Las organizaciones que convocaron al acto difundieron un duro documento.

Más de 50 mil personas se reunieron frente a la Corte Suprema para pedir una “justicia independiente y democrática” y el fin del lawfare. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la connivencia del Ejecutivo con sectores de la inteligencia, fiscales, jueces y medios de comunicación construyó un entramado mafioso destinado a perseguir rivales políticos. Un ex funcionario de María Eugenia Vidal lo definió muy bien: “gestapo”. Ese nombre refiere a una organización criminal del nazismo.

“Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios”, asegura el documento.

“Hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare”, reclamaron.

Leé el documento completo:

Pronto se cumplen 100 años de uno de los hechos más lamentables e inmorales protagonizados por el Poder Judicial que selló la suerte de la democracia argentina.

En 1930 la Corte Suprema de Justicia de aquel momento avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al Gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y lo hizo a través de una acordada que sentó precedente y justificación para todos los atropellos y golpes de Estado que sufrió la Argentina a partir de ese momento.

A casi 100 años de aquel infame inicio de una era, hoy, en este histórico día 1F, la sociedad argentina se ha autoconvocado masivamente aquí y a lo largo y ancho de todo el país para decir basta.

Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios.

Se moviliza para construir un Poder Judicial para la gente y no de espaldas a ella. Para decirle basta a esta historia de atropellos y prácticas violatorias del Estado de Derecho y de la Democracia, ejercidas o legitimadas con su silencio por la Corte.

Gana las calles para peticionar, manteniendo las mejores tradiciones de nuestro Pueblo, ejerciendo ese derecho supremo innegable para hacer oír nuestras demandas en las plazas de toda la República y que repliquen allí donde deben ser escuchadas y atendidas.

Esta decisión que hoy hemos tomado no se agota en este acto. No estamos aquí para inaugurar nada nuevo, venimos a retomar una práctica genuina, que reconoce numerosos antecedentes.

20 años atrás, un grupo de compañeres iniciaba una serie de demandas contra una Corte Suprema antipopular, reaccionaria y manifiestamente subordinada a la voluntad de los poderes fácticos.

Aquella gesta encontró luego la determinación política que terminó con el desplazamiento de los miembros de ese tribunal nefasto.

Veinte años después se repite la historia, con un tribunal sin legitimidad alguna, concentrando el mayor descrédito del que se tenga memoria.

Por ello hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare.

Y cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones, cuyos numerosos pedidos de juicio político con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación.

Esta Corte se tiene que ir porque con su reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura, viola el principio republicano de división de poderes, se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo, con el único fin de presidir también un órgano Constitucional de control, manejar el presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del Poder Judicial denunciados y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto.

Decimos que se tiene que ir porque con esta Corte no hay Justicia ni hay Democracia plena, y porque condiciona severamente al sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del Poder Judicial que reclaman las mayorías.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte sin legitimidad, conformada con dos miembros que consintieron ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución Nacional.

Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía.

Esta Corte se tiene que ir porque ha demostrado estar inscripta en una Operación Continental de utilización del Poder Judicial para los fines de dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar. Esta Corte, que ha recibido con todos los honores al Juez Moro de Brasil que sin prueba alguna y sólo “por sus convicciones”, encerró al ex presidente Lula, ha mostrado su compromiso con los planes continentales y con los deseos de las embajadas de potencias extranjeras, subordinación que afecta gravemente la soberanía nacional.

Esta Corte se tiene que ir porque sólo se ha interesado en resguardar sus propios privilegios como corporación judicial mientras se demolían derechos y se hipotecaba la Nación mediante la imposición de una deuda externa impagable con el FMI.

Esta Corte se tiene que ir porque es capaz de contrariar fallos anteriores con resoluciones contrarias a los derechos y garantías que la Constitución y los Tratados internacionales les reconocen a los y las trabajadores.

Esta Corte se tiene que ir porque no se hace cargo por el daño que ocasiona con sus decisiones, cuando no escucha, cuando no otorga protección eficaz, cuando empeora las condiciones del cumplimiento de las sentencias, cuando no prioriza el derecho a la vida, a la integridad sexual y a la protección contra todas formas de violencia, hacia las mujeres y las disidencias, las infancias y los sectores más vulnerados del sistema.

Decimos que se tiene que ir porque ya pudimos comprobar la aberrante sentencia del 2×1 con la que debutó esta Corte en 2017 favoreciendo a los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías, que el pueblo movilizado en todas las plazas de Argentina logró revertir.

Decimos que se tienen que ir porque esta Corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país. La mora inadmisible en resolver las causas de lesa humanidad que por decenas duermen el sueño de los justos en los despachos de la Corte, les han garantizado impunidad biológica a los genocidas, responsables de graves violaciones a los derechos humanos que llegan a esa instancia. Simplemente sentándose sobre los expedientes y demorándolos por años, indefinida e injustificadamente, hasta que se mueren o son declarados inhábiles mentales. Y es así como sus víctimas y familiares no logran alcanzar la justicia por la que tanto bregaron por más de 45 años.

Niegan con su obrar, una tarea inexcusable y fundamental en estos procesos, como es la de garantizar tres pilares básicos, que son el derecho a la verdad, a la justicia y a obtener una reparación efectiva, consagrando con su omisión la impunidad de los victimarios.

El caso Blaquier es el más emblemático. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte.

Esta Corte se tiene que ir porque con ella es imposible modificar este sistema de Justicia patriarcal, sexista y clasista, expresado en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana, permitiendo y fomentando construcciones autoritarias y machistas.

Esta Corte se tiene que ir porque ni siquiera cumple con el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura cívico militar.

Esta Corte se tiene que ir porque impide la negociación paritaria colectiva en el Poder Judicial desconociendo las recomendaciones de la OIT que desde hace años viene exigiéndoselo al Estado argentino

Esta Corte se tiene que ir porque persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales.

Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar trabajadores y trabajadoras.

Pero el sesgo anti obrero de esta Corte se refleja no sólo en sus sentencias, que recortan derechos laborales con reconocimiento constitucional. El mismo comportamiento de sus integrantes denota innumerables constancias de ese desprecio al trabajador y trabajadora, a la simple ciudadanía.

Con el eufemismo de la seguridad jurídica para estimular las inversiones han propiciado avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Esta Corte siguió los pasos de la Corte menemista que convalidó la destrucción de la protección laboral en aquel entorno de privatización de las empresas del Estado.

Todos los esfuerzos de estas Cortes fueron para garantizar la mano de obra barata para los capitales golondrina que vinieron a especular y depredar nuestra economía.

Esta Corte es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armado de causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, denigración a abogades defensores de derechos humanos, con los que convalidó y aseguró ese avasallamiento de derechos.

Al igual que en la dictadura más sangrienta de nuestro país el enemigo interno fueron los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, del mismo modo al amparo de este sistema de justicia existió la “Gestapo antisindical”. Esas mesas judiciales que funcionaron a nivel nacional y provinciales tuvieron por objetivo el plan macabro de encarcelar a dirigentes sindicales sin un debido proceso y con un sistema de justicia cómplice.

De igual modo, la estigmatización de la justicia del trabajo presentada como contraria al progreso nacional, la demonización de sindicatos y sus dirigentes gremiales como delincuentes, el señalamiento de abogades laboralistas como una organización mafiosa, gozaron del silencio cómplice de este tribunal, sellado con sus sentencias regresivas y antisindicales.

Esta Corte se tiene que ir porque perpetúa un sistema de administración de justicia inaccesible, lento y en todos sus fueros, con lo que somete a esas deplorables condiciones a todos los sectores de la sociedad argentina.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el Gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución a quien osara oponerse a sus designios.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a los detenidos y sus abogados defensores, aprietes a víctimas para convertirlos en falsos arrepentidos. Del mismo modo abusaron escandalosamente de la práctica del art 280 para cerrar las causas sin investigar ni fundamentarlo.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la elección arbitraria de tribunales a través de sorteos amañados y maniobras ilegales.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran la persecución a opositores.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la filtración de información reservada a los medios hegemónicos de para generar el clima favorable a la persecución política.

Se tiene que ir la Corte que integran Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, porque desde hace más de dos años tiene cajoneada la causa que podría resolver en favor de la libertad de Milagro Sala, que lleva más de 6 años detenida y de sus compañeros y compañeras de Tupac Amaru, presos y presas ilegal y arbitrariamente por imposición de los poderes fácticos.

Mientras esa misma Corte, en horas dispuso, escandalosamente, sin sonrojarse y en un trámite exprés, en beneficio de tres jueces que subrogan ilegalmente en cargos claves en la justicia federal.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte cuestionada por las mismas Naciones Unidas que, alertada por organismos de derechos humanos argentinos, pidió informes recientemente al Gobierno Nacional sobre temas que dejan en evidencia la profundidad y gravedad de la crisis que atraviesa el sistema de Justicia.

El Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados Dr. García Sayán inquirió en noviembre del 2019 sobre:

-La utilización del Consejo de la Magistratura para perseguir, echar jueces y designar allegados.

-La designación por decreto de los dos jueces de la Corte

-Las campañas mediáticas y amenazas contra la Procuradora General de la Nación para lograr su renuncia.

-La discrecional e irregular designación de un juez con Competencia Electoral allegado al presidente en plenas elecciones en 2017.

-El ataque sistemático a jueces y abogades del fuero laboral.

-La manipulación y ataque a funcionaries de la causa Correo Argentino perteneciente la familia de Macri.

-Los ataques al juez que investigaba una red de espionaje integrada por funcionaries y jueces, fiscales y periodistas allegados al poder.

-La designación irregular de jueces allegados al presidente anterior en los lugares más altos de la Justicia Penal Federal

Sabemos que los atropellos excedieron largamente esos reclamos que surgen del Relator de Naciones Unidas; decenas de jueces y funcionarios probos y valientes enfrentaron a este sistema de justicia y fueron duramente perseguidos y castigados, pero hay muchísimos más en el anonimato con digno comportamiento.

Por ello no podemos admitir que la parte de la justicia corrupta sea la que perdura. Por ello exigimos su renuncia porque con esta Corte nunca se va a poder democratizar el Poder Judicial. Y mientras no lo logremos tendremos que salir como ahora a la calle.

Decimos que esta Corte debe irse.

Cuál es la Corte que debe venir, cómo es la Corte que queremos? Queremos una Corte amplia.

Queremos una Corte democrática.

Con integrantes que provengan de su pueblo, no de las élites.

Con integrantes que hayan participado activamente en tareas sociales.

Que respete la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades. Que la perspectiva de género sea una política efectiva y no cartón pintado.

Queremos una Corte con mirada federal, alejada de la dominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional.

Queremos una Corte que cumpla con los Tratados Internacionales.

Queremos una Corte que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los Derechos Humanos que caracteriza a nuestro país con su historial de juicio y castigo a los genocidas sostenida por tantos organismos de Derechos Humanos que hoy están aquí presentes.

Una Corte que simplifique el sistema normativo y las prácticas judiciales cotidianas, reduciendo las brechas entre el derecho escrito y la realidad, acercándolo a los ciudadanos, promoviendo la igualdad, permeabilizándolo.

Queremos una Corte con cuentas transparentes, publicadas en los lugares públicos oficiales Queremos una Corte que pague el impuesto a las ganancias.

Queremos una Corte sin ningún privilegio.

Queremos una Corte capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos, democratizándolo, transparentándolo, incorporando la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación.

Queremos una Corte subordinada al control soberano del pueblo… Deseamos que esta jornada del 1F no se agote mañana.

Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente, para sostener en la calle este reclamo por el que hoy nos hemos auto convocado.

POR UN PODER JUDICIAL DEMOCRÁTICO, PLURAL, AMPLIO, ACCESIBLE, CON PARIDAD DE GÉNERO, DIVERSO!

Es rosarino y muy cercano a Agustín Rossi, quien fue jefe de bloque del kirchnerismo durante muchos años.

El Frente de Todos designó a Germán Martínez como nuevo jefe de bloque en la Cámara de Diputados, luego de la salida de Máximo Kirchner. Es rosarino y está a punto de cumplir 47 años. Tiene dos hijos pequeños, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, y forma parte de la Corriente Nacional de la Militancia Peronista. Es un hombre muy cercano a Agustín Rossi.

Su cercanía a Rossi parece haber sido clave en la designación del presidente Alberto Fernández, ya que Martínez fue su jefe de asesores en la presidencia del Bloque de Diputados FPV-PJ entre diciembre de 2005 y diciembre de 2012. Además, fue secretario Administrativo del Bloque FPV-PJ en Diputados (enero 2013 – junio 2013) y jefe de Gabinete del Bloque del FPV (diciembre 2017-diciembre 2019). Es decir, conoce muy bien el trabajo que ahora desempeñará.

Luego, Martínez siguió su trayectoria en el gabinete de Rossi en el ministerio de Defensa. Conoce muy bien los diferentes rincones del Estado como también lo que hace a las negociaciones propias del Congreso. Además, no tiene perfil electoral, lo que evita roces propios de la disputa política.

De esta manera, Martínez se podrá concentrar solo en la discusión parlamentaria. Este año será clave porque habrá que debatir proyectos claves, como el acuerdo del FMI. Habrá que juntar los números, algo nada sencillo por las habituales posiciones destituyentes de la oposición y también porque las negociaciones con el organismo internacional generaron mucho revuelo también en el peronismo.

Con su estilo habitual, Aníbal analizó el acuerdo con el FMI. ¿Es bueno o es malo para el crecimiento argentino?

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió al acuerdo del país con FMI, que genera mucha discusión en el Frente de Todos. “Dejen hacer al presidente lo que está haciendo, que es lo mejor para la Argentina”, pidió.

“Algunos dicen, ‘El día más triste’. ¿Qué día más triste? El día más triste es el que van por los derechos de los trabajadores, de los viejos, de las mujeres embarazadas, de los pibes con discapacidad. Ése es el día más triste”, insistió Fernández.

Con su estilo habitual, el ministro describió: “Peleamos con un par de escarbadientes usados, que era todo lo que teníamos, y conseguimos todo lo que pudimos”.

“Festejarlo es una palabra muy fuerte, pero hay que mirarlo con ganas al acuerdo. El default no era una alternativa, no hubiera traido ninguna ventaja, ninguna”, aseguró Aníbal. “Yo encontré un montón de discursos mirando cosas esta semana que me contaban qué bueno que era ir al default. La verdad que no lo entiendo. No lo concibo, no lo respeto y no lo acepto de ninguna manera”, aclaró.

“Todos tenemos derecho a expresarnos, pero nos encontramos en una situación imposible de sostener, y un país serio con un presidente serio (por Alberto Fernández) tenía que encontrar una solución”, aclaró.

Por último, aclaró: “Se tiene que dar el debate, pero díganme cómo se sale, porque nos enterraron hasta las verijas y no teníamos forma de resolverlo. Intentamos todo lo que pudimos”, acotó.

Esas oficinas eran usadas para la gestión provincial.

Luego de conocerse los videos grabados por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la sede del Banco Provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, INFOCIELO informó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal mantuvo al menos siete reuniones de gabinete luego de la reunión “Gestapo” en las mismas oficinas que utilizó Marcelo Villegas para encontrarse con agentes de inteligencia, funcionarios PRO y empresarios de la construcción.

Según los registros oficiales, Vidal participó de al menos diecisiete reuniones en el edificio entre el martes 19 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2017. “Al menos”, porque varias de las reuniones no consignaron el lugar oficial de encuentros. Siete de ellos, además, fueron entre julio y octubre del 2017, posterior a la reunión grabada de manera ilegal por la AFI y que destapó el escándalo.

Es sabido que la gestión de Vidal usaba las oficinas del BAPRO en Capital Federal porque preferían no viajar hasta La Plata, Buenos Aires. De hecho, muchos ministros trabajaban a remoto: desde oficinas ubicadas a pocas cuadras de su casa porteña. Un gobierno de ricos…

En 2018, Vidal y sus funcionarios de primer nivel, debieron abandonar las oficinas del Banco de la Provincia porque los trabajadores empezaron a protestar por el ajuste que Cambiemo hizo sobre los empleados de la entidad.

Ahora, luego de conocerse el video de la reunión entre Marcelo Villegas, funcionarios PRO, empresarios de la construcción y agentes de inteligencia, en la que el ex ministro de Trabajo mencionó su deseo de tener una “Gestapo” para perseguir sindicalistas, se abre un nuevo interrogante: ¿Vidal se mudó de oficinas porque sabía que el Bapro era espiado?

La titular de Madres de Plaza de Mayo se lamentó por la deuda con el FMI que tomó Mauricio Macri.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, publicó este lunes una dura carta sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda externa. En este sentido, afirmó: “No nos escucharon. El gobierno acordó pagarla a pesar de todo, con el mazazo al corazón de todos los que menos tenemos”. Pidió “perdón de rodillas”.

“A pesar de nuestro intenso trabajo de 45 años de lucha, de todas nuestras marchas (casi 3000), no logramos no pagar la deuda externa, que no es nuestra”, continuó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo,

El pedido disculpas que Hebe De Bonafini publicó en las redes de Madres de Plaza de Mayo fue dirigido a diferentes sectores sociales: “A nuestros compañeros y compañeras de la Plaza, de los barrios, especialmente a los que viven esperando un plato de sopa, una chapa más para que no se les llueva la casilla, y esperan poder enviar a sus hijos a la escuela y conseguir una changuita; a todos los que cobran sueldos miserables; a todos los condenados a vivir en las sucias veredas de la ciudad; a todos los compañeros y compañeras de los barrios marginales, sin agua, sin cloaca, sin luz: quiero pedirles perdón, perdón de rodillas”.

El ministro que se endeudó por 50 mil millones con el FMI defendió lo realizado.

El exministro de Economía de Cambiemos Nicolás Dujovne apareció tras el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo calificó como “positivo” en línea con lo expresado por toda la dirigencia macrista. De todos modos, el funcionario responsable del endeudamiento por 44 mil millones de dólares intentó defender la política económica de Mauricio Macri que agravó los problemas económicos del país e incrementó el endeudamiento externo. ¡Qué caradura!

“Es un primer paso preliminar, no puedo no calificarlo como positivo. Nadie discute en el mundo que hay que tener el fisco en orden y remover el financiamiento monetario del Banco Central”, expresó Dujovne en diálogo con Radio Rivadavia este lunes.

“La economía argentina está plagada de problemas: tenemos mucha pobreza, mucha inflación, cepos. Si agregábamos un default íbamos a estar mucho peor”, opinó. Su gestión fue justamente la que hizo crecer la inflación, la pobreza y el desempleo. El cepo actual la puso el propio gobierno de Macri.

El exministro que firmó el endeudamiento por 57 mil millones de dólares (de los que terminaron llegando 44 mil millones) desechó algún tipo de autocrítica por esa decisión: “No me arrepiento de haber ido al Fondo, los problemas de la Argentina son muy grandes, el FMI nos estaba ayudando a resolverlos en un costo menor”.

El presidente minimizó las diferencias con Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por el acuerdo con el FMI.

El presidente Alberto Fernández reconoció que hay diferentes “puntos de vista y matices” sobre el acuerdo que el país firmará con el FMI. “Yo no celebro tener adentro al FMI, repudio que Macri haya traido al FMI de nuevo a la Argentina. Pero el default no era una alternativa”, aseguró.

El mandatario contó además que “logramos un acuerdo único”. “No hay ajuste, habrá inversión en obra pública y no habrá reformas previsional y laboral. Logramos cosas muy importantes en la negociación”, contó.

Luego, se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “Hablé con él y quise convencerlo de que no renuncie. Pero entendí sus motivos y sus convicciones”, aseguró. “Cristina tiene matices con el acuerdo pero el presidente soy yo y tengo la responsabilidad de tomar decisiones. El default era la peor alternativa”, siguió.

“No hay un quiebre del Frente de Todos. Máximo me pidió seguir como diputado llano, creía que era lo mejor. En el Frente hay diferentes visiones y matices”, describió.

“Lamentablemente, Macri trajo al FMI a la Argentina. Lo lamento. Y lo hemos denunciado ante la justicia. Pero tengo la responsabilidad de resolver un problema de los argentinos y lo hicimos”, concluyó.

Será mañana, 1 de febrero, y se espera una multitud.

El juez Juan Ramos Padilla consideró hoy un hecho “histórico” la movilización que se realizará este martes frente al Palacio de Tribunales, al destacar que “jamás” en la Argentina “el pueblo se ha puesto de acuerdo en plantarse ante el Poder Judicial”. “La justicia funciona en función de privilegios y de intereses concentrados”, describió.

“Es una marcha para todos, desde la izquierda hasta la derecha. Es histórico porque jamás en la historia de nuestro país el pueblo se ha puesto de acuerdo en plantarse ante el Poder Judicial que nunca sirvió”, sostuvo el magistrado al referirse a la convocatoria de mañana a partir de las 18 en Plaza Lavalle.

En declaraciones para el Destape Radio, Ramos Padilla afirmó que “el Poder Judicial siempre funcionó en función de privilegios y de intereses concentrados”.

Por eso, el juez consideró que es necesaria “una transformación profunda del Poder Judicial”.

“No tener un acuerdo con el FMI nos llevaría al default”, aseguró.

El gobernador macrista de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó a los dirigentes oficialistas y opositores que apoyaron al gobierno por el acuerdo con el FMI. “Estamos pateando para adelante el problema, pero estos años tenemos la oportunidad de crecer que es lo central”, describió. “No tener un acuerdo con el FMI nos llevaría al default”, insistió.

“Me gustaría que nos dejen lugar para crecer, lo central no es el acuerdo, sino cómo bajamos la inflación y generamos empleo”, siguió.

Después, tomó distancia del gobierno de Mauricio Macri, cuyo gobierno aumentó la deuda en 100 mil millones de dólares, sin que se vieran obras ni aumentara el empleo. “Ninguna toma de deuda que no esté destinada al desarrollo es beneficiosa”, aseguró.

La ministra de Larreta dijo que la escuela no puede ir a buscar a los chicos pobres porque “están perdidos en las villas”.

“Estamos ingresando al mes del comienzo de clases y me parece importante reflexionar sobre los dichos racistas y discriminatorios que expresó la ministra de Educación, Soledad Acuña”, escribió la artista Florencia de la V. “A mí no me sorprendieron, la señora Acuña nos tiene acostumbrados a declaraciones polémicas”, agregó.

La comediante trans escribió un artículo en Página 12 donde reflexionó sobre la ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que la escuela no debe ir a buscar a los chicos pobres, porque “ya están perdidos en los pasillos de la villa”. Repudiable.

“Estos chicxs de cuya educación usted es responsable, señora ministra, sino que además, manifiesta su poco interés. Ellxs son alumnxs que usted debería ir a buscar ayudar a educar”, agregó.

“Si alguien se preguntaba por la definición de la palabra «gorila», esta acción la deja en evidencia: es aquel que desprecia lo popular, o sea, a más de la mitad de nuestra población”, cerró Florencia de la V.