La medida perjudica a los sectores más vulnerables y beneficia a grandes actores del mercado como Mercado Libre, que ganan terreno en el sector de financiamiento.

El Gobierno de Javier Milei derogó este lunes las normas que habilitaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a otorgar créditos de consumo a sus beneficiarios utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La medida, oficializada mediante el decreto 1039/2024 publicado en el Boletín Oficial, deja sin efecto las iniciativas impulsadas durante la presidencia de Alberto Fernández.

Según el Poder Ejecutivo, la actividad de otorgar créditos de consumo puede ser realizada de manera más eficiente por las entidades financieras privadas. Además, argumentaron que los créditos a tasas de interés por debajo de la inflación y las tasas del sistema financiero público habían tenido consecuencias negativas en la gestión del fondo.

Sin embargo, esta medida representa un golpe directo a los jubilados y pensionados, que ahora deberán recurrir al sistema financiero privado para obtener financiamiento. En el pasado, los créditos otorgados por ANSES tenían tasas más bajas, lo que representaba un alivio para los sectores más vulnerables. Ahora, al ser reemplazados por las entidades privadas, los beneficiarios se verán obligados a pagar tasas más altas, lo cual perjudica gravemente su poder adquisitivo, especialmente en un contexto económico inflacionario.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2023, la tasa de inflación anual fue del 211,4%. Bajo esas condiciones, los créditos otorgados por ANSES tenían una tasa nominal anual del 29% para los créditos a 48 cuotas, mientras que para los titulares de asignaciones universales por hijo la tasa era de entre 32% y 36%. Aunque estas tasas eran inferiores a la inflación, su eliminación en favor del sistema financiero privado puede generar un aumento de la deuda de los jubilados y pensionados debido a las tasas más altas que ofrecen las entidades como bancos y plataformas como Mercado Libre.

Es importante destacar que esta medida no solo perjudica a los jubilados, sino que también beneficia directamente a actores como Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien ha promovido acuerdos con entidades financieras para ofrecer créditos a través de su plataforma. Mercado Libre, que ya cuenta con una considerable participación en el sector de los pagos y el financiamiento, se ve favorecido por la decisión gubernamental, ya que ahora más jubilados y pensionados, que antes recibían créditos a tasas más bajas desde ANSES, serán captados por el sistema financiero privado.

La decisión del gobierno, entonces, no solo afecta negativamente a los sectores más vulnerables, sino que, al abrir espacio al sector privado para el financiamiento, beneficia a grandes actores de la economía digital, como Mercado Libre, que seguirán ganando terreno con la expansión de sus servicios financieros.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei prioriza la eficiencia del sector privado, pero pone en evidencia el costo social que conlleva: una mayor carga para quienes ya enfrentan serias dificultades económicas.

El ahora ex co-secretario de la Confederación General del Trabajo presentó un escrito donde expresó su renuncia a la central obrera.

Pablo Moyano, referente de Camioneros, renunció este viernes a su cargo como co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), tras profundos desacuerdos con la denominada “mesa chica” de la central sindical. La decisión se habría desencadenado luego de que la CGT desestimara convocar un paro general en diciembre, una medida que Moyano consideraba fundamental para expresar el descontento de miles de trabajadores frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

“He tomado la decisión de renunciar a mi cargo de co-secretario general de la CGT, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’”, expresó Moyano en una carta dirigida al Consejo Directivo Nacional de la central sindical.

La salida de Moyano se da tras semanas de desacuerdos internos. El líder camionero había planteado la necesidad de un paro nacional como forma de resistencia a las medidas económicas y laborales impulsadas por la actual administración. Sin embargo, desde sectores mayoritarios de la CGT se optó por una tregua hasta 2025, priorizando el diálogo con el gobierno y argumentando señales de mejora en algunos sectores de la economía.

Durante una entrevista reciente, Moyano había anticipado su postura: “Esto no es otra cosa que un retroceso para todos los trabajadores del país. No podemos dividirnos. Ahora más que nunca, necesitamos estar juntos para defender los derechos que conquistamos durante décadas”.

La medida también estuvo marcada por tensiones dentro del propio gremio de Camioneros. Hugo Moyano habría intervenido directamente para desautorizar la convocatoria al paro promovida por su hijo, en un intento por evitar un quiebre más profundo en la CGT.

Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), figuras centrales en la conducción cegetista, también rechazaron la medida de fuerza, al igual que Andrés Rodríguez (UPCN), quien sostuvo que “no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito”.

El futuro de la CGT

Con la salida de Pablo Moyano, será el sector de Camioneros el encargado de designar a su reemplazante, en consonancia con el sistema de representación gremial de la CGT. La central sindical, mientras tanto, enfrenta el desafío de mantener la unidad en un contexto de crecientes demandas y expectativas por parte de la clase trabajadora.

La renuncia de Moyano refleja las tensiones internas entre las posturas dialoguistas y las más confrontativas dentro del movimiento obrero, en un momento crítico para definir el rumbo del sindicalismo frente a las políticas del actual gobierno.

Desde el Industriales Pymes Argentinos advirtieron que la apertura indiscriminada de importaciones generará una crisis aún mayor en sectores clave como textil, calzado, metalúrgicas, y la construcción.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió sobre el posible cierre de 25.000 pymes y la pérdida de 300.000 empleos registrados en 2025 si se profundizan los beneficios para la importación de productos terminados y se mantiene la presión impositiva local, dos medidas que lanzó el gobierno de Javier Milei y sostiene el ministro Federico Sturzenegger.

Según un informe del IPA, la flexibilización de los controles y la eliminación del Impuesto PAIS sin una estrategia de producción nacional podría ser más perjudicial que la recesión del primer semestre de 2024, que ya afectó a 46.000 trabajadores del sector manufacturero.

Rosato enfatizó que la apertura indiscriminada de importaciones pondría en riesgo sectores clave como el textil, el calzado y la construcción, y que podría provocar un mayor desempleo. A pesar de que las exportaciones crecieron un 15% interanual, las pymes siguen enfrentando dificultades para competir en el mercado interno e internacional, debido a la falta de financiamiento y los elevados costos de importación y exportación.

El futuro de las pymes dependerá de las políticas que implemente el Gobierno en 2025 para mejorar la competitividad y el acceso a mercados internacionales.

La Policía Federal acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 colaboradores, en su mayoría militares, de coordinar un plan para perpetuarse en el poder tras las elecciones de 2022.

La Policía Federal de Brasil reveló este jueves que el expresidente Jair Bolsonaro y otros 36 implicados, entre ellos altos mandos militares y exfuncionarios, coordinaron un plan para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Por ello, se solicitó su imputación por delitos como golpe de Estado, organización criminal y abolición violenta del Estado de Derecho, que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.

Entre los involucrados figuran figuras clave como los exministros Walter Braga Netto, Anderson Torres y Augusto Heleno, así como militares activos y retirados. La trama incluyó desinformación sobre el sistema electoral, intentos de incitar a los militares a romper el orden democrático, medidas ilegales para justificar el golpe y hasta un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades.

Lula confirmó esta última acusación durante un acto oficial: “Soy una persona que tiene que agradecer estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no dio resultado, estamos acá”.

La investigación destacó que el complot no avanzó debido a la negativa de los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea a sumarse al golpe. Además, identificó varios “núcleos” en la organización golpista, desde propaganda y logística hasta inteligencia paralela.

Bolsonaro enfrenta ahora una de las causas penales más graves de su historial, que incluye otros escándalos como la falsificación de certificados de vacunación y la importación irregular de joyas. La Procuraduría General deberá decidir si avanza con la acusación formal, mientras que líderes del Partido de los Trabajadores exigen un castigo ejemplar.

Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, resumió el clamor oficialista: “Intentaron asesinar autoridades, robar elecciones e instalar una dictadura. No merecen amnistía, sino prisión”.

El presidente y su alianza con Israel marca un giro peligroso en la política exterior argentina, rompiendo con la histórica neutralidad de la Argentina ante conflictos internacionales.

El presidente Javier Milei anunció un “memorándum histórico con el gobierno israelí” para fortalecer la defensa de la “libertad y la democracia” y combatir el “terrorismo y las dictaduras”. Sin embargo, la decisión genera preocupación por sus implicancias para la histórica política exterior argentina, tradicionalmente neutral frente a conflictos bélicos internacionales.

El anuncio ocurrió mientras la Corte Penal Internacional (CPI) emitía una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Esto sitúa a la Argentina en un escenario potencialmente conflictivo, especialmente considerando que Israel se encuentra en otro continente y muy lejos de los intereses geopolíticos directos del país.

Durante la ceremonia organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y la Embajada de Israel en Buenos Aires, Milei marcó diferencias con gobiernos anteriores: “Mientras los kirchneristas hacían un memorándum con Irán, nosotros hacemos uno con Israel”. También destacó la “amistad histórica” entre Argentina e Israel y expresó su deseo de que la alianza sea un modelo para otras naciones del mundo libre.

Sin embargo, esta alineación no es menor para un país como Argentina, que sufrió atentados devastadores contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, en un contexto donde la política exterior del momento lo involucró en tensiones internacionales. La decisión de Milei de tomar partido en un conflicto tan complejo podría tener consecuencias similares, al alejarse de la neutralidad que históricamente caracterizó a la diplomacia argentina.

El mandatario, además, señaló que Israel y Estados Unidos son “nuestros socios geopolíticos más importantes” y reafirmó su compromiso de acompañarlos en la “defensa de la causa de Occidente, la vida, la libertad y la propiedad privada”. En este sentido, condenó los ataques del grupo Hamas y mencionó la importancia de no olvidar los atentados sufridos en Argentina hace tres décadas.

El anuncio del acuerdo se da en un momento delicado para la política internacional. Mientras Milei proclamaba su afinidad con Israel, la CPI avanzaba contra Netanyahu, generando repercusiones globales. Esto posiciona a la Argentina de manera clara en un conflicto que no solo le es ajeno por geografía, sino que también podría exponer al país a riesgos innecesarios.

La decisión de romper con la neutralidad histórica y alinearse con una postura tan marcada implica un cambio radical en la política exterior argentina. Más que fortalecer la diplomacia, la medida podría poner en jaque la seguridad y la posición estratégica de un país que siempre buscó evitar involucrarse en conflictos ajenos a sus intereses inmediatos.

El gobernador bonaerense cuestionó duramente la decisión del Gobierno de Javier Milei de privatizar la Hidrovía del Río Paraná y calificó la medida como una “entrega” contraria a la soberanía nacional.

En un acto por el Día de la Soberanía Nacional en San Pedro, Axel Kicillof dirigió fuertes críticas al Gobierno nacional por la reciente licitación para privatizar la gestión de la Hidrovía del Río Paraná. “Da vergüenza la entrega de la que somos testigos por parte del gobierno de Milei. No puede privatizar nuestro río, no puede darle la espalda a las provincias, y vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación de nuestra Constitución Nacional”, enfatizó el mandatario.

Kicillof también apuntó contra el carácter ideológico de las políticas del oficialismo, a las que consideró alejadas de la realidad mundial: “Estamos ante una época renovada de nacionalismos, y nos toca tener un Gobierno nacional que está seteado en Austria del siglo XIX o, peor aún, en el Consenso de Washington, que tanto fracaso nos dio”.

“Vendepatria que gobiernan”

En su discurso, Kicillof no escatimó calificativos y destacó que “la soberanía nacional es una fibra tremendamente importante y sensible para nuestro pueblo, digan lo que digan y hagan lo que hagan los vendepatria que gobiernan”.

Además, aprovechó para diferenciarse del modelo económico propuesto por Milei, subrayando: “Le digo a Milei: hay que proteger la producción y el trabajo nacional. Lo entiende Trump y medio planeta, las principales potencias, y nos quieren entregar de pies y manos”.

La Provincia dispuesta a actuar

El gobernador bonaerense también advirtió que, si el Gobierno nacional no reactiva la obra pública del canal Magdalena, paralizada desde diciembre de 2023, su administración asumirá la responsabilidad. “Si ellos no piensan hacerlo, lo va a hacer la provincia de Buenos Aires”, sentenció.

Finalmente, Kicillof pidió al Ejecutivo nacional que escuche las necesidades del pueblo: “El Gobierno tendría que darse cuenta que lo que tiene que defender no es una ideología, sino la producción, el trabajo y la soberanía nacional”.

Con sus declaraciones, el gobernador de Buenos Aires dejó en claro su postura de confrontación frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, reafirmando el compromiso de su gestión con la defensa de los intereses provinciales y nacionales.

El exasesor de Mauricio Macri regresó a Argentina después de fugarse para evitar declarar ante la justicia. A pesar de las acusaciones de persecución a opositores, logró evitar la prisión gracias a la protección judicial de magistrados alineados con el PRO.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la justicia durante más de tres años, volvió a Argentina tras huir a Uruguay cuando debía declarar en una causa donde está acusado de liderar la mesa judicial del macrismo. Este grupo, compuesto por funcionarios como Mauricio Macri y José Torello, es señalado por coordinar la persecución de opositores, incluyendo a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo.

López y De Sousa denunciaron que el macrismo buscó extorsionarlos para que sus medios apoyaran el encarcelamiento de Cristina Kirchner. Según los testimonios, la presión comenzó en una reunión en 2015 en la casa de Franco Macri, y luego se intensificó con hostigamientos, causas judiciales y el remate de activos del grupo a precio vil.

Rodríguez Simón huyó del país en 2020 cuando la jueza María Servini iba a citarlo a indagatoria. A pesar de su fuga, la justicia argentina le concedió exención de prisión, respaldada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, afines al PRO. Su única garantía fue la hipoteca de una propiedad de Torello, sin depositar los 3.120 millones de pesos exigidos inicialmente.

El regreso de Pepín coincide con la polémica por el proyecto de “Ficha Limpia”, impulsado por el gobierno, que busca inhabilitar candidatos condenados por corrupción. Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, señaló la contradicción: “No hay ficha limpia con justicia sucia. Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, mientras Pepín, tras fugarse, camina libremente”.

La causa judicial que involucra a Rodríguez Simón sigue frenada. La Corte Suprema retuvo el expediente desde principios de 2023, lo que impide que avance la investigación. A pesar de los reclamos de los abogados de López y De Sousa, el máximo tribunal aún no lo devolvió. Mientras tanto, Pepín continúa en libertad, con la protección de sectores del poder judicial que parecen garantizarle impunidad, paseándose por Comodoro Py como en sus mejores tiempos.

Según trascendidos, el gobierno de Javier Milei avanza con la redacción de la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral que, entre otras medidas, eliminaría las PASO.

El Gobierno enviará en las próximas horas dos proyectos de ley al Congreso: uno destinado a la eliminación de las PASO y la reforma del financiamiento de los partidos políticos, y otro para modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Según fuentes oficiales, estas iniciativas buscan reducir costos presupuestarios y optimizar el sistema electoral.

“En las próximas horas se estará mandando la reforma electoral al Congreso. Están terminando de redactar el texto. Podrían convocar a sesiones extraordinarias en diciembre por este motivo”, adelantó el periodista Lautaro Maislin en C5N.

La decisión de presentar las reformas en dos proyectos distintos se tomó el martes, luego de que la Casa Rosada considerara inicialmente unificar las propuestas en un único texto.

Manuel Adorni, vocero del oficialismo, justificó la iniciativa de eliminar las PASO al considerarlas “una encuesta financiada por los argentinos que ya no cumple su objetivo de dirimir internas”. Asimismo, subrayó que la medida contribuiría al objetivo del Gobierno de “cuidar el superávit fiscal”. Según estimaciones oficiales, la eliminación de las primarias generaría un ahorro de 45 mil millones de pesos.

Además, el proyecto incluirá modificaciones al marco legal que regula los debates presidenciales, actualmente vinculados al resultado de las PASO. En este sistema, solo los candidatos que superan el 1,5% de los votos en las primarias pueden participar en las elecciones generales.

Adorni también destacó que “solo diez agrupaciones utilizaron esta herramienta para dirimir internas en las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no alcanzó el piso mínimo de votos requerido”.

La propuesta ya genera expectativa en el ámbito político, dado que su aprobación implicaría un cambio profundo en la organización de los procesos electorales en Argentina.