simbólico es elevado. Argentina había consolidado en este ámbito un prestigio singular: desde la recuperación democrática en 1983, el país fue referente en materia de derechos humanos, en gran parte gracias a la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa tradición le permitió ocupar un rol de liderazgo, presidiendo en varias ocasiones el Consejo y promoviendo resoluciones clave en la agenda global.

Amnistía Internacional lamenta que Argentina retire su candidatura al @UN_HRC de la ONU. Este órgano, integrado por 47 Estados, es central para promover y proteger los DD.HH. en el mundo. ¿Qué significa la retirada de nuestro país del Consejo de Derechos Humanos? Abrimos hilo: pic.twitter.com/QYsDwtoo5m

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 26, 2025

La salida del organismo implica, por tanto, un retroceso histórico y una pérdida de influencia diplomática. Expertos en política internacional señalan que con esta decisión Milei no solo aísla a la Argentina de los consensos multilaterales, sino que también erosiona un capital simbólico que le otorgaba al país legitimidad moral en foros internacionales. En un escenario global marcado por conflictos bélicos, crisis humanitarias, el genocidio en curso en Gaza ( no casualmente avalado por el gobierno de Javier Milei) y un creciente cuestionamiento a las democracias, la ausencia de Argentina en este espacio debilita su capacidad de incidencia y reduce su margen de negociación frente a otras potencias.

El anuncio ya generó críticas de sectores opositores, organismos de derechos humanos y especialistas en relaciones internacionales, quienes advierten que este tipo de gestos pueden deteriorar aún más la posición de la Argentina en el mundo, en un momento en que el gobierno de Milei apuesta por una política exterior centrada en alianzas de subordinación bilaterales selectivas y en un marcado sometimiento a las agendas de política exterior de Estados Unidos e Israel.

La comparación con Donald Trump, lejos de ser casual, es inevitable: ambos líderes, con discursos disruptivos, ven en los organismos multilaterales un obstáculo antes que una oportunidad de cooperación. Pero mientras Estados Unidos puede sostener su influencia global por su peso económico y militar, Argentina carece de esos recursos y dependía, en gran medida, de su prestigio diplomático para proyectar poder en la escena internacional.

Con esta decisión, el gobierno libertario rompe con una de las tradiciones más reconocidas de la política exterior argentina y deja al país más aislado que nunca en el terreno de los derechos humanos, un ámbito donde supo ser escuchado, respetado y considerado ejemplo.