Los resultados preliminares del informe se basan en la comparación de los precios de siete medicamentos adquiridos tanto por la ANDIS como por la cartera sanitaria. En el caso de un fármaco, el organismo de discapacidad habría pagado un 27% más que el Ministerio.

Los primeros resultados de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirman lo que el Gobierno intentó relativizar: la existencia de sobreprecios significativos en la compra de fármacos. El informe preliminar, a cargo del interventor Alejandro Vilches, señala que el organismo pagó hasta un 27% más por medicamentos en comparación con adquisiciones realizadas por el propio Ministerio de Salud.

El caso más evidente es el del PEG Asparaginasa, clave en tratamientos de leucemia linfoblástica aguda. La ANDIS lo adquirió en agosto de 2025 por $13.500.176, mientras que la cartera sanitaria lo había comprado un año antes a $8.274.027. Descontada la inflación, la diferencia alcanza el 27%, lo que pone en evidencia un manejo irregular de fondos públicos en un área particularmente sensible.

Estos hallazgos tensionan la estrategia oficial, que hasta ahora había buscado minimizar el impacto de las denuncias y responsabilizar al kirchnerismo. El escándalo tomó fuerza tras la salida del exdirector Diego Spagnuolo, involucrado en audios que mencionan presuntas coimas y una red de corrupción que rozaría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Desde la Casa Rosada niegan las acusaciones.

El presidente Javier Milei, al ser consultado, prometió llevar a Spagnuolo a la Justicia y lo calificó de “mentiroso”. Sin embargo, el nuevo dato de los sobreprecios complica el discurso oficial: ya no se trata solo de acusaciones cruzadas, sino de un informe técnico que empieza a mostrar números concretos.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, evitó dar explicaciones y faltó a una reunión clave en Diputados, lo que reforzó las críticas opositoras. El propio Vilches, designado interventor en reemplazo de Spagnuolo, tampoco acudió al plenario de comisiones.

En paralelo, el Gobierno avanza en un rediseño institucional: busca que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado para transformarse en una secretaría bajo la órbita de Salud. Con esto, Lugones ganaría control directo sobre las compras de medicamentos, aunque hasta ahora ha guardado silencio público frente a las irregularidades señaladas.

En plena crisis política por la filtración de audios que revelan supuestos pedidos de coimas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que Javier Milei cometió un error al confiar en Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”, señaló Francos, quien además reconoció que el exfuncionario era un visitante frecuente de la Quinta de Olivos, donde participaba de las reuniones privadas que el mandatario organiza.

El ministro, sin embargo, buscó marcar diferencias dentro del círculo presidencial y defendió a Eduardo “Lule” Menem, otro de los mencionados en la causa. Consultado en Radio Mitre si pondría “las manos en el fuego” por él, respondió:

“Yo no tengo nada que reprocharle. Lo conozco del trabajo en la gestión y me parece una persona irreprochable. Como funcionario, me resulta alguien de confianza”.

Francos remarcó que, a diferencia de Spagnuolo, Menem sí integra el núcleo de colaboradores de Milei. “Claramente Spagnuolo no lo era. No sé si era cercano, pero el Presidente lo conocía y lo invitó en varias ocasiones a Olivos. Si confiaba en él, bueno, no debió haber confiado”, insistió.

“Estamos pagando las consecuencias de las fallas del programa de estabilización de Macri”, afirmó José Luis Daza, el número dos del equipo de Toto Caputo.

El aumento del riesgo país encendió las alarmas dentro del gobierno de Javier Milei y, en un giro inesperado, uno de los principales funcionarios del Ministerio de Economía señaló a Mauricio Macri como responsable de las dificultades actuales.

Durante una charla virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó que la resistencia del índice del JP Morgan a bajar, incluso en un contexto de fuerte ajuste fiscal, se explica por las “fallas del programa de estabilización” implementado durante la gestión de Macri entre 2015 y 2019.

“Estamos pagando las consecuencias de las fallas del programa de estabilización de Macri”, lanzó Daza, quien ocupa el cargo de número dos en el ministerio que conduce Luis Caputo. El funcionario agregó que la desilusión de los mercados internacionales en aquella etapa sigue condicionando a la Argentina: “Una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria. No hay conciencia del daño que se ha hecho en estos años”.

Consultado por la demora en el regreso a los mercados internacionales de crédito, Daza remarcó que “estamos condicionados por la elección”, aunque confió en que tras las legislativas se abrirá un escenario más favorable: “Yo visualizo que hay un antes y un después con respecto a las elecciones”.

En su exposición, el viceministro comparó la situación actual con la del macrismo: “A estas alturas de su administración, Macri tenía las cuentas sustancialmente peores de las que tenemos nosotros: déficit de cuenta corriente del 6% y números cíclicos muy malos. Sin embargo, el riesgo país estaba en 400 puntos básicos”.

Daza admitió que, por ahora, el gobierno de Milei no logra acceder a los mercados y debe afrontar los vencimientos de deuda con ahorros propios, aunque se mostró optimista respecto a revertir la tendencia: “Si mantenemos la disciplina fiscal, avanzamos con la desinflación y después de las elecciones aceleramos las reformas estructurales, eso va a ayudar a bajar el riesgo país y a reabrirnos la puerta a los mercados internacionales”.

El plan de ajuste estatal impulsado por el Gobierno sufrió un nuevo traspié, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que disponía el pase a disponibilidad de 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida incluye una multa de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento, un golpe económico y político que limita severamente la estrategia oficial.

El fallo llega en un contexto de decisiones cruzadas. La semana pasada, el mismo tribunal ya había suspendido el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de estatales, y ordenó que no se aplicara en el INTA. A ese revés se sumó luego el rechazo del Senado al DNU que daba sustento al recorte. Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, volviendo a poner en riesgo los puestos de trabajo, lo que derivó en la nueva intervención judicial.

Desde ATE celebraron el pronunciamiento y denunciaron la insistencia del Ejecutivo en desconocer la división de poderes. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, planteó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien calificó de “cabeza dura” al Gobierno y sostuvo que cada fallo a favor del sindicato representa una victoria para los trabajadores frente a lo que considera una “política de ajuste sin sustento legal”.

El conflicto en el INTA se suma a un escenario de mayor tensión en el sistema científico y tecnológico nacional. En organismos como el CONICET, el SENASA y Agricultura Familiar ya se registraron despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”. Pero la Justicia, en este caso, decidió ponerle un freno al avance del ajuste.

Mientras el Gobierno de Javier Milei subordinado a Trump se hace el duro con Venezuela e instiga una eventual intervención, hace silencio ante la intensificación de la presencia militar británica en las Islas Malvinas.

Mientras el gobierno de Javier Milei, alineado con Washington, asume una postura beligerante contra Venezuela bajo el argumento del “narcoterrorismo”, la Cancillería argentina calla frente a la creciente militarización británica en las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), calificando a Nicolás Maduro y a su entorno como “narcoterroristas”. Con ello, el Ejecutivo se suma a la narrativa impulsada por Estados Unidos, que desde hace años acusa al chavismo de encabezar una red criminal vinculada al narcotráfico internacional.

La decisión fue celebrada por Washington en momentos en que la Casa Blanca intensifica la presión militar en el Caribe, desplegando buques de guerra frente a Venezuela en un gesto de intimidación que revive lógicas de intervención propias del siglo XIX.

Avance británico en Malvinas sin respuesta oficial

En paralelo, el Reino Unido realizó recientes ejercicios militares en las Islas Malvinas, encabezados por efectivos del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas (3 PARA). Las maniobras incluyeron entrenamientos de combate urbano en Puerto Argentino, operaciones en trincheras y despliegue de drones de reconocimiento.

Estas acciones forman parte de la estrategia británica de consolidar su presencia en el Atlántico Sur bajo la doctrina de “Global Britain”, que refuerza la infraestructura militar en Monte Agradable, moderniza puertos y suma capacidades de defensa aérea y cibernética. Londres busca proyectar poder sobre los recursos estratégicos de la región —hidrocarburos, pesca y rutas hacia la Antártida— y disuadir el reclamo argentino reconocido en la ONU.

A diferencia de gobiernos anteriores, que repudiaban públicamente este tipo de despliegues, la administración Milei evitó pronunciarse. El silencio oficial contrasta con la dureza verbal hacia Venezuela y ha sido interpretado como un aval implícito a la ocupación británica.

Autodeterminación y debilitamiento diplomático

La postura del presidente Milei, quien llegó a defender el “derecho de autodeterminación” de los habitantes británicos de Malvinas, marca un quiebre con la política histórica argentina. Este giro debilita la capacidad de presión diplomática del país justo cuando el Reino Unido refuerza su posición militar en el Atlántico Sur.

Mientras tanto, Londres confirmo que mantendrá inalterable el embargo de armas a Argentina, vigente desde 1982, pese a contactos secretos entre funcionarios de ambos países. Ni siquiera el tono conciliador de la Casa Rosada ha bastado para que el Reino Unido flexibilice restricciones que limitan la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

El Fondo Monetario Internacional sospecha de lo datos proporcionados por el organismo e insiste con la actualización del IPC desde 2024 “para mejorar la calidad de los datos”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) atraviesa una crisis interna que expone su fragilidad en un momento de fuerte presión internacional. La salida de dos funcionarios técnicos clave, sumada a la demora en la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), pone en duda la credibilidad del organismo. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al gobierno que actualice “lo antes posible” la metodología de medición de la inflación.

En su último Staff Report, el organismo multilateral fue categórico: “Se debería publicar un IPC actualizado lo antes posible para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”. El reclamo coincide con la aprobación de la primera revisión del programa en curso y el desembolso de U$S 2.000 millones.

Aunque el nuevo índice está listo desde 2024 —con pruebas finalizadas en marzo de 2025—, su puesta en marcha depende de una decisión política que el gobierno de Javier Milei sigue postergando. El reemplazo es urgente: hoy el IPC nacional se calcula con una canasta de consumo de 2004/2005, desactualizada frente a los cambios de los últimos 20 años. La nueva versión, basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018, incorpora consumos actuales como telefonía móvil, internet o plataformas digitales, además de dar mayor peso a los servicios.

Renuncias que golpean la credibilidad del INDEC

La crisis se profundizó con las renuncias de Georgina Giglio, responsable del IPC, quien dejó su cargo para sumarse a la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, y de Guillermo Manzano, encargado de la medición de pobreza y trabajo, cuya salida se atribuyó a fuertes diferencias metodológicas con el director Marco Lavagna.

Ambos movimientos generan ruido político y técnico, ya que el cálculo del índice de pobreza en Argentina depende directamente de la evolución de precios y del costo de las canastas básicas. Cualquier cambio metodológico puede modificar sustancialmente los niveles de pobreza.

El trasfondo político y económico

El retraso en la implementación del nuevo IPC responde a motivos políticos y fiscales. Un índice nacional más cercano a los provinciales podría encarecer el gasto público, ya que gran parte de la deuda en pesos y las jubilaciones se ajustan por inflación. En un año electoral, el gobierno evita un cambio que podría tener alto costo político.

La especulación es que el nuevo IPC comience a aplicarse recién con la medición de enero de 2026, cuyo resultado se conocería en febrero. El FMI ya anticipó que discutirá la fecha precisa de su publicación en la próxima revisión del programa, hacia fines de 2025, tras las elecciones legislativas.

El dato más preocupante de las últimas horas llegó desde los mercados: el riesgo país escaló hasta los 829 puntos básicos, uno de los peores niveles para el Gobierno de Javier Milei, que necesita llevarlo a la zona de 300/400 puntos para poder encarar la refinanciación de la deuda en dólares que vence en 2026.

El fuerte repunte del indicador se produjo tras una marcada caída de los bonos soberanos, que retrocedieron hasta un 3,5% en una sola jornada. La huida de los inversores respondió al creciente ruido político y a las tensiones con los bancos, factores que reforzaron la percepción de que el actual esquema económico podría no ser sostenible.

El riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan, mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto de los del Tesoro de los Estados Unidos. Un salto cercano a los 100 puntos en tan solo un día refleja el deterioro en la confianza sobre la capacidad del Gobierno de sostener el rumbo económico.

“Este movimiento muestra que los mercados están dudando de la viabilidad del modelo”, advirtió Leonardo Anzalone, director del Cepec. Según explicó, la combinación de tasas altas, falta de reservas y clima político tenso alimenta la percepción de riesgo, golpeando el precio de los títulos y ampliando la brecha frente a la deuda norteamericana.

Aunque en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía confían en que, una vez despejada la incertidumbre electoral, el indicador pueda bajar hacia niveles más manejables, el salto reciente es un duro golpe para la estrategia oficial.

“Todo dependerá de las señales políticas y de la capacidad del Banco Central para sostener el control cambiario sin sacrificar demasiadas reservas”, agregó Anzalone. “Si el mercado interpreta que el ajuste pierde consistencia o que el proceso electoral puede desordenar la economía, el riesgo país seguirá escalando. En cambio, un respaldo político claro o un apoyo financiero externo podría ayudar a moderarlo”.

Por ahora, la cifra de 829 puntos representa un desafío inmediato: es la peor noticia para un Gobierno que necesita mostrar confianza a los mercados y todavía se encuentra muy lejos del umbral de estabilidad que exige la refinanciación futura.

En Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, referente libertario identificado como el hombre de Karina Milei en la provincia, fue denunciado por un médico que declaró en la Justicia haber recibido un pedido de 100 mil dólares en coimas para que su asociación pudiera continuar en la lista de prestadores del PAMI.

La Libertad Avanza (LLA) suma un nuevo capítulo de corrupción que amenaza con extenderse a escala nacional. En Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez —referente libertario identificado como el hombre de Karina Milei en la provincia— fue denunciado por un médico que declaró en la Justicia haber recibido un pedido de 100 mil dólares en coimas para que su asociación pudiera continuar en la lista de prestadores del PAMI.

Imparable el escándalo de corrupción en la sede de LLA de Chaco. Declaró en la Justicia un médico, presidente de una asociación profesional, y aseguró que una emisaria de "Capi" Rodríguez le pidió una coima de 100 mil dólares para extender las cápitas de PAMI en la provincia. A… https://t.co/3chE02eZYz

— Manu Jove (@manujove) August 13, 2025

El señalamiento coloca a Rodríguez en el centro de una trama que replica la metodología de recaudación paralela ya expuesta en otros casos, con denuncias que apuntan a que el dinero recaudado mediante sobornos terminaría engrosando la caja política del oficialismo y del propio círculo íntimo de Milei.

La acusación se conoció días antes del cierre de listas, lo que obligó a apartar a Rodríguez como candidato a senador. Sin embargo, el dirigente logró ubicar a sus propios alfiles: Juan Cruz Godoy, gerente de su emprendimiento textil, encabezará la boleta al Senado, mientras que su abogada, Mercedes del Rosario Goitía, liderará la de diputados nacionales.

Rodríguez, además, deberá enfrentar una indagatoria este jueves en el marco de otra investigación federal por afiliaciones truchas. La fiscalía sospecha que se usó la base de datos de ANSES para inscribir sin consentimiento a personas vulnerables, incluidos adultos mayores enfermos o postrados, cuyas firmas habrían sido falsificadas por militantes libertarios.

El escándalo también expuso fracturas internas en LLA chaqueña: Rodríguez, alineado con Karina Milei, rompió con el diputado Carlos García, que responde a Martín Menem, y la disputa derivó en incidentes en sedes partidarias.

Mientras tanto, el gobernador radical Leandro Zdero se vio forzado a conceder lugares en las listas a figuras cercanas a Rodríguez, lo que generó malestar en sectores de la UCR local.

Este nuevo caso no es un hecho aislado: se suma al escándalo de las coimas denunciado por Diego Spagnuolo, y configura un patrón de recaudación sistemática en el oficialismo libertario, un “telar de la abundancia” basado en extorsión, afiliaciones fraudulentas y manejo discrecional de recursos estatales.

En las últimas horas salieron a la luz una serie de tuits de 2018 que exponen una estrecha y casi intima relación entre Spagnuolo y el diputado José Luis Espert, hoy primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En medio del escándalo por presuntas coimas que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, resurgieron en las últimas horas una serie de tuits de 2018 que exponen su estrecha relación con el diputado José Luis Espert, hoy primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Los mensajes, publicados entre febrero y mayo de ese año, muestran un trato de confianza y cercanía. En ellos aparecen respuestas de Espert con expresiones como “Mc querido” o “Ven hijo mío. Estamos por mudarnos. Te cobijo”, en contestación a un mensaje de Spagnuolo que decía: “quiero que me adopte Espert”.

Estas publicaciones no solo sugieren un vínculo personal, sino que coinciden con el período en que Espert comenzaba a consolidar su armado político nacional, en el que Spagnuolo habría tenido participación en sus primeros círculos.

La reaparición de estos tuits reaviva el debate sobre las conexiones previas entre ambos dirigentes y pone en aprietos al oficialismo. Analistas señalan que, aunque los mensajes no tienen incidencia directa en la causa judicial que enfrenta Spagnuolo, sí agregan un componente político delicado: vinculan a un exfuncionario acusado de corrupción con uno de los principales referentes legislativos de la coalición gobernante.

Desde el entorno de Espert intentaron minimizar la relevancia de los posteos, pero en la interna libertaria y la oposición ya se capitalizó la difusión para insistir en la cercanía entre el candidato y el exfuncionario investigado.

Con la causa judicial en marcha y un clima político en tensión, los viejos tuits se convierten en un elemento incómodo que obliga a Espert a definir si explica públicamente la naturaleza de ese vínculo o se despega de quien alguna vez integró su entorno más próximo.

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, expresó la creciente preocupación de los industriales argentinos ante el freno de la actividad manufacturera y el avance de las importaciones, especialmente provenientes de China.

En un contexto de caída del 10% de la producción industrial respecto de 2023, Rocca subrayó que la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei amenaza con profundizar la crisis del sector y desalentar nuevas inversiones.

“El aumento de las importaciones chinas afecta la cadena de valor y pone en duda decisiones de inversión”, alertó el empresario.

Durante el encuentro “Industrialización, comercio y aranceles” organizado por Techint en la Ciudad de Buenos Aires, Rocca insistió en la necesidad de “nivelar la cancha” para fortalecer al entramado fabril y evitar que la recuperación económica, una vez pasada la incertidumbre electoral, se traduzca únicamente en un mayor consumo de productos importados.

“Hay que pensar cómo fortalecer el sector industrial. Es un planteo que hace la UIA, porque la manufactura es un componente fundamental del desarrollo del país”, afirmó.

La advertencia del empresario no es menor: el intercambio con China dejó en los primeros siete meses de 2025 un déficit comercial de USD 5.714 millones para la Argentina, con importaciones que crecieron casi un 74% interanual y que ya representan más del 22% del total. La inquietud también alcanza a los proyectos estratégicos: en el sector temen que el acero chino pueda competir directamente en grandes obras de minería y energía, como los ductos de Vaca Muerta.

Si bien Rocca respaldó la estabilidad macro buscada por el Gobierno, planteó con claridad que sin políticas activas de defensa comercial la industria nacional quedará en desventaja. El eco de sus palabras refleja las discusiones internas de la Unión Industrial Argentina (UIA), que advierte sobre la pérdida de empleos —entre 1.000 y 1.500 puestos por mes desde marzo— y el impacto de la apertura importadora en sectores sensibles.

En un clima de cautela hasta las elecciones, Rocca fijó posición en nombre de buena parte del empresariado fabril: la Argentina necesita medidas de protección frente a la amenaza china para sostener la producción y el empleo local.