El caso se reanima con nombres propios y montos puntuales y suma nuevoscapitulos. Es que Federico Andrés “Fred” Machado, requerido por la Justicia de Estados Unidos por fraude y narcotráfico, figura en una secuencia de giros por más de 3 millones de dólares hacia Transportes El Nacional, firma ligada a una avioneta hallada en Jujuy con 350 kilos de cocaína pilotada por peruanos, según reveló el programa TLN Denuncia. Esa pista conduce a Lácteos Vidal, el tambo de Carlos Casares que ganó notoriedad por su pelea con ATILRA.

Los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran que Alejandra Bada Vázquez, de la familia propietaria de Lácteos Vidal, aportó fondos a la campaña presidencial de 2023 en la que Patricia Bullrich compitió en las PASO. Mientras tanto, la investigación periodística rastrea diez transferencias desde cuentas ligadas a Machado hacia Transportes El Nacional por un total de 3.073.354 dólares. En redes sociales, el resumen circula con estilo sentencia: “Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal y socia de Fred Machado, recibió 3 MILLONES DE DÓLARES y financió la campaña presidencial de PATRICIA BULLRICH. La Ministra de SEGURIDAD trabaja para los narcos”.

En paralelo, el derrotero político se vuelve errático. Hay que recordar que en principio Bullrich marcó distancia de José Luis Espert cuando quedó atado a Machado, luego bajó el tono y apeló a cierto “comprensión” y necesidad de que todo se resuelva en la Justicia y finalmente volvió a despegarse pese a que fuera la titular del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de la situación de Machado. Todos están sucios. El problema excede al diputado: hay que preguntarse si el dinero de origen dudoso permea estructuras empresarias cercanas al dispositivo de campaña, la promesa de “orden y seguridad” queda desmentida por los propios papeles.

La otra pregunta que queda en la superficie es simple y contundente: ¿quién financia a quién? El gobierno de Milei se aferra al marketing de la mano dura mientras la Justicia avala la extradición de Machado y las transferencias emergen como un recordatorio de que la narcoeconomía no opera en el vacío. Pasamos del quien las hace las paga y carcel y bala a políticos de derecha financiados por narcotráfico. Sin respuestas claras ni desmentidas con documentación, la mancha se expande y el hilo rojo que conecta a Machado con Lácteos Vidal y Bullrich sigue tensando la cuerda del oficialismo.

El presidente del Banco Nación y exfuncionario schiarettista, Daniel Tillard, aprobó en agosto pasado un crédito por 164 millones de pesos a favor de Marcos Patiño Brizuela, tercer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba.

Patiño Brizuela es actual titular del PAMI Córdoba y es socio en el estudio jurídico del jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni. Quedó en el centro de la polémica por haber accedido a ese financiamiento sin cumplir con el requisito de antigüedad que el banco exige a empleados con contratos temporarios. La situación generó un fuerte malestar dentro del oficialismo cordobés, que ya enfrenta dificultades para despegarse del escándalo que involucra a José Luis Espert.

El caso no es el único que complica a Tillard. En los últimos días trascendió que Patiño Brizuela fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que amplificó las tensiones dentro de LLA.

El episodio se suma a otros créditos cuestionados durante la gestión de Tillard. Tal como reveló LPO, el titular del Banco Nación intervino personalmente para destrabar un préstamo de más de 200 millones de pesos a su amiga, la diputada neuquina Lorena Villaverde, luego de que la sucursal de Cipolletti lo rechazara por falta de calificación crediticia.

El candidato de la Libertad Avanza Diego César Santilli tiene una mansión de más de un millón de dólares en Nordelta. Además, tiene un departamento en Barrio Parque valuado en 600 mil dólares. ¿De qué vive?

Según se informó, Santilli cuenta con más de 30 empresas offshore que suelen usarse para fugar plata sin pagar impuestos en Argentina. Según su propia declaración “el 70% de mis ingresos vienen del sector privado”. Pero nadie le pregunta ni él se ocupó de explicar a qué se dedica en el sector privado.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, un espía – que respondía al propio Macri – armó un informe sobre Santilli donde decía: “Vive como un narco, gasta un millón de dólares por mes. Viajó a Dubai y pagó cash, nadie sabe como vive”. Ese audio está en la justicia.

A más de un año del misterioso traslado del oro argentino, el Gobierno y el Banco Central mantienen un hermetismo absoluto sobre el destino de ese activo clave. El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había comunicado que había completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, una operación que buscó poner fin a los rumores sobre una eventual venta o cesión del metal.

En aquel parte, el organismo aseguró que la Auditoría General de la Nación (AGN) tendría acceso a toda la información necesaria para realizar los informes de control correspondientes. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. Según confirmaron fuentes de la propia AGN a Ámbito Financiero, el Banco Central no solo omitió responder los requerimientos sobre la ubicación, rendimiento y costos del traslado del oro, sino que además habría entorpecido el acceso a la documentación respaldatoria.

“Están escondiendo algo y nadie sabe por qué”, advirtieron desde la AGN, que desde fines de 2024 viene reclamando información precisa sobre las operaciones vinculadas al oro, valuadas en miles de millones de dólares. La falta de transparencia alimenta las sospechas sobre si parte de esas reservas fue utilizada para obtener liquidez en el exterior o respaldar operaciones financieras que el Gobierno prefiere mantener fuera del radar público.

Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el presidente del Banco Central ni el Ministerio de Economía ofrecieron explicaciones sobre el paradero del oro ni sobre las condiciones en que se realizó el traslado. En medio de una crisis económica y de reservas menguantes, la opacidad sobre uno de los activos más sensibles del país se convierte en un nuevo foco de preocupación institucional y política.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció en diálogo con TN, que sabían de las relaciones de José Espert y Fred Machado desde 2021 cuando les informó Estados Unidos.

En ese año, un informe secreto reveló que Machado, empresario argentino investigado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, aparecía vinculado al político Espert. “Al informe lo pasamos a la Justicia. Después lo supo todo el mundo porque tomó luz pública”, aseguró Bullrich.

“Pero lo que vos estás diciendo es que ya sabían con ese informe“, le recriminó Diego Sheikman a Bullrich. El gobierno sabía desde 2021 de las relaciones poco claras entre Espert y Machado y así y todo decidió hacerlo parte de su armado político en 2023 – es diputado libertario – y en 2025 le pidieron encabezar.

José Luis Espert presentó este miércoles una nota formal a Martín Menem para pedir licencia, en medio del escándalo por el avance de la Justicia norteamericana contra su financista, el presunto narco Fred Machado. La licencia es con goce de sueldo: se aseguró 4 millones de pesos por mes hasta diciembre y no tendrá que ir a trabajar. Nada mal para el llamado “narcodiputado”.

El economista formuló un texto de dos líneas para explicar su apartamiento “por motivos particulares”. En rigor, este martes fue imputado por la Fiscalía de San Isidro, donde recayó la denuncia de Juan Grabois por sospechas de lavado de activos.

Sin embargo, el legislador oficialista terminó dando un paso al costado sin que la oposición contara con los votos suficientes para expulsarlo de la Cámara Baja. Lejos quedaron los días en los que Espert pedía “cárcel o bala” para cualquier persona a la que consideraba delincuente, poniendose en una especie de vara moral de la sociedad.

Por suerte para él, el Congreso no actuó de la misma manera y no habrá ni bala ni cárcel para su situación, apremiada por un escándalo narco. Como se sabe, los dirigentes no peronistas no tienen que dar mayores explicaciones judiciales aunque les demuestren que cobraron 200 mil dólares de un empresario narco.

El acto que encabezó Javier Milei en el Movistar Arena volvió a generar polémica, esta vez por el alto costo del evento y las dudas sobre su financiamiento. Según estimaciones de productores de espectáculos, la puesta en escena no habría costado menos de 300 mil dólares, una cifra que despertó cuestionamientos en la Coalición Cívica, que pidió explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para cubrir el despliegue. ¿Qué empresario la pagó? ¿Ese empresario tiene negocios con el Estado que conduce Milei, el protagonista del show?

Tres productores de primer nivel, con experiencia en recitales y actos en estadios, coincidieron en que el evento fue de una magnitud inusual para una actividad política. “Un espectáculo así no sale menos de 300 mil dólares. Los proveedores de ahí son caros: PRG en luces, Júpiter en pantallas, Mahler en sonido. Y además hay que sumar los micros, la seguridad y toda la logística”, detalló uno de ellos.

El acto reunió a más de 11.000 personas, según estimaciones de los organizadores, y contó con una producción técnica similar a la de un concierto internacional. Desde la oposición remarcaron que, en medio de una crisis económica que golpea a amplios sectores de la población, resulta necesario transparentar los mecanismos de financiamiento utilizados para costear un evento de semejante envergadura.

Un dirigente bonaerense consultado calculó que se necesitaron al menos 300 micros para trasladar a los asistentes al estadio, que estuvo prácticamente colmado: se ocuparon unas 11.500 de las 13.500 localidades disponibles. El despliegue, tanto técnico como logístico, alimenta las sospechas sobre el uso de fondos privados o eventuales aportes empresariales que aún no fueron informados oficialmente.

Los bonos argentinos en dólares profundizaron este miércoles 8 de octubre la tendencia negativa que vienen mostrando en los últimos días, con caídas de hasta 2% en algunos tramos de la curva. El deterioro se da en un contexto de marcada incertidumbre financiera y expectativas en torno al viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, donde se espera que mantenga reuniones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos en busca de apoyo para estabilizar la situación cambiaria.

Pese a los rumores que circularon en las últimas horas sobre posibles anuncios vinculados al programa financiero o nuevas líneas de crédito, el mercado no reaccionó con optimismo. Por el contrario, los inversores se mantuvieron cautelosos ante la falta de definiciones concretas y el limitado margen de maniobra del Tesoro, que enfrenta su quinta jornada consecutiva de intervención para contener la presión sobre los dólares financieros.

Entre los títulos más golpeados se destacaron el Global 2035 y el Global 2046, con bajas de 1,7%, seguidos por el Global 2041 y el 2048, que retrocedieron 1,67% y 1,6%, respectivamente. Las ventas reflejan la creciente desconfianza de los operadores respecto de la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos en medio de una coyuntura de escasez de divisas y caída de reservas.

La persistente debilidad de los bonos en moneda extranjera también se traduce en un aumento del riesgo país, que se mantiene en niveles elevados y limita la posibilidad de acceso a los mercados internacionales. Con la mirada puesta en los resultados del viaje de Caputo, los analistas coinciden en que el Ejecutivo enfrenta una tarea cada vez más compleja para recomponer la confianza y evitar que la crisis financiera se profundice en las próximas semanas.

El negocio de la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) volvió a poner la lupa sobre el entramado empresarial detrás de la logística electoral. Según pudo saberse, Artes Gráficas del Litoral (AGL), perteneciente al Grupo Clarín, fue la principal beneficiaria del proceso de impresión en la provincia de Buenos Aires: se quedó con el 60% del total, mientras que el 40% restante quedó en manos de Boldt, a través de una UTE con IPESA.

La contratación, que se realizó en el marco de la urgencia por reemplazar boletas dañadas o faltantes, implicó una inversión millonaria y concentró buena parte del negocio en empresas con historial de vínculos con el poder político y mediático. AGL, una de las principales imprentas del país, ya había participado en procesos electorales anteriores, al igual que Boldt, tradicional proveedora del Estado en materia de sistemas de juego y servicios gráficos.

A nivel nacional, otras tres compañías también fueron parte de la impresión de las BUP para distintos distritos: Su Papel, Kollor Press y DP Argentina, aunque con volúmenes mucho menores. En conjunto, el reparto revela una fuerte concentración del negocio electoral en pocas manos, especialmente en firmas con capacidad técnica y política para responder a los tiempos del calendario electoral.

La discusión sobre la transparencia y los costos del proceso se reavivó luego de que trascendiera la necesidad de reimprimir boletas en varias provincias por errores y deterioros. En ese contexto, la participación de una empresa del Grupo Clarín en el centro del negocio reabre el debate sobre los vínculos entre el poder económico, los medios y el sistema electoral argentino.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central correspondiente a septiembre, los analistas del sector financiero ajustaron al alza sus pronósticos sobre el tipo de cambio, luego del fuerte salto que experimentó el dólar durante ese mes. Aun así, el consenso en la city es que no habrá sobresaltos significativos en los próximos meses, con un ritmo de ajuste más moderado hacia fin de año.

De acuerdo con el informe, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubica en $1.440 para el promedio de octubre de 2025, prácticamente en línea con el valor actual del dólar oficial, que ronda los $1.430. Cabe recordar que la encuesta del BCRA se realizó en los últimos días de septiembre, cuando el tipo de cambio mayorista aún se encontraba por debajo de los $1.400.

Entre los diez analistas más precisos del REM, las estimaciones son algo más altas: prevén un dólar promedio de $1.471 en octubre, lo que refleja una expectativa de corrección cambiaria algo más pronunciada.

La mayor devaluación esperada se concentra en noviembre, mes que sigue a las elecciones legislativas nacionales. Para ese período, los especialistas proyectan una suba del 4,1%, que llevaría la cotización oficial hasta la zona de $1.500, en un contexto de persistente incertidumbre política y presión sobre las reservas del Banco Central.