La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza los datos publicados por el Indec sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2025. Mientras el organismo oficial informó que el índice bajó al 31,6% y el Gobierno celebró que 12 millones de personas salieron de esa condición, el gremio estatal aseguró que la realidad es “el doble” y que más del 62% de la población vive en la pobreza.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de “utilizar electoralmente al Indec y sus publicaciones”. En ese sentido, señaló que existe “una interpretación maliciosa” de los números y que se omitió deliberadamente el salto de 12 puntos de pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023. “Ese pico es responsabilidad de este Gobierno, fruto de la devaluación que aplicaron y la consecuente aceleración de la inflación”, sostuvo.

Aguiar también cuestionó la supuesta mejora del mercado laboral. “El presidente pretende confundirnos y ocultar indicadores negativos: la desocupación crece, los pocos empleos creados son precarios y la pérdida del poder adquisitivo es significativa. Esta supuesta mejoría no se traduce en una mejora general del trabajo ni de los ingresos”, advirtió.

Desde el sindicato remarcaron además que la medición oficial presenta limitaciones metodológicas: solo contempla a 31 centros urbanos (29 millones de personas) y se apoya en ingresos declarados, sin contrastar con los ingresos reales. “En la estructura de consumo que mide el Gobierno no se contempla el peso real de servicios, transporte y alquileres, que en algunos casos absorben hasta el 64% de los salarios”, precisó Aguiar.

En base a un informe elaborado por delegados de ATE en el Indec, el dirigente concluyó que la pobreza real supera el 62% de la población: “Si actualizamos el mecanismo de medición y sumamos a quienes sobreviven apenas por encima de la línea de pobreza, es evidente que el drama social continúa y se agrava día a día”.

El malestar en el campo contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo es total. Productores denuncian que el Gobierno montó un negocio multimillonario para las cerealeras al habilitar exportaciones por 7.000 millones de dólares sin retenciones, mientras ellos quedaron excluidos de cualquier beneficio.

Según el negocio, las grandes exportadoras agrupadas en CIARA coparon al Banco Central con órdenes de liquidación y en apenas 72 horas agotaron el cupo. El decreto oficial ya preveía que, alcanzado ese tope, volverían las retenciones, con lo cual solo quienes tenían espalda financiera pudieron aprovechar la ventana.

El resultado: once cerealeras se repartieron el negocio, con gigantes como Bunge, LDC, Cofco y Cargill a la cabeza. En el sector calculan que ese acuerdo les dejó una ganancia extraordinaria de unos 2.000 millones de dólares en apenas tres días. Ahora saldrán a comprar la producción de miles de pequeños y medianos productores pero pagarán menos porque ya volvió la retención. ¿Solo fue un negocio o habrá un 3% para alguien?

En las entidades rurales hablan de traición. Desde la Mesa de Enlace admiten que “el Gobierno buscó esto” y en Federación Agraria remarcan que “el grano ya estaba en manos de los exportadores”. En otras palabras, mientras Caputo cerraba el trato en una mesa chica, los productores quedaron al margen y, otra vez, “la vieron pasar”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, les dio un negocio fenomenal a las empresas que se dedican a la exportación de granos y carne en la Argentina. Son 7 multinacionales que se llevaron ganancias del 30% en dólares en solo 40 días a costa de los productores, que no verán ningún beneficio de la supuesta baja de retenciones.

El negocio fue el siguiente: los exportadores le dieron al Banco Central los 7 mil millones de dólares que necesitaba a cambio de declaraciones juradas con venta de granos y carnes. Ellos se llevarán el precio pleno de la retención vendida ¡declarada!

Ahora, con retenciones de nuevo, porque la medida duraba hasta llegar a los 7 mil millones de dólares, empezarán a comprar granos y carne a los productores para cumplir con las declaraciones juradas que presentaron. ¿A cuanto comprarán? Muy barato: el precio de la tonelada descontada la retención. Un negocio redondo para ellas. Para los productores, un engaño descomunal.

La economía argentina sigue dando muestras de un deterioro profundo, con un consumo masivo en franca caída que golpea de lleno a los bolsillos. Según los datos difundidos por el Indec, julio fue un mes muy negativo tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas, con caídas que reflejan el impacto directo del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

El organismo conducido por Marco Lavagna dio a conocer las encuestas de ventas que exponen un escenario alarmante para la administración de Javier Milei, que llega a las elecciones con un mercado interno paralizado y las compras en niveles históricamente bajos.

En supermercados, las ventas apenas crecieron un 1% respecto de julio de 2024, pero retrocedieron 2,1% frente a junio de 2025. Se trata de la contracción más fuerte desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió con un programa económico que priorizó la estabilidad fiscal por sobre la actividad.

Si bien el acumulado enero-julio todavía muestra una mejora interanual de 3,5%, las ventas se ubican por debajo de los registros de fines de 2024, lo que evidencia que la recesión derivada de la política de ajuste está asfixiando al consumo interno, motor central de la economía.

El Gobierno calculó que la puesta en marcha de la ley de emergencia en discapacidad implicaría un gasto equivalente al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir unos $3 billones, lo que al tipo de cambio mayorista actual ($1.353) equivale a unos u$s2.200 millones.

Sin embargo, la consultora PxQ había estimado en agosto que el costo fiscal de la norma aprobada por el Congreso sería bastante menor: 0,21% del PBI en 2025. Incluso, remarcaron que hoy sería más bajo aún, porque mientras más se demore la aplicación de la ley, más se reduce el impacto presupuestario.

En paralelo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que la eliminación temporal de las retenciones a los granos demandará recursos equivalentes al 0,23% del PBI. De todos modos, en 2025 se computará solo un 0,15% del producto (alrededor de u$s1.000 millones), ya que el impuesto a las Ganancias se liquida en el ejercicio siguiente. El impacto final sobre ese tributo sería de 0,14% del PBI.

Según el informe del IARAF, “la pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal previsto en el Presupuesto 2026 (0,3% del PBI para 2025)”. En términos comparativos, la quita de retenciones al agro (0,23% del PBI) representa dos tercios del costo que hubiera tenido poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad (0,35% del PBI), una muestra de la selectividad del ajuste.

El impacto de la eliminación temporal de retenciones a la carne es bastante menor. En agosto, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron u$s393,5 millones, de los cuales el 68% correspondió a novillo, categoría que paga una retención de 5% (antes era 6,75%). Esa alícuota dejó en el fisco poco más de u$s13 millones.

“Específicamente de carne, no quitará mucho al fisco, un primer cálculo preliminar da unos u$s20 millones. Pero depende de si se adelantan o no exportaciones para aprovechar la eliminación de retenciones”, explicó el economista Guido Zack, de Fundar, en diálogo con Ámbito.

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y actual referente del Movimiento Arraigo y del colectivo Grito de Alcorta, analizó la coyuntura económica y las últimas decisiones oficiales en torno al campo. Con un tono crítico, apuntó contra la eliminación de retenciones y advirtió sobre sus consecuencias.

“La baja de retenciones sirve a tres mil personas que tienen los quince millones de toneladas de granos y a las siete u ocho grandes exportadoras dueñas de esa soja; al resto del país no”, señaló Peretti, quien además consideró que la medida “seguramente fue pactada con CIARA”, la cámara que nuclea a la industria aceitera.

Para el dirigente agrario, la decisión no solo afecta las finanzas del Estado sino que también golpea directamente a la población: “Al pueblo lo jode porque esto tiene impacto inflacionario. Se ataca uno de los pilares de nuestra institucionalidad, como lo es financiar al Estado. Y la harina es el consumo social por excelencia en Argentina”, declaró en diálogo con FM La Patriada y AGENCIA PACO URONDO.

Peretti recordó que desde hace décadas viene planteando la necesidad de retenciones segmentadas, “una propuesta que el peronismo nunca asumió orgánicamente”. En ese sentido, destacó a dirigentes como Agustín Rossi, Juan Grabois y Wado de Pedro, a quienes definió como referentes que “entienden muy bien el tema”.

El ex federado también se detuvo en la política provincial y nacional. Cuestionó a los dirigentes cordobeses, a quienes acusó de encarnar “un provincialismo conservador de derecha” y de haber empujado a Córdoba de su tradición industrial hacia “la Córdoba sojera”. En la misma línea, advirtió que “Córdoba es el núcleo central del pensamiento de extrema derecha en el país, con la Fundación Mediterránea que primero nos puso a Domingo Cavallo y ahora nos quiere encajar a Juan Schiaretti”.

Finalmente, Peretti amplió la mirada y convocó a un acuerdo político amplio frente a los compromisos internacionales: “Yo llamaría a todos los bloques, gobernadores y candidatos de todas las provincias y firmaría el no reconocimiento de ningún pacto con el extranjero que no haya sido avalado por el Congreso ni por las autoridades populares”.

Ante la fuerte suba del dólar y la urgencia de conseguir divisas, el Gobierno eliminó en forma transitoria las retenciones a todos los granos y a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un ingreso de 7.000 millones de dólares. La medida, de claro sesgo electoral, tendrá un costo fiscal estimado entre 1.000 y 1.800 millones de dólares y, según los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, es oportunista, transitoria y dañina para las cuentas públicas: equivale a resignar el 0,25% del PBI.

Los decretos firmados por Javier Milei fijaron en cero los derechos de exportación de cereales, oleaginosas y carnes, con el objetivo de forzar una rápida liquidación de divisas. El trasfondo es evidente: la derrota en Buenos Aires y la escalada cambiaria profundizaron un cuadro de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo. El propio Gobierno admite que, como efecto inmediato, los precios de alimentos básicos —leche, harina, carnes y aceites— sufrirán nuevas remarcaciones.

El beneficio alcanza sobre todo a grandes productores y exportadoras que todavía conservaban stock a la espera de una devaluación mayor, mientras que los pequeños agricultores ya liquidaron sus granos en junio. Desde la Federación Agraria advirtieron que la decisión “favorece a las multinacionales y no al productor chico”. Tras el anuncio, el Ejecutivo reunió a la Mesa de Enlace, que celebró a medias y pidió la eliminación definitiva de las retenciones.

La maniobra apunta a sostener artificialmente el tipo de cambio hasta las elecciones del 26 de octubre. Según cálculos del Iaraf, el costo fiscal directo será de unos 1.000 millones de dólares, equivalente a casi la mitad del superávit proyectado para 2026. La oposición recuerda que ese monto es similar al presupuesto que Milei vetó para universidades y el Hospital Garrahan con el argumento de la falta de recursos.

Los gobernadores provinciales salieron al cruce. Axel Kicillof cuestionó el “cambio de discurso” del oficialismo, que hasta hace semanas defendía las retenciones como garantía del superávit. Maximiliano Pullaro advirtió que “no se pueden usar con fines electorales” y Martín Llaryora pidió un plan productivo estable: “Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación financiera o electoral”.

Diputados opositores presentaron un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de avanzar luego en una moción de censura. El mecanismo, previsto en la Constitución de 1994, permitiría remover al funcionario con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara baja. En la Casa Rosada la iniciativa cayó como un baldazo de agua fría. “Esto es golpismo”, advirtieron desde el entorno presidencial, reconociendo la preocupación que despierta la jugada parlamentaria.

Desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional, nunca prosperó una censura de este tipo. El oficialismo sabe que alcanzar la mayoría absoluta —más de la mitad de los diputados— no es sencillo, pero admite que la posibilidad, por primera vez en décadas, es real.

El proyecto fue presentado por legisladores de Encuentro Federal, entre ellos Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot. La propuesta cita a Francos a una interpelación “con el objeto de iniciar una moción de censura”, y enumera como causales la ilegalidad del decreto 685/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y “cualquier otra cuestión que decida incluir el pleno al momento de la comparecencia”.

En Balcarce 50 admiten que la ofensiva los tomó por sorpresa. “No veo a los gobernadores dando el visto bueno para votar esto, no debería pasar”, se esperanzó un funcionario, aunque reconoció que el escenario los inquieta. “No vemos la hora de que llegue octubre”, deslizó, en alusión a las próximas elecciones legislativas.

La movida opositora se vincula directamente con la ley de emergencia nacional en discapacidad. El Congreso sancionó la norma pese al veto del presidente Javier Milei, e incluyó la obligación de incorporar partidas presupuestarias específicas para su implementación. Desde el Gobierno argumentan que el texto no precisa de dónde saldrán los fondos, lo que viola el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa controversia se convirtió en el eje del enfrentamiento que hoy tiene en la mira a Guillermo Francos.

Desde comienzos de mes, la inestabilidad cambiaria se trasladó a surtidores con subas de entre 4% y 5% no anunciadas al público, mientras los alimentos aceleran. De acuerdo con Analytica, el rubro registra un alza del 0,2%, con picos en verduras (6,1%) y frutas (5,1%); en consumo masivo se observan incrementos más moderados en lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%). A esto se suma la presión de los servicios, con la medicina prepaga que ajusta entre 1,6% y 1,99%.

En una nota detallada de DataClave se dice que el antecedente inmediato también enciende alertas: los precios mayoristas de agosto subieron 3,1% y acumulan 15,7% en lo que va del año, por encima del 1,9% de la inflación minorista del mismo mes. El movimiento en mayoristas anticipa tensiones hacia adelante, sobre todo cuando la cadena de costos incorpora dólar y combustibles.

El propio Javier Milei reconoció en una entrevista con el Grupo Clarín que “habrá salto de precios” pero aclaró que “eso no es inflación, no hay que confundir”. El presidente parece cada vez más desconectado con la realidad que afecta a millones de argentinos que ven pulverizados sus salarios cada mes. ¿Está bien el presidente?

Totalmente desesperado por una posible catástrofe electoral, el gobierno de Javier Milei anunció que quitará todas las retenciones hasta el 31 de octubre, una semana después de las elecciones. Luego volverá a ponerlas. Plan platita para el campo.

En las recientes elecciones en provincia de Buenos Aires, el gobierno perdió por casi 15 puntos en una paliza fenomenal. Antes, había sacado solo 15% en Corrientes, donde salió cuarto. De repetirse ese escenario, el oficialismo quedaría en una posición todavía más debil de la que se encuentra hoy.

En las redes y con la soberbia habitual, el anuncio fue compartido por Manuel Adorni. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, aseguró el vocero.