La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que durante septiembre la producción nacional alcanzó las 47.108 unidades, lo que representa una suba de 5,8% respecto de agosto, aunque todavía marca una caída interanual del 5% frente al mismo mes de 2024.

Entre enero y septiembre, las terminales acumularon 379.243 vehículos fabricados, un crecimiento de 4,6% interanual, lo que consolida un desempeño general positivo en lo que va del año, pese a la desaceleración de los últimos meses.

En el plano externo, las exportaciones sumaron 26.429 unidades, con una mejora mensual de 3,6%, pero una baja del 17,2% respecto de septiembre del año pasado. En los primeros nueve meses de 2025, los envíos al exterior totalizaron 199.811 unidades, un 9,1% menos que en 2024, afectadas por la menor demanda regional, especialmente desde Brasil.

Por su parte, las ventas mayoristas a concesionarios alcanzaron 54.267 unidades, con un incremento de 4,8% frente a agosto y un salto del 22% interanual. En el acumulado anual, las entregas ya suman 455.220 vehículos, un 63,6% más que en el mismo período del año pasado, impulsadas por la recomposición de stocks y una mejora en el financiamiento interno.

El sector automotor, uno de los más dinámicos de la industria, mantiene así un ritmo moderado de recuperación, aunque condicionado por la volatilidad cambiaria y las dificultades del mercado externo.

El Gobierno enfrenta ahora un problema inesperado pero millonario: las boletas electorales. Según anticipó La Política Online, las papeletas ya están impresas y sacar a José Luis Espert de la lista costaría alrededor de 14 mil millones de pesos, una cifra que en plena crisis fiscal resulta difícil de absorber. Todo por el capricho del gobierno de sostener a Espert cuando todas las pruebas lo vinculaban con el narcotráfico.

En la Casa Rosada admiten que la posibilidad de retirar al economista liberal —tras las denuncias que lo vinculan con el empresario detenido Fred Machado— abrió un dilema político y logístico. Desde la Justicia Electoral advirtieron que no habrá reimpresión si el oficialismo decide apartarlo, lo que dejaría a las autoridades sin margen para improvisar una salida administrativa.

Por eso, según fuentes oficiales, hay conversaciones frenéticas entre funcionarios del Ejecutivo y apoderados partidarios para intentar revertir la decisión de bajarlo de la boleta. La preocupación es doble: por un lado, el costo político de sostenerlo; por el otro, el costo económico de reemplazar millones de boletas ya distribuidas en todo el país.

El episodio agrega un nuevo capítulo al escándalo que rodea al oficialismo, que intenta contener los daños a pocas semanas de las elecciones y en medio de un clima de creciente incertidumbre económica y política.

El diputado José Luis Espert quedó en el centro de la polémica tras negarse en reiteradas ocasiones a confirmar o desmentir si recibió US$200.000 de parte del empresario Fred Machado durante la campaña electoral de 2019. La acusación fue impulsada en la Argentina por Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, y generó un fuerte revuelo en medio del clima político y judicial.

Machado, un empresario argentino con vínculos internacionales, fue detenido en Neuquén a pedido de la Justicia de Estados Unidos, que lo investiga por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. Actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma, mientras avanza la causa en su contra.

En una entrevista con A24, Espert intentó despegarse de las versiones, aunque sin dar una respuesta clara. “No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”, sostuvo, repitiendo esa frase cada vez que los periodistas insistieron sobre el supuesto aporte de Machado a su campaña. Ante la insistencia de la prensa volvió una y otra vez: “No pienso responder, no, no, no lo voy a hacer”. ¿Era tan difícil decir no, si es verdad que nunca recibió plata en su cuenta personal de un narcotraficante?

Consultado sobre la existencia de una planilla que circula en un expediente en Estados Unidos, donde aparecería registrada la transferencia a su nombre, el legislador de La Libertad Avanza habló de “un papel trucho de una contabilidad paralela”. Sin embargo, ante la pregunta concreta se negó a responder si recibió esa plata en su cuenta. No quiso aclarar porque oscurece…

Las cerealeras ingresaron más de USD 7.100 millones tras el polémico acuerdo sellado con Luis “Toto” Caputo, un monto que, en teoría, debía garantizar al gobierno libertario un margen de maniobra hasta las elecciones del 26 de octubre. Pero pasaron cosas…

Sin embargo, lo que prometía ser un salvavidas económico se transformó rápidamente en otro episodio de mala praxis: gran parte de esas divisas parecen haberse esfumado y en la Casa Rosada ya no miran tanto el calendario electoral como la inminente cumbre con Donald Trump. El Banco Central está sin reservas mientras suben el dólar y el riesgo país. Hay muchas dudas sobre la solvencia argentina por el modelo de Javier Milei.

El dato más llamativo es que el Tesoro sólo adquirió USD 2.200 millones de los USD 7.100 millones liquidados por el agro. Para lograrlo, además, el Gobierno llevó las retenciones a cero y asumió un costo fiscal de alrededor de USD 1.200 millones.

El resultado está lejos de ser alentador. En el mercado señalan que Caputo ya habría gastado la mitad de esos USD 2.200 millones en su intento por contener la escalada cambiaria. Solo este miércoles, según operadores consultados, se habrían quemado entre USD 350 y USD 500 millones, pese a lo cual el dólar oficial subió un 3,6%.

La crisis cambiaria volvió a sacudir a la economía argentina. Este martes, mientras el Gobierno celebraba en redes el anuncio de la Casa Blanca sobre el próximo encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, los mercados mostraron otra cara: todas las cotizaciones del dólar treparon con fuerza. El oficial cerró en $1.400, el blue en $1.445, el MEP en $1.476 y el contado con liquidación en $1.514. El movimiento intradiario fue todavía más brusco: al mediodía el minorista rozó los $1.465, un salto del 6% en pocas horas, para luego caer hasta $1.365 tras la aparición de fuertes órdenes de venta que el mercado atribuyó a la mano del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Esa intervención le costó al Banco Central USD 748 millones en reservas. Hay plata para la timba financiera.

En paralelo, la decisión de Cocos de suspender la venta de dólares oficiales —tras una orden directa de su banco proveedor— alimentó la percepción de un “cepo de facto” impuesto a las billeteras virtuales. La noticia corrió rápido y dejó en evidencia que el Gobierno libertario, pese a su prédica de libre mercado, está echando mano a restricciones cada vez más severas para contener la tensión cambiaria.

El impacto financiero no se hizo esperar: el riesgo país saltó 7,9% y se ubicó en 1.204 puntos básicos, el nivel más alto en meses. La promesa de Caputo era clara: con el anuncio de un rescate del Tesoro, el índice debía desplomarse hasta la zona de los 400 puntos, allanando el regreso de la Argentina a los mercados internacionales y el acceso a los USD 14 mil millones necesarios para afrontar los vencimientos de 2026. No pasó: los mercados financieros saben que la bomba de deuda que generó Caputo no tiene sustentabilidad.

El contraste entre lo que dice el gobierno y la realidad es brutal: mientras la narrativa oficial busca sostener la imagen de éxito político (el gobierno habla de “milagro”), la economía envía señales de agotamiento que difícilmente puedan disimularse. El tiempo empieza a terminarse.

El gobierno libertario volvió a intervenir en el mercado cambiario, esta vez de manera indirecta: el Banco Central ordenó a los bancos que operan con billeteras digitales suspender la venta de dólar oficial. La medida impactó de inmediato en plataformas como Cocos, Mercado Pago y Ualá, que debieron interrumpir el servicio.

La primera en dar la noticia fue Cocos. Su CEO, Ariel Sbdar —quien en su momento se mostró como un entusiasta del proyecto de Javier Milei— reveló en la red X lo ocurrido cuando un usuario le consultó por la operatoria: “Nos pidieron apagar”, fue la escueta respuesta que terminó confirmando la restricción. Hasta ayer, Sbdar era uno de los emprendedores que defendía los avances de la libertad. Otros tiempos.

Horas más tarde, la empresa emitió un comunicado en el que precisó: “A las 12.30, el banco proveedor solicitó a Cocos cortar el servicio de operatoria de dólar oficial, el cual permanecerá suspendido hasta nuevo aviso. No se ha informado el motivo de dicha solicitud”.

La decisión llega en un contexto de fuerte presión cambiaria por un esquema económico que solo se basa en deuda y especulación. Ese esquema no cierra y el propio mercado financiero lo sabe. El apoyo de Estados Unidos solo se redujo a tuits y reuniones pero no a plata. El modelo así como está no cierra. Y todos los saben.

El escándalo que envuelve a José Luis Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado tuvo un eco inmediato en el Congreso. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, se produjo un nuevo cruce entre el legislador de Unión por la Patria, Martín Soria, y la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

Soria le recordó a Villaverde una causa por tenencia de cocaína en Florida, Estados Unidos, y exhibió documentación en plena sesión, lo que encendió la polémica en un momento especialmente sensible para el espacio libertario. La escena se leyó como un capítulo más del creciente desgaste que enfrenta la fuerza de Espert, cuyo candidato principal ya está en el centro de las críticas por la revelación de giros de dinero y el uso de un avión aportados por Machado.

La disputa entre ambos legisladores no es nueva: ya en febrero habían protagonizado un cruce cuando Villaverde había acusado a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria —hermana del exministro—, de beneficiarse políticamente con la emergencia ambiental por los incendios en la Patagonia. Esta vez, Soria devolvió la ofensiva: “Lamento que la diputada preopinante que habló de mi familia refiriéndose a un ‘clan’ no haya sido mejor asesorada por sus pares”.

Acto seguido, fue más allá y vinculó el señalamiento con el debate sobre narcotráfico: “Muchos periodistas me preguntaban por qué hablé de este tema en la última sesión, cuando también respondí a la diputada de mi provincia”, lanzó Soria, mientras varios libertarios abandonaban el recinto en señal de malestar.

El escándalo del presunto narco Fred Machado golpeó de lleno la campaña del libertario José Luis Espert, al conocerse este domingo un documento presentado en la justicia de Texas en el que se revela un giro de 200 mil dólares al economista por parte del presunto narco Fred Machado, que además le prestó su avión para que se desplace.

Por el escándalo, Milei decidió que Espert se corriera de la campaña y desapareciera. Espert pasó de decir “bala o cárcel” para hablar de la inseguridad a tener que callarse porque está directamente vinculado a un narcotraficante detenido en Viedma y con pedido de extradición de Estados Unidos. ¿Corre el “cárcel o bala” para Espert?

“Hay que esconder a José Luis”, reconoció un dirigente libertario que confirmó que el economista canceló actividades en los últimos días. Ayer, además, el candidato peronista Juan Grabois denunció en la justicia argentina a Espert por la revelación en Estados Unidos de un pago de 200 mil dólares. ¿Espert es un narcopolítica?

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre, confirma la abrupta caída del gobierno de Milei en la consideración de la ciudadanía. Dos de cada tres personas se manifiestan descontentas con la situación actual.

El relevamiento indica que el 66% de los consultados se declara insatisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que solo un 32% manifiesta satisfacción. 

La aprobación al gobierno de Javier Milei se ubica en 39%, tres puntos menos que en la medición de julio, en tanto que la desaprobación asciende al 58%. 

La relación entre el diputado liberal José Luis Espert (es candidato ahora a renovar su banca) y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos por una denuncia de narcotráfico y fraude, suma un nuevo capítulo.

De acuerdo con registros contables incorporados al expediente de tribunales federales de Texas, Estados Unidos, un fideicomiso manejado por Machado y su socia, la empresaria norteamericana Debra Lynn Mercer-Erwin, habría transferido 200 mil dólares a Espert en febrero de 2020. La anotación aparece en un documento validado por un gran jurado y fiscales del distrito Este de Texas, que procesaron a ambos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. ¿Espert y La Libertad Avanza no dirán nada?

Mercer-Erwin fue condenada en noviembre pasado a 16 años de prisión en Estados Unidos, mientras que Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, a la espera de que la Corte Suprema defina su futuro. La operatoria de la que se lo acusa no es menor: un esquema Ponzi montado sobre la supuesta compraventa de aviones, donde naves inexistentes o ficticias se revendían una y otra vez para captar adelantos o préstamos.

El detalle del fideicomiso, llamado Aircraft Guarantee Corp, incluye cientos de movimientos entre 2016 y 2020. En el renglón 920 de un excel que contabiliza egresos (“wire out”), aparece consignada la transferencia a Espert. Ese dato vuelve a poner bajo la lupa al economista, que hasta ahora evitó responder consultas sobre el tema. Tampoco Machado ni su abogado quisieron hacer declaraciones, según reseñó una investigación del periodista Sebastián Lacunza.

El impacto político es evidente. En un contexto en el que La Libertad Avanza intenta mostrarse como fuerza adalid de la “transparencia” frente a la casta, la revelación de un vínculo financiero con un empresario procesado por narcotráfico y fraude internacional resulta explosiva. Más aún porque plantea una disyuntiva incómoda para Espert: explicar el origen y la justificación de esos fondos o cargar con el costo del silencio.