En el Chaco, la Justicia federal destapó una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

Un verdadero escándalo político sacude a La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, luego de que la Justicia federal destapara una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

La investigación, que lleva adelante la fiscalía federal de Resistencia, ya reveló más de 20 casos de falsificación de firmas sobre un total de 25 personas citadas hasta el momento. Esto significa que más del 80% de los afiliados consultados hasta ahora niega haberse sumado a las filas del partido de Javier Milei. La maniobra deja al descubierto cómo desde el espacio libertario se aprovecharon de personas de sectores sociales desprotegidos para inflar su padrón partidario.

Los testimonios recabados son contundentes. Entre las víctimas figuran personas mayores con enfermedades discapacitantes, jubilados y ciudadanos que ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, incluso, no saben firmar. Uno de los casos es el de un hombre de 65 años que aseguró bajo juramento nunca haberse afiliado a La Libertad Avanza y cuya supuesta ficha partidaria incluía datos falsos como un estado civil incorrecto y una firma apócrifa. Otro caso es el de un hombre de 72 años que descubrió su falsa afiliación al consultar por internet y confirmó que la firma registrada no era la suya.

El patrón se repite: adultos mayores, personas sin estudios formales, con enfermedades que les impiden firmar o desplazarse, y vecinos del interior chaqueño, donde la pobreza es más profunda, fueron incorporados irregularmente al padrón del partido sin su consentimiento.

El epicentro de la investigación apunta directamente al presidente del partido libertario en Chaco y titular de ANSES provincial, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente vinculado políticamente a la familia Menem. La principal hipótesis de la Justicia es que se utilizaron bases de datos oficiales —posiblemente de ANSES o PAMI— para ejecutar la maniobra fraudulenta, aprovechando el acceso privilegiado a información sensible de los sectores más vulnerables.

El caso expone no solo la ilegalidad de las afiliaciones truchas, sino también un preocupante desprecio por los derechos de personas que se encuentran en situaciones de extrema fragilidad. La jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini continúan con la investigación, que podría destapar un entramado de manipulación política y uso de recursos públicos con consecuencias penales y políticas para La Libertad Avanza.

La causa sigue creciendo, así como la indignación social ante un espacio político que, lejos de representar la “libertad”, terminó explotando a los más indefensos para engordar su estructura partidaria.

En una decisión que ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de pacientes y especialistas en salud, el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto destinado a los niños y adolescentes con cáncer, mientras aumentó de forma escandalosa los recursos para la conducción del Instituto Nacional del Cáncer (INC).

Pese a que el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer —creado por la ley 27.674— buscaba garantizar ayuda económica y acceso a tratamientos, la partida para 2025 fue recortada un 34% en comparación con 2023: pasó de $1.500 millones a apenas $1.007 millones. Lo más alarmante es que, hasta el momento, no se ejecutó ni un solo peso de esos fondos este año.

Mientras se recortan recursos para los más vulnerables, el Ejecutivo incrementó en un 420% el presupuesto para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, llevándolo de $702 millones en 2023 a $3.655 millones en 2025. Es decir, mientras se ajusta a los pacientes, se quintuplican los recursos para la estructura burocrática.

Este giro de prioridades se produce después de que el pasado 6 de marzo el Gobierno eliminara la autonomía del Instituto Nacional del Cáncer, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud bajo el argumento de “mayor eficiencia”, algo que en los hechos se tradujo en un ajuste para los programas esenciales y una expansión de la burocracia administrativa puesta a dedo por el gobierno.

No sólo los fondos para asistencia a niños se vieron afectados. Los recursos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer se mantienen congelados respecto a 2024, apenas subiendo de $205 millones en 2023 a $336 millones en 2025, un aumento insuficiente frente a la inflación. En cambio, el dinero para la conducción del organismo se disparó muy por encima de lo que el propio Ejecutivo había proyectado en su presupuesto para este año.

“Es gravísimo”, denunció Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “El Instituto garantizaba el acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidados paliativos para todos los pacientes del país. Ahora no hay quién garantice esto, y lo estamos viendo todos los días con chicos que no pueden acceder ni siquiera a un acompañamiento básico para el dolor”, alertó.

Los recortes golpean a familias enteras, especialmente en provincias donde la situación es más precaria. Cirone expuso casos dramáticos, como el de un adolescente de 17 años que enfrenta quimioterapia sin poder costear el tratamiento para preservar su fertilidad, recurriendo a colectas solidarias ante la ausencia total del Estado.

Por si fuera poco, el cierre de centros de referencia como la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) en varias provincias dejó a muchos pacientes sin orientación ni acceso a medicamentos esenciales. Trámites que antes se resolvían con mayor celeridad ahora quedan a la deriva, con riesgos de demoras o pérdidas en el sistema.

Mientras se multiplican los testimonios de abandono y sufrimiento, las organizaciones sociales han sido convocadas a una mesa de trabajo, aunque la justicia sigue sin avanzar en las causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos.

La indignación crece: el ajuste lo pagan los más indefensos, mientras los despachos oficiales se llenan de fondos.

Entre enero y mayo, la inversión extranjera directa (IED) mostró un preocupante saldo neto negativo de u$s1.679 millones, producto de mayores egresos que ingresos. A pesar del fin del cepo y de los incentivos oficiales, los dólares siguen sin llegar.

Pese al levantamiento del cepo cambiario y los esfuerzos oficiales por atraer capitales, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina registró entre enero y mayo un saldo neto negativo de u$s1.679 millones, el peor resultado en al menos diez años. Lejos de llegar nuevos fondos, salieron más dólares de los que ingresaron, una señal alarmante para la economía en un momento clave de reformas.

Según datos del Banco Central, los ingresos por IED sumaron apenas u$s551 millones en los primeros cinco meses del año. En cambio, los egresos se aceleraron, profundizando una tendencia que ya se había observado en 2024, cuando la IED cayó 54% respecto al año anterior. La salida de capitales se intensificó este año en un contexto de incertidumbre política, fragilidad legislativa del Gobierno y reformas estructurales sin consolidar.

Desde el sector financiero advierten que la eliminación del cepo el pasado 14 de abril no funcionó como un atractivo para nuevas inversiones, sino como una vía de escape. “La liberación cambiaria facilitó la repatriación de capitales en lugar de fomentar proyectos productivos”, señalaron desde una consultora. Además, factores globales como altas tasas de interés internacionales y la baja en el precio del litio contribuyeron a desalentar el flujo de capitales hacia el país.

La dinámica mensual muestra esa volatilidad: sólo en marzo y mayo hubo saldos positivos (u$s97 y u$s109 millones, respectivamente), mientras que en febrero se registró una salida neta de más de u$s1.000 millones, un verdadero desplome. Sectores como la minería y la industria manufacturera siguen activos, pero no alcanzan para compensar la fuga generalizada.

Ni el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni los proyectos de infraestructura anunciados —como un oleoducto en Río Negro o un buque de licuefacción— lograron cambiar las expectativas. Grandes bancos internacionales como J.P. Morgan, Wells Fargo y Morgan Stanley aún mantienen una postura de cautela y escepticismo, señalando el alto riesgo país y la necesidad de mayor estabilidad institucional.

Con esta salida neta de capitales, Argentina enfrenta un serio desafío: recuperar la confianza de los inversores extranjeros. Analistas coinciden en que el retorno de la IED dependerá de que el Gobierno logre estabilizar la macroeconomía, fortalecer las reglas de juego y ofrecer garantías reales a quienes decidan apostar por el país.

La vicepresidenta cruzó fuerte a Milei y le reclamó que le pague a los jubilados lo que corresponde y reduzca los gastos “en viajes y en la SIDE”.

Tras la polémica sesión en el Senado que habilitó la aprobación de leyes claves en materia previsional y de discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza a las críticas del presidente Javier Milei, quien la tildó de “traidora” por permitir el avance de proyectos que, según el Ejecutivo, atentan contra el equilibrio fiscal.

A través de sus redes sociales, Villarruel no solo defendió su accionar institucional, sino que además lanzó una serie de mensajes directos hacia la Casa Rosada. En uno de ellos, fue categórica:

“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorren en viajes y en la SIDE y listo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La tensión escaló luego de que el Senado aprobara iniciativas impulsadas por la oposición: un aumento en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Ante esto, Villarruel dejó en claro que priorizó las urgencias sociales por sobre la disciplina partidaria.

Frente a los cuestionamientos sobre su supuesta deslealtad al presidente, Villarruel contraatacó:

“¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacelo reclamar a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, escribió en respuesta a un seguidor.

Y agregó, con tono irónico:

“No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”, en alusión a Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.

Villarruel también criticó la falta de diálogo dentro del Ejecutivo:

“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, sostuvo.

En cuanto a los proyectos votados, la vicepresidenta argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados y fueron tratadas con mayoría simple, pese a la controversia sobre los dos tercios que exige el reglamento para determinados temas.

“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció, en alusión directa al bloque oficialista que no logró frenar el tratamiento.

Las leyes aprobadas incluyen un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, un incremento del bono de $70 mil a $110 mil ajustado por inflación, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

Con este cruce, la tensión entre Villarruel y Milei alcanzó su punto más álgido desde el inicio del gobierno. La vicepresidenta rompió el silencio con un mensaje claro: su rol institucional está al servicio de quienes más lo necesitan, aunque eso implique incomodar al propio presidente.

Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la cantidad de locales vacios en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba de 40% en relación al mismo período de 2024.

Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reveló un preocupante aumento en la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por los elevados costos operativos y la fuerte caída del consumo interno. Según el informe, el número de locales en alquiler, venta o cerrados creció más del 40% en comparación con el mismo período de 2024.

Durante el tercer bimestre de 2025, se detectaron 238 locales vacíos en las principales áreas comerciales porteñas. Esto representa un incremento del 12,3% con respecto a marzo-abril de este año, cuando se habían registrado 212 locales sin actividad. En la comparación interanual, la suba es aún más alarmante, con un salto del 40% frente a los datos de mayo-junio de 2024.

Este aumento refleja un escenario adverso para el comercio minorista, golpeado por alquileres cada vez más altos, gastos de mantenimiento en alza y una demanda que no repunta. En ese contexto, muchos comercios se ven obligados a cerrar o a abandonar sus espacios físicos.

El estudio, que se realiza de manera periódica desde 2014, relevó los principales corredores comerciales de la ciudad. Se observaron retrocesos significativos en arterias como Av. Córdoba (4000-5300), Av. Rivadavia (en varios tramos) y la peatonal Florida, tradicionalmente zonas de alto tránsito y actividad comercial. Por otro lado, hubo mejoras leves en avenidas como Cabildo, Corrientes, Santa Fe, Avellaneda y Pueyrredón, aunque no compensan la tendencia general.

En cuanto a la modalidad de disponibilidad, los locales en alquiler mostraron un aumento interanual del 18,9%, mientras que los locales en venta subieron un 37,5% respecto a mayo-junio del año pasado, evidenciando una creciente dificultad para sostener emprendimientos en pie.

Este panorama pone en evidencia las consecuencias de un contexto económico crítico, que continúa afectando al comercio urbano y profundizando el proceso de vaciamiento de locales en una ciudad históricamente dinámica.

La Cámara Federal de San Martín anuló la resolución del Ministerio de Economía que afectaba la autonomía municipal, el fallo destacó que la resolución de Caputo impedía a los municipios realizar inversiones en áreas clave como la salud y la educación.

El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en los tribunales. La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía que restringía el cobro de tasas municipales, al considerar que atentaba contra la autonomía de los municipios y generaba un grave perjuicio social.

El fallo representa un duro golpe para las ambiciones del oficialismo, que intentaba avanzar con una normativa que impedía a los municipios incluir ciertos conceptos en sus tasas si no estaban directamente vinculados con servicios contratados. Esto generó un fuerte rechazo por parte de intendentes, quienes advirtieron que la medida ponía en jaque el financiamiento de servicios esenciales como la recolección de residuos, obras públicas, salud, y mantenimiento de infraestructura.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien denunció que la medida del Ministerio de Economía —bajo la conducción de Luis Caputo— desfinanciaba deliberadamente a los gobiernos locales. Gracias a la intervención judicial, se destraban ahora obras que estaban paralizadas en su distrito debido a la resolución anulada.

La sentencia judicial no solo reafirma el principio constitucional de la autonomía municipal, sino que también cuestiona el intento del Gobierno nacional de condicionar a los municipios mediante recortes que —según los intendentes— buscan forzarlos a adherir a las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 jefes y jefas comunales de todo el país, había advertido con firmeza sobre el carácter inconstitucional de la resolución. En un documento conjunto, los intendentes señalaron que la medida del Ministerio de Economía evidenciaba un “profundo desconocimiento del federalismo y de la Constitución Nacional”, al intentar debilitar las potestades tributarias de los municipios.

“El ministro Caputo desconoce por completo la economía real de una comuna”, expresaron en el comunicado, y lo acusaron de “intentar desviar la atención con fake news económicas” para responsabilizar a las tasas municipales del aumento del costo de vida, cuando los verdaderos responsables —sostienen— son los tarifazos impulsados por el propio Gobierno.

Además, los intendentes advirtieron que eliminar las facultades tributarias de los municipios equivale a condenar a millones de vecinos y vecinas a un deterioro severo en servicios clave como salud, educación, seguridad y asistencia social.

Con este fallo, la Justicia vuelve a poner un freno a una política nacional que busca recentralizar recursos a costa de los gobiernos locales. Se trata de otra señal de advertencia al Ejecutivo, en un contexto de creciente conflictividad institucional y social.

Luego del duro informe emitido por JP Morgan sobre la situación económica y política en Argentina, ahora es Wells Fargo, otro actor relevante del sistema financiero internacional, quien prende una luz de alerta.

Durante una reciente visita al país, directivos del banco estadounidense advirtieron sobre un escenario local complejo, con “sacudones fuertes” en el horizonte, y redujeron en 15 puntos la probabilidad de que los libertarios ganen con contundencia en las elecciones legislativas de octubre.

Aunque el informe de Wells Fargo reconoce “los éxitos económicos” en favor del sector financiero logrados hasta ahora por el gobierno de Javier Milei y su agenda de reformas, también enfatiza los riesgos políticos crecientes y una caída en el entusiasmo empresarial local. Antes de su visita, el banco estimaba un 80% de posibilidades de triunfo para los libertarios con más del 40% de los votos. Sin embargo, tras reunirse con empresarios y capitales nacionales, esa proyección se ajustó a un 65%, marcando un escenario más competitivo de cara a los comicios.

Además, el banco estadounidense subraya que, incluso en caso de una victoria, Milei deberá construir alianzas políticas para poder sostener e impulsar reformas estructurales. “Aunque todos en el sector privado con quienes hablamos reconocieron los éxitos de la agenda de reformas de Milei hasta la fecha, la mayoría manifestó distintos grados de descontento, al menos con la percepción de su retórica conflictiva”, señala el reporte.

Wells Fargo también recoge una percepción compartida por varios entrevistados: el triunfo de Milei en 2023 respondió más a un voto de rechazo al establishment político que a un apoyo genuino a su figura o su programa.

Al igual que JP Morgan, Wells Fargo advierte sobre los riesgos asociados a la baja participación electoral, especialmente en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno —coinciden ambos bancos— podría debilitar el respaldo real del gobierno y comprometer su capacidad para avanzar con su proyecto económico.

En resumen, el mensaje de Wells Fargo es claro: aunque el oficialismo aún conserva chances de imponerse en octubre, el contexto se ha tornado más incierto, y el respaldo político ya no es tan firme como lo era hace solo unos meses.

La histórica fabricante de termos pasó de 200 a 70 empleados y se vio obligada a importar el 60% de sus productos desde China, para sobrevivir. Otra triste postal de la Argentina libertaria.

La histórica fábrica argentina Lumilagro, símbolo del mate y emblema de la industria nacional, atraviesa una crisis sin precedentes. Presionada por la apertura comercial sin restricciones y el avance del contrabando, la empresa se vio obligada a reducir su planta de 200 a solo 70 trabajadores y a importar el 60% de sus productos desde China para poder subsistir.

La situación de Lumilagro expone con crudeza el impacto de las actuales políticas económicas sobre el tejido productivo argentino. “La alternativa era adaptarse o desaparecer”, admitió el gerente comercial, Carlos Bender, en una entrevista con Infobae. Ante un mercado saturado por productos asiáticos de bajo costo —muchos de ellos ingresados de forma ilegal—, la firma decidió adoptar un modelo mixto: conservar parte de su producción nacional, pero resignarse a depender mayoritariamente de la importación.

De fabricar termos a importar para sobrevivir

La decisión de tercerizar el 60% de la producción en China, con control de diseño y calidad por parte de la marca, busca mantener a Lumilagro en el mercado ante un escenario cada vez más adverso. La producción local quedará reducida a su clásico termo con ampolla de vidrio y una pequeña línea de acero inoxidable, que hoy representa apenas el 40% del total.

Caída de ventas, pérdida de empleo y desindustrialización

En los últimos años, Lumilagro aplicó un plan de retiros voluntarios que llevó su dotación de personal de cerca de 200 empleados a poco más de 70. La caída del consumo interno, la pérdida de competitividad frente a importaciones baratas y la inundación de termos por contrabando dejaron sin margen de maniobra a la firma.

La situación se agravó con el reciente levantamiento de los aranceles antidumping para termos chinos, vigente desde 2001, que desprotegía a la producción nacional frente al dumping comercial. Según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, entre 2021 y 2024 la industria sufrió caídas del 26,5% en producción, 32% en ventas internas, 31% en empleo y una reducción del uso de capacidad instalada del 51% al 21%.

Contrabando sin freno

El contrabando también golpea fuerte. Bender reveló que, según datos oficiales de Bolivia, ese país —sin una tradición matera— importó en un año más de 4 millones de termos de acero desde China a precios extremadamente bajos. La sospecha es clara: gran parte de esos productos ingresaron ilegalmente a Argentina. “No hay controles reales en las fronteras y en las góndolas es imposible distinguir qué es legal y qué no”, advirtió el gerente.

Una transformación forzada

En medio de la desprotección y la falta de incentivos, Lumilagro optó por transformarse para no desaparecer. El giro en su modelo de negocio refleja una tendencia creciente en la industria nacional: abandonar la producción local y recurrir a la importación como única vía de supervivencia.

La empresa toma esta decisión mientras el Gobierno, a través de figuras como el ministro Federico Sturzenegger, profundiza su ofensiva contra los subsidios y las políticas de protección industrial. La tensión con los sectores fabriles crece, y los sindicatos advierten que la pérdida de empleos ya es crítica.

Lo que ocurre con Lumilagro no es un caso aislado. Es el síntoma de un proceso más amplio de desindustrialización, donde marcas emblemáticas se ven forzadas a renunciar a su identidad productiva para sobrevivir en un mercado sin reglas claras ni condiciones de competencia justa.

El exjuez de la Corte Suprema y exsenador Juan Carlos Maqueda brindó un análisis contundente sobre la sesión del Senado celebrada este jueves: “Fue perfectamente válida”, afirmó, refutando así los cuestionamientos esgrimidos por el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo.

Maqueda sostuvo que no existe ningún motivo legal para judicializar lo ocurrido en el Congreso. “No sé por qué el Presidente habla de recurrir a la Justicia”, señaló, dejando en claro que la sesión respetó los procedimientos parlamentarios. Además, advirtió que la falta de diálogo del Ejecutivo fue un factor determinante en el conflicto legislativo: “Esto se veía venir. Es una situación provocada por la actitud del Gobierno”, dijo.

Las declaraciones de Maqueda en el programa La Voz En Vivo echan por tierra los argumentos del oficialismo, que tras la aprobación de una serie de leyes con alto impacto social –incluidas las referidas a jubilaciones y discapacidad–, insinuó la posibilidad de impugnarlas en la Justicia o revertirlas tras las elecciones legislativas de diciembre.

“El daño que pudieran causar sería mínimo, una mancha de dos meses, porque en diciembre se las vamos a revertir”, había dicho Milei, quien también adelantó la posibilidad de vetar las leyes aprobadas.

Sin embargo, para Maqueda, “en algún momento los legisladores se iban a tener que hacer cargo de tocar temas sociales”, reafirmando así el rol institucional del Congreso y deslegitimando cualquier intento de judicializar una acción legislativa válida y constitucional.

Un grupo de militantes libertarios que responden directamente al entorno presidencial, desplegaron una violenta narrativa en las redes sociales donde pidieron sacar “tanques a la calle” y crear “milicias populares armadas” para destruir al Congreso Nacional.

Tras sufrir una de las derrotas parlamentarias más contundentes desde el inicio de su gestión, el entorno de Javier Milei activó un preocupante operativo de deslegitimación del Congreso con llamados abiertos a la violencia política. Influencers y referentes libertarios cercanos al Presidente desplegaron en redes sociales un discurso de extrema agresividad que incluyó expresiones como “dinamitar el Congreso con diputados y senadores adentro”, “sacar tanques a la calle” y hasta convocar a la creación de “milicias populares armadas” para revocar la suba a las jubilaciones votada por el Legislativo.

Uno de los mensajes más escalofriantes fue publicado por el militante y autodenominado periodista “independiente” Fran Fijap, uno de los principales voceros digitales del oficialismo, quien exigió sin eufemismos: “Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro”. Este tipo de declaraciones, lejos de ser aisladas, fueron replicadas por múltiples figuras cercanas a La Libertad Avanza, en una escalada que recuerda los peores pasajes de gobiernos autoritarios.

También se sumó Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, líder de la agrupación oficialista Las Fuerzas del Cielo y creador del denominado “brazo armado” de La Libertad Avanza, este habitual propagandista en redes del proyecto mileísta. En una serie de posteos incendiarios, pidió directamente la intervención militar: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, “Metan todos los tanques adentro del Congreso”, y “El momento ha llegado”. Parisini, que condujo el programa de streaming “La Misa” —espacio en el que el propio Milei dio su entrevista más extensa como presidente—, es una figura central en la maquinaria digital oficialista y que es señalado por financiarse de la caja del Estado.

LOS TANQUES A LA CALLE YA

ES AHORA

— DAN (@GordoDan_) July 10, 2025

JAVO PONE UN F16 A SOBREVOLAR EL CONGRESO YA

— DAN (@GordoDan_) July 10, 2025

Otro de los impulsores de este relato de ruptura institucional fue el troll libertario conocido como “El Trumpista”, quien propuso: “El Javo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.

El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso.

— El Trumpista (@ElTrumpista) July 10, 2025

Estos mensajes no sólo constituyen un ataque directo a las instituciones democráticas, sino que reproducen con inquietante similitud el discurso de movimientos extremistas y dictaduras del pasado, donde se glorificaba la violencia como forma de imponer un modelo político único y autoritario.

Un contexto peligroso y de consecuencias impredecibles

Frente a este escenario, se encienden alarmas sobre el rol del poder ejecutivo en la promoción o tolerancia de este tipo de expresiones, que ponen en riesgo la convivencia democrática y alimentan un clima de odio que podría derivar en hechos concretos de violencia política en un contexto en el que además el gobierno busca facilitar el acceso a las armas a ciertos sectores de la población y trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra un “enemigo interno”, reviviendo los peores fantasmas del pasado argentino.

Lo que comenzó como una reacción frente a una derrota legislativa, se ha transformado en una amenaza explícita contra las bases del sistema republicano.