El plan de ajuste estatal impulsado por el Gobierno sufrió un nuevo traspié, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que disponía el pase a disponibilidad de 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida incluye una multa de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento, un golpe económico y político que limita severamente la estrategia oficial.

El fallo llega en un contexto de decisiones cruzadas. La semana pasada, el mismo tribunal ya había suspendido el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de estatales, y ordenó que no se aplicara en el INTA. A ese revés se sumó luego el rechazo del Senado al DNU que daba sustento al recorte. Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, volviendo a poner en riesgo los puestos de trabajo, lo que derivó en la nueva intervención judicial.

Desde ATE celebraron el pronunciamiento y denunciaron la insistencia del Ejecutivo en desconocer la división de poderes. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, planteó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien calificó de “cabeza dura” al Gobierno y sostuvo que cada fallo a favor del sindicato representa una victoria para los trabajadores frente a lo que considera una “política de ajuste sin sustento legal”.

El conflicto en el INTA se suma a un escenario de mayor tensión en el sistema científico y tecnológico nacional. En organismos como el CONICET, el SENASA y Agricultura Familiar ya se registraron despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”. Pero la Justicia, en este caso, decidió ponerle un freno al avance del ajuste.

Mientras el Gobierno de Javier Milei subordinado a Trump se hace el duro con Venezuela e instiga una eventual intervención, hace silencio ante la intensificación de la presencia militar británica en las Islas Malvinas.

Mientras el gobierno de Javier Milei, alineado con Washington, asume una postura beligerante contra Venezuela bajo el argumento del “narcoterrorismo”, la Cancillería argentina calla frente a la creciente militarización británica en las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), calificando a Nicolás Maduro y a su entorno como “narcoterroristas”. Con ello, el Ejecutivo se suma a la narrativa impulsada por Estados Unidos, que desde hace años acusa al chavismo de encabezar una red criminal vinculada al narcotráfico internacional.

La decisión fue celebrada por Washington en momentos en que la Casa Blanca intensifica la presión militar en el Caribe, desplegando buques de guerra frente a Venezuela en un gesto de intimidación que revive lógicas de intervención propias del siglo XIX.

Avance británico en Malvinas sin respuesta oficial

En paralelo, el Reino Unido realizó recientes ejercicios militares en las Islas Malvinas, encabezados por efectivos del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas (3 PARA). Las maniobras incluyeron entrenamientos de combate urbano en Puerto Argentino, operaciones en trincheras y despliegue de drones de reconocimiento.

Estas acciones forman parte de la estrategia británica de consolidar su presencia en el Atlántico Sur bajo la doctrina de “Global Britain”, que refuerza la infraestructura militar en Monte Agradable, moderniza puertos y suma capacidades de defensa aérea y cibernética. Londres busca proyectar poder sobre los recursos estratégicos de la región —hidrocarburos, pesca y rutas hacia la Antártida— y disuadir el reclamo argentino reconocido en la ONU.

A diferencia de gobiernos anteriores, que repudiaban públicamente este tipo de despliegues, la administración Milei evitó pronunciarse. El silencio oficial contrasta con la dureza verbal hacia Venezuela y ha sido interpretado como un aval implícito a la ocupación británica.

Autodeterminación y debilitamiento diplomático

La postura del presidente Milei, quien llegó a defender el “derecho de autodeterminación” de los habitantes británicos de Malvinas, marca un quiebre con la política histórica argentina. Este giro debilita la capacidad de presión diplomática del país justo cuando el Reino Unido refuerza su posición militar en el Atlántico Sur.

Mientras tanto, Londres confirmo que mantendrá inalterable el embargo de armas a Argentina, vigente desde 1982, pese a contactos secretos entre funcionarios de ambos países. Ni siquiera el tono conciliador de la Casa Rosada ha bastado para que el Reino Unido flexibilice restricciones que limitan la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

El Fondo Monetario Internacional sospecha de lo datos proporcionados por el organismo e insiste con la actualización del IPC desde 2024 “para mejorar la calidad de los datos”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) atraviesa una crisis interna que expone su fragilidad en un momento de fuerte presión internacional. La salida de dos funcionarios técnicos clave, sumada a la demora en la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), pone en duda la credibilidad del organismo. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al gobierno que actualice “lo antes posible” la metodología de medición de la inflación.

En su último Staff Report, el organismo multilateral fue categórico: “Se debería publicar un IPC actualizado lo antes posible para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”. El reclamo coincide con la aprobación de la primera revisión del programa en curso y el desembolso de U$S 2.000 millones.

Aunque el nuevo índice está listo desde 2024 —con pruebas finalizadas en marzo de 2025—, su puesta en marcha depende de una decisión política que el gobierno de Javier Milei sigue postergando. El reemplazo es urgente: hoy el IPC nacional se calcula con una canasta de consumo de 2004/2005, desactualizada frente a los cambios de los últimos 20 años. La nueva versión, basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018, incorpora consumos actuales como telefonía móvil, internet o plataformas digitales, además de dar mayor peso a los servicios.

Renuncias que golpean la credibilidad del INDEC

La crisis se profundizó con las renuncias de Georgina Giglio, responsable del IPC, quien dejó su cargo para sumarse a la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, y de Guillermo Manzano, encargado de la medición de pobreza y trabajo, cuya salida se atribuyó a fuertes diferencias metodológicas con el director Marco Lavagna.

Ambos movimientos generan ruido político y técnico, ya que el cálculo del índice de pobreza en Argentina depende directamente de la evolución de precios y del costo de las canastas básicas. Cualquier cambio metodológico puede modificar sustancialmente los niveles de pobreza.

El trasfondo político y económico

El retraso en la implementación del nuevo IPC responde a motivos políticos y fiscales. Un índice nacional más cercano a los provinciales podría encarecer el gasto público, ya que gran parte de la deuda en pesos y las jubilaciones se ajustan por inflación. En un año electoral, el gobierno evita un cambio que podría tener alto costo político.

La especulación es que el nuevo IPC comience a aplicarse recién con la medición de enero de 2026, cuyo resultado se conocería en febrero. El FMI ya anticipó que discutirá la fecha precisa de su publicación en la próxima revisión del programa, hacia fines de 2025, tras las elecciones legislativas.

El dato más preocupante de las últimas horas llegó desde los mercados: el riesgo país escaló hasta los 829 puntos básicos, uno de los peores niveles para el Gobierno de Javier Milei, que necesita llevarlo a la zona de 300/400 puntos para poder encarar la refinanciación de la deuda en dólares que vence en 2026.

El fuerte repunte del indicador se produjo tras una marcada caída de los bonos soberanos, que retrocedieron hasta un 3,5% en una sola jornada. La huida de los inversores respondió al creciente ruido político y a las tensiones con los bancos, factores que reforzaron la percepción de que el actual esquema económico podría no ser sostenible.

El riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan, mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto de los del Tesoro de los Estados Unidos. Un salto cercano a los 100 puntos en tan solo un día refleja el deterioro en la confianza sobre la capacidad del Gobierno de sostener el rumbo económico.

“Este movimiento muestra que los mercados están dudando de la viabilidad del modelo”, advirtió Leonardo Anzalone, director del Cepec. Según explicó, la combinación de tasas altas, falta de reservas y clima político tenso alimenta la percepción de riesgo, golpeando el precio de los títulos y ampliando la brecha frente a la deuda norteamericana.

Aunque en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía confían en que, una vez despejada la incertidumbre electoral, el indicador pueda bajar hacia niveles más manejables, el salto reciente es un duro golpe para la estrategia oficial.

“Todo dependerá de las señales políticas y de la capacidad del Banco Central para sostener el control cambiario sin sacrificar demasiadas reservas”, agregó Anzalone. “Si el mercado interpreta que el ajuste pierde consistencia o que el proceso electoral puede desordenar la economía, el riesgo país seguirá escalando. En cambio, un respaldo político claro o un apoyo financiero externo podría ayudar a moderarlo”.

Por ahora, la cifra de 829 puntos representa un desafío inmediato: es la peor noticia para un Gobierno que necesita mostrar confianza a los mercados y todavía se encuentra muy lejos del umbral de estabilidad que exige la refinanciación futura.

En Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, referente libertario identificado como el hombre de Karina Milei en la provincia, fue denunciado por un médico que declaró en la Justicia haber recibido un pedido de 100 mil dólares en coimas para que su asociación pudiera continuar en la lista de prestadores del PAMI.

La Libertad Avanza (LLA) suma un nuevo capítulo de corrupción que amenaza con extenderse a escala nacional. En Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez —referente libertario identificado como el hombre de Karina Milei en la provincia— fue denunciado por un médico que declaró en la Justicia haber recibido un pedido de 100 mil dólares en coimas para que su asociación pudiera continuar en la lista de prestadores del PAMI.

Imparable el escándalo de corrupción en la sede de LLA de Chaco. Declaró en la Justicia un médico, presidente de una asociación profesional, y aseguró que una emisaria de "Capi" Rodríguez le pidió una coima de 100 mil dólares para extender las cápitas de PAMI en la provincia. A… https://t.co/3chE02eZYz

— Manu Jove (@manujove) August 13, 2025

El señalamiento coloca a Rodríguez en el centro de una trama que replica la metodología de recaudación paralela ya expuesta en otros casos, con denuncias que apuntan a que el dinero recaudado mediante sobornos terminaría engrosando la caja política del oficialismo y del propio círculo íntimo de Milei.

La acusación se conoció días antes del cierre de listas, lo que obligó a apartar a Rodríguez como candidato a senador. Sin embargo, el dirigente logró ubicar a sus propios alfiles: Juan Cruz Godoy, gerente de su emprendimiento textil, encabezará la boleta al Senado, mientras que su abogada, Mercedes del Rosario Goitía, liderará la de diputados nacionales.

Rodríguez, además, deberá enfrentar una indagatoria este jueves en el marco de otra investigación federal por afiliaciones truchas. La fiscalía sospecha que se usó la base de datos de ANSES para inscribir sin consentimiento a personas vulnerables, incluidos adultos mayores enfermos o postrados, cuyas firmas habrían sido falsificadas por militantes libertarios.

El escándalo también expuso fracturas internas en LLA chaqueña: Rodríguez, alineado con Karina Milei, rompió con el diputado Carlos García, que responde a Martín Menem, y la disputa derivó en incidentes en sedes partidarias.

Mientras tanto, el gobernador radical Leandro Zdero se vio forzado a conceder lugares en las listas a figuras cercanas a Rodríguez, lo que generó malestar en sectores de la UCR local.

Este nuevo caso no es un hecho aislado: se suma al escándalo de las coimas denunciado por Diego Spagnuolo, y configura un patrón de recaudación sistemática en el oficialismo libertario, un “telar de la abundancia” basado en extorsión, afiliaciones fraudulentas y manejo discrecional de recursos estatales.

En las últimas horas salieron a la luz una serie de tuits de 2018 que exponen una estrecha y casi intima relación entre Spagnuolo y el diputado José Luis Espert, hoy primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En medio del escándalo por presuntas coimas que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, resurgieron en las últimas horas una serie de tuits de 2018 que exponen su estrecha relación con el diputado José Luis Espert, hoy primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Los mensajes, publicados entre febrero y mayo de ese año, muestran un trato de confianza y cercanía. En ellos aparecen respuestas de Espert con expresiones como “Mc querido” o “Ven hijo mío. Estamos por mudarnos. Te cobijo”, en contestación a un mensaje de Spagnuolo que decía: “quiero que me adopte Espert”.

Estas publicaciones no solo sugieren un vínculo personal, sino que coinciden con el período en que Espert comenzaba a consolidar su armado político nacional, en el que Spagnuolo habría tenido participación en sus primeros círculos.

La reaparición de estos tuits reaviva el debate sobre las conexiones previas entre ambos dirigentes y pone en aprietos al oficialismo. Analistas señalan que, aunque los mensajes no tienen incidencia directa en la causa judicial que enfrenta Spagnuolo, sí agregan un componente político delicado: vinculan a un exfuncionario acusado de corrupción con uno de los principales referentes legislativos de la coalición gobernante.

Desde el entorno de Espert intentaron minimizar la relevancia de los posteos, pero en la interna libertaria y la oposición ya se capitalizó la difusión para insistir en la cercanía entre el candidato y el exfuncionario investigado.

Con la causa judicial en marcha y un clima político en tensión, los viejos tuits se convierten en un elemento incómodo que obliga a Espert a definir si explica públicamente la naturaleza de ese vínculo o se despega de quien alguna vez integró su entorno más próximo.

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, expresó la creciente preocupación de los industriales argentinos ante el freno de la actividad manufacturera y el avance de las importaciones, especialmente provenientes de China.

En un contexto de caída del 10% de la producción industrial respecto de 2023, Rocca subrayó que la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei amenaza con profundizar la crisis del sector y desalentar nuevas inversiones.

“El aumento de las importaciones chinas afecta la cadena de valor y pone en duda decisiones de inversión”, alertó el empresario.

Durante el encuentro “Industrialización, comercio y aranceles” organizado por Techint en la Ciudad de Buenos Aires, Rocca insistió en la necesidad de “nivelar la cancha” para fortalecer al entramado fabril y evitar que la recuperación económica, una vez pasada la incertidumbre electoral, se traduzca únicamente en un mayor consumo de productos importados.

“Hay que pensar cómo fortalecer el sector industrial. Es un planteo que hace la UIA, porque la manufactura es un componente fundamental del desarrollo del país”, afirmó.

La advertencia del empresario no es menor: el intercambio con China dejó en los primeros siete meses de 2025 un déficit comercial de USD 5.714 millones para la Argentina, con importaciones que crecieron casi un 74% interanual y que ya representan más del 22% del total. La inquietud también alcanza a los proyectos estratégicos: en el sector temen que el acero chino pueda competir directamente en grandes obras de minería y energía, como los ductos de Vaca Muerta.

Si bien Rocca respaldó la estabilidad macro buscada por el Gobierno, planteó con claridad que sin políticas activas de defensa comercial la industria nacional quedará en desventaja. El eco de sus palabras refleja las discusiones internas de la Unión Industrial Argentina (UIA), que advierte sobre la pérdida de empleos —entre 1.000 y 1.500 puestos por mes desde marzo— y el impacto de la apertura importadora en sectores sensibles.

En un clima de cautela hasta las elecciones, Rocca fijó posición en nombre de buena parte del empresariado fabril: la Argentina necesita medidas de protección frente a la amenaza china para sostener la producción y el empleo local.

Un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Poliarquía Consultores, señalo que la confianza de los consumidores argentinos alcanzó el 39,94%, lo que representa una caída del 13,87% en agosto. 

La confianza del consumidor argentino se desplomó un 13,9% en agosto, alcanzando el nivel más bajo desde septiembre de 2024, según el último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Poliarquía Consultores.

El índice se ubicó en 39,94 puntos, lo que además representa una caída interanual del 3,6% respecto de agosto del año pasado. La baja golpeó con más fuerza a los hogares de menores ingresos, donde retrocedió un 18,3%, mientras que entre los hogares de mayores ingresos la caída fue del 10,3%.

Por componentes, todos los subíndices mostraron retrocesos significativos:

• Situación Personal: -12,9%
• Situación Macroeconómica: -13,7%
• Bienes Durables e Inmuebles: -15,2%

En cuanto a las percepciones temporales, las Condiciones Presentes cayeron un 14,9% mensual, mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron un 13,1% respecto a julio y un 16,4% frente al mismo mes de 2024.

Consumo en crisis: 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos

La recesión profundiza el deterioro del consumo. Un relevamiento de Management & Fit reveló que 8 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos de compra debido a la crisis económica. Entre los principales ajustes se destacan la reducción en indumentaria y calzado, la disminución del consumo de carne y la sustitución de primeras marcas por segundas opciones más económicas.

El estudio también señala que el 46,3% de los hogares no logra cubrir sus gastos mensuales: un 29,6% enfrenta “algunas dificultades” y un 16,7% reconoce “grandes dificultades” para sostenerse económicamente.

El costo de vida en alza

A la par del deterioro en la confianza, los datos oficiales del INDEC muestran que en julio una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.149.352,91 para no caer en la pobreza, mientras que para no ser indigente requirió $515.405.

En tanto, un adulto necesitó $166.798 para no ser indigente y $371.959 para no ser pobre.

Una reciente encuesta realizada por la consultora Zentrix revelo un dato alarmante: el 67,4% de los argentinos desconfía de las cifras de inflación que informa el INDEC, al considerar que no reflejan de manera realista el aumento del costo de vida. 

Una reciente encuesta de la consultora Zentrix revela que el 67,4% de los argentinos desconfía de las cifras de inflación difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al considerar que no reflejan de manera fiel el aumento real del costo de vida. Apenas un 29,9% de los encuestados afirmó confiar en las estadísticas oficiales.

El estudio se conoce en un contexto de creciente tensión dentro del organismo, marcado por renuncias de funcionarios técnicos clave, lo que alimenta las sospechas sobre posibles manipulaciones en la elaboración de los datos.

La encuesta también muestra cómo la percepción ciudadana está atravesada por la polarización política. Entre los votantes del exministro Sergio Massa, la desconfianza hacia el INDEC trepa al 94,4%, mientras que entre los seguidores del presidente Javier Milei se reduce al 43,8%, con un 52,2% que respalda las cifras oficiales.

Más allá de la grieta, el clima social refleja un marcado pesimismo económico: el 64% de los consultados considera negativa la situación del país y más del 40% evalúa su situación personal como mala o muy mala.

La desconfianza hacia el INDEC no es nueva, pero en medio de una inflación todavía elevada y con el poder adquisitivo deteriorado, la brecha entre la experiencia cotidiana y los números oficiales parece ensancharse, reforzada ahora por las dudas sobre la transparencia del organismo estadístico.

El escándalo por presuntas coimas dentro del Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo explosivo. La droguería Suizo Argentina, ya bajo investigación judicial por su rol en maniobras de sobreprecios, aparece vinculada con contratos millonarios en los ministerios de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

De acuerdo a datos oficiales del portal Compr.ar, desde el 10 de diciembre de 2023 la empresa acumuló ventas por más de 100 mil millones de pesos al Estado, consolidándose como proveedor estrella de medicamentos y equipamiento médico.

La situación estalló tras el allanamiento judicial y la detención de Emanuel Kovalivker, accionista de la firma, en el marco de la investigación por los audios filtrados del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esos audios, Spagnuolo denunciaba que Suizo Argentina pedía aumentar los retornos de los proveedores del 5% al 8%, sugiriendo un esquema sistemático de coimas que escalaba hasta Presidencia que involucra especialmente a la hermana del presidente.

Los ministerios bajo la lupa

El Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, aparece entre los principales clientes de la droguería. Solo la Policía Federal adjudicó contratos por 12.909 millones de pesos, incluyendo medicamentos de alto costo para tratamientos oncológicos, antirretrovirales y terapias neurológicas. Entre febrero y mayo, la cartera destinó más de 4.000 millones de pesos en diferentes adquisiciones a Suizo Argentina, superando ampliamente a cualquier competidor.

En paralelo, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, también selló acuerdos millonarios. El Hospital Naval Buenos Aires adquirió insumos quirúrgicos por 105 millones de pesos, mientras que otras dependencias de las Fuerzas Armadas concretaron compras por más de 314 millones. Incluso hay procesos en curso por cifras que superan los 600 millones de pesos.

De las coimas a los contratos

Lo que comenzó como un caso circunscripto a la ANDIS hoy involucra a dos ministros centrales del gabinete libertario. Las revelaciones comprometen directamente la gestión de Bullrich y Petri, ambos con aspiraciones electorales —ella en la Ciudad de Buenos Aires y él en Mendoza—, y abren la puerta a que la justicia investigue si sus ministerios formaron parte del presunto entramado de retornos ilegales.

La magnitud del negocio también enciende alarmas: mientras otras droguerías apenas lograron contratos por montos que no superan los 200 millones de pesos, Suizo Argentina multiplicó por cuatro su nivel de adjudicaciones en comparación con los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández.

Un escándalo en expansión

Con los 14 allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, que incluyeron oficinas de Suizo Argentina, propiedades privadas de la familia Kovalivker y dependencias de la ANDIS, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la administración Milei.

A medida que avanzan las investigaciones, las miradas se concentran en determinar si los contratos de Seguridad y Defensa no solo fueron millonarios, sino también funcionales al esquema de retornos denunciado en los audios filtrados.

El escándalo de las coimas, lejos de apagarse, crece y compromete cada vez más a la cúpula del gobierno libertario.