Lejos de que el ajuste lo pague “la casta”, el gobierno libertario sigue descargando el peso del recorte sobre la clase media y trabajadora, sin actualizar salarios ni homologar paritarias.

En plena recesión, el gobierno nacional recorta subsidios a la energía en zonas frías y modifica el esquema de segmentación para seguir trasladando aumentos a los usuarios. Los ingresos no suben, pero las tarifas no paran de crecer.

Más de 150 mil usuarios afectados: fin de los subsidios en zonas frías

El gobierno nacional eliminó los subsidios energéticos para más de 150 mil usuarios residenciales que habitan en zonas con bajas temperaturas, principalmente en provincias del sur y del centro del país. Se trata de usuarios que hasta ahora accedían a tarifas diferenciadas por el mayor consumo necesario en invierno. La decisión fue oficializada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 90/2024.

Según informó el propio organismo, los hogares perjudicados son aquellos que no están registrados en el padrón de beneficiarios de subsidios. La quita impacta de lleno en familias que venían enfrentando aumentos acumulados en luz y gas, mientras sus ingresos siguen congelados.

Cambios en la segmentación: menos subsidios, más tarifa plena

A contramano de la promesa de campaña, el Ejecutivo modificó los criterios para definir quién accede a los subsidios y quién paga tarifa plena, endureciendo las condiciones para ser considerado un “usuario de bajos ingresos”.

A partir de ahora, para pertenecer al nivel 2 (segmento subsidiado), se deberá demostrar un ingreso inferior a $730.000 (1,77 canastas básicas) y cumplir con una serie de nuevas restricciones: no tener más de un inmueble, no poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad, ni embarcaciones o aeronaves. Esto reduce el universo de beneficiarios y empuja a más familias a pagar el costo completo del servicio, en un contexto donde la inflación no cede y los salarios están planchados.

Ajuste a los de siempre: el bolsillo popular sigue pagando la crisis

Desde que asumió Javier Milei, el discurso del “ajuste lo paga la casta” se diluyó frente a la realidad. Mientras se frena la homologación de paritarias y el poder adquisitivo se derrumba, el gobierno no deja de habilitar aumentos en servicios esenciales como luz, gas, transporte y prepagas.

La quita de subsidios en zonas frías y la nueva segmentación confirman que el ajuste no lo paga la casta, sino los trabajadores, los jubilados y la clase media, que ya venían golpeados por el tarifazo en marzo y los aumentos proyectados para julio.

Mariano Fernández, ex amigo íntimo de Javier Milei, rompió el silencio y denunció que el presidente está bajo la influencia de un núcleo ultraconservador liderado por Laje, Márquez y un sacerdote integrista. “Ya no gobierna él”, advirtió.

Javier Milei no siempre fue lo que es hoy. Quien lo dice no es un opositor más, sino Mariano Fernández, economista, investigador del Conicet y ex amigo íntimo del presidente. Compartieron casi veinte años de amistad, cientos de charlas, proyectos y debates. Pero algo se rompió. En una entrevista con Pablo Duggan, Fernández decidió hablar. Y lo que contó no deja dudas: Milei, afirma, ya no se gobierna a sí mismo.

“Es alguien muy influenciable. Muy influenciable. Cuando se siente vulnerable, emocionalmente dependiente, necesita de otro que lo proteja. En un momento era yo. Hoy es Karina, su hermana”, relató. Pero no se detuvo ahí: apuntó directamente contra el entorno ideológico que, según él, lo vació de contenido propio y lo moldeó a imagen y semejanza de un proyecto autoritario y reaccionario.

El giro oscuro

Fernández asegura que durante la pandemia empezó a notar cambios: una religiosidad creciente, un discurso cada vez más mesiánico y la aparición de nuevas amistades que lo alarmaron. En particular, señaló a tres nombres: Agustín Laje, Nicolás Márquez y el sacerdote Javier Olivera Ravasi. “Se empezó a apoyar en estos personajes nefastos”, dijo sin eufemismos.

Lejos del liberalismo económico del que alguna vez se jactó Milei, sus ideas viraron hacia un nacionalismo místico, cruzado por un catolicismo integrista y una cruzada contra el feminismo, el aborto legal y toda agenda de derechos. “Lo que pasa hoy con Milei es que se dejó capturar por esta ultraderecha católica, una línea de pensamiento que no respeta ni el disenso ni la libertad, que dice defender la vida pero odia todo lo que huela a igualdad”, agregó Fernández.

La ideología que hoy manda: ¿Quiénes son estos personajes?

Agustín Laje, escritor y tuitero profesional, ha dicho que el feminismo “es un movimiento ultrapolitizado” y que el aborto “es un negocio”. Para él, la ESI busca “adoctrinar niños” y las luchas por derechos son parte de un “marxismo cultural” que hay que erradicar.

Nicolás Márquez, su socio en libros y giras, fue incluso más lejos: ha reivindicado figuras del terrorismo de Estado, ha dicho que el kirchnerismo “feminiza la política” y llegó a comparar la militancia de género con el nazismo. Su discurso combina homofobia, misoginia y un nacionalismo rancio.

El tercero en discordia, el cura Javier Olivera Ravasi, mezcla sotana con adoctrinamiento y un canal de YouTube donde niega derechos conquistados y propone un “combate espiritual” contra lo que llama “la ideología de género”. A menudo cita como referentes a apologistas del franquismo y del catolicismo anticomunista.

No son marginales. Son parte del nuevo relato oficial.

¿Qué quedó del Milei original?

El testimonio de Fernández no es el de un adversario político ni un ex funcionario despechado. Es el relato de alguien que vio desde adentro la mutación. “Él tiene una necesidad muy grande de ser aceptado, de ser amado. Cuando eso no pasa, se cae, entra en crisis. Y cuando alguien se le presenta como protector, lo entrega todo. Así fue con Karina, con estos muchachos y con esa idea absurda de que tiene una misión divina”, contó.

Para Fernández, Milei “no está en condiciones de gobernar”. Y más allá de su diagnóstico emocional –que incluye referencias a brotes de ira, euforia desmedida y delirios de grandeza–, lo que más le preocupa es el contenido político del actual presidente. “Javier era un loco lindo con ideas liberales. Hoy es un peligro. Lo que gobierna no es él, es una teocracia disfrazada de libertad”, sentenció.

En medio de un clima de tensión y represión, el gobierno de Javier Milei se niega a aumentar las jubilaciones y amenaza con vetar cualquier iniciativa que busque mejorar la situación de los jubilados.

La situación de los jubilados en Argentina se torna cada vez más crítica, y la represión sufrida por ellos frente al Congreso es un claro reflejo de la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei. A pesar de las demandas de aumento en las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, la Casa Rosada presiona a gobernadores y diputados para boicotear cualquier intento de mejora. La oposición, que busca llevar al recinto un aumento del 7.2% en las jubilaciones, se enfrenta a un gobierno que ya ha anticipado su intención de vetar cualquier proyecto que comprometa su objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dejado en claro que Milei no permitirá modificaciones al régimen previsional, argumentando que cualquier aumento se traduciría en un mayor déficit. Esta postura no solo ignora las necesidades básicas de los jubilados, sino que también refleja una falta de empatía hacia un sector de la población que ha sido históricamente vulnerable. Mientras el 27% de los jubilados percibe la mínima, que se encuentra congelada en 70 mil pesos desde que Milei asumió, el gobierno se niega a reconocer la urgencia de una solución.

La falta de quórum en la Cámara de Diputados se ha convertido en un obstáculo significativo para la oposición, que intenta avanzar con proyectos que beneficien a los jubilados. La estrategia del gobierno es clara: boicotear el quórum para evitar que se discutan iniciativas que incomoden a la administración de Milei. Esta táctica no solo demuestra la falta de voluntad política para abordar las necesidades de los jubilados, sino que también evidencia un desprecio por el proceso democrático y la voz de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos.

La responsabilidad de esta crisis recae directamente en Javier Milei y su gobierno, que han optado por un camino de ajuste y represión en lugar de buscar soluciones que garanticen el bienestar de los jubilados. La lucha por un aumento de emergencia y la defensa de los derechos de los jubilados no solo es una cuestión de justicia social, sino también un llamado a la dignidad de quienes han contribuido al país durante toda su vida. La sociedad no puede permitir que la represión y el ajuste se conviertan en la norma; es hora de exigir un cambio y poner fin a esta política que desatiende a los más vulnerables.

Empresarios de EE.UU. nucleados en AmCham marcaron diferencias con el modelo libertario: reclamos por la falta de institucionalidad, blanqueo a delitos financieros y ausencia de reglas claras

En una escena que dejó al descubierto un inédito cortocircuito, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) le bajó el pulgar al rumbo económico de Javier Milei y puso sobre la mesa críticas que incomodaron a la comitiva libertaria. Fue en el marco del AmCham Summit, el evento que reúne a representantes de las principales multinacionales norteamericanas en el país, donde por primera vez se escuchó un reclamo tan directo como inesperado: la falta de condiciones institucionales, la inseguridad jurídica y el aval implícito al ingreso de capitales sin control ni origen claro.

Facundo Gómez Minujín, presidente de AmCham y representante de JP Morgan en Argentina, fue la voz que encarnó la disconformidad. En un discurso que no pasó desapercibido, sostuvo que “Argentina no tiene la calidad institucional suficiente para garantizar inversiones a largo plazo” y cuestionó las señales contradictorias del gobierno, incluyendo su beneplácito hacia mecanismos como el “blanqueo de capitales” sin distinción entre fondos legales e ilegales.

“En ningún país serio se premia el narcotráfico, el contrabando o el delito financiero con un blanqueo”, sostuvo Gómez Minujín ante una sala repleta de CEOs, diplomáticos y funcionarios. El mensaje cayó como una bomba en Balcarce 50, que había apostado a este foro como vidriera internacional para atraer inversiones. La respuesta, sin embargo, fue un llamado de atención.

Además, el banquero apuntó contra el clima de incertidumbre que genera el propio gobierno. Criticó las constantes modificaciones del régimen cambiario, la falta de previsibilidad tributaria, y la asfixia que sufren las empresas por un marco regulatorio difuso y sin horizonte. Fue una enumeración que sonó a reprimenda, justo frente al equipo económico liderado por Luis Caputo y en presencia del propio presidente.

Milei, por su parte, sorprendió con un discurso corto —menos de 20 minutos— y con escasa capacidad de respuesta a las críticas. Evitó cualquier referencia directa al planteo de AmCham y se limitó a repetir sus habituales latiguillos: arengó a los empresarios a “invertir ahora que Argentina está baratísima” y prometió que el país será “una potencia mundial dentro de 30 años”. Cerró con su ya famosa expresión: “Vamos a crecer como pedo de buzo”, pero la frase, lejos de distender el clima, dejó perpleja a gran parte de la audiencia.

Al terminar, el desaire fue evidente: más de la mitad de los presentes se retiraron sin saludarlo, marcando distancia con el presidente y evidenciando que, esta vez, el intento de Milei por seducir al capital extranjero terminó con un portazo. El contraste fue notorio con la exposición de Caputo, que recibió más aplausos y se mostró dispuesto al intercambio técnico con los empresarios.

Lo que quedó en el aire no fue sólo una molestia diplomática, sino una señal política: incluso aquellos a quienes Milei dice defender —el gran capital extranjero— comienzan a tomar distancia ante la falta de reglas claras, el desprecio por los marcos legales y la peligrosa lógica de que todo dinero vale, sin importar de dónde viene.

El sueño del “paraíso libertario” empieza a resquebrajarse cuando ni siquiera sus potenciales beneficiarios lo compran.

Mientras se discute en el Congreso una mejora para las jubilaciones, el presidente Milei advierte que vetará cualquier proyecto que “rompa el equilibrio fiscal”. Las y los jubilados siguen siendo las principales víctimas del ajuste.

Este martes, la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de proyectos que buscan recomponer los haberes de jubiladas y jubilados, gravemente deteriorados por la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo ya anticipó que, en caso de aprobarse, el presidente vetará cualquier ley que implique una mejora real para el sector.

Los bloques opositores intentan avanzar con una fórmula de movilidad más beneficiosa que la impuesta por el Ejecutivo vía DNU, y promueven además la restitución de la moratoria previsional, eliminada por el Gobierno, y la creación de una jubilación proporcional para quienes no llegan a los 30 años de aportes.

Mientras tanto, el Gobierno de La Libertad Avanza desplegó un operativo de presión sobre los gobernadores y bloques aliados para impedir que se alcance el quórum o se vote en contra de los intereses de la Casa Rosada. Aún así, el descontento por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables crece también dentro del Congreso.

En paralelo, organizaciones de jubilados se concentran todos los miércoles frente al Congreso para exigir una recomposición de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y el cese del desfinanciamiento del PAMI, que afectó prestaciones esenciales. ¿La respuesta? gases y palos para nuestros abuelos y abuelas mientras la sociedad entera mira por tv en vivo todo lo que pasa frente al Congreso.

AJUSTE A LOS JUBILADOS: EL PLAN DE MILEI EN MARCHA

Desde el inicio de su gestión, Milei avanzó con una serie de decisiones que perjudicaron directamente a las y los jubilados. A continuación, un repaso de las principales medidas que muestran cómo el ajuste recayó sobre quienes más lo necesitan:

• Veto al aumento por ley aprobado en el Congreso: En junio, el oficialismo vetó la ley sancionada por Diputados y el Senado que establecía un aumento por encima del índice de inflación. “No voy a permitir que se rompa el equilibrio fiscal”, dijo Milei al anunciar el veto.
• Eliminación de la moratoria previsional: Mediante el DNU 70/2023, el Gobierno eliminó la posibilidad de que miles de personas sin 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación, profundizando la exclusión de mujeres y trabajadores informales.
• Medicamentos y recortes en el PAMI: El Ejecutivo redujo el acceso a medicamentos gratuitos, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas. Además, se desfinanciaron convenios con clínicas y prestadores, lo que provocó demoras en turnos médicos, estudios y tratamientos.
• Nueva fórmula de movilidad impuesta por decreto: Milei reemplazó la fórmula anterior por una actualización mensual por IPC, pero sin ningún tipo de aumento compensatorio por la pérdida acumulada durante los primeros meses del año. Como resultado, las jubilaciones mínimas perdieron más de un 20% frente a la inflación.

Lejos de ofrecer soluciones, Milei redobló la apuesta y ratificó que vetará cualquier ley que implique un aumento del gasto previsional. En su habitual tono provocador, aseguró que la oposición quiere “reventar el país” y repitió que “el déficit cero no se negocia”.

La amenaza de veto presidencial no solo ratifica el rumbo del ajuste, sino que expone el desprecio del Gobierno por los sectores más castigados por la crisis. Las jubilaciones mínimas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo.

En este contexto, la sesión en Diputados pone en evidencia el contraste entre el cinismo del oficialismo y la urgencia de millones de personas que apenas sobreviven. Por más que a Milei y su junta les moleste, la pelea por los derechos de los jubilados sigue viva.

Un conductor fue apuñalado durante un intento de robo en La Tablada. Sus compañeros iniciaron una medida de fuerza y exigen mayor seguridad.

Este miercoles trabajadores de la línea 126 realizan un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la violenta agresión a un chofer durante un intento de robo en La Tablada.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando tres delincuentes abordaron el colectivo simulando ser pasajeros. Al quedarse solos con el conductor, lo apuñalaron en la cabeza, brazos y una pierna. El chofer logró defenderse, pero resultó con heridas que requirieron atención médica. Actualmente, se encuentra estable y en observación.**

En respuesta, sus compañeros iniciaron una medida de fuerza que incluye un corte en la rotonda de San Justo, sobre Ruta 4 y Monseñor Bufano. Exigen mayor seguridad y denuncian que La Matanza es una “tierra de nadie”. Julián, delegado de la línea 126, expresó: “Queremos vivir, esto es insostenible. No vamos a esperar a que maten a un chofer para tomar medidas”.**

La medida de fuerza se mantendrá durante toda la jornada y no se descarta que otras líneas se sumen al reclamo. Los trabajadores exigen respuestas concretas de las autoridades para garantizar la seguridad en el transporte público

El fotógrafo herido durante la represión a jubilados en marzo, enfrenta una nueva intervención quirúrgica por hidrocefalia, consecuencia del trauma craneal sufrido. Su familia denuncia la falta de apoyo oficial y exige justicia.

Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido durante la represión policial a una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo, será sometido a una nueva operación debido a un cuadro de hidrocefalia detectado recientemente. La intervención, considerada inminente, busca colocar una válvula para descomprimir la acumulación de líquido en su cerebro, consecuencia del traumatismo craneal sufrido por el impacto de una bala de gas lacrimógeno disparada por un agente de la Policía Federal Argentina.

Su padre, Fabián Grillo, explicó que la operación se realizará “ni bien puedan” y que la familia se mantiene en alerta ante cualquier novedad. Además, expresó la frustración de Pablo, quien, tras dos intentos fallidos de alta médica, se encuentra “cansado” y “aburrido”, aunque sigue recibiendo el apoyo constante de amigos y familiares.

La familia también ha manifestado su descontento por la falta de comunicación y apoyo por parte del Gobierno Nacional desde el incidente. La jueza federal María Servini ha solicitado información detallada sobre el operativo represivo, incluyendo la identificación de los funcionarios presentes y las órdenes impartidas, pero hasta el momento no ha habido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

Este nuevo revés en la salud de Pablo Grillo resalta las consecuencias duraderas de la violencia institucional y la necesidad urgente de justicia y reparación para las víctimas de la represión estatal.

La medida, tomada sin difundir resultados ni avances, refuerza las sospechas de encubrimiento y debilita el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción.

La reciente decisión del presidente Javier Milei de disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.

La UTI fue establecida en febrero de 2025 mediante el Decreto 114/2025, con el objetivo de colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la investigación de posibles hechos de corrupción vinculados a $Libra. Sin embargo, su disolución, formalizada por el Decreto 332/2025, se produjo sin que se hicieran públicos los resultados de sus indagaciones.

La falta de transparencia en la divulgación de los hallazgos de la UTI ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y la independencia de la comisión. La creación y posterior disolución de un organismo destinado a investigar al propio presidente, sin resultados públicos, plantea dudas sobre el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Este episodio se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei en su primer año de gobierno, caracterizado por una política de austeridad y reducción del gasto público. Entre estas acciones se incluyen la disolución de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la agencia de noticias Télam. Además, se ha llevado a cabo una significativa reducción del empleo público, con más de 31.000 empleados desvinculados desde el inicio de su gestión.

La disolución de la UTI, sin la publicación de sus conclusiones, refuerza las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el actual gobierno argentino.

El presidente defendió su proyecto de blanqueo de capitales y reconoció que podría ser usado por narcos. “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”, aseguró.

Javier Milei volvió a dejar declaraciones explosivas que generaron fuerte preocupación. Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+, el presidente admitió sin filtros que su proyecto de blanqueo de capitales puede ser utilizado por el narcotráfico.

Al ser consultado sobre los riesgos del nuevo régimen, Milei respondió: “¿Qué pasa si blanquea un narco? Y bueno, es un tema de seguridad. Mi trabajo es que la economía crezca, que los precios no suban”. Luego agregó, sin dudar: “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”.

El blanqueo de capitales forma parte de la Ley Bases impulsada por el oficialismo y permitiría legalizar dinero en efectivo, criptomonedas, bienes en el exterior o cuentas bancarias sin explicar su origen, con alícuotas mínimas y sin penalidades.

Lejos de tomar distancia de posibles usos ilícitos, Milei blanqueó que no le importa si el dinero proviene del narcotráfico, contrabando o evasión fiscal, siempre que entre al sistema. “Mi foco es el crecimiento económico, lo otro es problema de Bullrich”, ironizó en referencia a su ministra de Seguridad.

Las declaraciones del Presidente generaron fuertes críticas desde sectores judiciales, políticos y económicos, que advirtieron que un blanqueo sin controles puede facilitar el lavado de dinero y profundizar redes delictivas.

Además, varios especialistas recordaron que el narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un factor que distorsiona la economía, impulsa la violencia y corrompe estructuras estatales.

Con esta postura, Milei vuelve a mostrar su desprecio por los marcos legales y los controles institucionales, favoreciendo un modelo donde la impunidad financiera y la opacidad sean la norma

El funcionario de Javier Milei reconoció públicamente que elimina regulaciones de la ANMAT porque se lo piden empresarios conocidos. Lo hizo sin pudor durante un evento en la Bolsa de Comercio.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, volvió a generar polémica al reconocer sin filtros que desregula normativas estatales por pedido de empresarios amigos.”La semana pasada me escribe un conocido diciendo ‘Che, mi hermano compró un vaso Stanley por Amazon y le exigen un trámite en ANMAT porque el vaso va a estar en contacto con los alimentos. ¿Al Estado argentino lo pensó Kafka?’. No podría estar más de acuerdo”, arrancó su anuncio el exministro de Macri y la Alianza.

La frase, dicha con naturalidad y sin ningún reparo ético, confirma lo que muchos sectores vienen denunciando: el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno no responde a un plan institucional sino a intereses particulares.

La revelación dejó al descubierto la falta de controles, el favoritismo empresarial y la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de funcionarios que, en lugar de velar por el interés público, atienden pedidos personales.

En el mismo mensaje, Sturzenegger defendió el rumbo económico del gobierno y planteó que las regulaciones estatales solo generan “trabas”. Sin embargo, su ejemplo concreto con la ANMAT generó un fuerte rechazo, dado que este organismo cumple un rol clave en la fiscalización de medicamentos, alimentos y productos de salud pública.