La iniciativa coincide con un contexto de máxima tensión entre el Gobierno y el periodismo por la difusión de audios que involucran a Karina Milei en la trama de las coimas, así como el avance de otras causas que golpean de lleno al núcleo del Gobierno.
El Gobierno, por impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propuso en el Consejo de Mayoderogar el Estatuto del Periodista Profesional, una norma vigente desde hace 80 años que protege a los trabajadores de prensa frente a despidos al establecer indemnizaciones más altas. La iniciativa respondió a un reclamo histórico del Grupo Clarín, principal opositor a la norma desde su sanción.
El planteo, realizado en julio pasado bajo un acuerdo de confidencialidad, recibió el respaldo del presidente de la UIA, Martín Rappallini, pero fue rechazado por Gerardo Martínez (CGT) y tampoco contó con el aval del secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex asesor del Grupo Techint.
El Estatuto, creado en 1944 por impulso de Juan Perón y ratificado por ley en 1946, regula condiciones laborales, categorías, descansos y vacaciones de los trabajadores de prensa. Su capítulo más cuestionado por las patronales es el que garantiza la “estabilidad del periodista profesional”, al establecer indemnizaciones reforzadas frente a despidos sin causa: además de los pagos habituales, otorga una compensación especial equivalente a seis meses de sueldo.
La propuesta de Sturzenegger se inscribe en la misma línea de reformas laborales contenidas en el DNU 70/23 y la ley Bases, frenadas en parte por la Justicia. Aunque no volvió a tratarse en el Consejo de Mayo, su sola mención expone la sintonía entre la administración libertaria y los grandes medios, en especial Clarín, en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y el periodismo.
La Libertad Avanza atraviesa un clima de creciente desconfianza, donde las acusaciones de espionaje interno se multiplican y tensan aún más la vida interna del bloque oficialista.
Marcela Pagano negó ser la responsable de las filtraciones y apuntó directamente contra una colega: “La única que grababa conversaciones era Lilia Lemoine”. Sin embargo, dentro de la bancada libertaria persiste la sospecha de que la diputada tendría “horas de grabación” de reuniones privadas.
El martes, Martín Menem avivó las tensiones al admitir en X que el registro de audios de Karina Milei podría haberse producido en su propio despacho, durante una reunión del bloque en la presidencia de la Cámara de Diputados. Aunque Pagano casi nunca participaba de esos encuentros, la maniobra pareció dirigida contra ella.
En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el…
El presidente Milei recogió el guante y redobló la ofensiva, sosteniendo que se trata de una “red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, en línea con la cruzada del gobierno contra la prensa, que se agudizó tras la cautelar censora obtenida en la Justicia.
La grabación en cuestión habría tenido lugar en abril de 2024, en plena crisis interna por la expulsión de Oscar Zago y la disputa de Pagano por la comisión de Juicio Político. Desde el Congreso confirman que en esos momentos Karina Milei arengaba a los legisladores en un tono defensivo, lo que da mayor verosimilitud a la hipótesis.
Lejos de aplacar el escándalo, nuevas declaraciones lo alimentan. El diputado José Peluc reconoció que en campaña las grabaciones eran frecuentes, aunque “no se dijera nada importante”, y admitió que esa “modalidad” podría haber sobrevivido en la dinámica del bloque.
El señalamiento no se detuvo allí: viejas rencillas internas dejaron también bajo sospecha a Rocío Bonacci, en un entramado de desconfianzas cruzadas que exhibe el frágil equilibrio interno de La Libertad Avanza.
La oposición aprovecha la grieta: Cecilia Moreau sostuvo que los libertarios “se grabaron entre ellos” y no pueden atribuirlo a un plan externo.
Mientras tanto, Pagano se muestra desafiante frente a los ataques: “Que avancen, no me van a silenciar ni les tengo miedo”, aseguró. Incluso, algunos libertarios advierten que la presión del oficialismo podría victimizarla y terminar potenciando su figura política: “La van a convertir en candidata a presidenta”, alertó un legislador.
En este escenario, la interna libertaria ya no solo expone fracturas políticas, sino también una extendida sospecha de espionaje interno que amenaza con corroer la confianza en la base misma del bloque oficialista.
El gobierno nacional blanqueó su decisión de intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar perfore el techo de la banda de flotación fijada en abril.
El gobierno nacional quedó contra las cuerdas y admitió en las últimas horas que comenzó a vender dólares del Tesoro para evitar que el tipo de cambio perforara el techo de la banda de flotación. La decisión expuso la magnitud de la crisis y la fragilidad del plan económico: se abandonó otro de los compromisos asumidos en abril, esta vez en medio de la presión de los mercados y de un clima de desconfianza creciente.
El impacto fue inmediato. Si bien la intervención permitió bajar el mayorista en $11 hasta los $1.361, el dólar paralelo siguió escalando y el riesgo país se catapultó, reflejo de la inquietud sobre la capacidad del Gobierno de afrontar sus vencimientos de deuda. La operatoria además encendió las alarmas porque los fondos utilizados son los mismos que deberían respaldar los pagos de los Globales y Bonares.
Horas desesperadas en Economía
Aunque el Ministerio de Economía intentó demorar el reconocimiento, ya desde fines de la semana pasada consultoras de la city detectaban que se estaban utilizando dólares del Tesoro depositados en el Banco Central para frenar la corrida. La maniobra contradice la promesa oficial de no intervenir dentro de los límites de la banda, y marca un giro forzado tras meses de compras presionadas por el FMI para recomponer reservas.
Ahora, la apuesta es que el anuncio sirva para disuadir la demanda de divisas. Pero el margen es acotado: el Tesoro cuenta con apenas u$s 1.700 millones en depósitos, de los cuales se estima que ya se volcaron al mercado unos u$s 100 millones.
Riesgo de default y más presión cambiaria
La medida golpeó de lleno a los bonos en dólares, que cayeron hasta 2,9 %, y reavivó los temores de default. En enero vencen u$s 4.200 millones y, en paralelo, el acuerdo con el FMI obliga a acumular reservas, lo que agrega más presión en un escenario de escasez de divisas.
En este contexto, la estrategia oficial quedó bajo fuego cruzado: la intervención genera dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario, mientras que la desconfianza de los inversores empuja al alza el riesgo país. El resultado es un Gobierno atrapado entre la necesidad de frenar la corrida y el riesgo de quedarse sin dólares para cumplir con sus compromisos.
La Embajada de la Federación de Rusia salió al cruce de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y desmintió de manera categórica cualquier vínculo con la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En un comunicado con tono firme, la representación diplomática calificó las acusaciones del gobierno de Milei como “infundadas y falsas” y denunció la falta absoluta de pruebas que las respalden. “El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, remarcaron.
Bullrich había sugerido la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” e involucró a Rusia y Venezuela como responsables de operaciones de desestabilización. La embajada respondió con dureza: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.
❗️Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas.
Asimismo, rechazaron “categóricamente” las versiones difundidas y recordaron que Rusia sostiene con Argentina una asociación estratégica integral basada en la amistad entre ambos pueblos. En ese sentido, advirtieron: “Deseamos celebrar en octubre el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con ese espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.
Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.
La oposición en el Congreso Nacional se moviliza para poner un freno a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la polémica denuncia contra periodistas que difundieron audios de Karina Milei. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que losamplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.
El conflicto surgió a raíz del decreto 383/2025, firmado este año por Bullrich y Milei, que reestructuró funciones de la Policía Federal, incorporando tareas de espionaje. Según la oposición, estas competencias entran en conflicto con laLey de Inteligencia Nacional Nº25.520 y eliminan el control parlamentario sobre las actividades de inteligencia.
El senador Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral que supervisa las tareas de espionaje, junto a su correligionaria Mariela Colett y legisladores de UP, enviaron notas a los presidentes de ambas cámaras, cuestionando el decreto. En ellas, señalan que la medida habilita a la Policía Federal a actuar en el marco de la Ley 25.520 sin el necesario control legislativo, generando riesgos de uso arbitrario de información y vulneración de derechos.
“La PFA debe observar lineamientos claros en el desarrollo de sus tareas y respetar el control parlamentario, un pilar esencial del Estado de Derecho”, advirtieron Lousteau y los legisladores opositores. Agregaron que la superposición de funciones debilita la coordinación del sistema de inteligencia y compromete la transparencia de las acciones estatales.
La nota de la bicameral deja en claro que la ministra no puede atribuirse facultades sobre inteligencia sin pasar por la supervisión legislativa, como ocurre regularmente con los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según la oposición, la cercanía de Bullrich con Milei podría estar motivada por la pérdida de confianza de este último en los servicios tradicionales de inteligencia.
Lousteau calificó de “acto de autoritarismo” el pedido de allanamiento a periodistas, destacando que se trata de un ataque a la democracia y al secreto de las fuentes, en medio de denuncias de corrupción, incluido el desvío de fondos para personas con discapacidad.
La unidad opositora anticipa que el decreto que amplía los poderes de Bullrich podría ser rechazado en el recinto mediante una mayoría simple en ambas cámaras, fácilmente alcanzable con los acuerdos ya consolidados. No obstante, la ministra podría conservar influencia hasta diciembre, cuando planea asumir un cargo en el Senado, postulada por Milei como presidenta provisional. Sin embargo, UP no garantiza su aval a la línea sucesoria, y podrían negociar otras alternativas con La Libertad Avanza.
La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia el pasado 12 de agosto desató una fuerte polémica en Tierra del Fuego, donde crece la preocupación por el alcance de los ejercicios militares realizados en conjunto con fuerzas argentinas y las intenciones de Estados Unidos en la provincia austral.
La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia y las reiteradas presiones de Washington para instalar infraestructura militar en Tierra del Fuego encendieron fuertes alarmas sobre la soberanía nacional en el extremo austral del país.
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó en el Senado un enérgico pedido de informespara que el Poder Ejecutivo explique las circunstancias bajo las cuales se permitió el ingreso de tropas extranjeras el pasado 12 de agosto, en el marco de ejercicios militares combinados con fuerzas argentinas.
“Es inaceptable que las fuerzas del principal aliado de Gran Bretaña pisen nuestro suelo fueguino”, advirtió la legisladora en declaraciones a El Sureño, acusando al presidente Javier Milei de una “entrega de soberanía” que pone en riesgo no solo la seguridad provincial, sino también los intereses estratégicos de la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
Los interrogantes planteados al Gobierno
El documento presentado en el Senado exige que se aclare:
Autorización legal: si el ingreso de tropas contó con aval del Congreso, como marca la Constitución, o si se habilitó mediante un DNU inconstitucional.
Acceso a instalaciones sensibles: si los marines accedieron a la Base Naval Almirante Berisso u otros sistemas estratégicos de comunicación.
Implicancias geopolíticas: si la operación compromete la logística antártica o información relativa a las Islas Malvinas.
Protección de la soberanía: qué medidas se tomaron para resguardar la seguridad nacional.
López insistió en que no se opone a la cooperación internacional, pero subrayó que esta debe realizarse respetando la Constitución y la soberanía. “No podemos permitir que la Base Naval de Ushuaia se convierta en una plataforma extranjera en lugar de un centro argentino de investigación y desarrollo antártico”, agregó.
La presión de Estados Unidos por el radar y una base naval
El contexto se vuelve aún más complejo tras las visitas del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien este año se reunió dos veces con autoridades argentinas para impulsar la reactivación de un radar instalado en Tolhuin y promover una base de submarinos en Ushuaia.
Ese radar, operado por la empresa LeoLabs, quedó envuelto en polémica luego de que el gobierno fueguino le revocara los permisos a fines de 2023, al denunciar sus vínculos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y advertir sobre un posible uso militar. Según documentos oficiales, Gran Bretaña accede a la información generada por las antenas de la compañía en distintos puntos del mundo.
La antena radar de la firma LeoLabs es parte crucial de una infraestructura militar encubierta de las potencias anglosajonas en el Atlántico Sur.
Washington sostiene que se trata de un sistema de “rastreo de basura satelital”(aunque la misma empresa reconoce en su sitio web sus capacidades duales) y presiona para que vuelva a funcionar, mientras niega cualquier control británico. Sin embargo, en Tierra del Fuego advierten que su reactivación pondría en riesgo información estratégicasobre el Atlántico Sur permitiendo entre otras cosas una alerta temprana a las fuerzas británicas que conforman junto a los Estados Unidos la alianza UKUSA de espionaje electrónico global que jugó un papel clave en la guerra de Malvinas proporcionando información vital a Gran Bretaña.
Paralelamente, Estados Unidos insiste en establecer un atracadero para submarinos nucleares en Ushuaia, lo que en los hechos consolidaría una base integrada de operaciones en el Cono Sur. Según fuentes locales, esta pretensión se enmarca en la estrategia global de Washington de limitar la influencia china en la región, pero a costa de debilitar la autonomía argentina en su territorio más austral.
Riesgo de una “rendición silenciosa”
El reclamo de la senadora López cobra aún mayor relevancia al recordar que durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Estados Unidos apoyó activamente al Reino Unido con logística, inteligencia satelital y armamento. Permitir hoy la instalación de tropas y bases estadounidenses en Tierra del Fuego —afirma la legisladora— constituye una “rendición silenciosa” frente a los mismos actores que colaboraron en la derrota argentina.
“Se está traicionando la esencia misma de nuestra identidad nacional”, advirtió. “La soberanía no se negocia, y mucho menos en el suelo más austral de la patria”.
La medida refleja un evidente seguidismo de la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”.
En una decisión que marca un fuerte giro en la política exterior argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que el país dejará de participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los principales órganos internacionales dedicados a la promoción y protección de las libertades fundamentales.
La medida refleja una clara sintonía con la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”. Ahora, la Casa Rosada justifica su salida con un discurso similar, al afirmar que la Argentina no se someterá a “estructuras burocráticas internacionales” que, según el oficialismo, limitan la soberanía nacional.
Sin embargo, el costo político y simbólico es elevado. Argentina había consolidado en este ámbito un prestigio singular: desde la recuperación democrática en 1983, el país fue referente en materia de derechos humanos, en gran parte gracias a la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa tradición le permitió ocupar un rol de liderazgo, presidiendo en varias ocasiones el Consejo y promoviendo resoluciones clave en la agenda global.
Amnistía Internacional lamenta que Argentina retire su candidatura al @UN_HRC de la ONU. Este órgano, integrado por 47 Estados, es central para promover y proteger los DD.HH. en el mundo. ¿Qué significa la retirada de nuestro país del Consejo de Derechos Humanos? Abrimos hilo: pic.twitter.com/QYsDwtoo5m
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 26, 2025
La salida del organismo implica, por tanto, un retroceso histórico y una pérdida de influencia diplomática. Expertos en política internacional señalan que con esta decisión Milei no solo aísla a la Argentina de los consensos multilaterales, sino que también erosiona un capital simbólico que le otorgaba al país legitimidad moral en foros internacionales. En un escenario global marcado por conflictos bélicos, crisis humanitarias, el genocidio en curso en Gaza ( no casualmente avalado por el gobierno de Javier Milei) y un creciente cuestionamiento a las democracias, la ausencia de Argentina en este espacio debilita su capacidad de incidencia y reduce su margen de negociación frente a otras potencias.
El anuncio ya generó críticas de sectores opositores, organismos de derechos humanos y especialistas en relaciones internacionales, quienes advierten que este tipo de gestos pueden deteriorar aún más la posición de la Argentina en el mundo, en un momento en que el gobierno de Milei apuesta por una política exterior centrada en alianzas de subordinación bilaterales selectivas y en un marcado sometimiento a las agendas de política exterior de Estados Unidos e Israel.
La comparación con Donald Trump, lejos de ser casual, es inevitable: ambos líderes, con discursos disruptivos, ven en los organismos multilaterales un obstáculo antes que una oportunidad de cooperación. Pero mientras Estados Unidos puede sostener su influencia global por su peso económico y militar, Argentina carece de esos recursos y dependía, en gran medida, de su prestigio diplomático para proyectar poder en la escena internacional.
Con esta decisión, el gobierno libertario rompe con una de las tradiciones más reconocidas de la política exterior argentina y deja al país más aislado que nunca en el terreno de los derechos humanos, un ámbito donde supo ser escuchado, respetado y considerado ejemplo.
Una vez más la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos.
En lugar de dar explicaciones sobre el escándalo que salpica a Karina Milei por los audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos, como si se tratara de una burda remake de la Guerra Fría.
Bullrich justificó así los pedidos de allanamientos contra periodistas y medios críticos, asegurando que lo que en realidad está en juego es “una operación impresionante de inteligencia” para grabar reuniones en Casa Rosada. Lo que la ministra presentó como “inédito e increíble” no es que haya un funcionario hablando de coimas, sino que los audios se hayan difundido.
Lejos de reconocer la gravedad del contenido de esas grabaciones, Bullrich prefirió hablar de conspiraciones extranjeras. Con tono dramático, advirtió sobre “exagentes rusos” y el “chavismo”,mezclando en un mismo párrafo el avión venezolano, el Tren de Aragua y hasta el secuestro de un gendarme. Todo servía para sostener el relato de que detrás de los audios no hay corrupción, sino un plan internacional para desestabilizar al Gobierno.
Como si no bastara, también apuntó contra periodistas y canales de televisión, a los que acusó de “operar electoralmente” más que informar.
El patrón es claro: frente a un escándalo que compromete a la hermana del presidente, Bullrich responde con teorías conspirativas cada vez más inverosímiles. Hoy son espías rusos y chavistas; mañana, quién sabe. Lo único evidente es que el Gobierno prefiere hablar de fantasmas antes que explicar lo que pasó en su propia casa.
El dato fue confirmado por Martín Pintos, del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. La contracción de la demanda, advirtió, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad.
La recesión y la caída del poder adquisitivo golpearon de lleno a las panaderías en Argentina. En los últimos 18 meses, cerraron 14.000 establecimientos en todo el país, según advirtió Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN).
La contracción del consumo llevó al sector a trabajar apenas al 50% de su capacidad instalada. “Hoy solo seis de cada diez máquinas están encendidas. Antes había mostradores repletos de panes, facturas y sándwiches; ahora producimos lo justo, apagamos equipos para ahorrar energía y evitamos pérdidas”, señaló Pinto, con más de tres décadas de experiencia en el rubro.
El consumo de pan cayó un 50% en el último año y medio, un dato que el dirigente considera alarmante, dado que este alimento suele ser un indicador del nivel de pobreza en muchos países. “La gente empezó a hacer pan en su casa para ahorrar, porque destina el dinero a comprar leche o carne”, explicó.
A la caída de la demanda se suma un incremento descontrolado en los costos: la bolsa de harina de 25 kilos pasó de $3.500 a $15.000, la levadura de $700 a $2.500 y la grasa de $18.000 a $28.000. Todo ello acompañado de tarifas de servicios en alza.
La situación golpea con especial fuerza a productos emblemáticos como las facturas, cuyas ventas se redujeron un 85%. Muchas panaderías producen únicamente por encargo, ofrecen dos o tres variedades básicas y mantienen apagadas las heladeras para evitar pérdidas.
El panorama no es exclusivo del sector panadero: los kioscos también atraviesan un retroceso histórico. En el último año cerraron 16.000 locales y, por primera vez, el total cayó por debajo de los 100.000 en todo el país.
El derrumbe de las panaderías y otros comercios de cercanía refleja con crudeza el impacto de la recesión sobre el consumo masivo y pone en evidencia la fragilidad de negocios que históricamente fueron parte de la vida cotidiana de los argentinos.
La inversión se hunde y los dólares se agolpan para salir. Los datos presentados por el Banco Central son contundentes. La Inversión Extranjera Directa (IED) en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI.
La fotografía que acaba de publicar el Banco Central no deja lugar a matices: la economía perdió en siete meses más de USD 14.000 millones, una fuga de divisas mayor al desembolso que realizó el FMI este año.
La Inversión Extranjera Directa (IED) tampoco trae alivio: en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI, y los datos de 2025 solo encuentran un antecedente peor en 2017. La inversión, motor de cualquier recuperación, está en su punto más débil en casi una década.
En el balance cambiario, el rojo es asfixiante. Solo en julio, la formación de activos externos del sector privado no financiero marcó un negativo de USD 5.432 millones. En paralelo, 1,3 millones de personas corrieron a comprar dólares por un total de USD 3.408 millones, mientras apenas 576 mil se animaron a vender.
El déficit de turismo y consumos con tarjeta también marcó récord: USD 963 millones en julio, de los cuales 728 millones fueron por viajes, 146 millones por servicios digitales y 89 millones por compras vía courier.
La ironía en la City sintetiza el humor del mercado: “El FMI entra por Ezeiza, los dólares salen por Aeroparque”, graficó un banquero. El economista Jorge Neyro sumó: “Casi 90 millones de dólares al mes se van solo por Shein y Amazon”.
El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comparó el escenario con el macrismo: “La compra de dólares entre abril y julio supera lo girado por el FMI este año y está muy por encima del promedio mensual de la fuga en tiempos de Macri”.
Mientras tanto, en redes sociales, el analista Juancito Nieve lo resumió con sarcasmo: “Déficit de cuenta corriente por boom de inversiones. Confirmen después si importamos más bienes de capital que camperas de Zara”.
El contraste con el discurso oficial es brutal. El Gobierno habla de confianza y reformas, pero los datos muestran lo contrario: los dólares se escapan y la inversión se hunde. Un industrial lo dijo en voz baja, pero con contundencia: “Este modelo nos pide paciencia, pero los capitales ya votaron. Y votaron irse”.
