Florencia Carignano acusó a Gerardo Milman de ser el ideólogo del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y desató una feroz pelea con las diputadas libertarias.

La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, protagonizó un momento explosivo en el Congreso al acusar sin filtros a Gerardo Milman de estar detrás del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. “Estás aceptando que estamos en democracia y no nos mandaste a gatillar a ninguno”, lanzó, mientras el recinto se estremecía por la dureza de sus palabras.

El clima ya caldeado terminó por explotar cuando Lilia Lemoine y Nadia Márquez intentaron interrumpir su discurso. Carignano no se guardó nada y las fulminó con un “Callate vos, loca” y más tarde, directamente, un “Callate la boca, gato”, generando una ola de gritos e intervenciones desde todos los bloques.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó calmar los ánimos, sin éxito. Márquez reclamó que las diputadas libertarias son agredidas por “ser rubias” o por “hablar mucho”, y afirmó estar harta de la violencia discursiva. “No tengo huevos, pero me los inflaron”, lanzó, visiblemente alterada.

Lemoine contraatacó por redes sociales, acusando a Carignano de representar lo peor del “feminismo kirchnerista” y reclamando sanciones. La escena, más propia de un programa de chimentos que de un debate legislativo, dejó en evidencia la fractura total en el Congreso y el tono cada vez más beligerante del oficialismo y la oposición.

La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió

Pese a los intentos del gobierno nacional para hacer caer la sesión y la amenaza de veto por parte de Milei, la oposición consiguió quórum para avanzar y la Cámara de Diputados aprobó así el aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y la actualización del bono de $70.000 a $110.000.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, los bloques opositores lograron la media sanción en una mejora económica para los jubilados que ahora deberá debatir el Senado, aunque el Presidente ya anticipó su veto a todo lo que se apruebe.

La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió, aunque se desmarcaron de la postura del bloque los radicales Fabio Quetglas, Julio Cobos, Natalia Sarapura, y Mario Barletta, quienes fueron clave para ayudar al quórum.

La sesión alcanzó el quorum gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; los radicales Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria.

Otros legisladores que facilitaron el quorum fueron cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y la diputada Fernanda Avila, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.

El máximo tribunal desestimó el planteo de la vicepresidenta que recusó al ministro Ricardo Lorenzetti por presunta parcialidad manifiesta y falta de independencia. Se postuló el domingo, salió el fallo el miércoles .

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó este jueves el recurso de recusación presentado por Cristina Fernández de Kirchner contra el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa Vialidad , uno de los casos judiciales más resonantes que involucran a la vicepresidenta.

Este fallo da por cerrado el trámite de recusación y abre el camino para que el Jurado de Enjuiciamiento retome la discusión sobre si corresponde o no elevar a juicio político la acusación contra la vicepresidenta por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos viales durante su gestión como presidenta.

La recusación se había presentado bajo el argumento de que Lorenzetti mantenía una posición sesgada y de antipatía institucional hacia CFK , algo que el propio magistrado negó. La Corte consideró que no existían motivos válidos para apartarlo del procedimiento , dejando en claro que seguirá conduciendo el proceso hasta su desenlace.

Este paso judicial marca un nuevo hito en un proceso que ha sido calificado por sectores kirchneristas como “una campaña de persecución judicial” , mientras que desde sectores opositores se lo ve como parte de una redefinición institucional del rol de la justicia en temas políticos .

La decisión de la Corte no implica una condena ni un juicio político automático, pero sí permite que se avance en un escenario donde la tensión entre el poder político y el judicial sigue siendo una constante.

Se postuló el domingo, salió el fallo el miércoles

Este viernes se conoció el fallo de la Corte, justo tres días después de que Cristina Fernández anunciara públicamente su decisión de postularse como precandidata en la tercera sección electoral bonaerense , un territorio estratégico que incluye ciudades como La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata y otras localidades del interior provincial .

Esa decisión política, tomada este lunes, fue interpretada por sus aliados como un movimiento para consolidar unidad dentro del peronismo federal y frenar tensiones internas. Pero también generó inmediatas reacciones desde el oficialismo, que aprovechó para redoblar el discurso judicial contra la vicepresidenta.

Muchos analistas y figuras del arco político opositor ya señalan la coincidencia en el tiempo entre el anuncio electoral y la celeridad judicial : ¿Es casualidad que justo ahora se empiecen a resolver trámites pendientes en causas que la involucran?

Sea como fuere, el cronograma electoral y el calendario judicial comienzan a entrelazarse , y eso promete tensiones crecientes a medida que se acerquen las PASO de agosto y las legislativas de octubre.

Familiares, profesionales y organizaciones se movilizaron este miércoles para exigir la declaración de emergencia nacional en discapacidad, denunciar recortes en prestaciones y rechazar el discurso oficial que estigmatiza a las personas con necesidades especiales.

Miles de personas se concentraron este miércoles frente al Congreso Nacional en una nueva movilización por la declaración de emergencia nacional en discapacidad , un reclamo colectivo que busca frenar los recortes en programas esenciales y garantizar el acceso a tratamientos, medicamentos y apoyo educativo para quienes más lo necesitan.

Entre los asistentes se encontraban familiares de personas con discapacidad, trabajadores de la salud, la educación y otras áreas vinculadas a la atención de personas con necesidades especiales , que denunciaron una progresiva reducción de recursos y una falta de respuesta institucional ante situaciones críticas.

Florencia , madre de Santiago , un adolescente de casi 15 años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), contó su experiencia: “Por todos los recortes le sacaron la psicopedagoga que tenía, que la Junta Médica justificó diciendo que no la necesita”. Y agregó: “Estar acá para mí es todo un desafío. Soy hiperacúsica, tengo problemas sensoriales y me puede dar un meltdown , pero lo hago por mi hijo”.

En diálogo con Minuto Uno, Florencia expresó: “Nunca imaginé en mi vida que iba a vivir semejante crueldad. Nunca me sentí desamparada, vulnerable, que nadie nos protege y hoy en día hay libertad de insultar o vapulear o hacer bullying a un chico de 12 años, nada menos que el Presidente. Es como que hay una inmunidad total”, en clara referencia a declaraciones públicas del presidente Javier Milei.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad , explicaron que detrás de ciertas declaraciones oficiales podría haber intereses económicos: “Las organizaciones de y para personas con discapacidad están enfrentando el discurso que el gobierno despliega y que dirigentes de obras sociales hace tiempo vienen planteando: ‘¿Cuánto le cuesta a la gente, que no es familiar, la atención de un discapacitado?’, ‘¿por qué yo tengo que pagar la atención de tu hijo con discapacidad?’. Esta situación y afirmaciones pueden ser una cuestión ideológica, pero también la realidad muestra que es una cuestión económica para ciertos interesados”.

El Foro también respondió al polémico mensaje del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , quien afirmó que “su discapacidad no es problema del Estado”. Desde la organización señalaron: “La atención de las personas con discapacidad, salvo lo que proviene de los fondos públicos que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos, se cubre con los aportes privados dentro de un sistema de seguro social, como por ejemplo, una operación de apéndice. Nadie se queja de por qué tiene que pagar esa operación, ya que se entiende que la pagó él o su grupo familiar a través de los aportes a un sistema de seguro solidario”.

La protesta forma parte de un “supermiércoles” de movilizaciones que incluyó además la marcha habitual de jubilados y la conmemoración por el Ni Una Menos , que fue trasladada para sumarse a “unir las luchas”.

Trabajadores, pacientes y familias se concentraron frente al Obelisco para denunciar los recortes en salud pública, privatización encubierta y el discurso oficial que estigmatiza a quienes acceden a servicios médicos gratuitos.

Cientos de trabajadores, pacientes y familiares del Hospital Garrahan se movilizaron este miércoles hacia el Obelisco porteño para rechazar las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno libertario de Javier Milei y denunciar una creciente estigmatización contra quienes utilizan el sistema público de salud .

Bajo consignas como “no somos privilegiados, somos pacientes” , “salud no es privilegio, es derecho” y “ni un paso atrás en la salud pública” , los manifestantes reclamaron por recursos insuficientes, recortes en insumos y la progresiva exclusión de tratamientos considerados “costosos” .

El hospital, referente en pediatría y trasplantes infantiles, viene enfrentando desde hace meses dificultades para garantizar turnos, estudios especializados y medicamentos esenciales. Familiares de niños con patologías crónicas denunciaron que muchos deben afrontar gastos propios que antes cubría el Estado , lo que pone en riesgo su acceso a la atención médica.

Además, los trabajadores expresaron preocupación por la posible implementación de planes de copago selectivo o sistemas de co-pago encubierto , medidas que, según señalan, terminarían marginando a los sectores más vulnerables y profundizando las desigualdades.

La protesta también fue una respuesta directa al discurso de funcionarios de Milei que ha calificado como “privilegio” el acceso a prestaciones médicas gratuitas, algo que para los manifestantes confunde necesidad con beneficio y criminaliza a los más afectados .

“¿Quién decide quién se merece ser atendido?”, preguntaba uno de los carteles más compartidos durante la marcha. “La salud no puede ser moneda de cambio en una guerra ideológica”, agregó otro.

Este tipo de movilizaciones refleja el creciente malestar en torno a las reformas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo, especialmente en un momento en que la demanda por atención médica sigue creciendo mientras los recursos se reducen .

La hermana del presidente y el titular de Diputados recibieron protestas espontáneas de productores yerbateros, jubilados y tareferos en Oberá, con gritos de rechazo y denuncias por políticas nacionales.

“¡Andate!” , “¡váyanse a la mierda!” , “¡hijos de puta!” . Con estos gritos fue recibida Karina Milei , Secretaria General de la Presidencia, y Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados, durante una recorrida partidaria de La Libertad Avanza en Oberá, provincia de Misiones , este domingo.

Lo que estaba previsto como un acto de campaña para afianzar la presencia electoral del partido libertario en una provincia clave, terminó en disturbios espontáneos cuando un grupo de manifestantes —entre ellos productores yerbateros , tareferos , jubilados y militantes de la CTA— se cruzó con la comitiva oficial.

Entre los reclamos más escuchados estuvo la exigencia de un “precio justo para la yerba mate” y la restitución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) , clausurado por el gobierno nacional en diciembre pasado. Además, adultos mayores expresaron su preocupación por la falta de subsidios para medicamentos esenciales y pidieron mejoras urgentes en sus jubilaciones.

Durante el episodio, Karina Milei y Martín Menem debieron retirarse rápidamente en una camioneta con vidrios polarizados, mientras las consignas se multiplicaban: “¡basta de ajuste!” , “¡no somos moneda de cambio!” y “¡la yerba no se vende así!” .

El influencer Iñaki Gutiérrez también acompañaba la actividad, filmando para sus redes sociales, aunque no fue directamente involucrado en los disturbios.

Este hecho ilustra las dificultades de La Libertad Avanza para conectar con sectores rurales y populares en contextos de crisis económica y descontento social, especialmente en una región donde el Frente Renovador de la Concordia lidera las intenciones de voto y la oposición aparece dividida.

La Justicia ordenó la suspensión del DNU del gobierno nacional que restringía el derecho a huelga, un duro revés para el Ejecutivo en plena ofensiva judicial contra las protestas sociales.

La Justicia federal ordenó la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno de Javier Milei que establecía límites al derecho de huelga, considerando que su implementación viola principios constitucionales y convenios internacionales ratificados por Argentina.

El fallo, emitido por el juez Santiago Hernán Corso, respondió a una acción de amparo presentada por diversos sindicatos opositores que cuestionaron la constitucionalidad del decreto. Entre los reclamantes se encontraban sectores de la CGT, agrupaciones docentes, estatales y gremios de transporte.

En su resolución, el magistrado sostuvo que el DNU “intervino indebidamente en derechos colectivos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales”, y advirtió que no corresponde al Poder Ejecutivo modificar condiciones laborales esenciales mediante instrumentos de urgencia.

Este fallo representa un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Poder Judicial, en momentos en que el presidente Milei busca avanzar con reformas y medidas de ajuste bajo el argumento de la crisis económica. La decisión judicial, aunque provisional, pone en suspenso una de las principales herramientas de presión social y sindical en medio de un escenario de creciente descontento.

En la respuesta oficial, Capital Humano sostuvo que su situación “no representaba una problemática social”.

La Dirección de Asistencia Directa del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, le negó la ayuda a una familia de Misiones que había solicitado un comunicador dinámico para su hijo de 17 años con parálisis cerebral. En un dictamen oficial, el organismo consideró que la discapacidad del joven “no representaba una problemática social que ameritara su intervención”, una frase que desató un amplio repudio.

La respuesta fue firmada el 22 de mayo por la médica del área, Cecilia López, y dirigida a los padres del joven. Allí se rechazó la entrega del dispositivo que le habría permitido comunicarse con su entorno, asistir a clases y expresar necesidades básicas. La familia ya había agotado otras instancias —como obras sociales y organismos provinciales— antes de recurrir al Estado nacional, que finalmente desestimó el pedido con una frase inhumana y discriminatoria.

La historia fue difundida por el portal Redacción Misiones, donde se detalló que el joven vivía en Posadas, cursaba la secundaria y que sus docentes, al no poder comunicarse con él, hacían esfuerzos por interpretar sus gestos y movimientos. “No era una demanda caprichosa. Era un derecho a la educación y a la comunicación”, explicó una fuente cercana a la familia. La Ley de Discapacidad 22.431 obliga al Estado a garantizar el acceso a ayudas técnicas, algo que fue ignorado.

El repudio fue inmediato: la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) expresó su preocupación por el precedente que sentaba esta decisión. “Decir que una discapacidad no representa una problemática social es negar la existencia de barreras estructurales”, denunciaron. Mientras tanto, el joven sigue esperando una herramienta básica para poder ser escuchado, en un país donde, al parecer, la crueldad se convirtió en política de Estado.

Mientras los sectores populares ajustan en alimentos y combustibles, las clases medias y altas disparan el gasto en ocio, electrónica e indumentaria. Un país partido en dos modelos de consumo.

Según datos oficiales del INDEC, en abril las ventas en supermercados cayeron un 32% interanual en términos reales, reflejando el impacto de la crisis en el consumo básico. También se desplomó el gasto en combustibles, con una caída del 24%, mientras el precio de la nafta subió un 87,1% respecto al mismo mes del año pasado. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 41,4%, pero por debajo de la inflación, lo que indica una baja en la cantidad consumida.

En contraste, un informe del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, basado en datos del Banco Provincia, mostró que el consumo con tarjetas creció apenas un 1,1% interanual, pero con grandes diferencias entre rubros. Mientras los sectores populares reducen su gasto, la clase media y alta aumentó sus consumos en esparcimiento, gastronomía, indumentaria y electrónica. Solo en abril, restaurantes y hoteles crecieron un 70,9%, indumentaria y electrónica un 51%, y recreación y cultura un 47,8%.

El estudio detalla que quienes mantuvieron ingresos o se beneficiaron de la política económica actual aprovechan el dólar planchado, la apertura importadora y los planes de cuotas para acceder a bienes y servicios postergados. Mientras tanto, la mayoría de los hogares ajusta en lo básico, marcando un consumo de pura subsistencia: menos carne, menos nafta, menos changuito.

Así, los números revelan una Argentina partida en dos velocidades: unos que recortan lo esencial y otros que vuelven a gastar en placer y confort, alimentando una desigualdad cada vez más visible en los registros oficiales.

Por el ajuste de Javier Milei, el principal hospital pediátrico del país atraviesa una crisis sin precedentes. Más de 200 profesionales se fueron por los bajos salarios y la falta de respuesta oficial. “Hay riesgo de vida para los chicos”, denunció Norma Lezana, secretaria general de los profesionales del hospital.

Mientras el presidente Javier Milei se reúne con figuras del negacionismo sanitario como Robert Kennedy Jr., el Hospital Garrahan —referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad— vive una situación crítica. “Nos están llevando a todos a una situación muy límite”, denunció Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

“El hospital está en una situación prácticamente de colapso”, alertó Lezana. Según la dirigente, ya se fueron más de 200 profesionales del equipo de salud, incluidos médicos de planta, residentes y becarios, debido a la crisis salarial y la falta total de respuestas por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. “No hay concursos para cubrir las vacantes. Los equipos se desarman y no se reemplaza a nadie”, explicó.

La gravedad de la situación quedó expuesta este lunes, cuando los residentes —cuyos salarios rondan los 700 mil pesos por jornadas de hasta 60 horas semanales— comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Como resultado, desde las 16 hasta las 8 de la mañana siguiente no hay guardias cubiertas. “Ayer hubo médicos que quedaron solos a cargo de 30 pacientes internados. Son chicos en cuidados intensivos y moderados, que en otros lugares estarían en terapia”, relató Lezana.

Según denunció, la dirección del hospital ignoró los pedidos de contingencia: “No suspendieron cirugías, no derivaron pacientes. No hicieron nada. A las 4 de la tarde respondieron que se arreglen como puedan”. Por esa desidia, presentaron una denuncia penal contra las autoridades del hospital por abandono de persona.

Lezanano dejó dudas: “Nos están llevando a todos a una situación muy límite. No se puede pretender que un médico viva con 700 mil pesos. Tienen que trabajar después con aplicaciones, sin dormir. No dan más”.

Frente al colapso, hoy se realizará una asamblea en el hospital con participación de todos los sectores: profesionales, residentes, becarios y conducción intermedia. El objetivo es exigir una solución urgente, pero también apuntar más allá del conflicto salarial. “Estamos pidiendo una ley que blinde el financiamiento del Garrahan. Hay chicos y chicas que no encuentran atención en ningún otro lugar, ni siquiera en el sistema privado”, subrayó Lezana.

En paralelo, el gobierno nacional evita el tema. Mientras se multiplican los reclamos y las denuncias, el secretario de Salud Mario Lugones se mostró más interesado en la agenda internacional de la OMS y los protocolos ante una catástrofe nuclear, que en garantizar la atención médica a los niños y niñas de su propio país.