Este lunes salió desde Haedo una formación cargada con donaciones, organizada por organizaciones sociales, sindicales y ferroviarias, para asistir a las comunidades afectadas por el reciente temporal en el norte bonaerense.

Una nueva formación del tren solidario partió este lunes desde la estación de Haedo con destino a las localidades de Zárate y Campana, dos de las zonas más castigadas por el último temporal que azotó el norte de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue organizada por la agrupación ferroviaria “Ferromaterials”, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicatos y la comunidad educativa, y contó con la colaboración de Trenes Argentinos, que dispuso una locomotora y dos coches de pasajeros especialmente acondicionados para transportar los materiales.

Ropa, alimentos no perecederos, agua, colchones, artículos de limpieza y medicamentos fueron algunas de las donaciones que se recolectaron durante el fin de semana y que ya están en camino hacia las familias más afectadas por las inundaciones. La carga será distribuida por colectivos sociales y referentes territoriales, que conocen en profundidad las necesidades de cada barrio.

“La solidaridad es el motor de este tren, y cada viaje reafirma que la organización colectiva puede dar respuestas concretas en momentos de emergencia”, señalaron desde Ferromaterials.

El tren solidario no es una novedad: esta es la edición número 18 de una experiencia que se repite desde hace años, y que ha llevado ayuda a distintas provincias y regiones en contextos críticos. En esta oportunidad, la urgencia fue el temporal que dejó barrios enteros bajo el agua, cientos de evacuados y una fuerte pérdida de bienes materiales para muchas familias trabajadoras.

Desde la organización remarcaron que la emergencia continúa y que seguirán recolectando donaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense. También hicieron un llamado a mantener viva la solidaridad frente a un contexto social cada vez más difícil.

Desde el oficialismo reconocieron el papelón: “Pareja se mandó una cagada”.

Las contradicciones en el oficialismo no dejan de acumularse. Esta vez, el escándalo estalló en pleno acto de cierre de campaña del vocero presidencial Manuel Adorni, cuando varios jóvenes admitieron ante cámaras haber sido convocados con la promesa de cobrar $25.000 por su presencia. El hecho ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y apunta directamente a Sebastián Pareja, principal armador de La Libertad Avanza en la provincia y hombre de confianza de Karina Milei.

Durante una transmisión en vivo de TN, algunos asistentes al acto reconocieron que habían ido por la paga. Aunque la entrevista fue interrumpida de forma brusca por un hombre que los retiró del lugar, el daño ya estaba hecho. Más tarde, un video publicado por el periodista Manu Jove mostró a decenas de personas haciendo fila al finalizar el evento, lo que reforzó la hipótesis de que esperaban cobrar por su participación.

Desde adentro del propio espacio libertario, la bronca no tardó en explotar. “Pareja se mandó una cagada”, fue la frase que trascendió entre referentes del partido, sorprendidos por el uso de prácticas que ellos mismos denuncian en otros sectores de la política.

Mientras el presidente Javier Milei repite en cada discurso su guerra contra la “casta” y exige a los argentinos que “no hay plata”, el armado libertario queda bajo sospecha por financiar movilizaciones con plata propia para mostrar una fuerza callejera que no tienen.

Por ahora, desde el entorno de Sebastián Pareja niegan todo, pero el daño ya está hecho. Las imágenes, los testimonios y las internas expuestas revelan que, por más que se disfracen de “nueva política”, los libertarios repiten lo peor de la vieja.

El gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, pero persiste la opacidad: no se conoce la composición exacta de la canasta del IPC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,8%, marcando una desaceleración respecto al 3,7% de marzo. Sin embargo, persiste una falta de transparencia en la metodología utilizada: el INDEC no publica la composición detallada de la canasta que utiliza para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque se conoce que el IPC se construye a partir de una canasta representativa del consumo de los hogares, el INDEC no ofrece un listado público de los productos específicos que la integran, lo que dificulta la evaluación crítica y la replicabilidad de sus mediciones.

Esta falta de transparencia se suma a la preocupación de que, mientras el gobierno celebra la desaceleración de la inflación, los datos disponibles no permiten una comprensión completa de cómo se calcula este indicador clave.

La inflación de abril también se enmarca en un contexto de cambios en las políticas económicas, como el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de un régimen de flotación entre bandas en el valor del dólar. Estas medidas han generado expectativas sobre su impacto en los precios, pero la falta de información detallada sobre la canasta del IPC limita el análisis profundo de estos efectos.

En resumen, aunque la inflación muestra señales de desaceleración, la opacidad en la metodología del INDEC plantea interrogantes sobre la precisión y representatividad de las mediciones oficiales.

¿Qué necesita una familia para no ser pobre?

Según los últimos datos del INDEC, en abril una familia tipo necesitó $1.110.000 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye no solo los alimentos necesarios para una dieta adecuada (como la Canasta Básica Alimentaria o CBA), sino también otros gastos imprescindibles como transporte, salud, educación, vestimenta y servicios.

Este monto es el umbral a partir del cual una familia comienza a dejar de ser considerada pobre. Si los ingresos de una familia no alcanzan a cubrir este total, se la clasifica en situación de pobreza. En paralelo, aquellos hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la CBA, que es aún más estricta y solo contempla lo esencial para subsistir, son considerados indigentes.

Estos datos reflejan un panorama preocupante para la mayoría de las familias argentinas, que luchan cada vez más por alcanzar este mínimo para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Mientras Javier Milei celebra supuestos logros macroeconómicos, la realidad golpea a millones: en abril, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no caer bajo la línea de pobreza. Los datos del INDEC exponen un modelo que empobrece.

La última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirma lo que millones de argentinos ya sienten en el bolsillo: en abril de 2025, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no ser considerada pobre. Un incremento brutal que refleja cómo el ajuste y la “motosierra” de Javier Milei no sólo no resolvieron los problemas estructurales del país, sino que profundizaron la desigualdad.

El número corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que mide el costo de bienes y servicios esenciales como alimentos, transporte, salud, vestimenta y educación. Es decir, lo indispensable para vivir con un mínimo de dignidad. En diciembre del año pasado, el mismo indicador se ubicaba en $1.024.435. En apenas cuatro meses, el costo de no ser pobre subió casi $90.000.

Mientras tanto, desde el gobierno libertario insisten en festejar el “superávit fiscal” y el control del tipo de cambio, pero omiten que estos supuestos logros descansan sobre un recorte brutal en jubilaciones, salarios, obras públicas y subsidios, y en una inflación que, aunque desacelerada, dejó precios por las nubes y un consumo en picada.

Los datos del INDEC son contundentes y desnudan una verdad incómoda: el modelo económico de Milei beneficia a una minoría especuladora y condena a la mayoría al empobrecimiento. El sacrificio al que llama el presidente tiene nombre y apellido: lo pagan los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes.

La libertad que promete el oficialismo viene atada, paradójicamente, a la imposibilidad de vivir con dignidad. Por más que Milei y su junta se esfuercen en instalar otro relato, la realidad es que ser libre, bajo este gobierno, cuesta cada vez más caro.

Así lo aseguró la ex funcionaria de PAMI y diputada de LLA Viviana Aguirre. “Hay centros de jubilados que no existen y se siguen pagando. Están matando a los jubilados”, advirtió.

Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y Diputada de La Libertad Avanza, denunció una red de corrupción dentro del organismo. “Me fui de PAMI por no aceptar ser parte de la corrupción de La Libertad Avanza”, afirmó.

Según Aguirre, desde la cúpula del PAMI le exigieron un millón de pesos mensuales de su sueldo en efectivo, además de firmar documentos irregulares para ingresar prestadores sin licitación. “Me dijeron que el que no aporta se va. La motosierra fue para el pueblo, no para los corruptos”, lanzó.

También denunció sobreprecios en geriátricos, prestadores médicos y farmacias, así como el uso político del organismo por parte de funcionarios como Sebastián Pareja y Juan Esteban Osaba, apoderado y tesorero de LLA. “Hay centros de jubilados que no existen y se siguen pagando. Están matando a los jubilados”, advirtió.

Aguirre aseguró que presentó la denuncia en 2023, pero fue cajoneada hasta que los medios la difundieron. “Voy a ir a Comodoro Py con toda la documentación. Esto no puede seguir así”, cerró.

Grabois apuntó contra Javier y Karina Milei por el escándalo del token $LIBRA y advirtió: “Van a terminar presos”. Los acusó de estafa, tráfico de influencias y corrupción.

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, volvió a apuntar con dureza contra Javier y Karina Milei por su involucramiento en el escándalo del criptoactivo $LIBRA. En declaraciones recientes, aseguró que “los hermanitos van a terminar presos”, y fundamentó esa afirmación en la causa judicial que impulsa en Estados Unidos por estafa y corrupción.

“El plazo depende fundamentalmente de cuánto tiempo conserven el poder político”, explicó Grabois. “Roma no paga traidores y ‘mi ley’ es un bufón de corte del imperio. Cuando no tenga poder en la Argentina y no le sirva de peón geopolítico, ya no lo recibe Trump”, ironizó.

El referente social explicó que la querella internacional que impulsan “avanza muy, muy bien” y que el delito “ya está probado por el solo tweet del presidente”. En esa línea, detalló que hay tres delitos bien diferenciados: “Negociaciones incompatibles con la función pública, que es el tweet; un delito posterior, que es la estafa a miles y miles de personas; y un delito anterior, que es el de Karina: el tráfico de influencias, hacer la valijera de los ‘cryptobros’ que venían a la Argentina a enganchar al presidente”.

Para Grabois, no se trató de un error ni de ingenuidad: “Esto fue pura codicia. Esto es plata. Juntó mucha plata con esto. Por lo menos 280 millones de dólares fue la ganancia de los tenedores de los tokens. Es mucha plata para cualquier corrupto. Y él tiene una porción muy importante de esa plata, según nuestros análisis, que son bastante exhaustivos”.

Confiado en el camino judicial, destacó que su equipo técnico y jurídico “viene ganando todas las causas” y que hasta “la Cámara más gorila de la Argentina” les dio la razón. “La querella la vamos a poner al servicio de revelar la verdad de un tipo que es un estafador. Es simple y sencillamente un estafador global, en política y en criptomonedas”, sentenció.

Mientras la inflación golpea los bolsillos y los sueldos pierden contra la canasta básica, el Gobierno de Milei frenó la homologación del último acuerdo salarial del gremio más numeroso del país.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector habían firmado el pasado 29 de abril un acuerdo salarial que establecía un incremento del 5,4% en tres tramos para los meses de abril, mayo y junio. Ese ajuste iba a llevar el salario básico a $1.123.000. Sin embargo, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, se negó a homologar el acuerdo y exigió su readecuación, generando incertidumbre entre más de dos millones de trabajadores del sector.

Tras conocer los términos del acuerdo, el Gobierno convocó a las partes a una reunión y pidió modificar los porcentajes pactados. Desde FAECYS rechazaron el pedido y emitieron un comunicado ratificando la vigencia del convenio firmado. El sindicato recordó que, según una cláusula del acuerdo, no era necesario esperar la homologación para que los empresarios comenzaran a pagar el aumento.

Pese al acuerdo firmado, no todas las patronales cumplieron con el pago del aumento correspondiente. Supermercadistas y mayoristas, en particular, no lo abonaron durante el mes de abril, lo que encendió la alarma entre los delegados sindicales. La falta de cumplimiento por parte de los empleadores, sumada a la negativa del Gobierno a homologar el acuerdo, profundizó la incertidumbre y el malestar en el sector.

Una vez más, la actitud del Gobierno de Milei dejó en evidencia una política que priorizó el ajuste fiscal por sobre el bienestar de los trabajadores. Al bloquear la homologación de un acuerdo paritario legítimamente firmado, obstaculizó la mejora del poder adquisitivo de millones de empleados de comercio, en un contexto de alta inflación y creciente precarización laboral.

La expresidenta destacó las coincidencias entre la elección del nuevo Pontífice y una fecha emblemática para la fe argentina. Con un guiño político y religioso, volvió a dejar en claro que no cree en las casualidades.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacer sentir su voz en un momento cargado de simbolismo. A través de sus redes sociales, la expresidenta se refirió a la asunción del nuevo Papa, León XIV, destacando una serie de coincidencias que, según afirmó, no cree que sean casuales.

El nuevo Pontífice, un cardenal estadounidense, fue elegido el mismo día en que se celebra a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina y también de Río Gallegos. Cristina no pasó por alto esa coincidencia: “No hace falta aclarar que no creo en las casualidades, y hoy, una vez más, lo vuelvo a confirmar”.

El mensaje no se limitó a lo religioso. Cristina remarcó que León XIV habló en español, recordó con afecto a su antecesor Francisco y pidió por la paz. Pero lo más llamativo fue su elección del nombre pontificio: León XIV. Un nombre que remite directamente a León XIII, conocido como el Papa del trabajo y padre de la doctrina social de la Iglesia, por su encíclica Rerum Novarum.

En un contexto político en el que el presidente Javier Milei se apropia simbólicamente de la figura del “león”, la elección de este nombre por parte del nuevo Papa adquiere múltiples lecturas. Cristina no lo dijo directamente, pero lo sugirió con fuerza: “Lo dicho… no creo en las casualidades”.

Mientras el gobierno impulsa proscribir a Cristina, el Senado blindó a Karina Milei y Luis Caputo por el escándalo de la criptomoneda LIBRA

El oficialismo volvió a mostrar su doble vara. Mientras impulsaban con fuerza el proyecto de Ficha Limpia para impedir que Cristina Fernández de Kirchner pudiera competir en 2025, en el Senado decidieron bloquear la citación de Karina Milei y Luis Caputo por su rol en el escándalo de LIBRA, la criptomoneda promocionada por el propio presidente.

La supuesta búsqueda de transparencia no alcanzó para permitir que dos de las figuras más importantes del gobierno dieran explicaciones públicas. Caputo, como ministro de Economía, y Karina, como la arquitecta del armado político oficialista, quedaron a resguardo del Congreso, en una decisión que exhibió el miedo a que el escándalo escale aún más.

El caso LIBRA dejó miles de personas afectadas. La criptomoneda, respaldada públicamente por Javier Milei, se desplomó a los pocos días, generando pérdidas millonarias. La Justicia investigaba si hubo uso indebido de información pública, tráfico de influencias y hasta pedidos de coimas en el entorno presidencial.

Pese a la gravedad de las acusaciones, los mismos sectores que pedían “transparencia” y “reglas claras” para otros, se negaron a someter a los suyos al mismo estándar. La vara fue diferente cuando los nombres comprometidos eran los de Karina y Caputo.

Así, mientras la llamada Ficha Limpia se convertía en un instrumento para proscribir adversarios políticos, el blindaje oficialista evitaba que se avance en el esclarecimiento de un posible caso de corrupción con alcance internacional.

La lógica fue clara: perseguir a Cristina con fallos discutidos y evitar que se hable de lo que realmente preocupa en Casa Rosada. Transparencia, sí. Pero sólo cuando conviene.

Duro comunicado de la oposición ante el intento del gobierno de Javier Milei y el macrismo de impulsar la sanción de la llamada “Ley de Ficha Limpia” como parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.

El Partido Justicialista denunció que el gobierno de Javier Milei impulsa la sanción de la llamada “Ley de Ficha Limpia” como parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, principal referente opositora al proyecto de ajuste, entrega y exclusión que lleva adelante el presidente libertario. En un comunicado titulado “No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, el PJ advirtió que se trata de una maniobra burda, disfrazada de institucionalidad, para excluir del juego político a quien representa el mayor obstáculo para el avance del modelo neoliberal.

“El PJ rechaza categóricamente este nuevo intento de exclusión política contra su presidenta”, expresa el documento, que recuerda que Cristina no sólo fue dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación, sino que continúa siendo “figura central del movimiento nacional y popular”. Según denuncian, el proyecto que el Senado se apresta a debatir fue redactado por los mismos sectores que históricamente legislaron “a espaldas del pueblo y al servicio del poder económico”.

Lejos de ser una política ética o transparente, el peronismo sostiene que esta iniciativa es la continuidad de una persecución judicial y mediática sistemática que busca eliminar a Cristina del escenario político por vías no democráticas. “Es la misma justicia que organizaba viajes secretos con los mismos medios de comunicación y los mismos empresarios a Lago Escondido”, recuerda el comunicado, que también apunta contra la impunidad con que se manejan las causas de corrupción que involucran a la familia Macri.

La “Ficha Limpia” no sería otra cosa que una legalización de la proscripción. El documento recuerda que ya se intentó sacar a Cristina de la cancha a través de una condena sin pruebas en la causa “Vialidad”, y que ahora se pretende completar esa operación con una ley hecha a medida. “Quieren sacarla de la cancha porque su presencia reaviva el recuerdo de que se puede vivir mejor”, señala el texto, en clara alusión al contraste entre el presente de ajuste y el pasado de ampliación de derechos.

Más aún, el PJ no elude recordar el intento de magnicidio contra la ex presidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuya investigación sigue estancada. “El atentado fue la expresión más brutal del odio alimentado durante años desde los medios hegemónicos, sectores del poder judicial y actores políticos que hoy impulsan esta ley”, advierten.

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, tituló Clarín en su tapa. Hoy, con la Ley de Ficha Limpia, el oficialismo buscaría escribir el capítulo siguiente de esa hoja de ruta: borrar del mapa político a quien se atrevió a desafiar los intereses del poder económico.

Para el justicialismo, no se trata de una disputa personal ni de una jugada partidaria. “Cristina no representa solo una candidatura. Es sinónimo de un proyecto de país justo, inclusivo, con soberanía política, independencia económica y justicia social”, afirmaron. Por eso la persiguen, por eso la quieren proscribir: porque no se entrega, porque no se rinde, porque sigue representando a millones.

“No hay república posible con una justicia al servicio del poder económico. No hay democracia plena si se persigue a quien defiende al pueblo. No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, concluye el comunicado.