Se trata de la cifra más alta de la última década, a excepción de la registrada durante la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.

La situación es dramática y las cifras lo confirman: más de la mitad (51%) de los hijos e hijas de trabajadores informales, de entre 0 y 12 años, padece insuficiencia alimentaria, el registro más alto de la última década, solo superado durante el peor momento de la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.

Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que expone un fuerte deterioro en la seguridad alimentaria de las infancias. Esta alarmante cifra impacta sobre un universo de casi 9 millones de trabajadores en negro, el 42% de la población económicamente activa, cuyos hijos son víctimas directas de la precarización laboral y la falta de políticas públicas efectivas.

Estos padres que se encuentran desempleados o en empleos precarios conforman un grupo de vulnerabilidad que no solo son propensos a sufrir inseguridad alimentaria, sino que son más propensos que hace 10 años, por lo que vemos que la situación se ha ido deteriorando…

— Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) July 14, 2025

La crisis alimentaria infantil se agrava aún más: en 2024, el 16% de los niños atraviesa una insuficiencia alimentaria severa, un pico histórico desde 2010, incluso por encima de los valores registrados durante la pandemia.

Mientras tanto, el Ejecutivo no ejecutó ni un solo peso del 59% de los programas destinados a la infancia y familias vulnerables. De 73 programas presupuestados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 no recibieron ninguna ejecución presupuestaria en los primeros siete meses del año. Son casi 4000 millones de pesos asignados que no llegan a quienes más lo necesitan, incluyendo fondos para política alimentaria y asistencia socio-habitacional.

Especialistas advierten que la Asignación Universal por Hijo es insuficiente para contener la crisis. La precariedad laboral sigue siendo el principal factor estructural que empuja a millones de hogares a la pobreza extrema. Como sostuvo Ianina Tuñón, autora del informe de la UCA: “Las transferencias de ingresos no alcanzan cuando el empleo es precario; la infancia paga el precio más alto”.

En un contexto donde el gobierno prioriza el ajuste fiscal, la realidad marca que la cuenta se paga con el hambre de los más chicos.

Lo que se prometía como la era del autoabastecimiento gracias a Vaca Muerta terminó siendo un negocio redondo para las grandes petroleras. Javier Milei acordó pagarles hasta un 65% más por el gas, garantizando ganancias extraordinarias a las empresas mientras el Estado asume pérdidas millonarias.

La excusa oficial es “evitar cortes”, pero el trasfondo es claro: las petroleras le torcieron el brazo al Gobierno. Empresas como YPF, Total Energies, Tecpetrol (del Grupo Techint, aportante a la campaña de Milei), CGC (de Eurnekian, padrino político de Milei), Pampa Energía y otras exigieron un precio muy por encima del Plan Gas para inyectar más gas en plena ola polar.

Este sobreprecio quedó oficializado a través de Cammesa, la distribuidora mayorista de energía, que lanzó una subasta pagando hasta 7,50 dólares por millón de BTU, 3 dólares más que el promedio invernal. La práctica habitual era pagar el 90% del precio del Plan Gas, alrededor de 4,45 dólares, pero bajo el mandato de Milei, el Estado quebró su propio criterio para asegurar que las petroleras abran la canilla.

Hace apenas unas semanas, ciudades como Mar del Plata sufrieron cortes de gas porque las empresas no quisieron inyectar más gas al precio habitual. Ahora, el Gobierno, lejos de sancionar o regular, premia a las compañías con un sobreprecio que vacía las arcas públicas y dispara los tarifazos a los hogares.

Mientras los usuarios pagan aumentos brutales —un 1482% de suba en las boletas de gas en el AMBA desde que asumió Milei—, las petroleras embolsan ganancias récord. Y con la Ley Bases, Milei profundizó la entrega: eliminó la obligación de abastecimiento interno y permitió la libre exportación de gas por 30 años a precio internacional, asegurando para las multinacionales rentas a costa del pueblo argentino.

El resultado es un Estado más endeudado, usuarios asfixiados por las tarifas y un puñado de empresas celebrando la transferencia de recursos más grande de los últimos tiempos.

El asunto tomo una magnitud tal que ahora el Congreso activará una comisión para tratar salarios y atención médica.

Más de 2.200 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad federales presentaron su baja voluntaria en la primera mitad del año, marcando un récord de deserciones respecto a períodos anteriores. La situación, que refleja un creciente malestar por los bajos salarios y la crisis en la atención médica, obligó al Congreso Nacional a intervenir.

Tras la publicación del informe por parte del portal Misiones Online, desde el Senado confirmaron la creación de una subcomisión específica para investigar el deterioro salarial y las fallas en la cobertura de salud que afectan tanto a personal activo como retirado.

El senador misionero Enrique Martín Goerling, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, reconoció la gravedad del problema. “Los reclamos son reales”, afirmó, y adelantó que ya se trabaja en una línea directa para atender estas demandas que atraviesan a las fuerzas armadas y a las de seguridad federales.

Las cifras alarmantes se atribuyen principalmente a sueldos bajos y a la crítica situación de la obra social IOSFA, que brinda cobertura a más de 600.000 personas entre militares, gendarmes, prefectos y sus familias. Las quejas abarcan desde demoras en atención médica hasta cortes de servicios y cobros excesivos, especialmente en provincias del interior donde las opciones son limitadas. A ello se suma el malestar por los altos descuentos mensuales destinados a la obra social, que van desde 100 mil a más de 300 mil pesos, sin una contraprestación adecuada.

Goerling, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmó que IOSFA se encuentra bajo auditoría interna, pero remarcó que los problemas se arrastran desde gestiones anteriores y que la situación es mucho más crítica fuera de Buenos Aires.

El legislador adelantó que la subcomisión no solo investigará la situación sanitaria, sino también las condiciones salariales y laborales de los efectivos. Aunque aclaró que la política salarial es potestad del Poder Ejecutivo, el Congreso se compromete a ejercer un rol activo de fiscalización, recepcionando reclamos y peticionando ante las autoridades correspondientes.

En paralelo, se analiza la creación de un observatorio para monitorear las situaciones de las policías provinciales, dada la creciente cantidad de denuncias por abusos o conflictos internos.

Finalmente, Goerling señaló que la Bicameral ya está estudiando las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Seguridad vía decreto, modificaciones que también impactan en las condiciones laborales y alimentan el descontento entre el personal. “Estamos ante una situación delicada que requiere atención urgente para evitar un colapso aún mayor en el sistema”, advirtió.

El organismo se quedó sin número de Cuit mientras está dejando sin teléfonos a muchas de sus estaciones en el interior del país.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, demuestra eficacia a la hora de eliminar normativas y predicar reformas. Sin embargo, su intervención sobre el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) expone un nivel alarmante de improvisación y desorganización. Según el sitio Bichos de Campo, tras ser degradado e intervenido, el organismo quedó súbitamente sin número de CUIT, lo que le impide facturar, realizar compras o efectuar pagos.

A esto se suma un recorte brutal de líneas telefónicas: cientos de celulares que conectaban a los técnicos del INTA con los productores rurales fueron dados de baja de un viernes a un lunes, sin planificación ni transición. “¡Aviso importante! Esta línea dejará de estar operativa”, rezan los mensajes masivos que inundaron los WhatsApp de productores en todo el país. Según trascendió, apenas cuatro líneas por experimental seguirán activas.

La decisión fue ejecutada de manera abrupta, dejando a numerosas agencias sin medios de contacto directo con el campo, especialmente en zonas donde ni siquiera existen teléfonos fijos. Empleados del INTA denuncian que, bajo el pretexto de “ahorrar”, se está desmantelando una red de asistencia clave en plena era de las telecomunicaciones.

“El discurso será que cortan gastos, pero en realidad están desconectando al INTA de los productores y destruyendo capacidades territoriales”, advirtió una fuente interna. Además, la eliminación del Consejo Directivo y la intervención total del organismo concentró todo el poder en manos del presidente Nicolás Bronzovich, sin que se haya aprobado una nueva estructura de funcionamiento. “Ahora van a hacer fulbito para la tribuna diciendo que cortaron no sé cuántos celulares. Pero no hay ninguna propuesta de mejora sería, pensada, inteligente… Todo es improvisado, sin preguntar, desarmando y destruyendo capacidades en vez de ampliando o creando nuevas”, se quejó el funcionario.

Mientras Sturzenegger celebra su cruzada desreguladora, en el interior profundo las oficinas del INTA quedan incomunicadas y paralizadas administrativamente. Una postal clara de improvisación y desmantelamiento sin plan, donde el supuesto ahorro se traduce en deserción del Estado.

Según un informe publicado por el diario Perfil, el gobierno de Javier Milei ya enfrenta serias dificultades para llegar con financiamiento suficiente al segundo semestre, justo cuando la demanda de dólares suele ser más alta y además, en un contexto electoral que le suma incertidumbre al gobierno.

Luis “Toto” Caputo volvió a hacer lo que mejor sabe: en apenas 45 días se esfumaron 5.300 millones de dólares, lo que representa el 44% del primer desembolso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) giró a la Argentina. Según un informe publicado por el diario Perfil, el gobierno de Javier Milei ya enfrenta serias dificultades para llegar con financiamiento suficiente al segundo semestre, justo cuando la demanda de dólares suele ser más alta y, además, coincidirá con el clima electoral.

Desde la llegada de los fondos, el mercado cambiario mostró fuertes tensiones. El precio del dólar se disparó hasta tocar el límite superior de la banda establecida por Caputo y su equipo, obligando al gobierno a intervenir en el mercado de futuros para evitar un desborde mayor.

El informe de Perfil, apoyado en datos del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA), señala que desde la flexibilización cambiaria hasta mediados de abril, la formación de activos externos (FAE) sumó 2.021 millones de dólares en abril y otros 3.226 millones en mayo. En conjunto, ya se esfumaron más de 5.200 millones, casi la mitad de los 12.000 millones ingresados tras el acuerdo de Milei con el FMI.

Para ponerlo en perspectiva, CIFRA remarcó que la fuga de mayo superó los promedios mensuales registrados desde 2003, e incluso dejó atrás los niveles alcanzados durante la debacle financiera de los años 2018 y 2019 bajo Mauricio Macri, cuando Caputo también fue pieza clave.

Alarmas encendidas

El economista Carlos Melconian fue tajante al analizar la situación: “En estos tres meses se fueron 10.000 millones de dólares de personas humanas. Ya se comieron Vaca Muerta”, advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia. Según Melconian, el actual tipo de cambio “no es de equilibrio, le metas la tasa que le metas”.

Las advertencias también llegan desde el exterior. El Financial Times advirtió que esta fuga meteórica puede dejar a la Argentina sin los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda con acreedores privados, comprometiendo cualquier intento futuro de volver a los mercados internacionales.

Pese al drenaje feroz, en la Casa Rosada mantienen optimismo sobre la próxima revisión del FMI correspondiente a junio, de la cual esperan con ansias otros 2.000 millones de dólares. Sin embargo, todos los analistas coinciden: Milei y Caputo van a necesitar un waiver porque no lograrán cumplir la meta de reservas netas.

En resumen, el guion parece repetirse: el Toto Caputo lo hizo de nuevo. Una lluvia de dólares que en tiempo récord se convirtió en un desierto.

Al tratarse de un fideicomiso no auditado, el Poder Ejecutivo puede disponer de esos fondos con total discrecionalidad, sin auditorias, controles externos ni obligación de rendir cuentas.

Mientras miles de argentinos pagan impuestos cada vez que cargan nafta o GNC, el gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas obras claves para evitar inundaciones, acumulando recursos que deberían destinarse a proteger a la población.

Cada litro de combustible líquido vendido en el país incluye un 5% de recargo, y en el caso del GNC la alícuota asciende al 9%. Estos montos, aportados de manera obligatoria por automovilistas y transportistas, alimentan el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 tras la catastrófica inundación que azotó la provincia de Buenos Aires. Su objetivo siempre fue claro: financiar obras para prevenir desastres hídricos.

Sin embargo, un documento oficial muestra que durante el primer trimestre de 2025 el Fondo recaudó $41.201 millones, una cifra récord que representa un aumento real del 304% respecto a años anteriores, impulsado por la suba del precio de los combustibles tras la desregulación del mercado impulsada por Milei.

Lo escandaloso es que, a pesar de esta recaudación histórica, el gobierno prácticamente no utilizó esos fondos para obras, acumulando un superávit de $37.948 millones en tan solo tres meses. Es decir, el dinero que debería destinarse a evitar inundaciones está siendo retenido por el Estado sin que se informe en qué se está utilizando.

Más grave aún: al tratarse de un fideicomiso no auditado, el Ejecutivo puede disponer de esos fondos con total discrecionalidad, sin controles externos ni obligación de rendir cuentas. Esto ocurre mientras gran parte de la región pampeana ya enfrenta excesos hídricos y las proyecciones climáticas indican que las lluvias seguirán castigando a las zonas productivas y pobladas del país.

En resumen, el documento oficial confirma que el gobierno de Milei se “encanuta” los recursos que miles de argentinos pagan cada vez que cargan combustible, ignorando las necesidades urgentes de obras hidráulicas y dejando a miles de personas bajo la amenaza de futuras inundaciones.

Se trata del segundo aumento en el mes, pues el 1 de julio pasado la empresa había aumentado los precios en un 3,5%, con un atípico rezago respecto de las otras empresas petroleras, que lo habían aumentado dos semanas antes.

YPF volvió a aplicar un aumento en los precios de los combustibles, generando un nuevo impacto directo en el bolsillo de los consumidores. Desde este lunes, los valores subieron un 2,5% promedio en todo el país, según confirmó la petrolera de mayoría estatal.

Se trata del segundo incremento en lo que va del mes, tras la suba del 3,5% registrada el pasado 1° de julio. Con este nuevo ajuste, llenar el tanque vuelve a ser más caro, en un contexto en el que los precios ya habían quedado rezagados respecto a otras petroleras que aplicaron aumentos semanas atrás.

Según explicó YPF en un comunicado, “este incremento responde al monitoreo permanente de las variables que impactan en los costos de producción, especialmente el precio internacional del crudo”. Además, bajo su nueva política de “precios dinámicos”, la compañía anunció que continuará realizando micro-ajustes en función de la oferta y demanda, franjas horarias y ubicación geográfica.

El primer aumento del año fue el 3 de enero, cuando los valores en surtidor arrancaron 2025 con la nafta súper a $1.108, la nafta premium a $1.370 y el gasoil común a $1.123.

A estos aumentos se suma la reciente implementación de precios diferenciados por horarios y modalidades de carga, que permite un descuento de hasta el 6% durante la madrugada (de 0 a 6 AM), aunque por ahora se aplica en apenas cinco de las más de 1.600 estaciones que opera YPF en todo el país.

El escándalo de las contrataciones al clan Menem en el Banco Nación generó una fuerte conmoción interna. Desde el oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el caso golpea su bandera “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.

El escándalo por la millonaria contratación del Banco Nación al clan Menem desató una tormenta en el corazón del poder. Javier Milei reaccionó con furia tras conocerse que la entidad estatal adjudicó casi 4.000 millones de pesos a Tech Security, la empresa vinculada a Fernando y Adrián Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La bronca del Presidente fue tal que no solo descargó contra los Menem, sino que también le reprochó duramente a su propia hermana Karina Milei, principal sostén político del riojano dentro del Gobierno. Karina no solo avaló la permanencia de Martín Menem en Diputados, sino que también promovió a su primo “Lule” Menem como su mano derecha en la Secretaría General de la Presidencia.

La adjudicación generó una fuerte conmoción interna. Funcionarios del propio oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el escándalo golpea su bandera de “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.

El vínculo de los Menem con Tech Security no es menor: el propio Martín Menem fue socio fundador de la empresa y solo “cedió” sus acciones a su hermano Adrián cuando asumió en la Cámara Baja, buscando eludir incompatibilidades legales. Sin embargo, la operación salió a la luz y reactivó las sospechas sobre los negocios paralelos del histórico clan riojano.

No es secreto que Milei nunca quiso a Menem como presidente de Diputados, prefería al macrista Cristian Ritondo. Ya en febrero había quedado marcado tras el escándalo de la empresa cripto Libra, donde incluso fue apodado “el señor de la Wallet” por su cercanía con el esquema que vació cuentas de miles de ahorristas.

Ahora, el caso Tech Security colmó la paciencia presidencial. Según trascendió desde el círculo íntimo, Milei ya tomó la decisión de desplazar a los Menem después de las elecciones legislativas. En Balcarce 50 reconocen que la pelea interna entre Karina Milei y Santiago Caputo agravó la situación, pero la bronca del Presidente es personal: no está dispuesto a permitir que casos de corrupción interna destruyan su imagen frente a la sociedad.

“Después de octubre se tienen que ir todos”, resumió un funcionario cercano a Milei, que no descartó que puedan estallar más escándalos ligados a los Menem.

El proyecto logró la adhesión mayoritaria en la legislatura porteña, excepto La Libertad Avanza. Ahora le corresponde al Poder ejecutivo de la Ciudad promulgar la norma.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que garantiza la gratuidad del subte para jubilados, pensionados y retirados que perciban hasta dos jubilaciones y media del haber mínimo, lo que alcanzará aproximadamente al 65% de los jubilados de la Ciudad.

El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría: 44 votos a favor y 6 abstenciones, todas provenientes del bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuyos legisladores decidieron no acompañar la iniciativa. Las abstenciones corresponden a Juan Pablo Arenaza, Rebeca Fleitas, María Luisa González Estevarena, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert.

Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) destacaron que se trata de “un pequeño alivio para los que más están sufriendo” las consecuencias de las políticas nacionales, y subrayaron que fue posible gracias al trabajo conjunto de todo el arco opositor. También remarcaron que el beneficio será irrestricto, funcionará todos los días y deberá renovarse cada cinco años.

SUBTE GRATIS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Acabamos de conseguir en la Legislatura la aprobación de la gratuidad del boleto de subte para jubilados y pensionados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos. pic.twitter.com/zrVmOVg0D8

— Legisladores UP CABA (@diputados_caba) July 17, 2025

¿Qué establece la norma?

• Beneficiarios: Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en CABA y con ingresos que no superen dos jubilaciones y media mínimas según ANSES.
• Alcance: El pase gratuito se podrá usar sin límite horario durante toda la semana.
• Trámite: El pase se gestionará en todas las estaciones cabeceras de subte y sedes comunales mediante una tarjeta magnética.
• Renovación: El beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida siempre que se mantengan los requisitos. Si el pase no se usa durante dos años seguidos, se dará de baja automáticamente.

Con la sanción ya aprobada por la Legislatura, el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene ahora la responsabilidad de promulgar la ley para que pueda comenzar a aplicarse.

Un nuevo escandalo sacude al Gobierno de Javier Milei que terminó con la denuncia a propios funcionaros los cuales habrían filtrado información a Estados Unidos para favorecer a los fondos buitre en el juicio por YPF y que la Argentina le entregue la empresa pública a Norteamérica.

Un verdadero terremoto político sacude al Gobierno de Javier Milei tras la denuncia de un nuevo escándalo de gravedad institucional: funcionarios de su propia gestión habrían filtrado información confidencial a Estados Unidos para beneficiar a los fondos buitre y facilitar la entrega de YPF a intereses extranjeros.

La Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa jurídica del Estado, despidió de manera inmediata a 60 empleados luego de tomar conocimiento de la posible filtración de datos estratégicos en pleno juicio internacional por la expropiación de YPF. Si bien el Ejecutivo habla oficialmente de una “reestructuración”, detrás de esta abrupta purga se esconde una acusación explosiva: la posible venta de información sensible para perjudicar deliberadamente a la Argentina en un caso judicial histórico.

El foco de las sospechas recae sobre la figura de Santiago Caputo, principal asesor del presidente y uno de los nombres más poderosos en la mesa chica del Gobierno. El titular de la Procuración durante los hechos, Santiago Castro Videla, habría llegado al cargo con el aval directo de Caputo, lo que alimenta las tensiones internas en el oficialismo.

La denuncia señala que la filtración habría incluido detalles críticos sobre la estrategia legal del país frente a Burford Capital, el fondo buitre que logró un fallo favorable de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para quedarse con el 51% de las acciones Clase D de la petrolera estatal. Aunque recientemente una Cámara de Apelaciones en EE.UU. suspendió la cesión de las acciones, el proceso judicial sigue abierto y la maniobra denunciada podría haber debilitado la defensa argentina de manera irreparable.

Mientras el Gobierno busca minimizar el tema con discursos de “eficiencia” y “austeridad”, la gravedad del escándalo es inocultable: se investiga una traición a los intereses nacionales que podría terminar con la entrega de una de las empresas más emblemáticas del país al poder financiero extranjero. La polémica crece y el caso promete nuevas revelaciones que podrían sacudir aún más a una gestión ya marcada por la crisis y el conflicto.