Bajo la consigna “Ayunar para despertar las conciencias”, el Premio Nobel de la Paz y las centrales obreras montarán una protesta ecuménica contra el ajuste de Milei que se replicará en las plazas de todo el país.
En una medida de protesta inédita de fuerte contenido místico y político, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, convocaron a un ayuno nacional de ocho días en la Plaza de Mayo. La drástica iniciativa comenzará este martes 2 de junio y se extenderá hasta el 9 de junio, contando con el respaldo orgánico de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, lideradas por Hugo Yasky y Hugo Godoy.
Los organizadores detallaron que la campaña, bautizada como “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, tiene como objetivo central visibilizar el brutal crecimiento del hambre, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida bajo el modelo económico de la administración libertaria. El método de protesta pacífica no se limitará a la Capital Federal, sino que tendrá réplicas con espacios de oración en las plazas principales del interior del país.
La fisonomía de la Plaza de Mayo cambiará durante la semana, ya que las ocho jornadas de ayuno estarán acompañadas por encuentros con distintos sectores sociales, debates abiertos sobre justicia social y ambiental, actividades culturales y el cierre diario con cantos y reflexiones a cargo de diversos artistas populares. Desde la organización sintetizaron el reclamo con un duro documento fundacional: “Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”.
La convocatoria profundiza la durísima postura que Pérez Esquivel mantiene contra la gestión de la Casa Rosada. En las vísperas del lanzamiento, el referente de los derechos humanos cargó fuertemente contra el alineamiento internacional del oficialismo, acusando al presidente Javier Milei de ser “un sirviente del imperio norteamericano” y afirmando taxativamente que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.
La tregua inflacionaria del Gobierno se desvanece con la llegada del nuevo mes: prepagas, alquileres, colegios privados y tarifas de servicios públicos encabezan una ola de subas que asfixia a la clase media y trabajadora.
El mes de junio arranca con una fuerte presión sobre la economía familiar. A pesar del discurso oficial sobre la desaceleración de los precios, una densa batería de incrementos regulados y contratos indexados entra en vigencia de forma simultánea, configurando un escenario de asfixia económica que golpeará de lleno el consumo de los hogares.
La guía de los aumentos confirmados para este mes:
Alquileres por las nubes: Los inquilinos que aún se rigen por la antigua Ley de Alquileres (con contratos anuales) y deban afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL) sufrirán un aumento que rondará el 230%. En paralelo, los nuevos contratos desregulados bajo el DNU registran subas trimestrales o cuatrimestrales atadas a la inflación acumulada.
Prepagas sin freno: Tras el vencimiento de la medida cautelar que las obligaba a devolver saldos y congelar cuotas, las empresas de medicina privada vuelven a aplicar aumentos libres de entre el 11% y el 18%, sumando un nuevo piso de gastos fijos inalcanzables para los sectores de ingresos medios.
Colegios privados con suba autorizada: Las instituciones educativas de gestión privada con subsidio estatal (tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires) implementarán un incremento promedio del 9% en sus aranceles, autorizado por los ministerios de educación locales para absorber los costos de las últimas paritarias docentes.
Tarifas de luz y gas: El Ministerio de Economía avanza con la quita de subsidios para los sectores de ingresos medios y bajos, a lo que se suma la actualización de los componentes de transporte y distribución. El impacto en las facturas hogareñas promedia el 20% de aumento, con picos superiores según la categoría de consumo.
Combustibles más caros: El Gobierno postergó parcialmente el impuesto a los combustibles líquidos para evitar un fogonazo inflacionario mayor, pero las petroleras aplicarán de todos modos un ajuste de entre el 2% y el 4% en los surtidores de nafta y gasoil para compensar la devaluación mensual del peso.
La acumulación de estas subas en la primera mitad del año consolida una pérdida histórica del poder adquisitivo, obligando a miles de familias a recortar consumos básicos o endeudarse para cubrir el costo de vida elemental en un invierno que arranca con las cuentas en rojo.
En un acto de crueldad sin precedentes, el Gobierno reglamentó el Fondo de Cese Laboral autorizando el uso de las cajas de la seguridad social para financiar despidos masivos, beneficiando a las corporaciones con el dinero de nuestros abuelos.
En un fuerte giro que desató alarmas en los sectores previsionales y sindicales, el presidente Javier Milei reglamentó el funcionamiento del Fondo de Cese Laboral (FAL), el nuevo mecanismo introducido por la reforma laboral para sustituir el sistema tradicional de indemnizaciones. La mayor polémica del decreto radica en que el Estado autorizó la utilización de los fondos de la seguridad social y del sistema de jubilaciones para financiar la reestructuración de personal y los despidos en el sector privado.
La normativa establece que los aportes acumulados en estas cuentas —que originalmente debían resguardar el futuro de los trabajadores y sostener las cajas jubilatorias— podrán ser colocados en instrumentos financieros destinados a costear las desvinculaciones laborales. Desde la oposición y los equipos técnicos de los gremios denunciaron que esta medida representa un “vaciamiento encubierto” del sistema previsional, utilizando el dinero de los pasivos y activos para aliviar la carga económica de las corporaciones a la hora de recortar sus planteles.
El mecanismo del FAL busca generalizar el modelo que históricamente utilizó la UOCRA, pero con una vuelta de tuerca financiera que expone los recursos públicos a los vaivenes del mercado. Mientras el poder adquisitivo de los jubilados sigue perdiendo terreno frente a la inflación, la firma de este decreto desvía recursos estratégicos hacia el financiamiento del desempleo, consolidando un esquema donde el costo de la flexibilidad laboral termina siendo subsidiado, indirectamente, por las cajas del propio Estado.
La Federación Aceitera y el SOEA lanzaron un paro nacional tras el fracaso paritario, acusando a las patronales de intentar congelar los sueldos en base a un índice del INDEC “tramposo” que no cubre la realidad de las familias.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo iniciaron una medida de fuerza conjunta de alcance nacional. El sindicato justificó la contundencia de la huelga exponiendo con dureza una serie de datos económicos que fundamentan el reclamo y que exponen la “mala fe” con la que viene negociando el sector agroexportador.
Los datos clave expuestos por el gremio:
Propuesta de aumento del 0%: Los sindicatos denunciaron que, en la revisión de la paritaria —pactada originalmente para analizar el impacto económico entre el 27 de abril y el 2 de mayo—, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y las patronales del biodiésel se plantaron en ofrecer cero pesos de recomposición salarial para el mes de mayo.
Ganancias extraordinarias de las patronales: El gremio reveló que el complejo agroexportador obtuvo una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares gracias a la enorme reducción de los derechos de exportación (retenciones) otorgada por el Gobierno. “No ofrecen ni un peso para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, dispararon en un duro comunicado.
Aumento de la productividad obrera: La conducción sindical detalló que durante 2025 se batieron récords de procesamiento de soja y girasol a costa del esfuerzo de los trabajadores. Según sus registros, la productividad por operario pasó de 183 toneladas mensuales a 191 toneladas por mes, logrando ese rendimiento “sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores”.
El reclamo de un salario básico de $2,8 millones: El sector fundamentó que, siguiendo las propias estadísticas del INDEC sobre las 9 necesidades básicas que establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo (alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, esparcimiento, etc.), el Salario Mínimo, Vital y Móvil del sector debe fijarse actualmente en $2.802.754 (frente a los $2.344.000 actuales).
Rechazo a la “trampa” del índice de inflación: Los gremios repudiaron la intención empresaria de querer atar los aumentos únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, advirtiendo que ese indicador ya no representa los gastos reales de una familia trabajadora. Afirmaron que aceptar esa lógica implica caer en una “trampa” que desconoce una tradición de paritarias de más de 20 años.
Para la conducción sindical, la postura de las empresas no es más que un intento de imponer un congelamiento y una rebaja salarial encubierta, motivo por el cual ratificaron que no están dispuestos a “atar la vida de sus familias a la conveniencia de las patronales”.
En una decisión de alto impacto político, un fallo judicial ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La CGT y las CTA convocaron a una marcha masiva en repudio a lo que consideran un ataque directo a la autonomía sindical.
El universo sindical argentino se encuentra en estado de conmoción absoluta tras conocerse un polémico fallo judicial que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dispuso el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La medida, que toca a uno de los gremios industriales más potentes e históricos del país, provocó una reacción inmediata y en cadena de todo el arco gremial, que denunció una “persecución judicial y política”.
Furlán, quien además de liderar a los metalúrgicos es una de las voces más críticas del modelo económico oficialista dentro de la CGT, fue apartado de su cargo a raíz de una vieja causa judicial que impugnaba el proceso electoral interno del gremio. Sin embargo, para la conducción de la central obrera y las dos vertientes de la CTA, el timing y la dureza del fallo no son casuales: consideran que la intervención busca disciplinar a los sindicatos combativos y quebrar la resistencia contra las reformas laborales que intenta consolidar el Ejecutivo.
Frente a este escenario, las principales centrales sindicales del país declararon el estado de alerta y movilización permanente. Para las próximas horas se espera una marcha masiva hacia la sede central de la UOM y los tribunales, bajo la consigna de defender la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. Los dirigentes advierten que si el Gobierno avala o ejecuta de forma efectiva esta intervención a través del Ministerio de Trabajo, la respuesta será un esquema de paros y un plan de lucha nacional de alcance impredecible.
A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.
El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.
La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.
Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.
En pleno desfinanciamiento militar, la Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una insólita licitación privada donde el Estado no pagará con pesos, sino con fruta fresca cosechada en Mendoza.
En un hecho inédito que expone con crudeza la falta de presupuesto y liquidez, el Ejército Argentino oficializó un mecanismo de contratación digno de la era del trueque: ofrece pagar con toneladas de membrillo fresco la compra de repuestos para una camioneta. La ingeniería administrativa fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria a través de la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, con el fin de reparar una Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.
La particularidad de la convocatoria es que el contrato se adjudicará al proveedor que “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos” a cambio del listado de 31 autopartes solicitadas, que incluyen desde kits de embrague hasta pastillas de freno. Al tratarse de una permuta directa de bienes perecederos que la fuerza no pudo colocar en el mercado, el sistema informático de compras del Estado (COMPR.AR) se vio colapsado técnicamente, obligando a los oferentes a fijar un precio artificial de $0,000001 para poder cargar sus propuestas en una plataforma que no está diseñada para el comercio en especies.
Desde el Ejército salieron a justificar la operación asegurando que el mecanismo es “jurídicamente válido, transparente y económicamente razonable”. Sin embargo, en los pasillos de las Fuerzas Armadas la medida causó un fuerte malestar y se leyó como una muestra del ahogo presupuestario extremo que sufren las delegaciones del interior, justo en una semana donde la cúpula militar viene reclamando de forma abierta inversiones en tecnología ante el ministro de Defensa. La insólita licitación cierra el próximo 27 de mayo, día en que se sabrá cuántos kilos de fruta vale el tren delantero de una 4×4 oficial.
¿La casta viaja en bondi? Las subas de cuatro cifras en colectivos, trenes y subtes transformaron el viaje diario al trabajo en un artículo de lujo. Al final, la motosierra no apuntó a los despachos oficiales ni a los privilegios de la política, sino a los molinetes de las estaciones y a las paradas de colectivo de los sectores populares.
La política de transporte público en el AMBA sufrió un giro de 180 grados desde la asunción del gobierno libertario de Javier Milei. Con el objetivo central de reducir el déficit fiscal, eliminar los subsidios directos a las empresas y “sincerar” los costos del sistema, las tarifas de colectivos, trenes y subterráneos experimentaron el salto más abrupto de la historia reciente. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet publicado este año, el gasto promedio de los hogares en movilidad se disparó un 1.000%, convirtiendo al transporte en el rubro de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos.
A continuación, la reconstrucción cronológica, paso a paso y con datos oficiales, del desmantelamiento del esquema de subsidios y la evolución de los boletos mínimos (con tarjeta SUBE registrada).
1. El punto de partida: Diciembre 2023
Al asumir la nueva gestión, las tarifas en el AMBA se encontraban fuertemente congeladas y subsidiadas por el Estado Nacional.
Colectivo mínimo: $52,96
Tren (Mínimo líneas Mitre, Sarmiento, San Martín): $48,38 (Líneas Roca, Belgrano Sur y Norte costaban $37,30)
Subte: $80,00
2. El primer salto (Enero – Febrero 2024)
La devaluación de diciembre de 2023 cuando apenas asumió Milei, impactó de inmediato en los costos operativos de las empresas, lo que forzó las primeras actualizaciones de emergencia. En febrero llegó el primer “tarifazo” masivo con la quita fuerte de subsidios al boleto.
Enero 2024: El colectivo mínimo subió a $76,92 (un 45,2% de incremento). Los trenes se unificaron en una tarifa base de $130,00. El subte trepó a $110,00.
Febrero 2024: La Secretaría de Transporte aplicó un ajuste drástico. El colectivo mínimo saltó a $270,00 (un salto del 251% en un solo mes). Los trenes mínimos pasaron a costar $130,00 en todas las líneas.
3. La escalada del Subte y la unificación de Trenes (Mayo – Junio 2024)
Mientras Nación congeló transitoriamente los colectivos para frenar la inflación del IPC, el Gobierno de la Ciudad avanzó con un cronograma escalonado para el Subte, y la Secretaría de Transporte ajustó fuertemente los trenes en mayo tras declarar la “emergencia ferroviaria”.
Mayo 2024: El boleto de tren mínimo sufrió un incremento del 53,8%, alcanzando los $200,00. El subte subió a $574,00.
Junio 2024: El subte trepó a $650,00.
4. El descongelamiento y la quita del Boleto Integrado (Agosto – Septiembre 2024)
Tras meses sin cambios en el autotransporte, el Gobierno Nacional autorizó un nuevo incremento en agosto y retiró los subsidios a las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Esto dio inicio a la “descoordinación tarifaria”.
Agosto 2024: El colectivo mínimo nacional aumentó un 37%, pasando de $270 a $371,13.
Septiembre 2024: Los trenes volvieron a subir un 40%, alcanzando un mínimo de $280,00. El subte completó su esquema escalonado llegando a $757,00.
5. La fragmentación del sistema y la indexación (2025 – Mayo 2026)
A partir de 2025, el mapa del transporte en el AMBA se rompió definitivamente. Al dejar Nación de financiar las líneas locales, CABA y PBA comenzaron a definir esquemas propios para cubrir los costos o trasladarlos a las tarifas, lo que generó valores diferenciados según la jurisdicción. Además, para 2026 se consolidó un sistema de actualización mensual indexado.
El cuadro tarifario a mayo de 2026
Con las últimas actualizaciones aplicadas a partir de hoy, lunes 18 de mayo de 2026, los valores mínimos (para la primera sección o tramos de 0 a 3 km con SUBE registrada) quedaron configurados de la siguiente manera:
Colectivos de Jurisdicción Nacional (Líneas interjurisdiccionales que cruzan de Provincia a CABA): $714,00. (Ya se oficializó que subirá a $728 en junio y a $742 en julio).
Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA):$753,74.
Colectivos de la Provincia de Buenos Aires (PBA):$968,57. (La Provincia absorbe un costo mayor por la extensión de los recorridos y el recorte del Fondo Compensador del Interior/Amba).
Trenes del AMBA (Todas las líneas): Subió hoy un 10%, pasando de los $280 que promediaba el año pasado a $310,00. (Tiene un cronograma mensual escalonado que lo llevará a $449,81 en septiembre).
Subterráneo de CABA:$1.490,00 (para usuarios de 1 a 20 viajes mensuales).
El dato de la SUBE “Sin Registrar”: Como política para desincentivar el anonimato y recortar subsidios, el Gobierno mantuvo el castigo tarifario. Quienes viajan con una tarjeta SUBE sin nominalizar pagan exactamente el doble de la tarifa base (por ejemplo, $1.428 en colectivos nacionales y $2.369 en el subte).
Resumen del Impacto Acumulado (Diciembre 2023 vs. Mayo 2026)
Para tomar dimensión real del ajuste en términos nominales sobre el boleto mínimo registrado:
Transporte
Tarifa Dic 2023
Tarifa Mayo 2026
Aumento Acumulado (%)
Colectivo (Mínimo Nacional)
$52,96
$714,00
+1.248%
Colectivo (Mínimo PBA)
$52,96
$968,57
+1.728%
Trenes (Líneas Mitre/Sarmiento)
$48,38
$310,00
+540%
Subte (CABA)
$80,00
$1.490,00
+1.762%
La quita de subsidios nacionales —que cayeron más de un 43% en términos reales— y la transferencia de costos a las provincias y municipios cambiaron la fisonomía del gasto hogareño en Buenos Aires. Si en 2023 el usuario pagaba con su boleto apenas entre el 2% y el 5% de lo que costaba realmente el tramo, hoy la recaudación directa ya cubre una parte sustancial del llamado “costo técnico”, que las consultoras privadas y el propio Estado ya estiman en torno a los $1.800 y $2.000 por viaje.
A solo seis meses de asumir, el gobierno conservador enfrenta un estallido social sin precedentes provocado por un brutal tarifazo de combustibles y leyes agrarias inconsultas. La respuesta oficial repite el manual de la represión y el asedio militar.
Apenas medio año después de haber quebrado dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el gobierno de Rodrigo Paz Pereira se encuentra contra las cuerdas y enfrenta una de las crisis políticas y sociales más profundas de la historia reciente de Bolivia. Lo que comenzó como un reclamo sectorial por el incremento de los salarios se ha transformado en una huelga general indefinida con una marcha masiva desde El Alto hacia La Paz que exige la renuncia inmediata del mandatario, en una muestra de la velocidad con la que se dilapidó su capital político inicial.
La mecha que encendió el conflicto fue puramente económica: la incapacidad de la gestión para solucionar la escasez de divisas derivó en un salvaje incremento en el precio de los combustibles —con subas del 86% en la gasolina y un 163% en el diésel—. A este “sinceramiento” forzado se le sumó la polémica y rechazada Ley Agraria 1720, una norma que el Ejecutivo intentó imponer sin consenso y que fue leída por los pueblos indígenas de la Amazonía y los sectores campesinos como un ataque directo a la pequeña y mediana propiedad comunitaria de la tierra. Aunque el presidente ensayó una marcha atrás tardía abrogando la ley, el descontento ya era incontenible.
Hoy, la sede de gobierno en La Paz se encuentra virtualmente cercada y al borde del colapso humanitario, tras la tercera semana consecutiva de bloqueos de rutas nacionales liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos y la Federación Túpac Katari. Lejos de tender puentes genuinos de diálogo, la respuesta del Palacio Quemado ha sido la militarización y la represión con gases lacrimógenos en el centro paceño y la ciudad de El Alto, dejando un saldo de heridos que acrecienta la indignación popular.
Para justificar la parálisis de su propia gestión y el fracaso de sus operativos policiales, el gobierno de Paz Pereira ha optado por la clásica estrategia de agitar fantasmas conspirativos, denunciando un “plan macabro” financiado por el narcotráfico y responsabilizando de forma exclusiva al expresidente Evo Morales como autor intelectual de las protestas. Sin embargo, culpar a la oposición no oculta la realidad de las calles: el “cambio” prometido por la administración de Paz se ha traducido rápidamente en inflación, descontrol de precios, mala calidad de los carburantes que arruina los motores y una preocupante falta de sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, quienes hoy marchan bajo la consigna de que el actual gobierno solo legisla para el beneficio de unos pocos privilegiados.
La presión judicial sobre Manuel Adorni se duplica: detectaron billeteras virtuales con movimientos por más de 100.000 dólares que se suman a los escandalosos pagos en negro por la remodelación de su mansión.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo explosivo que complica drásticamente su situación en Comodoro Py. La Justicia logró identificar dos nuevas billeteras virtuales vinculadas al funcionario, las cuales operaban a través de plataformas como Binance, Lemon, Bitso y Over. Según revelaron fuentes judiciales, estas carteras digitales registran movimientos superiores a los 100.000 dólares desde el año 2022 a la fecha, abriendo una nueva línea de investigación sobre fondos no declarados.
En paralelo al frente cripto, el avance en la causa inmobiliaria sumó pruebas demoledoras. El contratista Matías Tabar se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y entregó chats, facturas y remitos que reconstruyen cómo se financió la lujosa reforma en el country Indio Cua. Tabar ratificó que el valor total de la obra ascendió a 245.000 dólares y que se pagó íntegramente en efectivo, iniciándose con un anticipo “en mano” de 94.000 dólares.
Toda la documentación aportada por el constructor ya fue incorporada al expediente para cruzar los gastos reales con las declaraciones juradas en blanco de Adorni, las cuales muestran una asimetría total con el nivel de vida exhibido. El escándalo, bautizado en los pasillos políticos como el “Adornigate”, obligó al presidente Javier Milei a recibir de urgencia al funcionario en la Quinta de Olivos, en un intento por contener los daños de una causa que ya erosiona de manera irreversible el relato de transparencia oficialista.
