Así lo afirmaron referentes de diversos partidos políticos a cuatro años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en 2022.

Al cumplirse un nuevo año del ataque contra Cristina Kirchner, dirigenciales de distintos espacios políticos emitieron un comunicado donde remarcan que la democracia no tolera la erradicación de los rivales políticos.

El documento analiza el trasfondo de hostigamiento político, mediático y judicial en el que ocurrió el atentado hacia la exmandataria, sosteniendo que el hecho no puede considerarse un caso solitario ni ajeno al ambiente político previo.

El texto advierte que hay un límite infranqueable para cualquier sistema democrático: el momento en que la anulación simbólica del oponente habilita la opción de su erradicación física. Asimismo, destaca que el 1 de septiembre de 2022 el país estuvo muy cerca de sobrepasar ese punto sin retorno.

Quienes firman la declaración señalan que esta fecha interpela a todo el arco democrático del país, no solo al peronismo o a sus simpatizantes. Por ello, convocan a una coincidencia básica entre todas las fuerzas políticas, sin importar sus posturas ideológicas: las contiendas democráticas se resuelven con ideas, debates, militancia y elecciones; jamás mediante la persecución política que ponga en peligro la libertad, la seguridad o la vida de las personas.

El texto completo del pronunciamiento

A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.

Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.

La llamada “antipolítica” no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.

Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.

En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.

La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.

El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.

Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.

Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.

Las herramientas pueden cambiar. El hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas.

Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.

Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política.

De defender la palabra frente a la violencia.

La verdad frente a la mentira organizada.

El debate frente a la estigmatización.

La participación frente a la antipolítica.

Y a trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.

Nunca más la eliminación del adversario.

Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política.

Partido Justicialista — José Mayans

Frente Renovador — Diego Giuliano / Sergio Massa

Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto

Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella

Principios y Valores — Guillermo Moreno

Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau

Patria Grande — Juan Grabois

Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín

Radicalismo Auténtico — Federico Storani

Kolina — Carlos Castagneto

Frente Grande — Mario Secco

La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico

Partido Solidario — Carlos Heller

Unidad Socialista — Jorge Rivas

Unidad Popular — Claudio Lozano

Forja — Gustavo López

Partido de la Victoria — Esteban San Pedro

Espacio Popular — Eduardo Sigal

PTP-PCR — Juan Carlos Alderete

Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo

Partido Comunista — Jorge Kreyness

Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña

Libres del Sur — Humberto Tumini

Golpeado por escándalos de corrupción y desconectado de los reclamos sociales, el ecosistema digital libertario registra una caída histórica en sus interacciones que le impide seguir fijando los temas de debate.

El principal bastión de disputa política del oficialismo libertario atraviesa un acelerado proceso de desgaste. Diversos análisis sobre el comportamiento en plataformas digitales revelan una caída sostenida en las menciones, comentarios y niveles de interacción que genera la figura de Javier Milei. La narrativa que durante la campaña de 2023 se consolidó como una fuerza disruptiva pierde eficacia frente a una ciudadanía que empieza a percibir al mandatario no como un actor ajeno al sistema, sino como un político tradicional más.

Especialistas en comunicación digital señalan que el fenómeno obedece a una combinación de fatiga social, pérdida de empatía con la coyuntura económica y el impacto de sucesivos focos de conflicto. Los señalamientos por presuntos hechos de corrupción y controversias que salpicaron a figuras centrales del entorno presidencial terminaron por erosionar el perfil “anticasta”. Al mismo tiempo, la agenda discursiva que impulsa la Casa Rosada muestra dificultades para sintonizar con los problemas urgentes de la población, relegando la capacidad del Ejecutivo para fijar los temas de debate público.

A este escenario de desgaste político se suman complicaciones operativas en la arquitectura digital del oficialismo. La reestructuración del equipo de comunicación tras el distanciamiento de operadores clave, sumada a fallas en la sincronización de redes y errores en el uso de bots para inflar la viralización, redujeron la distribución orgánica del contenido. Estas maniobras, según informes del sector, expusieron incluso las cuentas oficiales a penalizaciones algorítmicas que restringieron aún más su alcance.

Si bien la oposición aún no logra capitalizar este repliegue ni desplazar al Presidente como el eje central de la discusión política, el congelamiento del ecosistema libertario altera la dinámica de la gestión. La pérdida de esa capilaridad digital que antes le permitía al Gobierno dominar la conversación pública deja al descubierto a una administración con menor margen de maniobra para imponer condiciones y capear el descontento social.

El Banco Central puso en marcha un mecanismo que automatiza el cobro de cuotas directamente desde las cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los detalles esenciales para entender cómo impacta en las finanzas de los usuarios.

El Banco Central puso en funcionamiento el nuevo esquema de cobro de créditos mediante débito directo en cuenta, una herramienta diseñada para simplificar el pago de financiaciones solicitadas ante entidades bancarias, fintech y comercios adhiriéndose a un sistema unificado. La medida busca dinamizar el crédito de consumo y reducir los índices de morosidad, aunque exige a los usuarios estar atentos al funcionamiento de sus saldos y autorizaciones para evitar cobros no deseados o penalizaciones.

Para comprender el impacto de esta modalidad operativa en la economía cotidiana, existen puntos fundamentales que estructuran la nueva normativa:

• Débito automático en cuenta o billetera: Las cuotas del préstamo se descuentan directamente el día del vencimiento de la cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) informada por el usuario.
• Consentimiento expreso: La entidad que otorga el crédito debe contar con la autorización previa y explícita del cliente para activar el cobro automático.
• Mecanismos de reversión (stop debit): Los usuarios conservan el derecho de suspender el débito hasta el día anterior al vencimiento o solicitar el reintegro dentro de los plazos fijados por la norma si detectan inconsistencias.
• Notificación previa obligatoria: La institución acreedora tiene la obligación de avisar al usuario con días de anticipación el monto exacto y la fecha en que se realizará el descuento.
• Compatibilidad interoperable: El sistema funciona indistintamente entre bancos tradicionales y proveedores de servicios de pago (billeteras digitales), ampliando las opciones para el usuario.
• Fondos insuficientes: Si al momento del cobro no hay dinero disponible, la normativa establece esquemas de reintento programados sin generar recargos no autorizados en el primer intento.
• Transparencia en los resúmenes: Los débitos deben figurar de forma clara y diferenciada en los movimientos de la cuenta para facilitar el control financiero del usuario.
• Cancelación de la adhesión: El titular del crédito puede dar de baja el débito automático de forma gratuita y por el mismo canal por el cual lo gestionó.

Con la implementación de este marco operativo, el sistema financiero busca consolidar la bancarización de los créditos al consumo y agilizar la cobranza. Sin embargo, para los usuarios será prioritario monitorear los resúmenes de cuenta y ejercer los mecanismos de control habilitados frente a cualquier cobro indebido.

Pese a los intentos del oficialismo por tomar distancia del estratega digital tras su detención en Bolivia, los registros de acceso revelan un flujo constante del consultor a los despachos del Poder Ejecutivo.

Luego de que la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por el atentado contra la abogada Nadia Beller sacudiera el escenario político, los registros oficiales de la Casa Rosada dejaron al descubierto el estrecho vínculo que el estratega digital mantuvo con el gobierno de Javier Milei. Los libros de ingreso a la sede de Gobierno confirman que el consultor ingresó al menos en 12 oportunidades desde el inicio de la gestión libertaria.

Las visitas registradas desacreditan la narrativa de ciertos sectores del oficialismo que buscaron presentar a Cerimedo como un actor externo o desvinculado de la toma de decisiones. El estratega no solo mantenía contacto cotidiano en el ecosistema de redes sociales y batallas culturales del espacio, sino que caminaba con habitualidad por los pasillos de Balcarce 50 para reunirse con altos funcionarios y coordinar la comunicación oficial.

El paso frecuente del consultor por los despachos del Poder Ejecutivo coincide con momentos clave de la gestión, en los que la estrategia digital del Gobierno desplegó campañas agresivas contra la oposición y sectores críticos. Las planillas de acceso exponen una cercanía operativa insostenible de negar ante la opinión pública.

El hallazgo de estos ingresos sistemáticos suma presión e incomodidad al Gobierno, que intenta capear las repercusiones internacionales del caso Judicial que involucra a Cerimedo en el exterior. La evidencia de los registros vuelve a poner bajo la lupa la red de influencias y el nivel de injerencia que los operadores digitales informales tienen en las decisiones del Estado.

En medio de crecientes internas de poder dentro del gabinete libertario, el funcionario presentó su dimisión tras una breve licencia, dejando acéfalo a uno de los organismos de control clave del Estado.

La sangría de funcionarios en el Poder Ejecutivo no se detiene y suma un nuevo capítulo con la renuncia intempestiva de José Andrés Velis a la titularidad de la Dirección General de Aduanas (DGA). El histórico funcionario de carrera, que había vuelto de la jubilación convocado por la propia Casa Rosada para reestructurar el área, dio un paso al costado tras tomarse un periodo de licencia y activar nuevas alarmas sobre la estabilidad del gabinete.

Las primeras versiones en los pasillos oficiales ubican la imprevista salida de Velis como un daño colateral directo de la feroz disputa de poder interna que atraviesa a las segundas y terceras líneas de la administración central. Su dimisión representa, además, un golpe de impacto para el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, en un área sensible dedicada a la fiscalización y la recaudación técnica del país.

Aunque desde el entorno del exfuncionario adujeron motivos estrictamente personales y familiares, la salida se concretó sin que el Gobierno cuente todavía con un reemplazante designado formalmente para ocupar la conducción de la DGA. La falta de previsión para la sucesión expone las grietas operativas que padece el oficialismo en la gestión cotidiana de las dependencias públicas.

El alejamiento de Velis profundiza la sensación de desbande e inestabilidad que acecha al equipo de gobierno en las últimas semanas. Frente al avance del descontento y las discrepancias de criterio sobre el rumbo institucional, la conducción del organismo aduanero queda paralizada en un momento crítico para las cuentas y la transparencia estatal.

Las declaraciones ante el tribunal de Héctor Zavaleta y Luis Betnaza sobre presuntos pagos ilegales exhibieron serias inconsistencias con testimonios anteriores y entre sí, dejando al descubierto fisuras en la hipótesis principal del proceso judicial.

Las audiencias del juicio oral por la causa denominada “Cuadernos” registraron una jornada de alto impacto tras las declaraciones de dos altísimos exejecutivos del Grupo Techint, Héctor Zavaleta y Luis Betnaza. Durante su comparecencia, ambos testigos incurrieron en notorias contradicciones respecto a la modalidad y los montos de entregas de dinero en efectivo que habrían realizado en 2008, debilitando la solidez del relato acusatorio impulsado desde el inicio del expediente.

El careo indirecto y la confrontación de los testimonios revelaron discrepancias sustanciales sobre los hechos investigados. Mientras en etapas previas los exdirectivos sostuvieron la versión de un presunto “pago humanitario” motivado por el proceso de estatización de la siderúrgica Sidor en Venezuela, los testimonios rendidos ante el tribunal se mostraron erráticos y discordantes con las afirmaciones presentadas por otros ejecutivos de la misma firma en jornadas previas.

La estrategia de las defensas técnicas logró que los jueces permitieran confrontar en tiempo real las versiones del dúo directivo con las pruebas documentales y los dichos de otros testigos del grupo empresarial. Esta dinámica expuso no solo diferencias en los montos en pesos equivalentes a dólares mencionados, sino también fisuras profundas sobre las circunstancias de lugar, modo y los verdaderos interlocutores de los supuestos acuerdos.

El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto que las acusaciones formuladas en la etapa de instrucción carecen de la cohesión necesaria para sostener la versión oficial de los hechos. Con el avance del debate oral, el proceso judicial exhibe grietas cada vez más evidentes en los testimonios clave que sustentaron el expediente desde su origen.

Un especialista que analizó el historial y las pericias del Presidente advierte una grave desconexión de la realidad y exige evaluar su inhabilidad por la vía constitucional.

El estado de salud mental de Javier Milei ha pasado a ser un debate central respecto a su capacidad para gobernar. Durante una entrevista brindada a Crónica, el psiquiatra José Abásolo, profesional con 50 años de experiencia, expuso su diagnóstico presuntivo: “Estamos siendo gobernados por un individuo que ha perdido el contacto vital con la realidad”. El médico sostuvo que las descalificaciones habituales del mandatario responden a “una defectuosa estructuración de la conciencia moral, porque la conciencia moral es un juicio crítico de la razón mediante el cual se reconoce la cualidad ética de un acto y él no se da cuenta de eso”.

En su exposición, el especialista repasó los antecedentes del Presidente y recordó que logró verificar la pericia ordenada en 2018 por un juez de Salta tras agresiones a una periodista, habiendo hablado directamente con el psicólogo que intervino en Rosario de la Frontera. Abásolo remarcó que, lejos de ser un hecho aislado, se trata de “una sumatoria de hechos de conductas desadaptativas, de estímulo atentatorio a la dignidad de las personas”, agregando que “uno podría observarlo como una mala educación, pero en realidad también puede ser un síntoma de un trastorno de personalidad grave”.

Al detallar el cuadro psicopatológico, el profesional identificó un conjunto de síntomas alarmantes: “Aparecen elementos pseudodelirantes mesiánicos, la megalomanía, lo autorreferencial, la sobrevaloración, el orgullo, la desconfianza y la falta de comprensión empática”. Asimismo, afirmó categóricamente que Milei “desde que subió a este escenario no bajó más; vive su propia ficción permanentemente”, advirtiendo que, como ocurre con muchos enfermos mentales, es una persona vulnerable que puede ser aprovechada por sectores inescrupulosos. Por su parte, la conducción del programa solidarizó al canal con los periodistas agredidos por el mandatario y repudió la falta de respeto a la investidura presidencial.

El análisis contó también con la participación del dirigente sindical Rodolfo Aguiar, quien coincidió con el diagnóstico y manifestó: “La desconexión del Presidente con la realidad en este momento es absoluta, es completa. Tenemos un presidente que vive su propia ficción, una ficción en la que los argentinos no jugamos ningún rol”. En el intercambio, se planteó además que el jefe de Estado actúa como una “marioneta” y un “títere”, mientras que las decisiones centrales de la gestión son ejecutadas por el poder real en un contexto signado por la incapacidad del mandatario para entablar lazos afectivos duraderos.

Frente a la gravedad de la situación, Abásolo enfatizó que se debe recurrir a las herramientas institucionales: “El juicio político para mí tiene que existir y también la inhabilitación”. Recordó que el sistema constitucional establece la sucesión en el artículo 88 por razones de incapacidad física o mental, planteando que el Congreso debe ordenar un psicodiagnóstico exhaustivo a cargo del Cuerpo de Peritos Forenses para determinar la invalidez de sus actos jurídicos.

Finalmente, el psiquiatra concluyó con una tajante advertencia sobre el futuro institucional del país: “Creo que el pronóstico no es bueno. Dice cualquier cosa y no mide las consecuencias, tampoco es consciente de su padecimiento”. Los especialistas remarcaron que el examen médico no es una opinión política sino una medida de urgencia y sentido común, afirmando que “el destino del Presidente no debe ser la cárcel, sino un tratamiento psiquiátrico”, dado que su permanencia en el cargo resulta peligrosa tanto para la Nación como para su propia salud.

En medio de un marcado deterioro en los índices de confianza de su gestión y el avance de definiciones legislativas clave, el Presidente reapareció en la sede de Gobierno para bajar línea ante diputados y senadores oficialistas.

Luego de permanecer recluido durante casi un mes en la Quinta Presidencial de Olivos, Javier Milei retomó las actividades presenciales en la Casa Rosada. La reaparición gubernamental se produce en un contexto político adverso, marcado por crecientes tensiones legislativas, internas crecientes en el espacio oficialista y indicadores de opinión pública que señalan caídas significativas en la aprobación de la gestión libertaria.

El retorno del mandatario al despacho presidencial responde a la urgencia del Poder Ejecutivo por ordenar a su propia tropa en el Congreso. Para ello, Milei convocó a una reunión de urgencia con los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, buscando alinear posiciones y fijar las prioridades en la agenda parlamentaria ante proyectos decisivos para la sostenibilidad de su programa de gobierno.

El aislamiento prolongado en la residencia oficial había encendido alarmas dentro y fuera del propio espacio libertario, abonando lecturas sobre el desgaste político del Ejecutivo y la dificultad de la mesa chica presidencial para conducir la coyuntura. La falta de presencia del Presidente en la sede de Gobierno coincidió con el avance de reclamos sociales, cuestionamientos a figuras clave del Gabinete y un escenario económico signado por el descontento social.

Con esta reaparición, la gestión oficialista intenta recuperar la iniciativa política e imprimir volumen institucional a una semana que se prevé compleja en las cámaras. Resta constatar si la reunión con los legisladores propios logrará abroquelar la bancada oficialista frente a una oposición que busca imponer límites a los decretos y proyectos impulsados desde Balcarce 50.

El consultor político y exasesor de Javier Milei fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba salir del país. Las autoridades locales indagan su presunta relación con el atentado a balazos que sufrió la activista Nadia Beller.

El estratega digital cofundador de ‘La Derecha Diario‘ y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, fue detenido por la Policía Boliviana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La aprehensión se ejecutó en el aeropuerto internacional de Viru Viru en momentos en que el consultor se disponía a abordar un vuelo hacia la Argentina, tras quedar bajo la lupa judicial por un atentado armado ocurrido pocas horas antes.

La investigación penal se inició tras el ataque sufirido por la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, quien recibió varios impactos de bala durante una agresión armada en Santa Cruz. La víctima permanece internada con pronóstico reservado, mientras los investigadores reconstruyen el móvil del hecho y analizan la relación previa entre Beller y Cerimedo.

Las fuerzas de seguridad e inteligencia locales ordenaron la detención preventiva del operador político argentino para tomarle declaración e investigar si tuvo participación intelectual o material en el intento de homicidio. Las hipótesis policiales giran en torno a posibles desavenencias personales y vínculos operativos en el marco del armado político en la región.

El arresto de Cerimedo genera fuerte impacto tanto en la política boliviana como en la Argentina, dado el rol clave que el consultor desempeñó en las campañas de comunicación y batallas digitales del oficialismo libertario. Las autoridades de ambos países siguen de cerca las actuaciones judiciales mientras se define la situación procesal del detenido en territorio boliviano.

A través de una resolución del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo restringió el acceso a la información pública sobre contrataciones, equipamiento y maniobras militares, encendiendo alarmas sobre la transparencia y el control ciudadano de los fondos públicos.

El Ministerio de Defensa formalizó una medida que amplía significativamente el alcance del secreto militar sobre las operaciones y las contrataciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante esta disposición, el Gobierno restringió la visibilidad pública de compras, ventas y maniobras operativas, encasillando diversos procedimientos administrativos bajo la figura de reserva de seguridad nacional para evitar la divulgação de datos y montos contractuales.

La resolución impone un velo de confidencialidad sobre los procesos de adquisición y modernización de material bélico, así como sobre los convenios con proveedores de defensa. Con este esquema de opacidad, las licitaciones y adjudicaciones quedan eximidas de los mecanismos habituales de rendición de cuentas, limitando de manera severa el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para los organismos de control del Estado.

Esta decisión genera profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y por el margen de discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto del área. El desmantelamiento de los canales de acceso a la información pública contraviene normativas históricas que garantizan el control democrático sobre el gasto estatal y las contrataciones del sector público.

La medida se suma a una serie de disposiciones de la gestión libertaria orientadas a restringir el control ciudadano y la fiscalización institucional sobre áreas sensibles de la administración central. Al blindar las decisiones presupuestarias y operativas de las Fuerzas Armadas, el Gobierno consolida un modelo de gestión caracterizado por el secretismo en la asignación de fondos y el debilitamiento de las herramientas de acceso a la información.