El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, vuelve a quedar en el centro de las especulaciones políticas. En medio de una gestión marcada por la recesión, la disparada inflacionaria y las crecientes tensiones con el mercado, en los pasillos del poder ya se habla de la posibilidad de que presente su renuncia después de las elecciones. La versión, alimentada por funcionarios y operadores financieros, refleja el desgaste de una figura que llegó con el aval presidencial, pero que cada vez enfrenta mayores cuestionamientos.

El factor electoral aparece como determinante. La Casa Rosada necesita mantener cierta calma cambiaria hasta los comicios, y Caputo ha sido el encargado de sostener esa estrategia a fuerza de endeudamiento y uso de reservas. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el margen de maniobra se achica día a día y que, tras la contienda, podría abrirse un reacomodamiento en el gabinete económico.

La continuidad de Caputo dependerá, en gran medida, de la lectura política que haga Javier Milei del resultado electoral. Si el oficialismo logra un triunfo que refuerce su poder, la permanencia del ministro será vista como un gesto de estabilidad. En cambio, si el escenario se complica, la renuncia podría convertirse en una válvula de escape para contener críticas internas y enviar una señal de cambio hacia afuera.

Por ahora, el ministro guarda silencio y mantiene su rutina de reuniones con banqueros y fondos de inversión. Pero la incertidumbre crece: la posible salida de Caputo no sólo pondría en jaque la política económica, sino que abriría un nuevo capítulo en la relación del Gobierno con el establishment financiero, un vínculo que ha sido clave para la gobernabilidad en estos meses iniciales de gestión.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a quedar en el centro de la polémica por las demoras en modificar la metodología con la que mide la inflación. Pese a los anuncios oficiales sobre la necesidad de “modernizar” el índice, la actualización quedó postergada sin plazos claros, lo que genera dudas sobre la transparencia de los datos y sobre la verdadera dimensión de la suba de precios que sufren los argentinos.

El retraso no es menor: economistas advierten que la canasta de referencia con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está desfasada respecto del consumo real de los hogares. Con tecnologías, servicios y patrones de gasto que cambiaron radicalmente en los últimos años, seguir usando parámetros viejos implica maquillar la inflación y ofrecer una radiografía incompleta de la economía.

Desde el Gobierno intentan justificar la demora con argumentos técnicos y presupuestarios, pero lo cierto es que detrás subyace un problema político. El Ejecutivo teme que un cambio metodológico exponga una inflación mayor a la que hoy reporta el INDEC y que eso dinamite el relato de que el plan de ajuste está funcionando. Así, la postergación se convierte en una decisión funcional al oficialismo, aunque implique un retroceso en términos de calidad estadística.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue atada a cifras oficiales que no reflejan con precisión el impacto de la inflación en la vida cotidiana. La demora en la actualización del IPC erosiona la credibilidad del INDEC y alimenta las sospechas de manipulación. En un país marcado por la desconfianza hacia las estadísticas públicas, la falta de transparencia no hace más que profundizar la distancia entre lo que dice el Gobierno y lo que sienten los consumidores cada vez que van al supermercado.

La inflación de agosto se perfila como una señal preocupante para la administración de Javier Milei. Diversas consultoras privadas prevén un índice cercano al 2 %, incluso con estimaciones que lo ubican en 2,2 %. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con la inflación de años anteriores, lo cierto es que la tendencia muestra un freno en la desaceleración, justo cuando el Gobierno necesita consolidar resultados para mostrar cierta estabilidad macroeconómica.

El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), intenta mostrar un escenario más optimista con una proyección de apenas 1,7 %. Sin embargo, los analistas privados no solo son más cautelosos, sino que advierten que los aumentos de alimentos y servicios están presionando de manera sostenida. Esta diferencia entre el discurso oficial y la realidad de los bolsillos refleja la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato económico creíble.

El malestar social se potencia porque el Gobierno prometió un derrumbe rápido de la inflación como prueba de su “plan motosierra” y su ajuste draconiano. No obstante, la aparente estabilidad se apoya en una fuerte recesión y en salarios que no logran recomponerse. La suba de precios en la canasta básica golpea de lleno a los sectores populares y pone en evidencia que el plan económico se sostiene más en recortes que en una estrategia de desarrollo sostenible.

En este contexto, el oficialismo corre el riesgo de que el leve repunte inflacionario erosione aún más su legitimidad política. La falta de resultados palpables en materia de crecimiento y poder adquisitivo deja a la gestión Milei con pocas cartas para mostrar. El discurso de que “la inflación está controlada” empieza a desdibujarse frente a la realidad de los aumentos cotidianos, y amenaza con convertirse en otro flanco de desgaste para un gobierno que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.

Karina Milei es considerada “el jefe” de La Libertad Avanza pero por estas horas no le salen las cosas muy bien. Está atravesando la peor semana desde que asumió el rol de operadora política de su hermano. El estallido de un escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad la dejó en el ojo de la tormenta, con audios que la vinculan directamente a un circuito de retornos millonarios en contratos de medicamentos. Se habla de 800 mil dólares por mes solo en ANDIS. La Justicia ya inició allanamientos y secuestros de documentación, mientras se multiplican las denuncias de abogados y referentes opositores que califican la trama como uno de los episodios de corrupción más graves desde el regreso de la democracia.

El costo político no tardó en aparecer. En Corrientes, donde viajó a reforzar la campaña libertaria, Karina Milei y Martín Menem fueron recibidos con abucheos, pancartas acusatorias y empujones que forzaron la suspensión de un acto. El fracaso electoral se coronó con la magra performance del candidato de La Libertad Avanza en la provincia, que quedó lejos de los primeros lugares, consolidando la imagen de un armado debilitado y sin inserción real en el interior. Salió cuarto y sacó un poco más de lo que se le atribuye por retornos a Karina: 9%.

En paralelo, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana, a quien definió como “el jefe en su prime”, en un intento de cerrar filas frente a la ofensiva judicial y mediática. Otros referentes libertarios, como Martín Menem, también pusieron “las manos en el fuego” por Karina, aunque el blindaje no alcanzó para frenar el impacto de las revelaciones ni el desgaste interno que ya se percibe en el oficialismo.

El escándalo estalla en la antesala de elecciones clave, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. La combinación de sospechas de corrupción, actos fallidos y candidatos sin peso territorial abre un escenario complejo para el Gobierno, que había hecho de la lucha contra “la casta” su principal bandera. La semana negra de Karina Milei expuso, con crudeza, las fragilidades de un proyecto político que enfrenta cada vez más dudas de cara al futuro.

Las elecciones provinciales en Corrientes marcaron un fuerte traspié para La Libertad Avanza. El espacio decidió jugar con candidatos propios: el diputado nacional Lisandro Almirón encabezó la fórmula para gobernador acompañado por Evelyn Karsten como vice, en un armado que buscaba consolidar la presencia libertaria en la provincia. Fue una decisión de Karina Milei y Lule Menem que terminó en fracaso rotundo. Ironía del destino: sacaron casi el mismo porcentaje que se vincula a los supuestos retornos que el gobierno le pide a muchos empresarios.

Finalmente, Almirón quedó cuarto, con menos del 10% de los votos —en torno al 8 o 9%—, muy lejos del oficialismo de Juan Pablo Valdés, que se impuso con comodidad con más del 50%. El peronismo, pese a sus divisiones, también logró superar a los libertarios y mantener representación.

La responsable política del armado fue Karina, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia. Ella impulsó la estrategia de competir con candidatos propios y rechazó de plano cualquier acuerdo con el oficialismo correntino, convencida de que la marca Milei alcanzaba para posicionar al espacio en el electorado.

El saldo fue negativo: el aislamiento estratégico dejó al libertarismo sin volumen electoral y sin incidencia en la política local. La derrota expuso las limitaciones de un proyecto que, sin estructura ni alianzas, depende en exceso de la figura presidencial y muestra enormes dificultades para proyectarse en el interior del país.

Este viernes comenzará el juicio oral por falso testimonio contra el perito David Cohen, cuyo informe —plagiado de internet, del sitio Rincón del Vago— fue la base de la causa GNL y el punto de partida del andamiaje judicial que derivó en el caso “Cuadernos”.

En paralelo, el juicio por el propio GNL entró en la etapa final de alegatos y dejó una revelación explosiva: Federico Mansbach, perito oficial de la Corte Suprema, declaró que el juez Claudio Bonadio lo presionó para que su informe señalara sobreprecios en la importación de gas. Fue una de las tantas causas usadas por los medios y un sector de la justicia para detener a dirigentes kirchnerista. Fue todo armado.

“El juez pretendía una conclusión en el dictamen y presionó para que las cosas ocurran como él pensaba”, afirmó. Mansbach sostuvo que se negó a falsear resultados, que sufrió destrato del magistrado y que Bonadio incluso habilitó como “consultores” a empleados de ENARSA sin requisitos legales.

A diferencia de él, Cohen sí avaló las exigencias del juez. Ahora enfrentará a la Justicia acusado de haber falseado su peritaje.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave de La Libertad Avanza, vivió un tenso momento en Corrientes, donde debió cancelar un acto político tras recibir un fuerte repudio vinculado al escándalo de presuntas coimas que la involucra. Está denunciada por recibir cobros de 800 mil dólares mensuales de coimas.

La hermana del presidente había viajado para respaldar al candidato local Lisandro Almirón en una actividad proselitista, pero la visita terminó de manera abrupta. Apenas fue reconocida por vecinos y manifestantes, se multiplicaron los abucheos, los gritos y carteles acusatorios que hacían referencia a la investigación judicial por sobornos en licitaciones de medicamentos.

La hostilidad del ambiente escaló al punto de que el acto nunca llegó a concretarse. Karina Milei abandonó el lugar rápidamente en un vehículo oficial, escoltada por colaboradores y fuerzas de seguridad, mientras se registraban incidentes entre militantes libertarios y manifestantes. Testigos señalaron que incluso hubo empujones y agresiones contra periodistas presentes en la cobertura.

El episodio expuso el creciente malestar social en torno al escándalo que salpica a la funcionaria y que golpea de lleno al discurso anticorrupción del oficialismo. En contraste con la intención de mostrar respaldo político en el interior, la visita a Corrientes terminó convertida en un símbolo del desgaste que atraviesa el gobierno en medio de la polémica.

El Tesoro no solo interrumpió en agosto sus compras en bloque de divisas, tal como había anticipado el propio ministro de Economía, Luis Caputo, sino que además debió enfrentar fuertes compromisos de deuda con organismos internacionales. Como consecuencia, la administración ya utilizó u$s262 millones de sus depósitos en moneda extranjera dentro del Banco Central (BCRA).

El dato encendió las alarmas en la city, donde operadores comenzaron a seguir con más atención el goteo diario de dólares y a preguntarse si, detrás de esos movimientos, existe algún tipo de intervención encubierta en los mercados.

El propio Caputo había adelantado hace unas dos semanas, durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, que el Tesoro dejaría de comprar dólares en el mercado único y libre de cambios (MULC) al menos hasta octubre. Lo cierto es que, más allá de esa advertencia, en lo que va de agosto no se registraron adquisiciones por parte del Tesoro, confirmando en los hechos el freno en la acumulación de divisas.

En este contexto, la presión sobre las reservas y la incertidumbre en torno a los movimientos del BCRA vuelven a instalar interrogantes en un mercado que ya opera bajo una marcada volatilidad y con expectativas frágiles frente al dólar.

El Gobierno volvió a convalidar ayer tasas de interés en niveles exorbitantes, una señal clara de la fragilidad con la que busca contener la presión cambiaria y financiera. En la licitación de cauciones bursátiles, se registraron picos que rozaron el 150% anual antes de estabilizarse, mientras que en el mercado mayorista el Banco Central tuvo que convalidar rendimientos cada vez más altos para evitar una corrida mayor.

El escenario, además de tensionado, se torna casi delirante: un país en recesión profunda, con la inflación todavía en dos dígitos mensuales y el consumo desplomado, sostiene tasas propias de una emergencia extrema. El mecanismo, lejos de funcionar como un ancla, multiplica la incertidumbre, ya que expone la debilidad de las reservas y la incapacidad del Ejecutivo para estabilizar expectativas sin recurrir a medidas de shock financiero.

La paradoja es evidente: mientras el discurso oficial insiste en que la economía está encaminada, la política monetaria muestra una dinámica de “parches” cada vez más costosos, con un nivel de volatilidad que genera un clima insostenible para el crédito, la inversión y la actividad cotidiana. La convalidación de estas tasas no solo refleja el cortoplacismo, sino también la magnitud de una crisis que se profundiza pese a las señales de calma que intenta dar la administración.

El entramado que une a la familia Milei con los empresarios farmacéuticos Kovalivker tiene un punto de partida en un coworking de la avenida Libertador y un intermediario de peso: Mauricio Macri.

El ex presidente fue quien acercó a los dueños de la Droguería Suizo Argentina al entorno libertario hacia el final de la campaña presidencial. Su intervención resultó decisiva: el aporte económico de los Kovalivker fue clave en el balotaje que terminó consagrando a Javier Milei.

La relación no surgió de la nada. Macri mantiene estrechos vínculos con la Suizo Argentina, la compañía que hoy quedó en el centro de la escena por las denuncias de coimas. En el sector farmacéutico incluso se lo menciona como socio informal de la firma, lo que explica la fluidez del contacto.

Como había revelado LPO, Macri ya había tomado la decisión de apoyar a Milei incluso antes de la derrota de Patricia Bullrich en octubre de 2023. Una vez que la entonces candidata de Juntos por el Cambio quedó fuera del balotaje, el líder del PRO se convirtió en facilitador del acuerdo entre el libertario y los grupos empresarios, con la expectativa de cobrar un rédito político que solo consiguió de manera parcial.

En esa jugada, Macri fue quien acercó a Jonathan Kovalivker, responsable de la Droguería Suizo Argentina, al círculo íntimo de Karina Milei y Nicolás Posse. Ese nexo hoy aparece como uno de los puntos más sensibles del escándalo que sacude al Gobierno.