La decisión dejó a miles de chicos y chicas sin un lugar donde encontrar apoyo en medio de la crisis social y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares.

Después de perder por amplio margen la elección en la Provincia de Buenos Aires frente a Axel Kicillof, el gobierno de Javier Milei avanzó con una medida que fue leída en los territorios como un castigo directo: el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), espacios gestionados por Sedronar y organizaciones sociales que brindaban contención y acompañamiento a jóvenes con consumos problemáticos.

La decisión dejó a miles de chicos y chicas sin un lugar donde encontrar apoyo en medio de la crisis social y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares. El argumento oficial fue la existencia de “irregularidades”, pero trabajadores y referentes comunitarios desmienten esa versión y denuncian un vaciamiento deliberado. Señalan que la motosierra de Milei apuntó selectivamente a los dispositivos vinculados a movimientos sociales, mientras los ligados a sectores eclesiásticos permanecieron abiertos.

“El cierre de las CAAC es condenar a la juventud más vulnerable a quedar a merced de las drogas y del narcomenudeo. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos porque funciona”, advirtió Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo.

La medida generó críticas desde las provincias, las organizaciones sociales y también desde la Iglesia, que ya en junio había advertido que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

En Santa Fe, la diputada socialista Varinia Drisun calificó la decisión como “un golpe mortal a las políticas públicas de salud” y acusó al Gobierno nacional de precarizar a la Sedronar, desfinanciar el sistema de salud y desmantelar espacios estratégicos como el Hospital Nacional Laura Bonaparte.

En los barrios, el cierre se vive como una represalia que no solo debilita la política pública contra las adicciones, sino que también clausura uno de los pocos espacios de esperanza y cuidado. Allí donde antes había talleres, comidas compartidas y escucha, ahora queda solo un portón cerrado.

Al mediodía, el Banco Nación ofrecía el dólar minorista a $1465, veinte pesos más que el cierre previo y a un paso del límite fijado. En los bancos privados, el precio era aún más alto, reflejo de la presión creciente de la demanda.

El dólar volvió a encender las alarmas y marcó otra jornada de fuerte tensión en los mercados. La divisa alcanzó este jueves el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI, lo que obligó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a intervenir con la venta de 100 millones de dólares del Tesoro. La señal, lejos de calmar, acentuó la preocupación por el margen de maniobra cada vez más limitado del Gobierno.

Al mediodía, el Banco Nación ofrecía el dólar minorista a $1465, veinte pesos más que el cierre previo y a un paso del límite fijado. En los bancos privados, el precio era aún más alto, reflejo de la presión creciente de la demanda.

Los dólares financieros —MEP y Contado con Liquidación— ya habían perforado el techo pactado con el Fondo, confirmando la tensión en todos los frentes. La maniobra de Caputo buscó frenar la corrida, pero en el mercado advierten que las reservas disponibles difícilmente soporten un ritmo sostenido de ventas si la presión cambiaria se mantiene.

Con los vencimientos de deuda a la vista y un contexto internacional adverso, los analistas remarcan que el Gobierno enfrenta un escenario crítico: contener la escalada del dólar sin recursos suficientes y bajo la mirada expectante del FMI. La pulseada por la divisa se consolida como el termómetro más claro de la fragilidad económica y política del oficialismo.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei sólo se iniciaron 2 obras nuevas y se paralizó casi el 80% de las que recibió.

La inversión del Gobierno nacional en obras de agua potable y cloacas se desplomó un 95,2% real en 2025 respecto de 2023. Según datos oficiales, hasta agosto se destinaron apenas $58.157 millones, cuando en el mismo período de 2023 se habían invertido, a precios actuales, $1,2 billones.

En paralelo, la ejecución presupuestaria revela otra señal de retroceso: se utilizó sólo el 12,8% de los $453.650 millones previstos para este año. Para equiparar los niveles de inversión del último año del Frente de Todos, deberían destinarse $1,9 billones.

La situación es aún más crítica en la provincia de Buenos Aires: en los primeros 8 meses de 2025 la inversión nacional en agua y cloacas fue de casi $300 millones, un 99,9% menos que en 2023. Del total presupuestado, apenas se ejecutó el 1,7%.

Obras paralizadas y sin avances

Durante la gestión de Alberto Fernández se habían iniciado 2.540 obras de agua y cloacas, de las cuales el 62,4% se concluyó. El actual gobierno heredó 954 proyectos en marcha, pero en nueve meses sólo terminó 99 y dejó prácticamente congelado el 80% restante, que registra menos de un 10% de avance.

De las obras nuevas, apenas se iniciaron dos proyectos: uno en Concordia (Entre Ríos), ya finalizado, y otro en San Justo (Santa Fe), que no muestra avances.

En el caso bonaerense, de las 444 obras recibidas, sólo se completaron 46. El 85,4% de los proyectos quedaron con avances inferiores al 10%.

El impacto en la vida cotidiana

Aunque en redes sociales algunos discursos cargan contra los votantes bonaerenses con frases como que “cagan en un balde”, los datos del Censo 2022 muestran otra realidad: en el Conurbano 87,4% de las viviendas tiene baño con inodoro con arrastre de agua, pero sólo el 57,8% accede a la red de cloacas.

Es decir, la paralización y el recorte no afectan privilegios, sino servicios básicos que determinan la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas, sobre todo de los sectores más vulnerables.

La crisis de la industria siderúrgica en Argentina entró en una fase crítica. Esta semana, Ternium (la mayor productora de acero del país, perteneciente al Grupo Techint) confirmó otros 200 despidos en su planta de San Nicolás.

El conflicto entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya lleva más de quince días de paro, con crecientes tensiones. El líder sindical Abel Furlán denunció que Paolo Rocca impulsa un “ajuste” en medio de balances millonarios y salarios que el gremio asegura se ubican por debajo de la línea de pobreza. “No vamos a aceptar que Rocca nos pague el salario que quiera”, afirmó en un acto masivo en la Plaza Mitre.

Una industria en retroceso

La UOM insiste en que los despidos responden directamente a las medidas de fuerza gremiales, pero el trasfondo es más amplio: la siderurgia argentina se enfrenta a una combinación de caída de la demanda interna, paralización de la construcción, y los aranceles al acero impuestos por la administración Trump, que golpearon de lleno a Ternium.

La planta de San Nicolás opera con altos niveles de capacidad ociosa y, según Rocca, las trabas comerciales externas “impactarán en la rentabilidad y los costos de todo el sector”. Aunque el Gobierno gestiona excepciones en Washington, los avances han sido nulos y las tensiones empresarias crecen.

Rocca, la UOM y la política

Mientras los sindicatos denuncian precarización, Rocca empieza a trasladar su malestar al terreno político. El exsenador Ernesto Sanz, cercano al empresario, calificó al Gobierno de Milei como “amateur”, y el diputado Miguel Pichetto cuestionó en el Congreso al jefe de Gabinete por la falta de resultados frente a los aranceles estadounidenses.

El derrumbe siderúrgico se convierte así en un campo de batalla múltiple: los trabajadores enfrentan despidos y pérdida de poder adquisitivo, las empresas reclaman reglas claras y apoyo estatal, y el Gobierno queda atrapado entre presiones internas y externas.

En paralelo, en los círculos del poder económico —con Rocca y Magnetto como voces de peso en la AEA— se reaviva un temor: que la parálisis industrial y el malestar social terminen abonando el terreno para el retorno del peronismo.

El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable.

El gobierno de Javier Milei, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse a la cabeza, construyó un relato: aseguraron que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores comunitarios eran “fantasmas”. Ese argumento fue utilizado para suspender la entrega de alimentos a miles de espacios de asistencia, mientras toneladas de comida permanecían almacenadas en galpones oficiales y estuvieron a punto de pudrirse.

Pero todo fue una mentira. Ahora, en un documento oficial, el propio Ministerio de Capital Humano reconoció que dicha auditoría nunca existió.

La revelación surge a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho, inmediatamente después de que Posse, en el Congreso, afirmara categóricamente: “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Ante la insistencia de Zaracho y luego de una batalla judicial, Pettovello se vio obligada a responder: no hubo auditoría alguna.

En la contestación oficial, el ministerio admitió que solo realizaron “supervisiones y verificaciones territoriales”, pero aclaró que estas “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”. En otras palabras: lo que Posse, Pettovello y Milei presentaron como un informe contundente era, en realidad, un simple cruce de datos administrativos sin validez técnica ni legal. La propia cartera lo explicitó: “la referencia al Informe de Auditoría resulta ser inexistente”.

El relato oficial se desmorona aún más con los números. El gobierno solo relevó 2.193 espacios de los más de 35.000 inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM): apenas el 6%. Incluso si la mitad de esos casos relevados hubieran sido irregulares, la proporción real sobre el total sería mínima. Además, organizaciones sociales como La Poderosa señalan que en la práctica nunca hubo inspecciones presenciales: solo se revisaron formularios, sin pisar los comedores.

El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable. Con el pretexto de una auditoría inexistente, suspendieron la asistencia alimentaria y profundizaron la crisis en barrios donde los comedores son el único sostén frente al hambre.

El presidente decidió presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional grabada desde Casa Rosada, en lugar de concurrir al Congreso, como marca la tradición institucional. El mensaje se emitirá el próximo lunes a las 17, en el límite legal para el envío del proyecto.

La determinación de eludir el recinto legislativo ocurre en un contexto de extrema tensión con diputados y senadores, tras una dura derrota electoral y los sucesivos vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Parlamento. El gesto refuerza la distancia con el Congreso y evidencia la fragilidad política del Ejecutivo en su vínculo con el resto de las fuerzas.

El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

En paralelo, el Gobierno busca recomponer su estrategia interna. Tras los comicios bonaerenses, decidió reactivar una “mesa de política nacional”, ampliar la de campaña provincial y devolver rango ministerial a Interior, con Lisandro Catalán al frente. Mientras tanto, Milei retomará su agenda internacional: tras suspender un viaje a España para atender la coyuntura local, partirá el martes rumbo a Paraguay.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada social y política. Aún duramente golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, deberá definir si veta dos normas claves aprobadas con amplio consenso en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada social y política. Aún golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, deberá definir mañana si veta dos normas claves aprobadas con amplio consenso en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas apuntan a garantizar fondos para el sistema universitario y para hospitales pediátricos como el Garrahan, que hoy funcionan con recursos al límite.

En caso de que el Presidente avance con el veto, docentes, trabajadores y profesionales de la salud confirmaron un plan de lucha inmediato. La CONADU resolvió por unanimidad que habrá un paro nacional al día siguiente, acompañado de una protesta frente al Palacio Pizzurno. A esto se sumaría la convocatoria a una nueva Marcha Federal, que coincidiría con la sesión parlamentaria donde el Congreso podría insistir en la sanción con los dos tercios de ambas cámaras.

“Hay que consolidar y ampliar el respaldo social en las calles. La próxima Marcha Federal debe presionar para que diputados y senadores rechacen el veto y pongan un freno a la política de ajuste que destruye la universidad”, sostuvo Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

Los decanos de las 13 facultades de la UBA también hicieron un llamado público al Ejecutivo para que reglamente la ley aprobada. En un video institucional, junto al rector Ricardo Gelpi, pidieron: “Cuidemos la educación pública. Cuidemos lo que funciona”.

El conflicto involucra no solo a los trabajadores y estudiantes, sino también a miles de pacientes que dependen de los hospitales universitarios y pediátricos. La ley de emergencia sanitaria, aprobada con 62 votos positivos en el Senado, garantiza recursos extra, recomposición salarial y el sostenimiento pleno del Hospital Garrahan, considerado referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

De confirmarse el veto presidencial, los gremios ya anticiparon que la movilización será de carácter federal, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Con un amplio respaldo social y político, el oficialismo se arriesga a quedar aislado frente a un reclamo que une a la comunidad universitaria, al personal de salud y a la sociedad en general.

Tras la derrota electoral, el gobierno de Milei propuso una “mesa de diálogo” no obstante varios gobernadores advirtieron que nunca recibieron una convocatoria oficial y cuestionaron la seriedad de la propuesta.

Lejos de encaminar un acercamiento, la convocatoria presidencial a una “mesa de diálogo” con las provincias abrió un nuevo frente de conflicto. Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) denunciaron “destrato” de parte del Gobierno nacional, mientras que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) afirmó que la administración de Javier Milei “sigue paralizada y sin escuchar”.

El malestar se disparó luego de que Milei, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, anunciara la creación de dos nuevas instancias políticas: una mesa nacional con los principales funcionarios del Ejecutivo y otra de diálogo federal con los mandatarios provinciales. Sin embargo, varios gobernadores advirtieron que nunca recibieron una convocatoria oficial y cuestionaron la seriedad de la propuesta.

Sadir expresó que la iniciativa “está teñida por la elección de octubre” y recordó que, en los intentos de negociación previos, “lo acordado nunca se cumplió”. “Hasta acá, lo único que hay es información de los medios. En algún punto hay siempre un destrato”, sentenció.

En la misma línea, Sáenz señaló que solo conoció la iniciativa por un comunicado de vocería presidencial y se mostró escéptico: “El presidente decía que no se podía construir una Argentina distinta con los mismos de siempre. Y ahora propone dialogar con los mismos de siempre. No sé qué se puede construir desde ahí”. El gobernador salteño también reclamó por obras prometidas y nunca iniciadas, y advirtió que en el Gobierno “hizo falta un bañito de humildad”.

Por su parte, Pullaro sumó críticas desde Santa Fe: “El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado lleno de fracasos y enfrentar los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

Mientras tanto, desde Balcarce 50 intentaron bajar el tono y aseguraron que la mesa política bonaerense “se ampliará en virtud de la representatividad”. Milei, además, descartó cambios en el Gabinete pero confirmó que él mismo, junto a Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, conducirán la mesa nacional, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá convocar a la prometida mesa de diálogo con los gobernadores.

El resultado, por ahora, es un escenario de tensión creciente y desconfianza mutua, donde las provincias reclaman señales concretas y la Casa Rosada insiste en mantener el control político de la agenda.

El periodista Eduardo Feinmann expuso en su programa de A24 la compleja situación anímica y psíquica que atraviesa el presidente Javier Milei después de la dura derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires.

“A mí me cuentan que al presidente lo ven entrampado, aturdido, encerrado en una idea determinada y que de ahí no sale, no se mueve”, sostuvo Feinmann, al describir cómo se lo percibe dentro de la Casa Rosada. Según el conductor, el mandatario se muestra cada vez más aislado y ensimismado, convencido de que su plan económico no debe modificarse pese al revés político.

"Milei está entrampado, aturdido y encerrado". Debe ser cierto lo que dice Feinmann, debe estar muy hecho mierda. Mirá si estará hecho mierda que hasta suspendió el viaje a España. Viajar a encontrarse con fachos de otros países es su principal actividad desde que asumió. pic.twitter.com/KZL3fMEYq0

— Todo Negativo (@TodoNegativo) September 9, 2025

Feinmann remarcó que la imagen que transmiten desde el entorno presidencial es la de un Milei “aturdido” y con dificultades para procesar lo ocurrido en las urnas. En paralelo, el clima interno se complica por la fuerte disputa entre su hermana Karina y su principal asesor, Santiago Caputo, que obligó a improvisar una tardía e ineficaz “mesa política” con colaboradores cercanos.

Otro punto que reveló el periodista es el malestar personal del presidente por tener que involucrarse de lleno en negociaciones y estrategias políticas, una tarea que —según Feinmann— lo incomoda y le genera frustración, aunque es justamente parte central de su rol.

Dirigentes cercanos a Mauricio Macri hablan abiertamente de una “estafa política” y acusan al oficialismo libertario de haber llevado adelante una campaña marcada por la soberbia, el destrato y la improvisación.

El PRO atraviesa horas de enojo y profunda decepción tras la dura derrota en las legislativas bonaerenses, que dejaron a la alianza con La Libertad Avanza al borde de la ruptura. Dirigentes cercanos a Mauricio Macri hablan abiertamente de una “estafa política” y acusan al oficialismo libertario de haber llevado adelante una campaña marcada por la soberbia, el destrato y la improvisación.

La derrota por 14 puntos frente al armado peronista-kirchnerista encabezado por Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner fue un golpe demoledor. Buenos Aires, clave en el tablero nacional, se transformó en un símbolo de fracaso para Milei, que buscaba consolidarse en territorio peronista. Pero en el PRO el malestar es aún mayor: sienten que fueron arrastrados a una derrota evitable y que la alianza nunca funcionó como un verdadero proyecto compartido.

“Nosotros fuimos estafados. Acompañamos con la idea de construir algo juntos, pero los tipos hicieron todo mal y encima nos humillaron. Hubo soberbia, desagradecimiento y un destrato inaceptable”, disparó un referente del PRO, con la bronca todavía a flor de piel.

El silencio de Mauricio Macri también alimenta la tensión. Aunque siguió de cerca los comicios, el expresidente decidió correrse del centro de la escena. “No se siente parte de este proceso”, aseguran en su entorno, aunque remarcan que ya había advertido que la estrategia de Milei era equivocada.

Crisis abierta y pases de factura

El PRO no solo perdió peso territorial —con cinco bancas menos y retrocesos en distritos históricamente propios—, también quedó golpeado en su identidad. “Nosotros resignamos demasiado para entrar en esta alianza, y encima ellos nos pasaron por arriba”, reconocen en el espacio amarillo, donde ya analizan cómo rearmarse después de octubre.

Los dirigentes macristas señalan a LLA como principal responsable del fracaso: “Fue un error garrafal nacionalizar una elección local y exponer al Presidente en peleas municipales. El votante histórico del PRO no se sintió convocado y terminó quedándose en su casa”.

El quiebre con Milei

El distanciamiento entre Macri y Milei es ya inocultable. Según trascendió, hace tiempo que no hablan, y la relación se deterioró por los malos modos del Presidente, que —según los macristas— trató con desprecio a sus socios y desoyó todas las advertencias sobre el desgaste económico y político.

Para el PRO, la campaña fue una muestra clara de “mala praxis” política, y el resultado en Buenos Aires no hizo más que confirmar sus peores temores: la alianza con Milei no fortaleció, sino que debilitó al espacio que fundó Macri.

“Después de octubre todo se baraja de nuevo”, advierten en el PRO, con un mensaje cargado de bronca y determinación. La ruptura parece cada vez más cerca.