La inscripción al Refuerzo conocido como IFE 4 de Ingresos canalizada vía Anses finalizó el sábado pasado. Se registraron casi 7.500.000 millones de casos aprobados en las últimas semanas.

El ANSES informó este jueves que 13.600.000 de personas aprobaron la solicitud para cobrar el refuerzo de ingresos excepcional, que será abonado la próxima semana, según el cronograma de pagos previsto por el organismo.
De este total, 7,5 millones de trabajadores informales recibirán el Refuerzo de Ingresos de $18.000 (a pagarse en dos cuotas de $9.000 en mayo y $9.000 en junio, dispuesto por el Gobierno nacional para proteger y mejorar los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad
Además, señalaron que los 6,1 millones de jubilados alcanzados por la misma disposición, ya están recibiendo el bono que en este caso es de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes de abril.
La medida, que contempla una inversión social de unos $206.000 millones, se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones, adelanto de las paritarias y bono de $6.000 para jubilados y pensionados en abril, como estrategias para hacer frente a los elevados porcentajes inflacionarios de los últimos meses.
La Administración de Seguridad Social añadió que “se recibieron 11.800.000 solicitudes para cobrar el Refuerzo de Ingresos, de las cuales 1.600.000 fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores formales, tener jubilación o no cumplir la edad”.
Además, otras 2,7 millones fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes en cuanto a gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud.
El refuerzo de Ingresos se otorga a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares por un monto de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, y otro de $12.000 para las jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota.

Sin diálogo con el presidente Alberto Fernández tras su abrupta salida, el ex Canciller fue invitado a participar de las reuniones políticas en territorio bonaerense.

Tras su abrupta salida del gobierno nacional, el ex Canciller Felipe Solá confirmó que fue convocado a participar de las reuniones de la mesa política del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, impulsada por los distintos sectores que componen la coalición gobernante.

“Fui consultado y dije que sí, por apoyo a la gestión provincial y pertenencia al peronismo” expresó Solá al portal letra P ante la consulta de la convocatoria a formar parte de la institucionalización del  FDT en la provincia de Buenos Aires, un territorio que Felipe Solá conoce de primera mano por su experiencia como Gobernador (período 2002-2005)

La primera reunión de la mesa del FDT fue a fines de abril en la residencia de la Casa de Gobierno, ubicada en La Plata. Según explicaron, se trató de un “encuentro preliminar” que seguirá con una serie de reuniones “con todos los actores que confirman la coalición para fortalecer el espacio de discusión y debate interno”

De ese encuentro participaron el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario; Malena Galmarini por el Frente Renovador, Mario Secco, del Frente Grande; Carlos Castagneto por Kolina, Mónica Macha por Nuevo Encuentro, Cristina Álvarez Rodríguez y Martín Insaurralde.

Según el propio Felipe Solá, el ex mandatario mantiene un diálogo fluido con el actual gobernador Axel Kicillof, y también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, a principios de abril, el excanciller fue invitado al Instituto Patria para abrir un seminario taller sobre “Política, planificación y Gobierno”.

Martín Soria salió a contestarle al miembro del máximo tribunal, quien había cuestionado su gestión al frente de la cartera de Justicia.

Por intermedio del ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, el gobierno salió a responderle a uno de los integrantes de la Corte Sumprema, Ricardo Lorenzetti, luego de que el cortesano abandonara uno de los principios del poder judicial, aquel que plantea que los jueces “hablan por sus fallos”, al cuestionar que “no existe propuesta de gestión” en la cartera que conduce Soria.

“Dr. Lorenzetti, le reitero lo que dije mucho antes de ser Ministro de Justicia: si por gestión entiende reuniones a escondidas en la Rosada para orquestar el Lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario. Ahora, si le interesa la gestión del Ministerio, visite nuestra web”, tuiteó Soria contra el juez.

En esa línea, hizo referencia a una declaración suya de 2020, donde el ahora ministro denunciaba: “Mientras La Nación difundía conversaciones privadas y vaticinaba llamados a indagatoria, #Macri se reunía con Morales Solá y Lorenzetti en Casa Rosada, sede oficial de la #MesaJudicialM. Utilización de la Justicia y los medios para dañar al adversario político: eso es el #Lawfare”.
“Lorenzetti, el mismo que promovía la persecución ilegítima a funcionarios kirchneristas, y Morales Solá, el que unos días después del cónclave con Macri vaticinaba llamados a indagatoria. #Lawfare al palo”, cerró ese hilo de tuits.
El integrante del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, salió a pegarle fuerte al Gobierno, contradiciendo esa máxima que asegura que los jueces solo hablan “a través de sus fallos”. Lorenzetti previamente salió a cuestionar al ministro de Justicia, Martín Soria. “Nosotros no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión”, dijo en declaraciones al canal macrista La Nación +.

Un amplio abanico de organizaciones que integran el Frente de Todos se expresó a favor de la iniciativa que otorga una prestación monetaria no contributiva destinada a un universo de 9 millones de personas.

Este martes tuvo lugar en el Congreso Nacional la presentación de un proyecto de ley, a cargo de un grupo de diputados del Frente de Todos, que establece un Salario Básico Universal destinado a un universo aproximado de 9 millones de personas, entre desempleados, trabajadores de la economía popular y sectores de bajos ingresos.

La iniciativa, que busca garantizar una prestación monetaria no contributiva de manera complementaria a otros programas, recibió el respaldo de distintas organizaciones sociales que integran el FDT. “Se trata de un instrumento para recuperar el poder adquisitivo de nuestro pueblo” comienza el comunicado.

“Nuestras organizaciones son representantes de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la denominada economía social, pero no pretendemos, ni aspiramos a ser la mano de obra precarizada, ni excluida de los esquemas de protección social” continúa el texto firmado por un amplio abanico de organizaciones.  

En ese sentido, las agrupaciones territoriales se expresaron a favor del proyecto porque consideran que “imperioso elevar el nivel de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras y es sustancial para ello generar un piso mínimo de ingresos que garantice el acceso a alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta para nuestras familias”.

Bajo esa línea argumentativa, afirmaron que “el acceso a un Salario Básico Universal, que establezca piso de derechos, generará de modo inmediato en una mejor condición de negociación salarial”.

El comunicado en respaldo al Salario Básico Universal lleva las firmas de Kolina, Corriente Peronista 13 de Abril, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Descamisados, Unidos y Organizados, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Martín Fierro, entre otras organizaciones.  

Para este sector, referenciado con la conducción de Cristina Kirchner, “el debate en torno a la distribución de la riqueza que genera nuestro pueblo, comienza a generar un efecto concreto en la vida cotidiana”.

Y, en tono crítico a la política económica del gobierno nacional, sostuvieron: “asistimos a contemplar pasivamente los reclamos de corporaciones económicas y financieras, entidades agrarias enriquecidas, los sectores del poder económico real, mientras que los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria sufren las consecuencias del exceso de dialogo inconducente”.

En ese marco, los firmantes exigieron “funcionarios que puedan recibir el aplauso de nuestro pueblo, no por los poderes concentrados o por los organismos de usura internacional”.

Por último, las organizaciones libres del pueblo indicaron que “la voluntad política de revertir el feroz proceso de transferencias de ingresos de los sectores populares, a los poderes económicos concentrados, que resurgió durante el macrismo, no encuentra límite de satisfacción y es necesario imponer nuevas reglas para salir de la trampa de empresarios ricos que tienden la mesa para funcionarios dispuestos a dar explicaciones, mientras que las grandes mayorías populares no pueden llegar a obtener el alimento diario”.

La senadora nacional del Frente de Todos se refirió a las tensiones que coexisten dentro del oficialismo y apuntó contra el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.   

La presidenta interbloque de senadores de Unidad Ciudadana dentro del Frente de Todos, Juliana di Tullio, definió a la interna del oficialismo como “un problema de orientación política”, y le reclamó al gabinete económico “escuchar más” a Cristina kirchner. “¿Por qué no le dan pelota?”, se preguntó.

“Hay que entender que somos un gobierno de coalición que tiene distintas miradas y experiencias”, planteó Di Tullio, quien además recordó que la vicepresidenta gobernó 12 años y medio. “Por eso cuando escuchó que algunos dicen que Cristina es una de las más importantes líderes mundiales y una dirigenta con una gran inteligencia y experiencia me pregunto, ¿por qué no le dan pelota?”, expresó en declaraciones a AM750.

Luego, la senadora respondió los dichos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien este lunes reconoció “las ansiedades de los compañeros”, pero reivindicó las políticas económicas del gobierno. “Nosotros estamos ansiosos por resolver el problema de los argentinos. Si al ministro no le pasa (lo mismo) es un problema”, retrucó.

Además, consideró que Kulfas “debería ser el más ansioso” en resolver la situación económica. Y advirtió que no se puede esperar a que el crecimiento económico se traduzca en una mejor distribución. “La economía nunca derrama”, puntualizó la senadora.

“Las familias están sobreendeudadas desde la época de Mauricio Macri. Eso tiene que tener alguna solución por parte del poder legislativo para poder traer algún aliciente a esta situación compleja. Es lo que espera la gente de nosotros, remarcó Di Tullio.

El Gobernador presentó el FIM que otorga fondos de manera equitativa entre las 135 comunas para que se lleven adelante las obras que fueron definidas como prioritarias en cada ciudad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana la presentación de las obras que se llevarán a cabo en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2022, que dispondrá de una inversión de 17 mil millones de pesos y ya cuenta con 119 proyectos aprobados por más de 10 mil millones de pesos.

Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; intendentes e intendentas bonaerenses.

“El propósito del FIM es brindar apoyo directo desde la Provincia a cada uno de los 135 municipios, con el objeto de que lleven adelante obras de infraestructura que no podrían realizar con recursos propios”, aseguró Kicillof y agregó: “Este programa reconoce la importancia de los y las intendentas, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus distritos, y promueve la descentralización de los recursos mediante una distribución equitativa”.

Estuvieron presentes las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; y de Merlo, Karina Menéndez; y los jefes comunales de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Plata, Julio Garro; de Pinamar, Martín Yeza; de Trenque Lauquen, Miguel Ángel Fernández; y de Magdalena, Gonzalo Peluso; en tanto que otros 120 intendentes participaron de manera virtual.

El Gobernador señaló que “las obras de este programa, que se realiza con aportes de la Provincia y la ejecución de los municipios, tienen que ser obras de todos y todas”. “El presupuesto destinado para 2022 supera en un 40% al del año pasado y multiplica por ocho al de 2020”, informó, al tiempo que valoró que “cada una de las obras implica también trabajo local para poner en marcha el círculo virtuoso que permite mejorar los salarios y la inversión”.

El FIM otorga fondos de manera equitativa entre los 135 municipios bonaerenses para que se lleven adelante las obras que fueron definidas como prioritarias en cada distrito. Entre los 119 proyectos que ya fueron presentados, se encuentran obras de arquitectura, agua y cloacas, energía y vialidad.

Por su parte, Nardini remarcó que “el FIM es una herramienta de gestión que permite llevar adelante los proyectos que demandan nuestros vecinos y vecinas en cada uno de los municipios”. “Desde el Gobierno de la Provincia aportamos los fondos y trabajamos junto a cada uno de los 135 municipios para desarrollar las obras que mejoran la calidad de vida de los y las bonaerenses”, indicó.

Por último, Kicillof señaló que “con la inversión que llevamos adelante en materia de infraestructura para la salud, la educación y la seguridad, la Provincia contribuye a mejorar el capital social básico que estuvo postergado durante muchos años”. “Dentro del Plan 6 por 6, contamos un plan único de infraestructura y obra pública, que nos permite también apuntalar la reactivación económica, el salario y las condiciones de vida de todos los y las bonaerenses”, concluyó.

El organismo recaudador bonaerense informó de partidas rurales que no estaban inscriptas e irregularidades en el pago de Ingresos Brutos.  

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a 13.402 responsables de partidas rurales por falta de inscripción y otras irregularidades vinculadas al cumplimiento de Ingresos Brutos, informó el organismo este lunes. Del total de intimaciones, un 30% corresponde a titulares de campos que superan las 300 hectáreas, en tanto que el 70% restante abarca a dueños de partidas de entre 50 y 300 hectáreas”, según detalló el organismo.

“Mediante cruces de datos y herramientas de inteligencia fiscal detectamos que en esas superficies hay explotación agropecuaria que no está debidamente declarada ante el fisco. En algunos casos directamente no existe la inscripción en Ingresos Brutos, en otros faltan declaraciones juradas, se sub-declara o se ocultan arrendamientos, evadiendo parte o la totalidad del impuesto”, indicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Los datos que permitieron detectar estas irregularidades surgen de cruzar diferentes fuentes de información, como la que aporta AFIP-DGI, la provista por el Régimen de Control Agropecuario, las imágenes satelitales que utiliza ARBA como base para estimar la producción a través de su Índice Verde y la Guía de Ganado, entre otros elementos.

La información se coteja con lo declarado por los propios contribuyentes y posibilita detectar inconsistencias o incluso la falta de inscripción, que en este caso fue verificada en 2.504 propietarios de campos con más de 300 hectáreas, que realizan actividad agropecuaria pero no se dieron de alta en Ingresos Brutos, de acuerdo con la información oficial.

 A la par de estas intimaciones, la Agencia de Recaudación mantiene desde hace dos semanas un operativo de fiscalización sobre el comercio de granos, que incluye 16 puestos de control de mercadería en tránsito ubicados en rutas del corredor cerealero bonaerense.  Hasta el momento, controló un total de 2.210 camiones, y detectó irregularidades graves en casi el 3% de ellos.

Por falta de documentación de respaldo u otras infracciones fueron interdictadas unas mil toneladas de cereal y tres tractores cero kilómetro valuados en 145.000 dólares cada uno. Girard hizo hincapié en que “esto no es un ataque al mal denominado ´campo´, una reducción simplista de la diversidad social del interior de nuestra provincia, sino que se trata de un control para que no haya evasión en un sector donde hay mucha concentración de riqueza”.

La fiscalización de ARBA se extiende en horario diurno y nocturno por rutas de Chivilcoy, General Villegas, Lobos, Pergamino, Rojas, Tres Arroyos y Bahía Blanca, así como en Estación Olivera, Ramallo, Vedia, Colón, Junín, Pehuajó, Tornquist, Zárate y en los puertos de Quequén (Necochea) e Ingeniero White (Bahía Blanca).

El presidente participó este mediodía del 57° congreso ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), antes de partir hacia su gira por Europa.

Luego de hacer un breve repaso de la pandemia que tuvo que enfrentar el mundo a partir de 2020 y de las decisiones que se tomaron en Argentina para fortalecer un sistema de salud destrozado por el macrismo, el presidente habló sobre la difícil situación económica que atraviesa el país.

“Sé que la economía crece, se que el trabajo formal aumenta” pero también “se que la distribución de ingresos está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos la distribución es un problema” expresó el mandatario.

Desde el comienzo de su gestión, aseguró, “tengo dos obsesiones”, una es “recuperar el trabajo, que eso se está cumpliendo porque recibimos una desocupación de 12 puntos y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos” y la otra es “recuperar un salario que entre 2015 y 2019 se cayó en términos reales 20 puntos”, lo cual “demanda esfuerzo y demanda trabajo y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los que trabajan”.

“A los conservadores, esta realidad de desigualdad le encanta entonces tratan de que las cosas no cambien o, lo que es peor, que se concentre la riqueza entre unos pocos”, denunció Fernández. Pero “nosotros, los peronistas, sabemos perfectamente bien la desigualdad que se ha creado en el mundo y sabemos perfectamente bien que la pandemia potenció esa desigualdad. Y con lo único que no vamos a tranzar es con convivir con la desigualdad”, afirmó.

En ese sentido, agregó, “vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la igualdad la recuperemos en Argentina, para que las mejores condiciones de ingreso sean una realidad en la Argentina. Voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan”.

Y concluyó, como un guiño a las críticas que enfrentan sus políticas económicas en las últimas semanas: “Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Soy peronista, cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron, a escuchar a los compañeros, a los que necesitan, a entender que primero están los últimos, a actuar con solidaridad. La justicia social no es un invento del peronismo, es un deber ético y moral que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas”.

El ministro de justicia condenó el fallo que suspendió el trámite del concurso preventivo de la empresa y cuestionó que “la Corte Suprema ahora debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde 2001”.

El ministro de Justicia, Martin Soria, consideró este viernes que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad que suspendió ayer el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA se trata de un caso de “justicia a la carta” y cuestionó que, “ahora, la Corte Suprema debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”.

“Justicia a la carta: la jueza comercial María Uzal, que se reunía con el prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, paralizó la quiebra del Correo de la Familia Macri. Ahora la Corte Suprema, diseñada por el mismo prófugo, debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”, escribió Soria en su cuenta de Twitter.

Este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina una serie de planteos realizados por el Grupo Macri, como las recusaciones a una jueza y una fiscal y la competencia de la Justicia porteña en el caso.

La resolución surgió en un fallo dividido emitido por las camaristas Matilde Ballerini, María Elsa Uzal y María Guadalupe Vázquez, conocido a través de fuentes judiciales.

El conflicto jurídico que derivó en esta medida se produjo porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de la Ciudad de Buenos Aires intervino ante los planteos efectuados por la empresa Socma -que incluyeron las recusaciones a la fiscal Gabriela Boquín y a la jueza de primera instancia Marta Cirulli- en el pleito por la deuda de la firma de la familia Macri por la concesión del Correo.

La Cámara nacional había considerado inadmisibles las objeciones, pero el TSJC intervino y dispuso lo contrario, con lo cual se desató un problema de competencia que está a consideración de la Corte.

El conflicto tuvo su origen en una deuda del Grupo Macri, que tuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato.

A partir de allí se inició un proceso por el reclamo de una deuda de casi 300 millones de pesos/dólares, debido a la paridad cambiaria. Hubo propuestas y contrapropuestas, pero nunca se llegó a una solución y el caso escaló en los tribunales.

Socma recusó a Boquín acusándola de “parcialidad, enemistad, prejuzgamiento y animosidad”, e hizo lo mismo con la jueza Cirulli, que no accedió a determinar al Estado como “acreedor hostil” cuando no aceptó la oferta de la parte deudora.

La quiebra del Correo Argentino fue dictada en julio pasado, pero las presentaciones del Grupo Macri derivaron finalmente en esta instancia de virtual suspensión del proceso, hasta que se expida la Corte.

El gobernador firmó un convenio con el ministro de Seguridad. Foto política para calmar bajar la tensión en el oficialismo.

Después de la firma de un convenio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó hoy que “hay que apostar al no rupturismo y a hacer las cosas en conjunto para seguir fortaleciendo un frente más potente”.

El gobernador Axel Kicillof recibió esta mañana al ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, para la firma de un convenio sobre “compactación de vehículos” y, a nivel político, representó una foto de acercamiento luego de los cruces entre el propio funcionario nacional e integrantes del gabinete bonaerense.

Sobre la situación interna del oficialismo, Aníbal Fernández expresó que “hay que apostar al no rupturismo y a hacer las cosas en conjunto para seguir fortaleciendo un frente más potente, con más ganas y con objetivos claros a donde se pretende llevar esta Argentina hecha pedazos después de cuatro años de macrismo”.

 “Acá hay que traer soluciones. Cuando Cambiemos tuvo la posibilidad de gobernar, rompió todo. En ese gobierno hubo la peor corrupción de la provincia y en la Nación. Si no, que expliquen por qué aumentaron la deuda bonaerense en 3.500 millones de dólares cuando la provincia no recibe un solo dólar”, indicó Aníbal Fernández después de la firma del convenio con Kicillof.

La foto entre Aníbal Fernández y Kicillof llega después del reclamo que la vocera presidencial le hizo al Gobierno bonaerense. En las habituales conferencias de prensa, este jueves la funcionaria señalo que las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires “son inmejorables” y destacó el “apoyo particular” que se le brinda a ese territorio.