Como parte de su alineamiento con los Estados Unidos, el gobierno libertario sigue adelante con su agenda de compras militares y busca ampliar la cobertura aérea del Ejército. Aprovecha la sintonía con EE.UU.

En un momento en que el presidente Javier Milei se alista para vetar el paquete de leyes aprobado por el Congreso —entre ellas, iniciativas clave para recomponer los ingresos de jubilados y sectores postergados—, el Gobierno nacional profundiza su política de rearme con nuevas adquisiciones millonarias. Esta vez, el objetivo es hacerse con una flota de helicópteros pesados CH-53G que Alemania planea dar de baja luego de intensas décadas de uso.

Tras la compra de blindados estadounidenses y cazas F-16 de segunda mano operados por Dinamarca, la administración libertaria apunta ahora a intensificar su alineamiento con Washington adquiriendo mas armas de ese origen aunque desarrolladas en los años 60.

El helicóptero pesado CH53

Si bien actualizadas hasta hace poco tiempo con mejoras que incluyeron tres actualizaciones principales: la incorporación de nuevos sistemas de alerta y defensa contra misiles enemigos; la posibilidad de añadir dos tanques de combustible externos para ampliar su autonomía hasta los 1.800 km, manteniendo la capacidad de transportar a 36 soldados armados o una carga de 5.500 kg; y la instalación de un sistema de visión nocturna en la cabina del piloto, lo que permite realizar vuelos furtivos a baja altitud durante la noche. Lo cierto es que se trata de helicópteros pesados con varias décadas de uso y cuya operatoria y mantenimiento advierten especialistas seria extremadamente oneroso considerando el magro presupuesto de defensa actual incluso muchos entendidos en el tema anticipan que podría desistirse de la compra por su inconveniencia.

El operativo de compra se enmarca en la reciente visita del ministro de Defensa, Luis Petri, al Pentágono y en el alineamiento geopolítico del gobierno de Milei con Estados Unidos, la OTAN y sectores ligados a Donald Trump. Este vínculo no solo habría facilitado acuerdos anteriores, sino que también abriría la puerta a futuras adquisiciones como submarinos franceses, actualmente en negociación y otros equipamientos excedentes de las fuerzas estadounidenses como ser vehículos M109 de artillería, M113 A3, Humvee, Oshkosh JLTV, embarcaciones y otras aeronaves de ala fija y rotatoria, etc.

Si bien el precio actual de los helicópteros no ha sido confirmado, su valor original rondaba los 25 millones de dólares por unidad hace una década. Aun con un costo reducido por tratarse de unidades usadas, la compra implicará una fuerte erogación de divisas en un contexto donde el mismo Gobierno impone recortes extremos al gasto social y frena, mediante vetos, medidas que podrían aliviar a los sectores más golpeados por la crisis.

Así, mientras se desfinancia el sistema de ciencia y tecnología, la educación y detiene la ayuda a jubilados y otras poblaciones vulnerables bajo el argumento del ajuste fiscal, se avanza sin demoras en una política de rearme de dudosa virtuosidad que no escatima en desembolsar millones y comprometer pagos futuros vía créditos.

Lo que comenzó como una derrota legislativa del oficialismo en el Senado terminó convirtiéndose en un escándalo político sin precedentes dentro del gobierno de Javier Milei.

Lo que comenzó como una derrota legislativa en el Senado terminó convirtiéndose en un escándalo político sin precedentes dentro del gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizaron un violento intercambio de agravios en redes sociales, dejando al desnudo las profundas fisuras internas que atraviesan al oficialismo.

Todo se desató tras la sesión parlamentaria en la que el oficialismo sufrió un nuevo revés. Bullrich, visiblemente molesta, cargó contra Villarruel por haber habilitado el debate de proyectos impulsados por la oposición. Desde su cuenta en X, acusó a la vicepresidenta de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” y la instó a no “denigrar la institución” que preside.

Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025

La respuesta de Villarruel no solo fue fulminante, sino también cargada de insinuaciones personales y políticas. En su descargo, reivindicó su rol institucional y acusó a Bullrich de ignorar la Constitución. “Antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional”, escribió, remarcando que su decisión de abrir la sesión fue “estrictamente reglamentaria, de legalidad e institucionalidad democrática”.

Pero la discusión no quedó en lo institucional. Villarruel fue más allá y desempolvó el pasado político de Bullrich: “Mientras usted pululaba de partido en partido, yo combatía al kirchnerismo”, lanzó, en una clara alusión al pasado montonero de la ministra en los años setenta.

Como si fuera poco, la vicepresidenta dejó entrever su malestar con la Casa Rosada: “No me votaron para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”. Una frase que sonó a reproche directo hacia el presidente Milei, alimentando los rumores sobre su creciente aislamiento dentro del gobierno.

Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025

Lejos de calmar las aguas, Bullrich volvió a la carga con tono sarcástico y acusatorio: “¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda?”. Incluso llegó a insinuar que la decisión de Villarruel de habilitar la sesión respondía más a una herida personal que a un criterio institucional: “Le importa más su ego que el país”.

El bochornoso cruce entre dos de las principales figuras del oficialismo no solo desató una crisis política interna, sino que expuso con crudeza el nivel de descomposición y descoordinación en la cúpula del gobierno libertario. En lugar de cerrar filas tras un revés legislativo, el oficialismo quedó sumido en una pelea de alto voltaje, con reproches públicos, ataques personales y una grieta que ya no se puede disimular.

Mientras la oposición y el mundo observan con asombro el espectáculo, crece la preocupación dentro del propio oficialismo: la disputa no fue solo un malentendido ocasional, sino un síntoma evidente de un gobierno partido en dos y cada dia mas violento en su retorica.

El presidente del vecino país respondió al chantaje de Donald Trump y recalcó que “la soberanía, el respeto y la defensa intransigente de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con dureza y determinación al nuevo paquete de aranceles anunciados por Donald Trump, dejando en claro que su gobierno no permitirá amenazas ni chantajes económicos:

“Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser tuteladas por nadie”, afirmó categóricamente.

Las declaraciones de Lula llegaron poco después de que Trump anunciara un arancel del 50 % a todos los productos brasileños, como represalia por lo que calificó como una “caza de brujas” contra Jair Bolsonaro uno de los principales títeres de Trump en la región. El mandatario brasileño no tardó en responder:

“La soberanía, el respeto y la defensa intransigente de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”, sostuvo a través de su cuenta oficial en la red X.

En un comunicado oficial, Lula también rechazó la intromisión de Trump en los asuntos internos de Brasil, recordando que el proceso judicial contra Bolsonaro y los responsables del intento de golpe de Estado es competencia exclusiva del Poder Judicial brasileño:

“No está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que ponga en peligro la independencia de nuestras instituciones”.

Frente al arancel unilateral, Lula advirtió que su gobierno actuará con firmeza y reciprocidad. Invocó la Ley Brasileña de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso en abril, que habilita al Ejecutivo a aplicar contramedidas arancelarias a países que interfieran en la soberanía nacional o dañen la competitividad internacional de Brasil.

Además, desmontó el argumento de Trump sobre un supuesto déficit comercial de EE. UU. frente a Brasil:

“Esa narrativa es falsa. Las propias estadísticas del Gobierno norteamericano muestran un superávit de 410.000 millones de dólares en bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años”, puntualizó Lula.

Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta-quarta (9), é importante ressaltar:

O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.

O processo…

— Lula (@LulaOficial) July 9, 2025

La arremetida de Trump no solo alcanzó a Brasil: también impuso nuevos aranceles a Japón y Corea del Sur (25 %), y anunció tarifas adicionales —de entre el 25 % y el 40 %— para otros doce países. Sin embargo, la medida contra Brasil se destacó por ser la más severa en esta nueva escalada proteccionista.

Con su declaración, Lula marca un límite claro: Brasil no cederá ante presiones externas ni permitirá que decisiones soberanas sean condicionadas por amenazas económicas extranjeras.

Gobernadores y autoridades provinciales salieron al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en una entrevista cargo contra los gobernadores, a quienes acusó de querer “destruir al Gobierno nacional”.

Diversos gobernadores y funcionarios provinciales salieron al cruce del presidente Javier Milei, luego de que este acusara a los mandatarios de querer “destruir al Gobierno nacional” y los tildara de actuar con “una perversión enorme”. Desde varias provincias, se le respondió con firmeza, señalando el sistemático ataque del Ejecutivo nacional a los intereses federales.

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, fue uno de los más contundentes:

“Desde el inicio, su propósito fue fundir a las provincias y poner de rodillas a los gobernadores”, afirmó, denunciando una estrategia deliberada del Gobierno nacional para debilitar a los Estados subnacionales.

Pesatti criticó la parálisis de la obra pública y el desmantelamiento de Vialidad Nacional, advirtiendo que la falta de inversión impacta directamente en la seguridad vial y la vida de los ciudadanos.

“Si no se mantienen las rutas, se empiezan a romper y lo primero que entra en riesgo es la vida humana”, alertó, y agregó: “Las rutas son la base misma de una economía. Sin infraestructura, no hay futuro para Vaca Muerta ni para el turismo”.

Misiones: “Las provincias somos preexistentes a la Nación”

En el acto por el 209° aniversario de la Independencia, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, también lanzó una crítica velada pero clara al Gobierno nacional:

“El poder central debe entender que las provincias somos preexistentes a la Nación. La Administración nacional es un producto de todos nosotros, orgullosamente provincianos”.

Con un llamado al respeto institucional y al diálogo, Passalacqua remarcó que defenderá los intereses del pueblo misionero “venga quien venga”, y pidió dejar atrás las “peleas inútiles y palabras mal dichas”.

Córdoba: “Dato mata relato”

Desde Córdoba, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, se sumó a las críticas por la retención de fondos nacionales, y sostuvo que los recursos que reclama la provincia están garantizados por ley:

“Son fondos de las provincias que la Nación no distribuye. Cumplir con eso no afecta el superávit fiscal del Gobierno Nacional”, explicó, desmintiendo los argumentos oficiales y señalando que el impacto en el déficit sería mínimo.

El gobernador Martín Llaryora, por su parte, reclamó un país verdaderamente federal y pidió dejar de lado la confrontación para “construir puntos de acuerdo”.

Tucumán: “Hemos ayudado a gobernar”

En la misma línea, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó las declaraciones del Presidente:

“El presidente sabe que hemos sido dialoguistas. Lo hemos ayudado a gobernar, a aprobar leyes clave para su plan económico. Ahora pedimos reciprocidad”, dijo, en referencia al reparto de recursos coparticipables.

Jaldo enfatizó que las provincias están más cerca de la ciudadanía y que recae sobre ellas la responsabilidad de áreas críticas como salud, educación y seguridad: “Somos nosotros quienes damos la cara ante la gente”.

Un conflicto federal en aumento

Las declaraciones de Milei provocaron un amplio rechazo entre los gobernadores, que vienen manifestando su preocupación por el vaciamiento institucional de organismos clave como Vialidad y la creciente centralización de recursos. Las respuestas, lejos de ser reacciones aisladas, reflejan un reclamo colectivo por respeto, equidad y federalismo real.

“Cuando hablé con Toto Caputo, me explicó algo muy claro. Imaginate una nave espacial con tres reactores: déficit de cuenta corriente, tipo de cambio y superávit fiscal. Si uno de esos reactores se desestabiliza, la nave entra en crisis” comento Fantino.

En una inesperada editorial transmitida el feriado del Día de la Independencia, el conductor oficialista Alejandro Fantino encendió las alarmas al revelar el contenido de una supuesta conversación que mantuvo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según relató, el propio titular del Palacio de Hacienda le advirtió que se avecinan meses extremadamente duros, con fuerte presión sobre el dólar, una escalada del Riesgo País y tensión social creciente.

“La vamos a pasar como el orto. Va a doler. Pero van a tratar de llegar”, sentenció Fantino, en una declaración que retumba incluso dentro del oficialismo y que refleja con crudeza que el modelo económico libertario está comenzando a crujir y necesitan busca un chivo expiatorio ante un eventual fracaso.

Fantino cuenta que Caputo le dijo que SE VA A IR TODO A LA RE MIERDA, dolar alto, riesgo país alto, todo A LA RE MIERDA
🚨CIERREN LAS FRONTERAS, QUE CAPUTO NO SE ESCAPE 🚨 pic.twitter.com/clME6LWhoi

— TUGO News (@TugoNews) July 9, 2025

Fantino explicó que Caputo le habló en términos de aviación: “Hay tres reactores: el déficit de cuenta corriente, el tipo de cambio y el resultado fiscal. Este último —según él— no se negocia, dice Javier (por Milei). Porque si un reactor se te cae, la nave se desploma”.

En esa línea, lanzó una advertencia directa: “Si llegamos con tres o cuatro puntos de déficit fiscal, la vamos a pasar mal de acá a diciembre. Se va a mover la nave. Si sos clase media y habías pagado un viaje a Buzios, capaz no puedas viajar”.

El conductor de Neura también adelantó un escenario económico delicado: “El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata del Banco Central, el Riesgo País va a trepar a 1100 o 1200 puntos. Va a haber mucho ruido mediático y van a ser tres meses picantísimos”.

Según Fantino, Caputo le habría confesado que vendrán “misiles”, ruido en los medios y rumores de caída del gobierno, pero que el objetivo es resistir hasta diciembre: “Hay que aguantar. El que no aguanta el sacudón, se baja”, dijo el conductor, parafraseando al ministro.

La declaración final de Fantino fue un mensaje con tintes de advertencia para su audiencia:
“Va a doler. Y vas a tener que decidir si querés que esto siga o si volvemos al Partido del Estado”.

El tono alarmista de un comunicador alineado con el oficialismo refleja que incluso en las filas propias ya se perciben señales de fatiga. Con estas palabras, Fantino no sólo “abre el paraguas”, sino que deja en evidencia que el experimento libertario está tambaleando en medio de una tormenta económica que aún no mostró su peor cara. Además la confesión de Fantino (quien responde directamente a la corporación mediática del gobierno) pone en evidencia una política de generar miedo desde el propio gobierno a los votantes de cara a las elecciones para que acepten el modelo libertario de “ajuste virtuoso” o afronten el caos del populismo.

La vicepresidenta se volvió a diferenciarse y fue hasta la provincia de Tucumán para participar en las actividades conmemorativas por el dia de la independencia, dejando en ridículo al presidente quien se había escudado en “cuestiones climáticas” para no viajar.

Mientras el presidente Javier Milei canceló a último momento su visita a Tucumán —argumentando problemas climáticos por la niebla, aunque los vuelos operaron con normalidad—, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió asistir y encabezó la conmemoración por el 9 de Julio en la provincia. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente por los gestos y declaraciones que dejaron entrever un nuevo capítulo en la creciente tensión entre ambos.

“Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No sólo vengo como vicepresidenta de la Nación, vengo como argentina. He venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia. Hoy poder acompañar a los tucumanos en esta fecha tan importante de la Independencia de la Argentina… ¿Cómo no estar acá y venir a hacerme parte con el pueblo tucumano?”, expresó Villarruel al arribar, en lo que fue leído como una clara alusión a la ausencia de Milei.

Insólito. Acaba de llegar Villarruel a Tucumán. Milei dijo que no pudo ir al acto del 9 de Julio por "condiciones climáticas", pero se tomaba el mismo avión que esta pic.twitter.com/wQ77UMoUi9

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 9, 2025

La frase “¿cómo no estar acá?” funcionó como una sutil pero firme crítica al mandatario, cuya cancelación generó malestar entre dirigentes y organizadores, ante la expectativa de una jornada que finalmente se vio deslucida por la ausencia presidencial y la falta de apoyo de varios gobernadores.

Consultada por C5N sobre si ella también había tenido problemas con la niebla, la vicepresidenta respondió con ironía y una sonrisa: “Salí tarde. Tenía ya decidido, por supuesto, venir porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá de nuevo”.

Al ser interrogada por su relación con Milei y si el vínculo estaba roto, Villarruel buscó mantener una postura institucional: “Por mi parte no hay un diálogo cortado, es el Presidente y lo respeto, respeto el voto de los argentinos”.

La jornada en Tucumán no solo dejó una fuerte imagen política por la figura ausente del Presidente, sino que también consolidó el perfil propio que Villarruel viene construyendo, con gestos cada vez más visibles de autonomía dentro del gobierno libertario.

El IPC porteño volvió a ubicarse por encima del 2%, con una suba mensual del 0,5%. Las consultoras confirman que volvió a escaparse la inflación.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a encender las alarmas: en junio alcanzó el 2,1%, lo que representa un fuerte repunte frente al 1,6% registrado en mayo, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. Con este nuevo salto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño se posiciona nuevamente por encima del 2%, confirmando que la dinámica inflacionaria volvió a escaparse.

La suba estuvo impulsada principalmente por los servicios financieros (+3,5%), vivienda (+3,1%) y transporte (+3,1%). Aunque los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 1,6% —por debajo del promedio general—, continúan mostrando una preocupante tendencia alcista, especialmente considerando su impacto en el consumo cotidiano de los hogares.

📊En el mes de junio, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) se ubicó en 2,1%. La trayectoria interanual se ubicó en 44,5%.

📲Informe completo en https://t.co/wlLfxcvjPK#IDECBA #Inflación pic.twitter.com/kZcwIzEksc

— Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) July 8, 2025

Este dato adquiere aún más relevancia de cara al informe nacional que publicará el INDEC el próximo lunes. Las proyecciones privadas anticipan un alza nacional del IPC en torno al 1,7% al 2,1%, reflejando que el fenómeno no es exclusivo de CABA.

Consultoras como LCG advierten que la presión sobre los alimentos continuará, empujada por la reciente disparada del dólar. En la primera semana de julio, la consultora ya estimó una inflación del 2,5% mensual en ese rubro, lo que anticipa un nuevo endurecimiento del bolsillo.

La diferencia entre la canasta del IPC porteño y la nacional también reaviva la polémica. En CABA, los servicios tienen mayor ponderación, mientras que el IPC nacional le da más peso a los bienes, especialmente los alimentos. Desde sectores sindicales, como la CGT, ya se denunció esta estructura como una posible manipulación estadística, señalando que en la realidad cotidiana de los argentinos los servicios —como transporte, comunicaciones y tarifas— pesan cada vez más, especialmente tras los fuertes aumentos autorizados por el gobierno de Javier Milei.

Las estimaciones privadas para la inflación de junio a nivel nacional también confirman la aceleración:

• Orlando Ferreres (OJF): 1,7%
• Empiria (Hernán Lacunza): 1,8%
• Eco Go (Marina Dal Poggetto): 2%
• Equilibra (Martín Rapetti): 2,1%

Con estos datos, queda claro que la inflación está lejos de estar bajo control y que, lejos de desacelerarse, los precios volvieron a tomar impulso.

Se trata de una cifra casi tres veces superior a la que reconoce oficialmente el GCBA. Además advierten que las muertes por frío y la violencia institucional van en aumento.

Un nuevo relevamiento impulsado por más de 50 organizaciones sociales reveló que casi 12 mil personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos surgen del tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado durante junio y presentado este lunes en una conferencia de prensa en la sede de los metrodelegados.

Con temperaturas bajo cero y un contexto de abandono estatal creciente, el informe advierte sobre una emergencia humanitaria que no deja de profundizarse. El número casi triplica las cifras oficiales que reconoce el Gobierno de la Ciudad, y pone en evidencia una problemática estructural que va mucho más allá de la coyuntura climática.

Contraste con el Gobierno porteño

Mientras el último relevamiento oficial del GCBA —correspondiente a noviembre de 2024— contabiliza 4.049 personas en situación de calle (1.236 en la vía pública y 2.813 en paradores), el Censo Popular identificó 11.993 personas, incluyendo a quienes duermen en autos, albergues no estatales o en situaciones precarias no contempladas por el conteo oficial.

Desde 2017, las organizaciones sociales realizan sus propios censos ante las diferencias metodológicas con el Gobierno porteño, al que acusan de subestimar deliberadamente la magnitud del problema.

Las organizaciones participantes del 3er Censo Popular de Personas en Situación de Calle exigimos al Gobierno de la Ciudad y al Nacional:

1. Instar el estricto cumplimiento de la Ley 3.706.

2. Garantizar la demanda espontánea para el ingreso a todos los dispositivos de CABA. pic.twitter.com/37GQ6Qo2vN

— 3er Censo Popular CABA (@3erCensoPopular) July 8, 2025

Alerta por muertes y violencia institucional

Según los datos relevados, al menos 63 personas murieron por frío en lo que va del invierno en todo el país, de las cuales 13 fallecieron en CABA. La situación se agrava con la aplicación del Decreto 373/25, firmado por el presidente Javier Milei, que desmanteló parte de la ley de protección para personas en situación de calle y trasladó la responsabilidad exclusiva a las provincias, limitando la intervención del Estado nacional a una función meramente supervisora.

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció el vaciamiento de políticas públicas y alertó sobre las consecuencias directas en términos de vidas humanas.

El nuevo censo también muestra un crecimiento sostenido de personas mayores en situación de calle y una expansión de esta problemática hacia los barrios populares, donde muchas personas se ven obligadas a desplazarse en busca de refugio. Denuncian además un aumento en la violencia institucional, ejercida principalmente por fuerzas policiales y personal del Ministerio de Espacio Público, con desalojos sistemáticos de “ranchadas” en diferentes zonas de la ciudad.

Si bien las organizaciones destacan la necesidad de garantizar centros de inclusión durante el invierno, advierten que no alcanza con una respuesta asistencialista. Exigen políticas integrales que reconozcan el derecho a la vivienda digna, frenen la criminalización de la pobreza y atiendan las múltiples dimensiones que atraviesan a quienes hoy viven sin techo.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está diseñado para hacer negocios, igual que cuando desviaron el Impuesto a los Combustibles para otros fines que no fueron las rutas”, indicaron desde el sector.

La eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) generó una dura reacción por parte de sus trabajadores, quienes alertaron sobre las graves consecuencias que podría traer la medida. “Nos vamos a morir todos en las rutas”, advirtió con crudeza Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), en respuesta al ministro Federico Sturzenegger, quien celebró la disolución del organismo como parte del plan de reformas del Gobierno.

Sturzenegger había expresado su satisfacción tras la firma del DNU que incluye la eliminación de diversos entes estatales: “Señor Presidente. Podemos decir: tarea cumplida”. Su mensaje fue leído por el gremio como una provocación directa.

Aleñá denunció que esta medida responde a intereses privados y no a una mejora en la eficiencia del Estado. “No es una reorganización, es el desmantelamiento del aparato técnico que garantiza rutas seguras para todos los argentinos”, sostuvo. Según el sindicato, la decisión deja en la calle a más de 5.500 trabajadores, sin mantenimiento a 118 rutas nacionales y pone en riesgo más de 40.000 kilómetros de red vial.

Además, cuestionó la transferencia de bienes de Vialidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), denunciando que se trata de “negociados con el patrimonio público”.

La dirigente también desmintió los argumentos del decreto que califican al organismo como ineficiente. “Dicen que solo desmalezamos banquinas, cuando realizamos tareas críticas como bacheo, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal y más”, explicó. Afirmó que el vaciamiento presupuestario deliberado en los últimos meses fue parte de un plan para justificar su eliminación.

También rechazó la idea de que el sector privado sea sinónimo de eficiencia. “Las contrataciones privadas no garantizan ni eficiencia ni transparencia. El control estatal es irremplazable”, advirtió.

Por último, alertó que trasladar las funciones técnicas de Vialidad al Ministerio de Economía “debilita la planificación federal de la obra pública” y aleja las decisiones de los territorios.

En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que se ha presentado como “el mayor proceso de apertura vial desde los años 90”, ahora bajo la supervisión de la nueva Agencia de Control de Concesiones del Transporte, en reemplazo de la CNRT.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio una nueva y curiosa explicación sobre por qué no fueron inspeccionadas las 10 valijas que llegaron al país en un vuelo privado: “Lo hizo Estados Unidos”.

El escándalo por el ingreso de 10 valijas sin declarar en un vuelo privado sumó un nuevo capítulo insólito. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, sorprendió al ofrecer una curiosa explicación sobre por qué no fueron inspeccionadas: “Lo hizo Estados Unidos”.

El vuelo, propiedad del empresario y ex agente de la SIDE Leonardo Scatturice —con estrechos vínculos con altos funcionarios argentinos y norteamericanos—, trasladaba también a Laura Belén Arrieta, referente conservadora del CPAC. Las valijas ingresaron al país sin pasar por ningún control aduanero, como revelaron imágenes difundidas días atrás.

Durante una entrevista con A24, el funcionario libertario intentó justificar el procedimiento asegurando que la Aduana argentina no escanea el 100% del equipaje que llega al país. “Es una facultad selectiva del personal”, dijo, aunque evitó explicar por qué, en este caso específico, se omitió cualquier tipo de revisión.

Lo más llamativo fue su intento de transferir la responsabilidad del control a un país extranjero: “Cuando un avión viene de Estados Unidos, el equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad en origen”, dijo, marcando una diferencia con vuelos procedentes de países como Venezuela o Nigeria, que, según él, son de “alta vigilancia”.

Esta explicación oficial contrasta fuertemente con las versiones previas. En marzo, tras la denuncia inicial del periodista Carlos Pagni, el vocero presidencial Manuel Adorni había descartado irregularidades y tildado el caso de “fake news”. También negó cualquier vínculo entre el Gobierno y Arrieta, pese a las fotos que la muestran junto a Javier Milei. En aquel momento, la Aduana emitió un comunicado negando fallas, aunque anunció la apertura de un sumario.

Ahora, con las imágenes difundidas por TN mostrando cómo las valijas fueron descargadas sin control y nuevas pruebas aportadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el relato oficial volvió a cambiar. El dictamen judicial de la PIA es contundente: documenta con capturas de pantalla que el avión traía 10 valijas, pero solo cinco fueron declaradas, y subraya que la pasajera y los tripulantes no pasaron por los escáneres, a pesar de que el área estaba despejada.

A pesar de que otros pasajeros en el mismo aeropuerto fueron controlados, Arrieta y sus acompañantes fueron conducidos por una vía alterna, sin revisión. Para la fiscalía, esta diferencia de trato fue una “decisión expresa” del personal aduanero, sin causa justificada.

El Gobierno intenta ahora minimizar el impacto mediático: destacó que el vuelo provenía de un país con “los controles más estrictos del mundo” y que el caso está en manos de la Justicia, que todavía no ha imputado a nadie. Sin embargo, las pruebas acumuladas contradicen el discurso oficial y aumentan la sospecha de connivencia estatal.

Mientras tanto, el país asiste a una nueva versión gubernamental que, lejos de despejar dudas, abre interrogantes más profundos: ¿desde cuándo los controles aduaneros argentinos dependen de inspecciones extranjeras? ¿Qué criterios aplican las autoridades para seleccionar qué valijas revisar y cuáles no? ¿Y por qué tantas versiones distintas para un mismo hecho?.