Se trata de la causa que investiga una reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la cual se tramó un “plan” para encarcelar en 2017 al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

La Cámara Federal porteña declaró este martes la “nulidad” de los procesamientos de los acusados en la causa llamada “mesa judicial bonaerense”, que investiga una reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la cual se tramó un “plan” para encarcelar en 2017 al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. La Cámara además ordenó profundizar la investigación para luego dictar un nuevo pronunciamiento.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, luego que en junio pasado se realizara una audiencia en la cual las querellas reclamaron confirmar el procesamiento del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y de otros seis exfuncionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Este martes, el Tribunal resolvió declarar la nulidad de todos los procesamientos, entre ellos el del intendente de La Plata Julio César Garro, por el delito de “ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial”.

La “Gestapo” antisindical

El 15 de junio de 2017, empresarios ligados a la construcción, integrantes del gabinete de María Eugenia Vidal –como Marcelo Villegas (Trabajo), Adrián Grassi (secretaría de Justicia) y Roberto Gigante (Infraestructura)–, el senador bonaerense Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata Julio Garro y tres altos funcionarios de la AFI se encontraron en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires.

El temario estuvo centrado en qué hacer con Medina, dirigente platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), a quien el macrismo tildaba de “mafioso”.

En el encuentro se decidió impulsar denuncias para convertirlas después en causas. Villegas fue la voz cantante de la asamblea y se mostró tan cómodo que hasta llegó a expresar su deseo de tener una “Gestapo” para poner fin a los sindicatos.

Todo quedó prolijamente grabado porque la AFI había instalado cámaras y micrófonos. Detrás de esos menesteres estuvieron los tres asistentes de la Agencia a la reunión, Darío Biorci (jefe de gabinete), Juan Sebastián de Stefano (Jurídicos) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).

Medina terminó preso en septiembre de ese año e incluso fue espiado dentro de la cárcel. Tres años después, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue a los tribunales de La Plata para denunciar que había hallado la filmación de la reunión. Kreplak reconstruyó la mecánica y dictó los procesamientos contra los exfuncionarios.

Fuente: Página/12

Se trata del ex ministro de Seguridad de la Ciudad investigado por fuertes escuchas con aprietes, connivencia con el Poder Judicial y sospecha de coimas.

El ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, fue citado a declarar, bajo riesgo de ser llevado por la Policía, por la Comisión de Juicio Político del Congreso, que reanuda este martes su agenda.

Además del complicado exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta (involucrado en fuertes escuchas con aprietes, connivencia con el Poder Judicial y sospecha de coimas) se prevé la presencia de otros dos testigos clave.

La convocatoria es en el marco de la investigación del fallo sobre Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El exministro de Rodríguez Larreta (quien, según los chats difundidos en 2022, “acepta negocios” que le puedan proponer) fue citado por tercera vez, luego haber sido solicitada a intervención a un juez competente para que el exfuncionario comparezca ante los diputados por la fuerza pública si es necesario.

El exministro de CABA y amigo del Grupo Clarín, había sido convocado el pasado 1 de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Ambos eran esperados en especial por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal Coparticipación, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales.

La prueba del señalamiento que parte del oficialismo está en los chats filtrados del celular de D’Alessandro, que incluían conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista, que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

“Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, aseguró la ministra de Trabajo.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, confirmó hoy que habrá multas para las empresas que no paguen el bono de $60.000 que anunció este fin de semana el Ministerio de Economía. Además, informó que los trabajadores en relación de dependencia que perciban esta “suma fija” quedarán inhabilitados para comprar dólares en el mercado cambiario.

Al ser consultada sobre qué pasará con las empresas que se demoren en pagar el bono o que no lo paguen, Olmos confirmó: “Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”.

En ese sentido, la ministra había indicado que se respaldarán en los sindicatos para detectar faltas en el pago del bono: “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar a aquellas empresas que no paguen. El trabajador tiene canales anónimos para hacer la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia.

Kelly Olmos detalló también que “en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100% del costo y puede ser descontado de las cargas previsionales; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo, que también puede ser descontado de las cargas previsionales; y en las medianas y grandes empresas, deben absorberlo ellas ”.

En cuanto al monto, aseguró que “la suma fija está determinada y es una decisión tomada”.

Por otro lado, la ministra respondió de forma afirmativa ante la consulta respecto a si los que perciban el bono quedarán impedidos de comprar Dólar Ahorro y Dólar MEP: “Lo que nosotros queremos es que esto no vaya a la brecha, queremos que vaya a consumo”, dijo al respecto en Urbana Play.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, instó hoy a que el Congreso “siga generando oportunidades, como la creación de nuevas universidades públicas y de calidad” y agregó que “hoy la realidad nos plantea enormes desafíos de cara al futuro, sobre todo para quienes creemos en lo público como motor de desarrollo y justicia social”.

“En este tiempo como presidenta de la Cámara de Diputados, me comprometo a trabajar para darle la media sanción a aquellas universidades públicas que todavía no se han logrado, que van a generar, además, crecimiento en esos lugares porque después de ese proceso de inclusión educativa, esas ciudades van a crecer, esos sueños se van a lograr, y cada persona que se reciba se va a quedar colaborando en su lugar, con su familia, con sus amigos, con sus raíces”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “estamos a pocos meses de cumplir el 40 aniversario de la democracia. Ese aniversario se da en un contexto muy complicado, con narrativas profundamente regresivas que tienen un objetivo claro: desandar el camino transitado en estas cuatro décadas para restituir un orden donde no todos tenemos lugar y donde las herramientas que permiten este camino de inclusión también quedarían negadas”.

La titular de la Cámara baja se manifestó de tal manera durante el Seminario “Creación de Universidades Públicas: Inclusión, democratización y cercanía”, en el marco de los 40 años de democracia, en un encuentro celebrado en el Salón Delia Parodi, junto a diputados, referentes de la educación y egresados de universidades públicas nacionales.

“Desde el ´83 hasta la actualidad, con las luces y las sombras que hemos tenido en cada uno de los procesos, se duplicaron las instituciones, se cuadruplicó la matrícula de alumnos y alumnas, y se amplificó la oferta de carreras”, expresó Moreau y añadió que “estoy convencida de que todo aquel que pasa por la universidad pública no solo sale con un título, sino también con la capacidad de generar pensamiento crítico”.

Asimismo, la diputada nacional Alicia Aparicio, autora del proyecto de creación de la Universidad del Delta, invitó a “darle valor agregado a las universidades públicas y gratuitas, porque es la mejor forma de defender el futuro de nuestra Patria”.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, dijo que “uno de los desafíos de la democratización del conocimiento es la creación de nuevas universidades, para que cada vez más chicos y chicas puedan alcanzar un nivel superior de estudios”.

Por otra parte, la licenciada Laura Gómez, egresada de Relaciones Laborales por la Universidad Arturo Jauretche, relató su experiencia como estudiante de una universidad nacional y abogó por la creación de más altas casas de estudios en Argentina.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 de la Ciudad de Buenos Aires en el edificio judicial de la calle Lavalle 1171.

Desde esta mañana se lleva adelante el juicio contra los seis detenidos por la violación grupal de una joven de 21 años ocurrida hace un año y medio en el barrio porteño de Palermo. Todos se encuentran imputados como coautores por “abuso sexual agravado”, y podrían terminar condenados con hasta 20 años de cárcel.

Los seis imputados – todos detenidos con prisión preventiva- son Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián “TH” Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24).

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 de la Ciudad de Buenos Aires y la audiencia inicial está fijada para las 9.30 en el edificio judicial de la calle Lavalle 1171.

Luego, habrá otras siete jornadas los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre y se prevé la declaración de más de 30 testigos.

El TOC 14 estará integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación estará en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.

La víctima -cuya identidad se resguarda para preservarla- estará representada como querellante por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.

En cuanto a los defensores de los acusados, serán los abogados particulares Jorge Alfonso (por Domínguez), Oscar Isidro Aguirre (por Retondo y Lykan) y María José Fanego (por Ciongo Pasotti); y los oficiales Santiago García Berro (por Ramos) y Fernando Ovalle (por Cuzzoni).

Las fuentes indicaron que, al tratarse de un delito de instancia privada, el juicio será a puertas cerradas y que la declaración de la víctima no tiene fecha fija, se hará cuando ella esté en condiciones, sin la presencia de los acusados e incluso, si es necesario, de manera remota.

Los seis llegan al juicio como presuntos coautores de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas” -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con las “lesiones leves” -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad.

La firma de Alejandro Muszak está siendo investigada por supuesta estafa y prácticas financieras cuestionables. 

Luego de que la justicia Comercial rechazara el concurso preventivo de crisis y decenas de causas contra la empresa Wenance, se conoció que al menos 200 trabajadores del canal Telefé tenían sus ahorros en la fintech de Alejandro Muszak, con sede en el barrio porteño de Olivos, y también se suman a los damnificados por estafas.

Wenance se dedicaba a prestar dinero a sectores no bancarizados o sub bancarizados, generalmente trabajadores acuciados, por internet con tasas altísimas. Según informó Pagina 12, un periodista del canal, experto en finanzas, fue contratado por Muszak en calidad de asesor. Su tarea, en realidad, consistía en comunicar las bondades y ventajas del proyecto a potenciales inversores, él puso sus ahorros y tuvo una gran capacidad de persuasión que logró sumar a otros 200 trabajadores del medio de comunicación.

Entre ellos se encontraba el reconocido productor, delegado sindical, el Aldo “Tano” Albamonte, quien decidió terminar con su vida hace unas semanas atrás luego de conocer la decisión de “caída” la empresa Wenance. Más allá de estafar con millones de pesos a laburantes, también incidió en la muerte del “Tano”, quien era muy querido por sus compañeros de trabajo en los estudios de la localidad de Martínez, y cariñosamente fue despedido al aire y en las redes sociales por figuras como Nancy Duplaá, Paola Krum, Carola Reyna, Juan Minujín y Ariel Rodríguez Palacios.

¿Cómo se regulan la fintech?

Wenance, que tenía como socio a Santiago Hardie exsecretario de Agricultura Familiar del macrismo y fundador de Jóvenes Pro, se encargaba de tomar dinero y lo prestaba, pero al ser una empresa digital, no tenía los mismos controles del banco Central de la República Argentina (BCRA) que un banco tradicional.

En declaraciones a Pagina 12, el abogado experto en derecho del consumidor y titular de ADUC Osvaldo Bassano manifestó que “el origen del problema radica en que la ley de entidades financieras vigente es la de la dictadura”.

En ese marco, el experto detalló que “la legislación hace una distinción entre las entidades financieras y los proveedores de crédito no financiero. Estos últimos quedan por fuera de la órbita del BCRA y sus regulaciones no las alcanzan. Las fintech son, en muchos casos, la continuidad de las cuevas, mutuales y cooperativas de crédito falsas de décadas anteriores”.

“Muchas veces, empresas como Wenance toman dinero de las cuevas, que a su vez pertenecen a los principales bancos comerciales privados”, señaló Bassano. Al tiempo que agregó: “son su trastienda o su cara B, son los que apuestan contra el peso cuando ven la oportunidad y son los principales interesados en que esa ley nunca se modifique. Ahora, hasta esa ley les parece demasiado, y por eso ponen en la campaña de Milei”.

Asimismo, el letrado se refirió a la decisión de la jueza de San Isidro quien rechazó la solicitud del concurso preventivo de crisis: “esa figura aplica para sociedades comerciales, pero no para financieras. La jueza Gabriela Paladín está diciendo que de esto se tiene que encargar el BCRA. Puede ser un punto de inflexión”, aseguró. Y resaltó: “Las fintech insisten en lo que la doctrina llama alegalidad, ausencia de control legal o auto control, que lleva a perjudicar a los que menos tienen, que son los que se endeudan para vivir”.

Por último, vale señalar que una de las prácticas habitual de Wenance era la de entregar el monto del préstamo, menos la primera cuota. Luego de varias semanas, la volvían a debitar y los clientes reclamaban, pero la resolución y devolución podía tardar tres o cuatro meses. Ese dinero multiplicado por 250 mil clientes activos, tenía un negocio redondo con los ahorros de los trabajadores desesperados sin empleo, que muchos habían puesto sus indemnizaciones.

El Ministerio de Educación confirmó que se destinará un bono para todos los estudiantes que ingresen en la línea del “Progresar Idiomas”.

El Ministerio de Educación lanzó las inscripciones a un plan para estudiantes de 16 y 17 años. Este beneficio de $20.000 se cobra todos los meses y está destinado a casi 1.700.000 estudiantes. El objetivo es acompañar a los estudiantes en la continuidad y finalización de sus estudios primarios o secundarios.

De la misma manera, también hay otros acompañamientos para personas que hagan cursos de formación profesional o estén cursando una carrera universitaria. Por otro lado, la ANSES, dirigida por Fernanda Raverta, otorgará otros aumentos y bonos confirmados junto con el Ministerio de Economía.

Bono de Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran el bono de septiembre

El Ministerio de Educación confirmó que se destinará un bono para todos los estudiantes que ingresen en la línea del “Progresar Idiomas”. Este programa es dictado por universidades e Institutos de Formación Docente, con el fin de enseñar el idioma inglés, chino mandarín, portugués, francés, alemán, italiano o español. El curso es 100% gratuito, virtual, nivelado y con una duración de hasta 4 meses. Al finalizar el estudio, ANSES se encarga de liquidar el bono de $12.000 para los estudiantes.

La inscripción al curso de idiomas finalizará el sábado 2 de septiembre, aunque es indispensable que los inscriptos cumplan con los requisitos para acceder al beneficio.

Becas Progresar de ANSES: cuánto se cobra en septiembre

El monto de las Becas Progresar ascendió de $12.780 a $20.000. Sin embargo, los estudiantes reciben el 80% del beneficio, ya que se retiene el 20% hasta presentar el Formulario PS.2.68.

Requisitos y cómo anotarse en Becas Progresar de ANSES

Los estudiantes que deseen inscribirse en la segunda convocatoria de las Becas Progresar deberán cumplir con esta serie de requisitos:

• Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI.
• Ser alumna/o regular de una institución educativa.
• Tener entre 16 y 24 años cumplidos.
• Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.
•  Sin límite de edad para personas pertenecientes a pueblos originarios, trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas.
• Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Los estudiantes interesados en anotarse a una de las líneas de las Becas Progresar tienen tiempo hasta el próximo 31 de agosto. La inscripción es para todas las opciones, excepto el Progresar Trabajo. En ese caso, tendrán tiempo de anotarse hasta noviembre.

•  Ingresá a becasprogresar.educacion.gob.ar
• Ir al sistema con usuario y contraseña, o registrate en caso de no contar con uno.
• Luego, en “1. Datos personales”, completá tu información y hacé click en “actualizar datos”.
• Hacé click en “2. Encuesta”, completá tu información y seleccioná “Finalizá la encuesta”.
• Por último, en “3. Datos Académicos”, elegí tu línea de beca correspondiente, completá el formulario y hacé click en “finalizá la inscripción”.

Los programas de Becas Progresar 2023

• Progresar 16 y 17 años: dirigida a jóvenes menores de 18 años que deseen completar sus estudios primarios o secundarios.
• Progresar Obligatorio: orientada a aquellas personas que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios.
• Progresar Superior: diseñada para aquellos que deseen completar estudios de nivel superior, ya sea terciario o universitario.
• Progresar Enfermería: orientada a estudiantes de nivel superior que estén cursando la carrera de Enfermería
• Progresar Trabajo: dirigida a personas que estén realizando cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
• Progresar Idiomas: este programa ofrece formación y certificación en Lenguas Extranjeras, además de otorgar un adicional de $12.000.

La Comisión recibió a Sebastián Laspiur, Consultor de Factores de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud (OPS/PMS).

La Comisión de Acción Social y Salud Pública recibió esta tarde a Sebastián Laspiur, Consultor de Factores de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud (OPS/PMS) en Argentina.

Laspiur se mostró “esperanzado” por el tratamiento del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que se trata del “primer tratado internacional de salud pública de carácter vinculante”.

“El objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del tabaco”, dijo el Consultor en su presentación ante los legisladores.

Entre los datos aportados, Laspiur mencionó que “más del 90% de la población mundial está cubierta por el Convenio”, entre los que se incluyen 182 países y la Unión Europea.
En 2003, Argentina fue uno de los primeros países en firmar el tratado internacional, pero aún resta la ratificación del Parlamento.
Según el representante de la OPS/PMS, “el uso del tabaco es factor de riesgo común a las principales enfermedades no transmisibles y el tabaco mata a 8 millones de personas cada año en el mundo”.
En relación al impacto del tabaco en Argentina, reveló que “cada año mueren 57.5 mil personas por enfermedades a causa del tabaco y el 24.5% de la población adulta de nuestro país fuma, lo que representa una de las tasas más altas de la región”. Asimismo, uno de cada cinco jóvenes de entre 13 y 15 consume tabaco.
“Argentina debería ratificar el Convenio por la jerarquía constitucional del tratado, para establecer sostenidamente políticas efectivas y para cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, que establecen la obligación de garantizar el nivel más alto de salud posible”, sostuvo Laspiur.
Luego de su exposición, la titular de la Comisión, Mónica Fein (Socialista), dijo que se buscará realizar una reunión conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para poder ratificar el Convenio.
Por otra parte, la Comisión de Acción Social y Salud Pública avanzó en la firma del Régimen Nacional para el Ejercicio Profesional de la Instrumentación Quirúrgica.
Fein explicó que “el dictamen tiene un alto consenso porque vamos a unificar los títulos habilitantes”. “Nos parece importante tener una ley nacional, porque es una ley que ya tienen varias provincias”, aseguró al cierre de la jornada.

Así lo argumentaron los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartomeu Romero

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, que condenó a los tres efectivos de la Policía de la Ciudad a prisión perpetua por el crimen de Lucas González, dio a conocer los fundamentos de su sentencia. En los mismo aseguró que en el asesinato ocurrido en 2021, los efectivos actuaron sin “causa o motivo”, sólo por “prejuicio” y que eso los condujo al “odio racial”, dado que seleccionaron a sus víctimas por su “vestimenta”, “color de piel -marrón-” y porque circulaban hacia una zona “carenciada”.

Así lo argumentaron los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartomeu Romero que condenaron el 11 de julio pasado al inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.

Según consignó Télam, en el fallo de 451 hojas los jueces aseguran que los tres policías “estaban decididos a matarlos” a Lucas y a sus tres amigos que lo acompañaban en el auto en el que se movilizaban por Barracas cerca de las 9.30 de la mañana del 17 de noviembre del 2021.

“Claramente ese era el objetivo y estaban guiados por odio racial. Premeditadamente los seleccionaron por vestimenta, color de piel, por circular en un automóvil por una calle que permitía acceso a una zona carenciada”, afirmaron.

Para el tribunal, la acción de los policías “solo puede ser explicada a partir de la aplicación de estereotipos fundados en el color de su piel -marrón- y en sus rasgos físicos, que podrían corresponder con la población de ascendencia aborigen, es decir, en la atribuida pertenencia a un grupo racial odiado y a cuyos integrantes se pretende someter, a su vestimenta, a su posible pertenencia a un sector social que habita en un barrio de emergencia”.

“No había causa o motivo, solo prejuicio y el prejuicio conduce inexorablemente al odio”, afirmaron los jueces, quienes consideraron que en el hecho “hubo selección, individualización, acecho, seguimiento y fulminación o ejecución” por parte de los homicidas hacia las víctimas.

“Los autores obraron motivados por ese odio racial, seleccionaron a sus víctimas, mediante una visión estereotipada y discriminadora y actuaron en consecuencia. Luego pretendieron justificar sus acciones, convirtiendo a los niños inocentes en presuntos delincuentes, alterando las pruebas del caso”, señalaron.

De acuerdo al tribunal, “el odio racial indudablemente existe y se manifiesta en la Argentina mediante discriminación contra aquellas personas esencialmente no blancas, entendido ello, no en el sentido de color de piel, sino en un sentido peyorativo”.

“Los tres policías dispararon sus armas en contra de los adolescentes” y “tales disparos fueron efectuados en el marco de un plan común, de manera concomitante y como resultado de su previa selección estereotipada y discriminadora, con la finalidad de masacrarlos”, añadieron.

Además, en el fallo se resalta que Lucas y sus tres amigos fueron víctimas de violencia institucional al determinar que todos los efectivos involucrados (nueve, en total) buscaron realizar detenciones arbitrarias de personas “marronas”.

Este calificativo fue adoptado por los jueces al hacer referencia al Colectivo Identidad Marrón, que publicó el libro “Marrones escriben. Perspectivas antirracistas desde el sur global” en el año 2021.

Además de Issasi, López y Nieva, el TOC 25 condenó a penas de entre 4 y 10 años de prisión por otros delitos conexos a los policías Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos y Héctor Cuevas.

Este último fue quien en el juicio declaró que el policía Facundo Agustín Matías Torres -actualmente con prisión preventiva- le proporcionó el arma a Issasi para que éste la colocara en el interior del auto utilizado por Lucas y sus amigos al momento de ser tiroteados por los efectivos.

Por su parte, Torres fue detenido el 4 de junio pasado y en su descargo señaló que él trasladó a Issasi hasta el lugar donde fueron detenidos los amigos de la víctima, previo pasar por la comisaría para retirar una “cinta de peligro”, de las que se utilizan para demarcar las escenas.

La semana pasada, el fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 32, Leonel Gómez Barbella, y la auxiliar María Victoria Fiore, pidieron que Torres vaya a juicio oral como “coautor” de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne, en un encuentro parlamentario, para abordar el Proyecto de Ley de fecha 5 de junio de 2023 sobre Exteriorización del Ahorro Argentino, y el Mensaje N° 0084/23.

Fueron invitados la C.P. Claudia Fabiana Balestrini, Subsecretaria de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía; el C.P. Carlos Daniel Castagneto, Administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Dr. Guillermo Michel, Director General de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

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