El Gobierno nacional puso en marcha una nueva ofensiva legislativa para profundizar su esquema de incentivos a las grandes empresas. Bajo el nombre de “Súper RIGI”, la administración de Javier Milei busca ampliar los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado el año pasado junto con la Ley Bases. El RIGI no generó un salto en el empleo ni inversiones extranjeras directa, de hecho, Argentina es el país de peor rendimiento en ese aspecto de toda Sudamérica.

La propuesta oficial apunta a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, los centros de datos y otras actividades de alta tecnología. A cambio de inversiones multimillonarias, las empresas recibirían estabilidad regulatoria por 30 años, ventajas impositivas, beneficios aduaneros y facilidades para operar con divisas.

El inicio del debate parlamentario coincide con una creciente discusión sobre los resultados concretos del RIGI actualmente vigente. Cuando el régimen fue aprobado, el oficialismo aseguró que se transformaría en un motor de inversiones extranjeras y generación de empleo. A casi un año de su puesta en marcha, los números todavía están lejos de mostrar un impacto significativo sobre la economía real.

Si bien se anunciaron proyectos por miles de millones de dólares en sectores como energía, minería e hidrocarburos, buena parte de esas inversiones continúan en etapas preliminares o con cronogramas de ejecución de largo plazo. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa no registró hasta ahora un salto que permita atribuirle un cambio estructural a la economía argentina.

Las dudas también aparecen en materia laboral. De acuerdo con los datos informados por el propio Gobierno, los proyectos aprobados bajo el régimen generarían decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Aunque se trata de una cifra relevante, resulta modesta frente al deterioro del empleo registrado producido durante el último año y frente a las expectativas que acompañaron la sanción de la Ley Bases.

Los sectores críticos del proyecto sostienen que el RIGI terminó convirtiéndose en un esquema de beneficios extraordinarios para grandes corporaciones sin garantías suficientes de desarrollo local. Entre los cuestionamientos más frecuentes aparecen la ausencia de exigencias de integración con proveedores nacionales, la falta de compromisos concretos de generación de empleo y las amplias garantías otorgadas a los inversores durante tres décadas.

En ese marco, el “Súper RIGI” promete reabrir una discusión que atravesó buena parte del debate económico de los últimos meses: hasta qué punto la reducción de impuestos y regulaciones es suficiente para atraer inversiones productivas en un país que continúa enfrentando problemas estructurales vinculados al mercado interno, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad macroeconómica.

Mientras el oficialismo busca acelerar el tratamiento parlamentario de la iniciativa, la oposición prepara una batería de cuestionamientos sobre la eficacia del régimen vigente. La discusión comenzará así con una pregunta de fondo que atraviesa todo el debate: si el RIGI todavía no logró demostrar resultados contundentes en materia de inversiones y empleo, ¿qué justifica avanzar hacia una versión aún más amplia y beneficiosa para las grandes empresas?

La recuperación del consumo no se ve ni en Córdoba la provincia más libertaria del país. El modelo de Javier Milei no arranca. Por el contrario, los números del comercio muestran que la retracción de las compras continúa profundizándose incluso después de la fuerte desaceleración de la inflación.

Según el último informe del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), las ventas minoristas registraron en mayo una caída del 21% en unidades respecto del mismo mes de 2025. La rentabilidad de los comercios, en tanto, cayó un 22% en la misma comparación.

Se trata de una de las bajas más pronunciadas de los últimos meses y refleja las dificultades que atraviesa el mercado interno para recuperarse, aun cuando algunos indicadores macroeconómicos muestran signos de estabilización. 

El relevamiento, realizado en corredores comerciales y centros comerciales de la capital cordobesa, también detectó un deterioro en la comparación mensual. Respecto a abril, las ventas retrocedieron 5% y la rentabilidad cayó 10%. Esto se da en medio de un fuerte aumento del endeudamiento familiar y la suba de los servicios, una doble pinza sobre las cajas de los comercios. Así no se puede.

Una encuesta de Management & Fit sostiene que la imagen negativa de Javier Milei creció seis puntos en mayo y la desaprobación de la gestión nacional subió cuatro puntos, ubicándose ambos datos en techos históricos.

El sondeo contradice a la medición de la brasileña Atlas Intel, que en mayo registró una baja de 5 puntos en el rechazo al presidente. De todos modos ambas ubican la negatividad respecto a la imagen de Milei por encima de los 50 puntos.

El caso Adorni sigue siendo un lastre para Milei. La imagen negativa del vocero subió otros nueve puntos y se ubica en 63,2 por ciento, superando por un punto y medio a la de Karina. El contador de la UADE tiene una positiva del 16%, superando a la hermana presidencial que mide 14,3%.

En marzo, el polémico INDEC registró un crecimiento del 5,5% anual y 3,5% mensual. El dato del tercer mes se debió al impulso de una cosecha extraordinaria. A la espera del próximo informe del INDEC, datos privados y oficiales indican que en abril la actividad se habría planchado nuevamente.

“En términos generales hay un enfriamiento. El ritmo de marzo fue puntual, traccionado por el agro. Hay posibilidad de que la actividad de abril esté un punto abajo o que dé cero”, explicó un economista.

“Para que haya mejora general de la actividad, tiene que mejorar el poder de compra de los salarios”, aseguró la fuente. La economía mileista solo crece en sectores muy particulares vinculados al extractivismo, sea campo, energía y minería. El resto de los sectores están paralizados o a la baja. Y son los sectores que generan más empleo.

En su último informe técnico, el Fondo plantea “alinear” el régimen simplificado con el general para recaudar cerca de un punto del PBI. El problema: desde diciembre de 2023 se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían 290 mil empleos registrados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) deslizó en las últimas horas una serie de exigencias al Gobierno nacional en el marco del acuerdo vigente. Entre ellas se destaca el reclamo por modificaciones al Monotributo: el organismo sostiene que el esquema actual genera una carga “mucho menor” que la del régimen general, lo que desalienta el crecimiento de pequeñas empresas, favorece la fragmentación de actividades y limita la capacidad recaudatoria del Estado.

La propuesta figura en el documento “Argentina: Selected Issues”, incorporado al staff report del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei. En ese texto, el FMI calificó al sistema impositivo argentino como “complejo, altamente distorsivo e inestable” y planteó la necesidad de una reforma integral que amplíe la base tributaria y elimine exenciones fiscales.

La recomendación central apunta a un “alineamiento” gradual entre ambos regímenes, lo que en la práctica podría traducirse en cuotas más altas y mayores cargas para quienes hoy tributan bajo el Monotributo. Según las estimaciones del Fondo, una modificación de ese esquema aportaría alrededor de un punto del PBI en ingresos adicionales.

Sin embargo, el timing de la exigencia no puede pasarse por alto. De acuerdo con datos del SIPA, desde la asunción de Milei se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían cerca de 290 mil puestos asalariados registrados. El cuentapropismo creció, en buena medida, como salida frente al deterioro del empleo formal. Ahora, el FMI le pide al gobierno que encarezca esa misma válvula de escape.

La planta estaba radicada en Catamarca desde 1970. La empresa atribuyó la decisión a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, que le impide competir en el mercado local. A días del Mundial de fútbol, Argentina deja de fabricar botines.

La fábrica de botines Lotto ubicada en Catamarca cerró sus puertas. La planta, que llevaba más de cinco décadas operando en el país —desde 1970—, bajó las persianas dejando a 30 familias sin trabajo. A partir de ahora, los botines de la marca italiana se importarán desde Brasil, poniendo fin a la producción nacional.

La decisión fue descripta por la empresa como una medida ya definida. La explicación oficial apunta directamente a la política económica del gobierno de Javier Milei: la apertura de importaciones hace inviable la competencia en el mercado local. Así, la fábrica que resistió décadas de crisis argentinas no pudo sostenerse ante la avalancha de productos importados que habilitó la actual gestión.

El cierre tiene una carga simbólica particular: se produce a días del inicio de un Mundial de fútbol, cuando los botines son protagonistas, y en una provincia que ya sufre el impacto de la desindustrialización. El caso Lotto se suma a una serie de cierres y despidos en el sector manufacturero que distintos analistas atribuyen al combo de apreciación cambiaria y apertura comercial acelerada, dos pilares del modelo económico libertario.

«La empresa se va del país ‘libre’ a uno gobernado por un ‘zurdo’, como le gusta decir a Milei. Es otro golpe a la provincia de Catamarca.» — María Quintero

La imagen de Karina Milei registró una leve recuperación en mayo, aunque el dato difícilmente pueda leerse como una señal alentadora para la secretaria general de la Presidencia. Según una encuesta de la consultora Synopsis, el rechazo cayó al 70%, lo que implica una baja de 3,6 puntos porcentuales respecto de abril, cuando había alcanzado su pico histórico de 74,6%.

Sin embargo, la mejora en la imagen negativa no se tradujo en un crecimiento de la aprobación. Por el contrario, la imagen positiva también retrocedió: pasó del 11,1% en abril al 9,7% en mayo, marcando su propio piso histórico. La caída del rechazo, en este contexto, no refleja un vuelco a favor sino un crecimiento de la indiferencia o la indecisión entre quienes antes la rechazaban.

El dato consolida un patrón preocupante para el entorno presidencial: Karina Milei acumula meses de deterioro sostenido en su imagen pública, con una aprobación que nunca logró despegar y que ahora se ubica por debajo del umbral del 10%. La consultora Synopsis viene midiendo su figura de manera sistemática, y los números de mayo no sugieren un punto de inflexión sino una meseta en niveles históricamente bajos.

Según datos de la OCDE, el país captó apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa en 2025, el nivel más bajo entre las principales economías de América Latina, pese al régimen de incentivos impulsado por el gobierno de Milei.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de América Latina, captando apenas USD 3.134 millones. El resultado expone una de las principales contradicciones del modelo económico de Javier Milei: un gobierno que hizo de la atracción de capitales su bandera central, pero que no logra traducir ese discurso en flujos concretos de inversión productiva.

La brecha con los líderes de la región es abismal: Argentina recibió menos del 5% de lo que captó Brasil, y quedó incluso por debajo de economías considerablemente más pequeñas como Costa Rica. A casi un año de la aprobación del RIGI, las inversiones efectivamente realizadas representan menos del 5% de los montos comprometidos por las empresas que se presentaron al régimen, según un informe de Misión Productiva elaborado en base a estadísticas de la OCDE.

Entre los principales factores que explican el mal desempeño argentino, el informe señala la fuerte caída del consumo y de la demanda interna, la paralización de la obra pública, la escasez de crédito productivo, la apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad de sectores transables. El propio análisis subraya que la capacidad de atraer inversiones no depende solo de beneficios fiscales o regulatorios, sino del funcionamiento general de la economía: nivel de actividad, acceso al crédito y estabilidad de largo plazo.

Tras la difusión del informe, el ministro Luis Caputo salió al cruce de las críticas y aseguró que existen proyectos por USD 140.000 millones en carpeta. Sin embargo, la distancia entre los compromisos anunciados y las inversiones efectivamente ejecutadas sigue siendo el talón de Aquiles del modelo. La OCDE, por su parte, proyecta un crecimiento del PBI del 5,2% para Argentina en 2025, destacando las reformas regulatorias impulsadas por el gobierno. El contraste entre el optimismo macroeconómico del organismo y los magros números de IED resume el dilema argentino: crecer sin inversión genuina es una apuesta de alto riesgo.

En una nota al pie del último informe del organismo, el FMI aclaró que si se incorporan los intereses de los bonos cupón cero que el Ejecutivo registra “debajo de la línea”, el resultado financiero de 2025 mostraría un rojo de 0,8% del PBI.

El FMI enterró en una nota al pie de la página 7 de su último documento una advertencia que desmonta uno de los pilares de la comunicación económica del Gobierno: el superávit financiero que la administración de Javier Milei exhibe como logro central no refleja la totalidad del gasto.

El organismo precisó que la medición oficial excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, que el Ministerio de Economía contabiliza por fuera de los agregados fiscales convencionales, una práctica conocida como registro “debajo de la línea”. Y fue contundente: “Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI”.

El hallazgo se suma a otra señal de tensión que el mismo documento envía sobre el Banco Central. El FMI reclamó que su “balance y marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose” e instó a reforzar “la independencia de las instituciones de supervisión”. En la City porteña, algunos operadores leen esas líneas como una advertencia implícita al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La revelación fiscal llega en un momento en que el Gobierno sostiene el relato del equilibrio de las cuentas públicas como garantía de estabilidad macroeconómica y condición para la continuidad del programa con el organismo. La nota al pie del FMI, discreta en su ubicación pero demoledora en su contenido, pone en duda la solidez de ese argumento.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, se refirió a la decisión judicial que decidió la intervención de la UOM y el desplazamiento de su titular. 

“Las intervenciones a la UOM nunca fueron hechos aislados. Fuimos intervenidos en 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, describió el secretario general que es cuestionado por la justicia.  

“Lo hacen en un contexto particular, en medio de paritarias y mientras el gobierno avanza con políticas anti industriales. Construyeron una crisis institucional para llegar a este fallo de intervención”, explicó Furlán.

“Es claramente un golpe al modelo sindical argentino, disfrazado de supuesta crisis institucional. En todo caso, son los trabajadores los que deben resolver sus propios problemas, no la justicia. Es un antecedente grave para todo el movimiento sindical”, advirtió. 

“Necesitan avanzar sobre los gremios que llaman combativos, yo no usa esa palabra. Somos gremios que defendemos a los trabajadores. Queremos que tengan un salario digno, no que el sueldo alcance para 15 días”, afirmó.