La Comisión de Discapacidad trabajará en el Proyecto sobre Capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina –LSA– en los tres poderes del Estado nacional. Dicha capacitación en LSA se pronunciará como idioma viso-gestual para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. El Proyecto, que será tratado en Diputados, ya cuenta con media sanción del Senado desde abril pasado.
La Comisión de Discapacidad también abordará: Capacitación obligatoria en temática de discapacidad para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Creación de un Programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad “Sello nacional de equidad laboral (SENELDIS)”. Creación de un Sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. Régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista. Turismo accesible para personas con capacidades restringidas –Ley 25.643–, modificaciones. Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –Ley 26.061– modificaciones. Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad –Ley 24.901–, modificaciones. Proyectos de declaración y resolución.
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La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva abordará el Proyecto en revisión por el cual se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Institúyase el 10 de abril de cada año como Día nacional de la Investigadora y el Investigador Científicos. Proyecto de resolución y declaración.
Compete a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación productiva, así como también en lo relativo a sus diversas aplicaciones.
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En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció la implementación de un nuevo proceso de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina.
El ministro de Economía, Sergio Massa, implementó este domingo un nuevo proceso de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con lo cual se beneficiarán más de 7400 pequeñas y medianas empresas (pymes) que tenían autorizaciones pendientes de aprobación, según informó el Palacio de Hacienda.
El Ministerio de Economía puntualizó que desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, se autorizaron importaciones por casi 7000 millones de dólares que representan más de 172.000 SIRA y que beneficiaron a 21.671 empresas.
En un comunicado, la cartera económica detalló que “a partir de esta medida, 7428 pymes recibirán aprobación de sus SIRA por un monto de 700 millones de dólares”.
El parte oficial describió que los pedidos de importación se componen de 475 millones de dólares de bienes intermedios (insumos y bienes para la producción); 175 millones de dólares de piezas y accesorios (repuestos); y 68 millones de dólares de bienes de consumo.
Massa afirmó que “tomamos la decisión de liberar, para todas las pymes industriales de la Argentina, todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar el empleo de nuestras pymes y seguir exportando trabajo argentino al mundo”.
El ex precandidato a presidente denunció que existe “una firme voluntad judicial de que el atentado quede impune”. Mirá el video.
A un año del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente social Juan Grabois publicó un video donde enumera los elementos arrojados por la investigación contra la vicepresidenta.
“Se enlazan con los dos candidatos principales de la ultraderecha argentina”, en una referencia concreta a Javier Milei y Patricia Bullrich. “Hay una firme voluntad judicial de que el atentado quede impune”, denunció.
El ex precandidato presidencial por Unión por la Patria también mencionó a “ciertos dirigentes muy relevantes de la actual oposición política, como el señor (Gerardo) Milman” y denunció como “la principal estructura de financiamiento” a los primos Luis y Nicolás Caputo “de evidentes vinculaciones con el macrismo”.
Además de repasar la vinculación del llamado grupo de los Copitos, apuntó a la Justicia al remarcar “la negligencia y complicidad de jueces y fiscales” en la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta, el 1 de septiembre de 2022, frente a su casa de Recoleta. El eje central de la crítica: la elevación a juicio de los autores materiales sin profundizar en las vinculaciones políticas y económicas, que los abogados de la vicepresidenta llamaron la “pista Milman”.
Gerardo Milman.
“Queremos dilucidar las dos preguntas fundamentales: quién atentó contra Cristina Kirchner y por qué. Para nosotros fue el clímax en un proceso con un objetivo muy claro: descabezar, desorientar y desarmar al campo popular argentino, generando un hecho heroico que desinhibió a las fuerzas reaccionarias que dicen que quieren destruir al Estado”, pronunció Grabois
“La causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación”, afirmó el mandatario a un año del intento de asesinato contra la vicepresidenta.
El presidente, Alberto Fernández, apuntó este viernes contra la Justicia a un año del atentado a Cristina Kirchner. El primer mandatario criticó en un hilo de Twitter al Poder Judicial por la lentitud en la causa que investiga el intento de magnicidio “dejando pruebas de lado”.
“Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática”, dijo.
Al respecto, señaló que “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.
“Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia”, cerró.
La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuesto autores materiales mientras que la querella de la exmandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.
El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha.
El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen al proyecto de exteriorización del ahorro argentino. De 36 presentes, 25 diputados firmaron el dictamen de mayoría del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
La medida contempla el “establecimiento de un régimen general de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado” y “un régimen simplificado de declaración”.
Según el proyecto, las disposiciones “complementan los avances globales en materia de intercambio de información tributaria que se vienen llevando a cabo en aras de garantizar una transparencia fiscal internacional”.
Desde la oposición, la diputada Germana Figueroa Casas (PRO) se refirió al contexto del proyecto y dijo que “se estima que un 45% de la economía está en la informalidad, esto hace que haya movimientos de dinero y de bienes fuera de circuito”.
“Con la gran presión tributaria, sumada a la inflación, hay muchos negocios, personas y empresas que una parte, o el total, las lleva hacia la informalidad. A esto se suman las restricciones a la compra de dólar”, añadió
“¿Cómo hacemos para formalizar esa economía? El blanqueo es una herramienta. El tema es que, para que un blanqueo tenga éxito, se tiene que generar confianza, no en un gobierno que se está terminando, donde la economía está muy complicada”, manifestó la diputada del PRO.
Por su parte, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) explicó los alcances del intercambio de información con Estados Unidos, logrado a fin del año pasado. “Muchos de los fondos en paraísos fiscales se fueron desplazando hacia los Estados Unidos, por eso es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia”, dijo.
“El gobierno propone este proyecto por el cual se plantea, previo a ese intercambio de información, este régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino. Da la posibilidad de que quienes tengan activos no declarados puedan presentarse con el pago de un impuesto que es reducido al inicio y creciente a lo largo del tiempo”, explicó Casaretto.
“El objetivo es que ingresen voluntariamente, si se los detectara habría que litigar para cobrar el capital, los intereses y las multas”, resumió.
Por último, el titular de la Comisión, Carlos Heller (Frente de Todos) dijo que se estima que hay 435 mil millones de dólares no declarados en el exterior. “El régimen de intercambio de información con Estados Unidos es una enorme posibilidad que tiene la Argentina de lograr el reingreso de esos fondos”, explicó.
Al mismo tiempo, reconoció “el sinsabor que tiene el régimen de exteriorización porque estamos hablando de sujetos y empresas que no han cumplido con la ley”.
“Esto está hecho con una perspectiva de Nación. Estamos hablando de un régimen que va a quedar vigente por un año y quien gobierne va a disponer de esta herramienta para actuar en defensa del interés nacional”, concluyó Heller.
La semana pasada se había realizado una reunión informativa sobre el proyecto, que contó con la participación de Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de Guillermo Michel, director General de Aduana.
De manera conjunta y mediante el voto mayoritario, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron el establecimiento de tres casas de universidades nacionales: la universidad Madres de Plaza de Mayo en C.A.B.A, la universidad de Saladillo, y la universidad de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas. Las mismas integran un paquete de ocho altas casas de estudio prontas a fundarse, dispuestas por dictamen para su tratamiento en la HCDN.
En el marco del plenario sostenido por la comisión de Educación, presidida por Blanca Osuna (FdT), junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller (FdT), obtuvo dictamen por mayoría la fundación de tres casas de altos estudios nacionales, de acceso público y gratuito en territorio bonaerense.
Se trata del potencial nacimiento de la universidad Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la universidad de Saladillo en la localidad homónima, y de la Cuenca del Salado, teniendo por sede central el distrito de Cañuelas.
Al respecto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) señaló que las tres entidades académicas integran un paquete de ocho futuras universidades, también con dictamen favorable: la universidad Juan Laurentino Ortiz de Paraná (Entre Ríos), de Río Tercero (Córdoba), y del Delta y del Pilar (PBA) “No se está creando universidades de la nada – recalcó Arroyo -: acá hay tradición, desarrollo académico, institutos terciarios, es decir, universidades provinciales que hoy pasarán a ser nacionales”. “La Argentina necesita más universidades”, ponderó el diputado del Frente de Todos, en tanto “universidad significa desarrollo, investigación, conocimiento y oportunidades para los jóvenes”.
En la suma de los beneficios socio-educativos, y de aquellos vinculados al conocimiento científico, Arroyo soslayó que “las universidades potencian el crecimiento económico del país, porque es evidente que va a haber más desarrollo tecnológico, más capacidad productiva y más cadenas de valor, en la medida que haya más universidades vinculadas con su medio”.
Por el contrario, la diputada Victoria Morales Gorleri (JxC) manifestó su rechazo al impulso de nuevas universidades nacionales, al considerar como “una farsa” el sostenimiento de las mismas mediante el presupuesto nacional, “en un momento de profunda crisis educativa, y donde los datos del sistema educativo son alarmantes y dolorosos”.
A modo ilustrativo, la diputada opositors citó el informe 2020-2021 presentado por el Ministerio de Educación de la Nación, donde observó que “más o menos 12 millones de alumnos componen el sistema de educación obligatorio, de los cuales 4 millones asisten al nivel medio, y sólo la mitad logran terminar la etapa escolar”. “Son 681.00 los alumnos inscriptos en la etapa universitaria, y sólo 137.500 logran terminar la universidad”, precisó Morales Gorleri en su diagnóstico. “En este momento de nuestro país, donde la educación se cae a pedazos, plantear la creación de 8 universidades nuevas, es una estafa”, sentenció la legisladora de Juntos por el Cambio.
Finalmente, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, instó a mejorar el proyecto de ley partiendo de dos problemáticas ligadas al ámbito universitario. “El primero es que estas universidades se están creando sin establecer las condiciones de sus trabajadores y trabajadores, es decir, qué va a regir en cuanto al convenio colectivo de trabajo de docencia universitaria. Y el segundo aspecto – prosiguió del Plá -, es que estas universidades se crean bajo una Ley de Educación Superior, aprobada en el año 1995, y que ha dado lugar a los reclamos de organismos como el Banco Mundial o el FMI, que pretenden avanzar en mayores niveles de mercantilización de la educación universitaria”.
Durante la jornada declararon Marcelo D´Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Gabriel Astarloa, procurador General de la Ciudad.
La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT), realizó una nueva audiencia testimonial, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
El exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro- quien fue citado por tercera vez bajo apercibimiento, brindó explicaciones sobre el traspaso de la policía federal: “Como ex Ministro de Justicia y Seguridad de CABA, nos hicimos cargo de la ejecución de una ley moderna donde se implementó el Plan Integral de Seguridad, en el cual la policía federal se unificaba con la metropolitana”.
Ante las consultas sobre chats filtrados del celular de D’Alessandro, en el que habría conversaciones con Silvio Robles-colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti- sobre el fallo de coparticipación y Consejo de la Magistratura, dijo: “La denuncia la hice cuando me robaron la línea. Quiero aclarar que hay causas abiertas y la justicia determinó, a través de dictámenes, que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración sino una operación de inteligencia”.
Respecto a la pregunta sobre “sí conocía a Robles, si había estado en una fiesta” el testigo se amparó en el artículo 18. “No estoy omitiendo verdad ni mintiendo, simplemente estoy haciendo uso de mi derecho porque estas causas en particular tienen que ver con estos supuestos chats, que ya la justicia ha dictaminado que son un delito, pero también hay otras causas. De hecho, el Ministro de Seguridad de la Nación me ha denunciado con lo cual entiendo que hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho de defensa”, aseveró.
En cuanto a las audiencias con la Corte para tratar la coparticipación, D’Alessandro dijo que “participó de las audiencias y no recuerdo si fueron cuatro o cinco. En las reuniones previas estaban los representantes de la Ciudad y del Gobierno Nacional y, en la audiencia final, lo mismo”. A su vez, contestó que Robles “en las audiencias previas no estuvo presente nunca y en las posteriores: no recuerdo”.
Asimismo, diputados del oficialismo le preguntaron por su renuncia al cargo y el testigo aclaró que renunció “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió que “bajo ningún punto de vista” había recibido presiones para hacerlo.
Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, declaró que “representamos en juicio a la Ciudad de Buenos Aires, no solamente desde la Procuración General. Hemos sido responsables en el caso de coparticipación, no tan sólo de la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentamos a finales de diciembre una vez sancionada la ley, sino también, de la acción de amparo que habíamos presentado en septiembre cuando se dictó el decreto”.
“Tanto el decreto como la ley después, violaron gravemente preceptos constitucionales y obviamente agravian a la Ciudad. Están violados el federalismo de concertación que está previsto en la Constitución nacional en todo el régimen de coparticipación”, agregó.
Astarloa puntualizó que quedó “gravemente herida la autonomía de la Ciudad por sus recursos intangibles y una competencia natural que es su competencia en seguridad. Pusieron gravemente en juego esa función, aseveró y testificó que presentaron una nulidad e inconstitucionalidad de estas normas y luego de las audiencias se notificó a la Corte que no hubo acuerdo de las partes.
En el comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión aclaró que Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema (que estaba citado a la reunión), justificó su inasistencia.
Además, el bloque del Frente de Todos volvió a pedir información a la Corte Suprema sobre la existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles por “ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario”.
En tanto, la Comisión requirió información a la justicia federal sobre causas judiciales que tenga abiertas D´ Alessandro, quien en ocasiones también se amparó en el mismo artículo
Ex Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y se negó a responder preguntas.
Marcelo D’ Alessandro concurrió este martes a declarar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que estudia si corresponde acusar de “mal desempeño de sus funciones” a los cuatro miembros del alto tribunal por su actuación en las causas sobre coparticipación, el fallo del 2×1 que benefició a un represor, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que la próxima reunión será el 12 de septiembre, donde se hará el último encuentro sobre el fallo cautelar de la Corte que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta elevarla el 2,95%, tras el reclamo del jefe de Gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta.
El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5% y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Larreta.
En el primer tramo de la reunión, la Comisión analizó una nota enviada por la Corte en respuesta al pedido de que se analice tomar medidas disciplinarias por la reticencia de Robles de responder preguntas cuando declaró ante ese cuerpo y decidió hacer un nuevo requerimiento, al considerar el oficialismo que respondió algunas preguntas.
La Corte informó que “no corresponde al tribunal expedirse sobre cuestiones vinculadas al contenido de declaraciones testimoniales prestadas en el ámbito de juicio político seguido contra sus propios integrantes”.
El grupo parlamentario asesor citó al exministro porteño para que exponga sobre si había intercambiado chats con Robles, como se había filtrado hace meses, ya que para el oficialismo podría haber una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
Sobre este punto, el Ex Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que “se determinó, a través de los dictámenes, que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración sino una operación de inteligencia”.
Dijo que denunció la desaparición de su teléfono celular cuando se produjo el robo y se convirtió en “denunciante y querellante en esa causa”.
En ese sentido, D’Alessandro dijo que “hay causas que están abiertas, se están investigando, y ya hay detenidos y confesó que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les encomendaron a cambios a cambio de dinero”.
A lo largo de la reunión fue consultado por los diputados Vanesa Siley y Leopoldo Moreau sobre si conocía a Robles o si había asistido junto al funcionario judicial a un cumpleaños, a lo que respondió que para no afectar “mi derecho a la defensa, en base a estas causas, me voy amparar en el artículo 18” de la Constitución Nacional.
Ese artículo dice que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” y que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”.
En ese contexto, Gaillard le recordó al testigo que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”, lo que generó quejas de los diputados de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, y Karina Banfi, quienes dijeron que se estaba “presionando” al testigo.
En otro tramo de la reunión, Siley le preguntó a D’Alessandro los motivos de su renuncia, a lo cual el ex funcionario dijo que “no tengo que valerme de ningún fuero para defenderme de acusaciones. Mi función merecía no quitarle horas a los vecinos y dedicarme a la investigación”.
Gaillard también le mostró una foto ante el pedido formulado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para ver su podía identificar a la persona que aparecía en la imagen y ante la respuesta de D’Alessandro, quien dijo que “si, es Silvio Robles”, el diputado oficialista afirmó: “entonces lo conoce”.
Pero el exfuncionario reiteró que se amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que no iba a opinar sobre esa afirmación.
D’ Alessandro no había asistido en las dos oportunidades anteriores en las que fue citado, con lo cual estaba expuesto a ser intimado a concurrir con intervención de un juez.
La presidenta de la comisión abrió a las 13.15 el encuentro y en primer término declaró el exministro porteño y luego Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, Miguel Federico de Lorenzo, justificó que no podía concurrir.
Astarloa defendió el fallo de la Corte al afirmar que “el decreto primero como la ley -aprobada por el Congreso- violaron gravemente preceptos constitucionales que agraviaban a la CABA, como el federalismo de concertación, la autonomía y la competencia en materia de seguridad”.
Agregó que “ningún porcentaje o coeficiente de participación que le correspondía a cualquiera de las provincias fue alterado o menoscabado por este acuerdo. Los mismos fondos que la Nación gastaba en materia de seguridad fueron traspasados a la CABA”.
Tras concluir con la discusión del fallo de la coparticipación porteña, la comisión de Juicio Político comenzará a analizar el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y repuso una ley derogada en el 2006 cuando redujo de 20 a 13 miembros los integrantes del organismo, encargado de la selección y control de los jueces y de administrar los fondos del Poder Judicial.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne en un encuentro parlamentario, para continuar trabajando en el Proyecto de Ley de fecha 5 de junio de 2023 sobre Exteriorización del Ahorro Argentino, y el Mensaje N° 0084/23.
Anteriormente, dicha comisión contó con la observación y aporte de la C.P. Claudia Fabiana Balestrini, Subsecretaria de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía; el C.P. Carlos Daniel Castagneto, Administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Dr. Guillermo Michel, Director General de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros.
Compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias, o de sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia. Esta comisión no podrá incorporar en el articulado de la ley general de presupuesto disposición alguna relacionada con materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, si no cuenta con despacho favorable de la comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica respectiva.
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