Se trata de una referente de La Cámpora de Entre Ríos, aliada de Crisitina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.

Este jueves en una sesión marcada por tensiones políticas, Edgardo Kueider fue removido de su banca en el Senado bajo el cargo de “inhabilidad moral”. La medida responde a su detención en Paraguay, donde intentó ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar el pasado 4 de diciembre.

Inicialmente, la destitución fue aprobada con 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Sin embargo, poco después, el senador correntino Camau Espínola, compañero de bloque de Kueider, solicitó rectificar su postura, cambiando su voto a negativo. Esto ajustó el resultado final a 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

¿Quien es Stefanía Cora? La Senadora de La Cámpora que reemplazará a Kueider

Stefanía Cora, una dirigente de 33 años de Entre Ríos vinculada a La Cámpora, se convertirá en senadora nacional por Entre Ríos tras la expulsión de Edgardo Kueider. Es reconocida por su lealtad a Cristina y Máximo Kirchner, y por ser una de las principales referentes de La Cámpora en su provincia, junto al diputado Tomás Ledesma.

Nacida políticamente en el peronismo entrerriano, comenzó su carrera en el Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, donde trabajó como coordinadora local entre 2014 y 2015. Ese año, fue elegida concejal en Paraná, desde donde enfrentó al entonces intendente radical Sergio Varisco, involucrado en un caso de narcotráfico. En 2019, fue electa diputada provincial y reelecta en 2023.

En el ámbito legislativo, se destacó por impulsar debates sobre feminismos y diversidad, contribuyendo a la Ley de Paridad Integral en Entre Ríos. Su habilidad para dialogar y negociar dentro del peronismo es reconocida, aunque su fidelidad al kirchnerismo parece ser su principal fortaleza en este momento.

Cora, apodada “la Pepo”, estudia la Licenciatura y Profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Litoral y recientemente presentó un proyecto sobre masculinidades alternativas. Su ingreso al Senado refuerza la influencia de La Cámpora en el Congreso y promete ser una voz leal al liderazgo de Cristina Kirchner.

A la vez que el gobierno deja sin medicamentos a enfermos terminales y jubilados, ahora el ministerio de Defensa firmó la primera Carta de Oferta y Aceptación para la adquisición de equipos y capacidades destinados al programa F-16.

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, firmaron la primera Carta de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) para la adquisición de equipos y capacidades destinados al programa F-16. Según el Ministerio de Defensa, este acuerdo permitirá incorporar tecnología de última generación para la Fuerza Aérea, fortaleciendo áreas como la transmisión de datos, comunicaciones y guerra electrónica.

Sin embargo, la firma de este acuerdo contrasta profundamente con la narrativa oficial del Gobierno, que en reiteradas oportunidades ha afirmado que “no hay plata” para cubrir necesidades urgentes. Mientras que los jubilados y pacientes con enfermedades terminales enfrentan recortes en el acceso a medicamentos, el Estado destina recursos significativos a la compra de armamento en un país que no enfrenta conflictos bélicos.

Prioridades que alarman

La incorporación del F-16 convierte a la Argentina en el 29º país en operar este caza multirol de cuarta generación, reconocido por su sofisticación tecnológica y capacidad ofensiva. Este “salto generacional” en la Fuerza Aérea fue enmarcado por el ministro Petri como parte del “compromiso del presidente Javier Milei con la modernización de las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, este anuncio llega en un contexto de ajuste brutal para los sectores más vulnerables. Mientras el Gobierno celebra la modernización militar, los jubilados deben lidiar con la reducción de beneficios esenciales, y muchos enfermos terminales enfrentan la imposibilidad de acceder a tratamientos fundamentales.

¿Gasto estratégico o despilfarro?

El contraste resulta evidente: el Ejecutivo gasta en sistemas de armas diseñados para escenarios bélicos que la Argentina no enfrenta, mientras se niega a garantizar derechos básicos. En palabras del Ministerio de Defensa, el acuerdo permitirá “formar y sostener el sistema de armas, incorporando equipos y armamento de última generación”. Pero, ¿a qué costo?

La narrativa oficial justifica este gasto en nombre de la soberanía nacional y la seguridad del territorio, pero los críticos señalan que priorizar armamento en lugar de atender las necesidades urgentes de la población refleja una desconexión con la realidad social del país.

La contradicción del discurso oficial

Mientras el Gobierno insiste en la falta de recursos para atender las demandas básicas de los ciudadanos, avanza en acuerdos millonarios para fortalecer un aparato militar innecesario en el actual escenario nacional. Esta contradicción genera indignación y cuestiona las prioridades de una gestión que celebra adquisiciones internacionales mientras deja a los sectores más vulnerables a la deriva.

El verdadero desafío de la Argentina no está en los cielos, sino en la tierra: en garantizar medicamentos, alimentos y servicios básicos para quienes más los necesitan. Por más que el Gobierno intente justificarlo, es difícil explicar cómo un país con una clara postura pacífica histórica justifica semejante gasto en armamento, mientras ajusta a sus propios ciudadanos.

El presidente reconoció que su gobierno elevó la pobreza al 57% y dijo que junto a sus funcionarios “se mataba de risa porque le parecía muy gracioso”.

Javier Milei participó de una entrevista con El Gordo Dan en su programa de streaming, que dejó varios momentos tan bizarros como polémicos. 

Uno de los pasajes sin duda más controversiales fue cuando se refirió a la pobreza en el país, la cual reconoció que aumentó desde su llegada al poder. 

“Sinceramos la economía y la pobreza saltó al 57%”, reconoció Milei, quien en campaña se había vendido como un experto “en crecimiento con o sin dinero”.

Pero, luego, el mandatario parece jactarse o tomarse a la ligera la situación. Milei afirma que discutió este tema con otra persona y que “se mataba de risa porque le parecía muy gracioso”.

En su asunción como presidenta del PJ, Cristina Kirchner criticó al gobierno de Javier Milei por aplicar un modelo de valorización financiera que, según dijo, profundiza el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió este miércoles que, con el gobierno de Javier Milei, “hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento” sobre algunos sectores. En el acto de su asunción como presidenta del Partido Justicialista, sostuvo: “Lo que está viviendo la Argentina es más viejo que el sol, es un modelo de valorización financiera.”

Cristina también cuestionó el discurso de Milei en cadena nacional, calificándolo como “repetitivo” y “desconectado de la realidad.” Al respecto, señaló: “La falacia del anarcocapitalismo del señor Milei es que se cansó de decir que el problema era el déficit financiado con emisión monetaria, pero no deja de pisar el dólar e interviene en una de las variables más importantes de los cuatro precios de la economía.”

Además, explicó las consecuencias de estas políticas en el panorama económico: “El Presidente sabe que si se mueve el tipo de cambio le impacta en el índice de inflación. Todos los períodos donde artificialmente se sostiene un tipo de cambio bajo, se produce déficit de cuenta corriente, desindustrialización y pérdida de empleo. Este va a ser el paisaje que vamos a enfrentar en Argentina.”

La exmandataria también criticó las medidas de ajuste del gobierno, asegurando que no impactan sobre la llamada “casta”, sino en los sectores más vulnerables: “El ajuste del Gobierno no fue contra la casta, fue contra los jubilados, que representan el 50 por ciento del presupuesto nacional.” En tono crítico, graficó la situación social actual: “Cuando uno tiene un vecino que aparece con una motosierra, se encierra en la casa porque te da miedo, pero hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento en tanto y en cuanto ´no me toquen a mí´.”

Por otro lado, Fernández de Kirchner hizo una comparación entre el blanqueo de capitales impulsado por Milei y el realizado durante la gestión de Mauricio Macri, destacando los resultados del actual gobierno: “En 48 días ingresaron a cuentas bancarias 15 mil millones de dólares, mientras que en 48 días del blanqueo de Macri, apenas 1.100 millones de dólares.”

El acto tuvo lugar en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde la expresidenta también reafirmó la importancia de articular una estrategia política frente al modelo actual.

La acusación se basa en investigaciones periodísticas que apuntan a la posible utilización de estos comercios como fachada para justificar movimientos financieros ilícitos.

El abogado Antonio Edgardo Liurgo presentó una denuncia formal contra la candidata presidencial y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la posible comisión de delitos relacionados con el lavado de dinero. Según el escrito, se investiga la utilización de la cadena de bares Tostado Café Club para encubrir operaciones ilícitas.

En el documento presentado ante un Juzgado Federal, Liurgo detalla que la denuncia surge a raíz de una emisión del programa Televisión e Investigación, conducido por Tomás Méndez, el pasado 24 de agosto. En dicho programa, se habrían expuesto elementos que vinculan a Bullrich con presuntas maniobras de lavado de activos mediante los locales de Tostado, ubicados en diferentes puntos de Argentina y otros países.

El abogado sostiene que existen indicios suficientes para que se investigue si estos comercios estarían siendo utilizados como fachada para justificar movimientos financieros de origen dudoso. Además, se incluyó material audiovisual en el que, según la denuncia, se cita a Bullrich como una de las principales autoras de estas maniobras.

Los fundamentos de la denuncia

Liurgo apoya su presentación en las facultades que otorga la legislación para promover acciones de investigación en casos de delitos de acción pública. Asimismo, remarca la gravedad de las acusaciones, dado que comprometen a una figura de alto perfil político en pleno contexto electoral.

Hasta el momento, Patricia Bullrich no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia. En paralelo, se espera que la justicia determine si corresponde abrir una causa para investigar las acusaciones presentadas.

Encontraron oxicloruro de cobre en su dormitorio, comúnmente utilizado como fungicida. “Pensé que era algún producto para eliminar hormigas u otros bichos”, dijo Morales.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, denunció un nuevo atentado contra su vida, según informó Radio Kawsachun Coca. En esta ocasión, el ataque involucró el uso de un fungicida conocido como oxicloruro de cobre, cuya presencia fue detectada dentro de su dormitorio en Lauca Eñe.

Morales relató que, al ingresar a su habitación, notó una sustancia verde esparcida en el piso y las paredes. “Abrí la puerta del cuarto y, con el cansancio, me eché a la cama. Noté desparramado algo como harina verde en el piso y la pared; pensé que era algún producto para eliminar hormigas u otros bichos”, explicó el expresidente.

Una de sus asistentes recogió una muestra de la sustancia y la envió a un laboratorio en Chimoré, donde confirmaron que se trataba de oxicloruro de cobre. Este compuesto químico, comúnmente utilizado como fungicida, puede causar irritaciones en la piel y los ojos, molestias respiratorias, náuseas y, en exposiciones prolongadas, daños en órganos como el hígado y los riñones, de acuerdo con el informe del laboratorio.

La encargada de la limpieza de la vivienda también identificó restos de la sustancia en varios puntos del dormitorio, incluyendo un montón junto a un velador, otro detrás de un espejo y una última acumulación debajo de la cama, acompañada de un papel higiénico que parecía haber sido utilizado para manipular el químico.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo ni cuándo alguien logró ingresar al dormitorio del expresidente. “Pudo ser en la tarde o la noche, durante las reuniones que el expresidente suele mantener en distintos ambientes”, comentó una asistente de Morales.

Este incidente es el segundo atentado reportado contra Evo Morales en lo que va del año. El pasado 27 de octubre, recibió más de 20 disparos mientras viajaba en una caravana entre Villa Tunari y Lauca Eñe, un ataque que sigue sin ser investigado.

Morales denunció la falta de avances en ambos casos y exigió garantías para su seguridad.

El reconocido defensor de los derechos laborales y ex diputado nacional dejó un legado marcado por su militancia y su lucha contra la flexibilización laboral. Máximo Kirchner propuso que el Consejo del PJ lleve su nombre.

Héctor Recalde, histórico abogado laboralista, militante peronista y ex diputado nacional, falleció dejando un profundo vacío en el ámbito político y sindical. Máximo Kirchner, al confirmar la noticia, solicitó que el Consejo del Partido Justicialista (PJ) sea rebautizado en su honor, destacando su rol clave en la defensa de los trabajadores.

Recalde, quien inició su carrera como abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1964, dedicó su vida a la lucha por los derechos laborales. En su trayectoria política, se destacó como diputado nacional entre 2005 y 2017, presidiendo la Comisión de Legislación del Trabajo durante sus tres mandatos consecutivos.

Fue un férreo opositor a la flexibilización laboral impulsada durante el gobierno de Carlos Menem y uno de los principales denunciantes de los sobornos en el Senado vinculados a la Ley Banelco (Ley 25.250 de Reforma Laboral). Su valentía y compromiso marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos de los trabajadores argentinos.

El fallecimiento de Héctor Recalde representa la partida de una figura emblemática del peronismo y un defensor incansable de la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Su legado perdurará como inspiración para las futuras generaciones de militantes y trabajadores.

Se trata del senador detenido en Paraguay con 211.000 dólares, 3.900.000 guaraníes y 646.000 pesos argentinos sin declarar.

El escándalo en torno al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 211.000 dólares, 3.900.000 guaraníes y 646.000 pesos argentinos sin declarar, suma un nuevo capítulo con la difusión de audios que lo vinculan con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei. Las grabaciones, reveladas por Rolando Graña en el programa GPS por A24, sugieren que Kueider había dejado de responder al kirchnerismo y estaba en negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña electoral de 2023.

En los audios, Kueider se refiere a una persona identificada como “Karina” y reafirma una estrategia política previamente discutida. “La estrategia es la misma y lo que hablamos siempre es lo mismo”, afirma el senador. Además, destaca la importancia de Javier Milei en el armado político de Entre Ríos: “Me sirve Milei jugando y una elección simultánea. Con él armando una lista acá en Entre Ríos, sino es muy difícil.”

El legislador también reconoce el peso electoral del presidente, afirmando: “Yo sé que todos tienen votos, pero el que es el elector de ese espacio, claramente, es Milei.” En otro fragmento, subraya: “Es el tipo que te va a arrastrar acá en Entre Ríos un porcentaje importante que te permite desnivelar. Esa es la estrategia, siempre lo fue y siempre lo hablamos en esos términos. Yo en otros términos no hablé nada. Así que eso se da y le metemos ficha, como siempre.”

La divulgación de estos audios complica aún más la situación del senador y plantea interrogantes sobre su relación con el oficialismo. A su vez, podría generar tensiones dentro de La Libertad Avanza, al poner en evidencia posibles acuerdos electorales que contrastan con el discurso de ruptura con la “casta” política. Ni Karina Milei ni representantes del oficialismo han ofrecido declaraciones al respecto, mientras el caso sigue generando repercusiones.

Una investigación reveló que la esposa del diputado del PRO, muy cercano a Mauricio Macri, tendría una activa participación en una intrincada red de sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Florida, Estados Unidos.

Romina Aldana Diago, abogada y esposa del diputado Cristian Ritondo, ha quedado en el centro de una investigación periodística que expone su participación en una compleja red de sociedades offshore vinculadas a propiedades en Florida, Estados Unidos. La investigación, revelada por elDiarioAR en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y basada en documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), detalla operaciones que conectan a la familia Ritondo con bienes valuados en más de 2,6 millones de dólares.

Según los documentos analizados, estas transacciones financieras están relacionadas con jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida, conocidas por su opacidad fiscal. La abogada, de 48 años, con experiencia en el ámbito público porteño, figura como beneficiaria final de varias sociedades offshore que poseen propiedades en Florida, incluyendo cinco inmuebles cuyo valor total asciende a 2,6 millones de dólares.

En 2014, Diago constituyó la sociedad Sunstar Point Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir una propiedad en Hallandale Beach valuada en 650.000 dólares. Según los correos filtrados, la abogada presentó su pasaporte, prueba de domicilio y cartas de referencia bancaria, estableciéndose como directora y beneficiaria de la firma. Paralelamente, creó el fideicomiso Warwick Trust, que le permite administrar estos bienes en el extranjero y transferir su control a Ritondo en caso de fallecimiento.

Propiedades, sociedades y estructuras opacas

La investigación también apunta a otras sociedades vinculadas a Diago, como Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, registradas en Delaware y Florida. Ambas habrían servido como pantallas para adquirir bienes en condominios de lujo. Documentos de 2021 mencionan a Diago como integrante de Bonita Holdings 39, y registros previos la conectan con Goformore LLC, una firma que adquirió propiedades en Miami entre 2013 y 2015, valuadas en más de 1,5 millones de dólares.

Un caso particular es el de un departamento en Miami Beach, adquirido por Goformore LLC a una empresa propiedad de Juan Alberto Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta transacción, realizada en 2014, coincide con la creación del fideicomiso Warwick Trust, lo que genera interrogantes sobre posibles vínculos entre ambas operaciones.

Patrimonio de Ritondo y su omisión

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados y aliado político de Javier Milei y Mauricio Macri, declaró en 2023 un patrimonio de 1.541 millones de pesos, marcando un aumento del 1.709% respecto al año anterior. Sin embargo, sus declaraciones patrimoniales no incluyen referencia alguna a las propiedades ni a las sociedades mencionadas, lo que podría contravenir las normativas que exigen a los funcionarios informar los bienes de sus cónyuges.

Un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2012 estableció que los bienes de las parejas de los funcionarios sean confidenciales, limitando su acceso a jueces o a la Oficina Anticorrupción (OA). Este vacío legal dificulta el rastreo del patrimonio de Diago, aunque la omisión deliberada de bienes en las declaraciones juradas podría constituir un delito.

Consultados sobre las revelaciones, voceros del diputado afirmaron que los vínculos de Diago con Goformore LLC fueron “estrictamente laborales” y aseguraron que la abogada dejó de estar asociada a esa firma en 2013. No obstante, confirmaron que están revisando las declaraciones patrimoniales pasadas para esclarecer los hechos. Cabe destacar que las declaraciones de Ritondo durante su período como legislador porteño (2013-2015) ya no están disponibles debido a normativas locales.

La Justicia reabrió una denuncia archivada contra Cristina Fernández de Kirchner por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas tras la apelación de la UIF.

La Cámara Federal ordenó reabrir una causa contra Cristina Fernández de Kirchner por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. El archivo de la denuncia, que había sido ratificado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini al considerar que no constituían un delito, fue revocado, y ahora se avanzará con la investigación a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El fallo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenó al juzgado federal 10 realizar un peritaje exhaustivo sobre las declaraciones juradas de la expresidenta. Por su parte, el juez Mariano Llorens fue más allá y sostuvo que Cristina Kirchner debía ser citada a indagatoria de manera inmediata.

Llorens argumentó que las pruebas existentes ameritan evaluar esta causa junto con las demás investigaciones abiertas contra Fernández de Kirchner. Para él, esta denuncia es “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno”.

En su fallo, Llorens afirmó: “Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas” y señaló que “la hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

Los magistrados también subrayaron que “se dan los presupuestos del artículo 294 del Código Procesal Penal para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado”. Además, indicaron que es necesario avanzar hacia las siguientes etapas del proceso en lugar de mantener el archivo de la causa.

A partir de esta resolución, la Cámara Federal dispuso una pericia integral sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Kirchner y la documentación pertinente que el juzgado considere relevante.