La familia del niño Ian Moche, de 12 años y con autismo, presentó una denuncia formal contra el presidente Javier Milei por promover discursos de odio tras un posteo en redes sociales donde se burlaba del menor.

Ian Moche, activista desde los 10 años en defensa de las personas neurodivergentes, fue objeto de un ataque público por parte de Milei luego de que el Presidente retuiteara una publicación del perfil “Hombre Gris”, uno de sus seguidores más influyentes.

En dicha publicación, se mostraban imágenes de Ian junto a figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa y el periodista Paulino Rodríguez , acusándolo de haber sido “utilizado políticamente” . Al retuitearla, Milei agregó un mensaje aún más agresivo:
“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla”.

Ante esto, la familia decidió presentar una acción judicial bajo el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez , exigiendo que Milei elimine la publicación y se abstenga de realizar mensajes similares en redes sociales , al considerar que viola “de forma manifiesta el principio del interés superior del niño”.

En su denuncia, Ian detalló que lleva más de dos años realizando tareas de difusión y concientización social sobre el autismo , y aseguró que este tipo de actitudes del Presidente “generan estigma y legitiman el bullying hacia niños y jóvenes con discapacidad”.

Además, incluyó en la presentación una fuerte crítica contra Diego Spagnuolo , director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , quien durante una reunión en marzo de 2024 le habría manifestado al menor y a su madre que “si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado”.

Prontuario de burlas de Milei

La denuncia también recuerda otros episodios donde el Presidente utilizó el desprecio hacia personas con discapacidad como recurso político. Entre ellos, se destacan:

• El uso de una imagen generada con inteligencia artificial donde se mostraba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos asociados al síndrome de Down.
• Cambios en la ANDIS que pretendían modificar la nomenclatura oficial con términos ofensivos como “idiota”, “débil mental” e “imbécil” .
• Frases directas como “¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?” , dirigidas personalmente al propio Ian durante una reunión institucional.

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la actitud reiterada de Milei frente a las personas con discapacidad, calificada por especialistas y organismos como una política de exclusión disfrazada de ajuste.

Un repaso por los puntos centrales del expediente que sustenta la condena a la vicepresidenta revela que ninguna de las acusaciones más graves fue comprobada durante el juicio oral .

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad ha generado un fuerte debate no solo en el ámbito político, sino también en el judicial. Lo que muchos expertos han señalado es que detrás del veredicto hay un conjunto de acusaciones que, según múltiples testimonios y pericias, nunca fueron comprobadas durante el juicio oral ni contaron con pruebas fehacientes que las respaldaran .

Lo que se conoce como las “20 mentiras de la causa Vialidad” son imputaciones que formaron parte del expediente pero que no pudieron ser demostradas en sede judicial . Estas supuestas irregularidades, que involucran decisiones de gestión kirchnerista, han sido puestas en duda por abogados defensores, técnicos, auditores y ex funcionarios que participaron del proceso. A continuación, un desglose de las principales falsedades:

• NK y CFK asignaron fondos a Santa Cruz de manera ilegal : Falso. No existe norma que limite cómo distribuir fondos públicos. Además, las obras viales eran necesarias y justificadas por el estado de emergencia vial de la provincia.
• El presupuesto fue diseñado arbitrariamente : También falso. Se cumplió con todos los controles legales y financieros. La elaboración contó con intervención técnica y legal.
• El Congreso tuvo participación marginal : No. Las leyes de presupuesto fueron debatidas y aprobadas por mayoría legislativa, incluso con votos de la oposición.
• Legisladores fueron obligados a votar afirmativamente : Mentira. Testimonios de Margarita Stolbizer y otros confirman que no hubo presión alguna. Incluso diputados opositores votaron a favor.
• NK y CFK usaron DNU para beneficiar a Báez : Falso. Todos los DNU fueron convalidados por el Jurado de Enjuiciamiento y tenían carácter general.

Otros puntos cuestionados incluyen el uso de un fideicomiso creado por De la Rúa , utilizado por todos los gobiernos posteriores; la ausencia de injerencia política en las decisiones administrativas; y el hecho de que CFK nunca ordenó aumentar partidas a Báez en 2015 , sino que las redujo. Asimismo, se demostró que CFK no se reunió con Báez el 30 de noviembre de 2015 , ya que ese día estaba en un acto público en Río Negro transmitido en vivo.

Finalmente, uno de los puntos más polémicos fue la acusación de sobreprecios millonarios en las obras adjudicadas. Sin embargo, la única pericia seria realizada descartó esta hipótesis . Además, se probó que las demoras estaban debidamente justificadas y que las obras no se hicieron bajo el gobierno de Macri, generando el verdadero daño al Estado .

En síntesis, las 20 mentiras de la causa Vialidad reflejan un entramado acusatorio construido más sobre bases políticas que sobre pruebas concretas. La condena a CFK se sustenta en imputaciones que no fueron validadas ni corroboradas durante el juicio , lo que plantea serias dudas sobre su legitimidad jurídica y su posible uso como herramienta de persecución política.

El diputado Leopoldo Moreau presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad y los jefes de Gendarmería, Policía Federal y PSA por los controles y requisas ilegales realizados durante la movilización en apoyo a Cristina Kirchner.

Este lunes, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau anunció que presentará una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y los máximos responsables de las fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina (PSA) .

La denuncia está relacionada con los operativos de seguridad desplegados el pasado 18 de junio , cuando miles de militantes llegaron desde distintas provincias al Paseo del Bajo porteño para acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse la confirmación de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad .

Moreau denunció que se llevaron a cabo controles abusivos, requisas ilegales de identidad y detenciones arbitrarias sobre manifestantes que arribaban en micros desde el Interior del país. A través de su cuenta de X, el legislador calificó como “ilegales” los operativos realizados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

“Yendo a Comodoro Py a presentar la denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los jefes de la Gendarmería, Policía Federal y PSA por los operativos ilegales del 18 de junio”, escribió Moreau.

En ese contexto, Cristina Kirchner denunció persecución judicial y cuestionó las restricciones impues

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional aprobó un nuevo crédito por US$ 300 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Este lunes, el Gobierno nacional anunció una nueva operación de endeudamiento para inyectar dólares al Banco Central. Se trata de un préstamo por US$ 300 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) , formalizado mediante el decreto 421/2025 , publicado en el Boletín Oficial.

Según se detalla en el texto oficial, los fondos están destinados al “Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar. Fase II” , cuyo objetivo general es “apoyar la ejecución de la Prestación Alimentar para contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social” .

Pese a la justificación social del programa, en la práctica este movimiento implica un ingreso de divisas frescas para las bajas reservas del Banco Central , que vienen bajo presión en los últimos meses.

La Prestación Alimentar forma parte del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, que ya había ampliado el rango etario de beneficiarios, incluyendo ahora a jóvenes de hasta 17 años .

Por su parte, el Banco Central señaló que la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” , y que su incidencia será “acotada y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

Además, la Oficina Nacional de Crédito Público dio el visto bueno al préstamo, indicando que “el costo financiero del préstamo de referencia es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

Este miércoles se llevaron adelante los premios de la música donde Teresa Parodi le dedicó una estatuilla de los Premios Gardel a la ex presidenta. Mirá el video.

La política irrumpió con fuerza en la 27ª edición de los Premios Gardel. En una noche donde la música fue la gran protagonista, uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Teresa Parodi subió al escenario y dedicó su premio a Cristina Fernández de Kirchner, despertando una ovación que retumbó en el Teatro Coliseo.

“Si ustedes me lo permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo, muy especialmente, a Cristina Fernández de Kirchner”, dijo la artista con firmeza y emoción, en un gesto de respaldo que no pasó desapercibido. Las palabras fueron recibidas con una ovación cerrada por parte del público presente, que aplaudió de pie durante varios segundos.

El mensaje de Parodi llegó apenas días después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra la expresidenta, que recientemente recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. En ese contexto, el reconocimiento desde un escenario cultural de prestigio como los Gardel cobró aún más peso simbólico.

La escena dejó en evidencia que, a pesar del intento del gobierno de Javier Milei por disciplinar a la cultura, los vínculos entre el arte y la política siguen vivos. Teresa Parodi, emblema de la música popular argentina y ex ministra de Cultura de la Nación, lo recordó con una frase simple, directa y cargada de afecto que se convirtió en el momento más comentado de la ceremonia.

Así lo aseguró la ex presidenta en un discurso que brindó desde su casa para toda la Plaza de Mayo. En un comienzo se escuchó en un mensaje pregrabado, y más tarde habló en vivo.

La Plaza de Mayo volvió a ser el epicentro de una manifestación masiva del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El acto convocado por el Partido Justicialista no solo mostró una reactivación del músculo militante, sino que tuvo como centro un mensaje inesperado: la ex presidenta, desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, habló primero a través de un audio grabado y, cuando todo parecía haber concluido, reapareció en vivo para cerrar el acto con un discurso que mezcló emoción, denuncia y promesa de retorno.

En la primera parte, CFK eligió un tono irónico y sereno para hablar desde el encierro forzado que le impuso la Corte. “Estoy en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. ¡Dios mío, qué cachivaches que son!”, lanzó, arrancando aplausos y risas entre la multitud. Agradeció luego las muestras de afecto que recibió frente a su casa y en todo el país. Pero fue cuando evocó el “Vamos a volver” que el clima cambió. “Ese país que supimos construir, con trabajo, con libros en las escuelas, con jubilados con remedios, no fue una utopía: lo vivimos durante doce años y medio. Y además lo dejamos desendeudado”, recordó con tono firme.

El mensaje grabado no eludió el contexto actual: criticó con dureza el modelo económico que encarna Javier Milei, al que comparó con los planes de ajuste de Martínez de Hoz y Cavallo. “Este modelo se cae. No solo porque es injusto, sino porque es insostenible”, advirtió. “Y lo peor es que el verdadero poder económico también lo sabe. Por eso estoy presa”, denunció. Y agregó una definición política clave: “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”.

Cuando todo parecía haber llegado a su fin, CFK volvió a tomar la palabra. Esta vez en vivo, sorprendiendo a los presentes con un nuevo tramo del discurso, mucho más visceral y directo. Fue ahí donde lanzó uno de los pasajes más citados de la jornada: “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje; sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando”. La aparición en tiempo real redobló la carga emotiva del acto: no era solo un mensaje desde el encierro, era una dirigente política presente, pese a todo.

El cierre tuvo el tono épico que suele imprimir la ex mandataria en sus discursos finales. “Yo no sé qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal. Pero sí sé algo: ya he pasado por casi todo en esta vida, incluso un intento de asesinato”, remarcó. Y enseguida volvió al núcleo de su promesa política: “Vamos a volver. Y vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza”. Fue la ratificación de una continuidad, incluso desde la trinchera doméstica a la que intentan confinarla.

“Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Los pueblos, finalmente, siempre vuelven”, concluyó CFK, entre los cánticos de la multitud. La escena condensó varios planos: la resistencia judicial, la denuncia económica, la reapropiación de Plaza de Mayo como escenario y la reconstrucción de un liderazgo que, pese a la proscripción, se rehúsa a desaparecer. La pregunta que resonó después fue inevitable: si no puede competir, ¿quién llevará esa bandera? Cristina, otra vez, marcó el ritmo.

Desde Corrientes hasta Jujuy, comerciantes y distribuidores denuncian una crisis sin precedentes: “el poder adquisitivo está bajísimo”, admiten desde distintas provincias. “Hasta los productos de primera necesidad vienen con caída fuerte”.

La caída del consumo no solo no se detiene, sino que se profundiza en todo el país, afectando incluso a productos esenciales como pan, carne, pollo, aceite y productos frutihortícolas. La situación más crítica se registra en provincias como Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca , donde empresarios y distribuidores coinciden en un diagnóstico común: “el poder adquisitivo de la gente está bajísimo” .

Daniel Occhionero, presidente del Mercado Frutihortícola de Santiago del Estero, advirtió que “la gente tiene menos plata para comprar, y eso se ve incluso cuando los precios bajan” . En diálogo con El Liberal , aseguró que hay “sobreoferta de mercadería y poca demanda” , algo inusual en este tipo de rubros. Y marcó una tendencia nacional: “hay mucha oferta, pero poco consumo. El país entero está atorado de mercadería” .

Este escenario se repite en otras zonas del interior. Maximiliano Beigbeder, presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA y referente de Corrientes , describió el panorama como “paupérrimo” , con una caída interanual del consumo entre 10% y 12% en mayo . Pero lo más preocupante, según indicó en declaraciones a Radionord , es que ya no solo se recortan productos de lujo, sino también alimentos básicos : “pan, carne, pollo, aceite y congelados ya no se compran como antes” .

Beigbeder señaló que la retracción no solo se siente en las capitales, sino especialmente en el interior, donde los costos logísticos hacen inviable mantener operaciones comerciales . “Una gira te cuesta $300.000, entre combustible, alojamiento y comida… así es imposible”, aseguró, y confirmó que incluso grandes supermercados están “muy golpeados” por la caída del consumo.

Otro fenómeno visible es el cambio en las góndolas: marcas tradicionales argentinas están siendo desplazadas por productos importados o de menor costo . “Hoy ves segundas, terceras y hasta cuartas marcas. Aparecen productos desconocidos”, explicó, aunque descartó problemas de abastecimiento: “no hay faltantes graves, pero tampoco hay ventas” .

En Jujuy, Alejandro Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio , reconoció que “mayo fue para el olvido” , con una caída importante en ventas. En declaraciones a Despertar 630 , sostuvo que “todos los rubros se han resentido” , especialmente indumentaria, calzado, juguetería y perfumería. Pero destacó que la raíz del problema es clara: “el ingreso de las familias no crece al ritmo de los costos” .

En ese contexto, las familias priorizan cada vez más la canasta básica y reducen gastos en otros sectores . “La gente compra lo imprescindible y nada más”, dijo, mientras alertó sobre el impacto en la permanencia de muchos comercios: “muchos están aguantando, pero el repunte no llega” .

Mientras tanto, en Catamarca, Esteban Cano, empresario gastronómico , confirmó que desde diciembre el consumo cayó entre un 30% y 35% , una caída abrupta que atribuyó al ajuste fiscal impulsado por Nación y la reducción de fondos que el Estado inyecta al mercado local . “Somos una provincia chica, dependemos mucho de lo que entra del gobierno”, afirmó en una entrevista con Mañana Central .

Si bien Cano expresó cierto optimismo (“espero haber tocado fondo”), su testimonio refleja la gravedad del momento: “buscamos mantener empleo, pero no es fácil” .

Lo que muestran estos testimonios regionales es que la caída del consumo ya no es solo coyuntural, sino estructural . Mientras el gobierno insiste con un discurso de “reactivación” y “orden fiscal”, en el territorio se percibe una retracción profunda, que afecta no solo al comercio, sino a la vida cotidiana de millones de argentinos .

Y como dijo Occhionero: “ahora se nota mucho más la falta de dinero” . Palabras que, leídas entre líneas, dicen más que cualquier informe técnico.

El juez Jorge Gorini notificó a Cristina Fernández de Kirchner por Zoom y evitó así una masiva movilización frente a Comodoro Py. Los fiscales Luciani y Mola se habían opuesto al beneficio.

La Justicia federal resolvió este martes que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución , ubicado en San José 1111. El magistrado Jorge Gorini , integrante del Tribunal Oral Federal 2, hizo lugar al pedido presentado por sus abogados y dispuso que la expresidenta inicie el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria , una medida que busca evitar su detención en una cárcel común y que fue recibida como un alivio por el peronismo y sectores kirchneristas.

Gorini notificó personalmente a CFK a través de una audiencia virtual por Zoom, un paso clave para desactivar la movilización prevista para este miércoles frente a los tribunales de Comodoro Py, donde miles de seguidores habían anunciado que la acompañarían en su llegada.

El tribunal impuso además una serie de condiciones que deberá cumplir la exmandataria durante el cumplimiento de la pena. Entre ellas, permanecer en el domicilio fijado salvo excepciones debidamente justificadas , no alterar la tranquilidad del barrio y presentar en 48 horas una nómina de las personas autorizadas a ingresar al lugar, incluyendo familiares, custodia, médicos y abogados.

Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica tendrá la tarea de colocar un dispositivo de vigilancia electrónica , mientras que la supervisión del cumplimiento de la pena quedará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con informes cada tres meses.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, principales impulsores del fallo condenatorio contra CFK, se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria. Sostuvieron que no existen razones médicas ni de seguridad que lo justifiquen, pese a que la expresidenta cuenta con custodia permanente por parte de la Policía Federal, algo que obliga a cualquier institución penitenciaria a garantizar niveles altos de seguridad que implican costos logísticos y riesgos operativos.

El argumento de los fiscales se repitió en otro caso vinculado: el del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, también condenado en esta causa. A pesar de tener 80 años y un estado de salud delicado, los fiscales se habían opuesto a concederle la prisión domiciliaria sin esperar el resultado de informes médicos, algo que finalmente sí se aplicó a CFK.

En su defensa, el equipo legal de la expresidenta esgrimió múltiples razones. La edad (72 años), la necesidad de custodia permanente, y el hecho de haber sido víctima de un intento de magnicidio durante el proceso judicial fueron algunos de los fundamentos utilizados. En ese sentido, su abogado, Alberto Beraldi, señaló que “lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal”, y recordó que Gerardo Milman, ex mano derecha de Patricia Bullrich, está imputado por presunto vínculo con el atentado .

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había trabajado en las últimas horas para evitar la marcha prevista para este miércoles. Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo confirmaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , expresó públicamente la idea de que CFK fuera notificada vía Zoom, algo que finalmente ocurrió. También trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio , habría mantenido conversaciones con jueces del TOF 2 con el objetivo de evitar una nueva concentración multitudinaria en apoyo a la expresidenta .

Para el oficialismo, una movilización de gran tamaño frente a Comodoro Py hubiera sido un escenario difícil de gestionar desde la narrativa política y mediática. La imagen de miles de personas respaldando a una condenada en sede judicial hubiera generado un impacto negativo para el gobierno, especialmente en la cobertura internacional.

Con la decisión del juez Gorini, ahora queda en manos de los organizadores decidir si dan por cancelada o modificada la convocatoria original. Mientras tanto, el debate político sigue abierto: ¿fue la prisión domiciliaria una medida de excepción basada en criterios objetivos? ¿O fue una concesión judicial para evitar disturbios y tensión social?

La central obrera repudió la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la calificó de injusta y se sumó a la concentración popular en defensa de la democracia de este miércoles frente al domicilio de Cristina.

A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner tras la notificación de la sentencia en su contra, y convocó a una concentración popular “que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria”.

En el texto, la central obrera se posicionó con claridad: “Los trabajadores y trabajadoras, estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, afirmaron, en referencia a la expresidenta, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue ratificada por la Justicia.

La CGT convocó a todos los gremios y trabajadores y trabajadoras que deseen sumarse a la manifestación como forma de expresar “convicción, pertenencia y solidaridad”, y habilitó a aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones propias a llevarlas adelante. “Quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen”, señalaron.

En su cierre, el comunicado deja una definición contundente: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”. La declaración lleva la firma del Consejo Directivo Nacional y está fechada el 17 de junio de 2025.

La ministra firmó una resolución interna que permite a la Policía Federal monitorear redes sociales “en tiempo real” bajo criterios ampliamente discutibles. ¿Hasta dónde llega el control estatal?

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dio luz verde a un operativo de espionaje digital en redes sociales y firmó una resolución que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a monitorear perfiles y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, todo ello bajo una autorización judicial previa.

Según se detalla en el texto oficial, “la PFA podrá monitorear las redes sociales en tiempo real cuando exista fundamento legal y orden judicial expresa”. El objetivo declarado era detectar conductas delictivas o eventos de riesgo colectivo. Pero detractores y especialistas advierten que esta medida puede convertirse fácilmente en una herramienta de control político si no hay límites claros.

La implementación de esta política implicó la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real, incluyendo la instalación de un centro de análisis dentro de la fuerza policial. Este espacio contaba con software especializado para mapear usuarios, detectar patrones de comunicación y predecir movimientos de protesta social.

Fuentes cercanas al área de inteligencia confirmaron que se llegó a desarrollar un protocolo operativo para solicitar permiso judicial y comenzar a seguir perfiles en redes sociales bajo el argumento de prevención del delito. Este tipo de prácticas, aunque reguladas por marcos legales, suelen aplicarse con criterios difusos que ponen en jaque el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ya expresaron públicamente su preocupación por el alcance de estas medidas. Para ADC, “la vigilancia digital sin control parlamentario ni judicial efectivo termina convirtiéndose en una herramienta de control político”.

Además, señalaron que el uso de estas herramientas en contextos de protesta social puede generar autocensura ciudadana y represión preventiva, algo que ya se ha visto en otros países donde gobiernos autoritarios utilizaron el pretexto de la seguridad para perseguir opositores.

Desde el oficialismo de aquel momento se defendió la medida como parte de una nueva estrategia de inteligencia moderna, necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la organización de disturbios callejeros.

Sin embargo, organizaciones sociales y periodísticas denunciaron que en varias oportunidades estas herramientas fueron utilizadas para vigilar a activistas, periodistas independientes y líderes barriales, especialmente en zonas con fuerte presencia de piquetes o protestas sociales.

“No se trata de prohibir el uso de herramientas digitales, sino de garantizar que no sean usadas para criminalizar la protesta”, aseguró un comunicado conjunto de sindicatos periodísticos y defensores de derechos humanos.

Lo que más preocupa a especialistas es que este tipo de decisiones se tomen sin debate público ni participación del Parlamento. La falta de transparencia sobre qué perfiles son monitoreados, cuántas órdenes judiciales se emiten y cómo se usa esa información levanta serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales.

Aunque la normativa establece que debe haber una orden judicial específica, no siempre está claro quién supervisa el uso real de estos datos ni qué mecanismos de control existen.