El programa contará con un límite de consumo de $ 200.000, y una tasa de financiamiento del 48%.

El plan para la financiación y compra de electrodomésticos en 30 cuotas, conocido como Ahora 30, comenzará a regir desde mañana e incluirá un congelamiento por 90 días de productos como heladeras, lavarropas, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado de bajo consumo, todos de producción nacional.

El programa contará con un límite de consumo de $ 200.000, y una tasa de financiamiento del 48%.

El costo de la cuota es casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que actualmente es de 83% de Tasa Efectiva Anual (TEA).

Del programa no sólo participarán las grandes condenas sino también pequeños y medianos comercios, siempre y cuando tengan una sede física.

Desde la Secretaría de Comercio señalaron a Télam que “el programa forma parte de la política de ordenamiento de precios encarada por el Ministerio de Economía y es fruto de un trabajo conjunto con las cadenas de venta minoristas, el sistema bancario y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte)”.

En todas ellas “hubo una buena predisposición a sumarse al programa y, de hecho, desde Afarte se acercaron diversas propuestas para el mismo”, añadieron las fuentes.

Por otro lado, aclararon que el límite de consumo de $ 200.000 aplicará para todos los productos.

Esto, en la práctica, permitirá incorporar al programa a televisores de 42, 50, 55 y 58 pulgadas, excluyendo a los que poseen mayores dimensiones.

En cuanto a los celulares, el programa abarcará a los de gama baja y media, y no contará con los de gama alta como el Motorola Edge y el Samsung Galaxy S22, que poseen un valor de venta superior a dicho tope.

La Secretaría conducida por Matías Tombolini confirmó que hoy se encuentra cerrando los últimos detalles con los fabricantes y las cadenas.

Del mismo modo, ratificó que el programa se lanzará mañana y que, con el paso de los días, se incorporarán más comercios y productos al mismo, ya que se abrirá un registro en el cual podrán participar todos los comercios que tengan una sede física.

En principio, tanto el congelamiento como la iniciativa de 30 cuotas se extenderán por 90 días, pero dependiendo de la recepción y su funcionamiento, se analizará su extensión.

En el caso de los equipos de aire acondicionado, el objetivo de la medida es promover aquellos con etiquetas de eficiencia energética “A” que permitan generar un ahorro energético, según se informó oficialmente.

Para los celulares, tras un largo reclamo de las empresas del sector, será la primera vez desde octubre de 2020 que se los podrá volver a adquirir en tasa subsidiada, luego de haber sido eliminados en ese momento de Ahora 12 debido a una “reasignación de recursos”.

Además, renueva la posibilidad de financiar en 30 cuotas, opción que estuvo incluida en el programa Ahora 12 hasta febrero de este año.

Desde agosto de 2021 hasta febrero de este año, Ahora 12 incluía el plazo de financiamiento en 30 cuotas con una tasa máxima del 40,18%, pero luego esta opción se suprimió manteniendo los planes de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas.

En el mismo período, se vendieron 4.223.723 celulares (72% de gama media, 21% baja y 7% alta), 1.051.773 televisores y 374.069 aires acondicionados.

El 96% de los celulares, acondicionadores de aire y microondas que se comercializan en la Argentina son de producción nacional.

El gobernador bonaerense envió a la Legislatura la iniciativa que pretende “fortalecer la gestión y llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Ética Pública y Transparencia, en el marco de la apertura del 4° Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública.

Esta iniciativa contiene 38 artículos divididos en ocho capítulos, y tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la ­integridad y la transparencia en el ámbito provincial.

Las herramientas que propone para cumplir con dichos objetivos son instancias de capacitación obligatoria, la implementación de la perspectiva de género de forma transversal, la ­creación de una comisión provincial de ética pública y transparencia y un consejo consultivo de la sociedad civil, y la puesta en marcha de un sistema de integridad basado en mecanismos preventivos.

“En los primeros días de nuestra gestión propusimos que este proyecto no debía ser una iniciativa limitada al Poder Ejecutivo, sino que su gestación tenía que ser el resultado de un proceso participativo y democrático”, dijo el gobernador, además de mostrarse confiado por el acompañamiento del cuerpo legislativo provincial.

En este sentido, expresó: “Esperamos que esta ley se discuta y se apruebe rápidamente, ya que nos va a brindar a todos la tranquilidad de que la sociedad sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué leyes y normas nos guiamos”.

Por otro lado, Kicillof señaló que el proyecto “representa a muchas instituciones, especialistas y universidades, y refleja el debate y la discusión tendientes a resolver problemas y contribuir con todos los poderes del Estado para gobernar mejor y de forma más transparente”. “Es una ley que necesitamos pronto porque viene a fortalecer la gestión y a llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”, añadió.

“Será un gran avance para generar más transparencia, que es nuestra obligación para construir un sistema democrático más pleno”, concluyó.

La iniciativa comenzó a gestarse a partir de la creación de una mesa de trabajo en octubre de 2020. A partir de ese momento, representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales realizaron más de un centenar de reuniones para consensuar el proyecto que ayer partió a la Legislatura.

Fue a través de la cuenta de twitter de la Portavoz, quien salió al cruce de un participante del reality show.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió esta noche al cruce de un participante de Gran Hermano que afirmó que el presidente Alberto Fernández lo “coimeó un montón de veces“.

“Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”, enfatizó Cerruti en su cuenta de Twitter.

La funcionaria nacional se refirió a declaraciones realizadas por Walter Santiago, apodado el “Alfa”, quien dijo conocer al jefe de Estado a través del legislador porteño Claudio Ferreño.

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández”, lanzó el participante del programa televisivo.

Luego, el abogado Gregorio Dalbon también eligió su cuenta oficial de twitter para informar: “Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al Presidente de la Nación, @alferdez me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor. Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación”.

Los datos económicos fueron difundidos por el Indec.

La economía argentina continúa sosteniendo el nivel de actividad. Así lo muestran los datos del segundo trimestre del Producto Interno Bruto (PIB), que se expandió por cuarto trimestre consecutivo y creció 6,9% respecto al mismo periodo de 2021 y 5,7% respecto a 2019, según el INDEC. De esta manera, según el Panorama Productivo del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), el primer semestre se ubicó 6,5% por encima de los primeros seis meses del año pasado y 3% por encima de dicho periodo de 2019.
“Seguimos avanzando en el objetivo del gobierno de ordenar las variables macroeconómicas sosteniendo el nivel de actividad y el empleo”, dijo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Por otra parte, las exportaciones crecieron 3,5% frente al trimestre previo y 10,7% en relación al segundo trimestre del año pasado, ubicándose en máximos desde el cuarto trimestre de 2019. En tanto, el consumo privado se recuperó con fuerza y presentó el nivel más alto desde el primer trimestre de 2018 (+1,8% intertrimestral y +9,3% i.a.).
Los datos preliminares del tercer trimestre muestran una economía que continúa creciendo no solo contra 2021 sino también contra 2018 y 2019. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la actividad económica presentó el nivel más alto para julio desde 2015, al expandirse 5,6% respecto a 2021 (y +2,7% contra 2019). A nivel acumulado, en los primeros 7 meses del año registró un alza de 6,4% interanual y de 3% frente al mismo período de 2019. De las 15 actividades productivas, 12 crecieron en términos interanuales y 10 tuvieron subas respecto a julio de 2019.

Por el lado de la industria, en el mes de agosto consolidó su tendencia alcista. En el octavo mes del año la actividad industrial creció 7,6% interanual y 14% respecto del mismo mes de 2019, anotando así la mayor producción para agosto desde al menos 2016. De los 16 sectores industriales, 15 crecieron respecto del mismo mes de 2021 y 14 lo hicieron en la comparación contra 2019.

El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Comercio a celebrar los convenios de colaboración.

Mediante la resolución 701/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Comercio, liderada por Matías Tombolini, a celebrar convenios de colaboración con provincias y municipios para realizar “todas las tareas inherentes a la inspección, control y contravención, conforme a los procedimientos y normativa vigentes en cada caso, del Programa Precios Cuidados”.

Los convenios se ajustarán a:

-Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas.

-Las autoridades municipales deberán resguardar el derecho de defensa de los presuntos infractores y asegurar el buen curso de las investigaciones y procedimientos administrativos.

-La Secretaría de Comercio brindará la asistencia técnica y cooperación que le sean requeridas para la correcta fiscalización, control, contravención e implementación del Programa “Precios Cuidados”..

-La Secretaría transferirá mensualmente a la autoridad local correspondiente, el 25 % del producido de las multas aplicadas en su distrito, en concepto de retribución por los gastos operativos generados.

La medida de fuerza se llevará a cabo la semana próxima. Es por el fracaso de las negociaciones salariales.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) anuncióque habrá tres días de paro de colectivos en el interior del país. La medida se concretará la próxima semana luego de que volvieran a fracasar las negociaciones con el sector empresarial.

Cabe recordar que, la semana pasada el gremio ya había realizado dos días de paro en reclamo de una mejora salarial para los choferes del interior del país que iguale a la que percibieron los trabajadores del AMBA.

“Ratificamos el estado de alerta, e informamos se dispondrá un paro de actividades en el transporte de pasajeros del interior del país por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre”, confirmaron en un comunicado desde el gremio.

“Sin aumento no hay transporte”, indicaron desde la UTA en la nota, al tiempo que informaron: “Asistimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores representados. Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las Provincias”.

“Queremos el aumento que nos corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso Nacional declare la emergencia en el transporte de pasajeros del interior”, continuaron.

A esto le sumaron: “Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores. Pedimos de los gobiernos la lealtad y el reconocimiento que los trabajadores se merecen”.

En el comunicado, desde el gremio indicaron: “Estamos cansados de esta falta de respeto al trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir. Por ello ratificamos el estado de alerta, e informamos se dispondrá un paro de actividades en el transporte de pasajeros del interior del país por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente”.

El mensaje firmado por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, concluye: “Siempre estaremos dispuestos al diálogo permanente, y pedimos la intervención de las autoridades competentes para evitar las medidas de fuerza gremial, pero sepan que lucharemos por los derechos de los trabajadores, y sin aumento no nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario. Sepan que tanto los usuarios como los trabajadores somos rehenes de los gobiernos y los empresarios”.

En toda la nación caribeña se registraron marchas para reclamar la no agresión militar estadounidense.

Todo Haití se movilizó contra la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en el país caribeño. Aunque fue el mismo Gobierno haitiano, fue el que pidió ayuda militar, cuando Estados Unidos comenzó a preparar un despliegue militar, la población salió a las calles impulsivamente a pedir por Rusia.

Estados Unidos presentó un proyecto frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para intervenir en Haití, luego de la solicitud de gobierno haitiano de ayuda militar internacional para combatir la inseguridad en amplias zonas del país.

Lo que sucedió es que si bien la población del país reconoce los enormes problemas presentes, se manifiestan en contra de una nueva intervención de Estados Unidos (como ya ocurrió en 2004 y en otras oportunidades). Por eso, entre ayer y hoy, se han reportado enormes movilizaciones en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño.

En las enormes movilizaciones, igual que en lo ocurrido en países de África últimamente, los manifestantes han portado banderas de Rusia y hasta han pintado sus cuerpos con los colores de ese país para pedirle a Moscú que vete cualquier intervención norteamericana, algo que parece que Rusia haría en caso de someterse a votación al igual que China.

En el medio de la compleja coyuntura global, los sentimientos contra las grandes potencias se levantan con distintas particularidades a lo largo y ancho del mundo por las tremendas barbaridades que estas han cometido contra pueblos del mundo entero. El mundo tal y como era conocido, nunca volverá a ser el mismo.

Las acciones se llevaron adelante en camiones de carga con el objetivo de verificar la documentación necesaria para el traslado de mercadería y el cumplimiento de las leyes laborales.

Como resultado de la fiscalización, el organismo conducido por Carlos Castagneto labró 14 actas de infracción y detectó un 47% de irregularidades en la contratación de choferes. Los procedimientos en puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires se dieron en horario diurno y nocturno en automotores que circulaban sobre las rutas nacionales 3 y 226 y las rutas provinciales 60 y 51. Las tareas consistieron en el pesaje de la carga transportada, y los controles de permisos para conducir y de la documentación requerida por la AFIP como la carta de porte electrónica, el remito electrónico harinero y cárnico, remitos y facturas, entre otros.

Por parte de la AFIP participaron agentes dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). En tanto, también estuvieron presentes la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de parte del gobierno provincial, miembros de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), del Ministerio de Transporte, de la Subsecretaría de Minería y de la Dirección de Vialidad, indicó el sitio Infogei.

En total, se controlaron 820 camiones, de los cuales un 84% transportaba carga general, y el 16% restante, cereal y ganado. Se labraron 14 actas de infracción y se interdictó la mercadería en los casos que correspondía. En el plano previsional, se controló la situación de 566 choferes de camiones, detectando 265 de ellos (47%) con irregularidades en su situación laboral. Las infracciones detectadas más frecuentes fueron la falta de declaración de los trabajadores y diferencias entre los salarios registrados y los realmente percibidos. Con la información recabada, la AFIP y los organismos intervinientes determinarán si corresponde aplicar sanciones

Mediante un amparo, el Gobierno porteño busca la importaciones de estas polémicas herramientas para utilizarlas en la vía pública.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Justicia un “amparo por mora” para destrabar la importación de pistolas Taser que, acusan, fue frenada por el Gobierno Nacional.

Esta vez, la vía a través de la cual el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que su fuerza de seguridad, largamente cuestionada por sus altos niveles de violencia, pueda portar y activar esas armas fue a través de un amparo por mora presentado ante la Justicia.

Rodríguez Larreta quiere las Taser
El planteo exige que se libere la importación de las 60 armas modelo X2 que la administración de Juntos por el Cambio había comprado en mayo de 2021 y cuyo ingreso formal al país quedó trabado por decisión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

En un principio, este organismo había autorizado la compra pero luego, durante la administración de Sabina Frederic al frente de la cartera de Seguridad nacional, dio marcha atrás producto de la serie de denuncias que llovieron desde distintos organismos de derechos humanos.

Esto es lo que precisamente cuestiona el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, solo que se lo atribuye al gobierno de Alberto Fernández. Para el funcionario porteño, “el problema del gobierno nacional” sobre el uso de las pistolas eléctricas “es ideológico” porque “compara las Táser con las picanas de la dictadura”.

A través de un comunicado, D’Alessandro acusa al Frente de Todos de haber “demonizado” el uso de esas armas que, según su perorata, es “fundamental” para mantener el orden.

Sin embargo, el Comité contra la Tortura de la ONU indica que esas armas “provocan un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte”.

D’Alessandro no acepta ese cuestionamiento. “Demonizaron el uso de estas armas y trabaron una herramienta fundamental para la seguridad de los 3 millones de porteños y las casi 4 millones de personas que diariamente ingresan a la Ciudad”, dijo a través del escrito en el que defendió el uso de esas armas que aumentarían el poder represivo de una policía ya cuestionada por el excesivo y selectivo uso de la fuerza.

Las declaraciones fueron publicadas paralelamente a la presentación judicial para que la ANMAC “concluya con el trámite de autorización de importación”, según dice el texto del amparo por mora.

Además, el planteo judicial afirma que el congelamiento de ese trámite ocasiona “graves daños al interés público” e “interfiere de forma directa y flagrante en el diseño de la política pública del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de la Ciudad”.

Así lo comunicó la ex interventora de la AFI. La ex legisladora había responsabilizado a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, y Jorge Faurie.

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que en el organismo se encontraron fotos de Elisa Carrió, cuando se encontraba de viaje por Paraguay.

De está manera, la denuncia realizada por la líder de la Coalición Cívica (CC), tomó sentido con las denuncuas realizadas, este fin de semana, por la exdiputada nacional, quien aseguró haber sido espiada por integrantes de su propio espacio político durante la gestión de Mauricio Macri.

“Creo que seguramente la deben haber seguido. De hecho nosotros encontramos algo en algún momento, unas fotos de un viaje que hizo a Paraguay. Eso estaba en la agencia”, contó Caamaño este martes en declaraciones radiales.

La exinterventora añadió además que no se encontraron registros o informes sobre el hijo de Carrió pero sí sobre este viaje al país vecino.

“Me hicieron un año terrible a mí y a mi familia. Fue algo irreparable”, señaló Carrió, quien culpó por esas actividades de espionaje a los entonces directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y al excanciller Jorge Faurie, a quien sindicó como responsable de haber ordenado un seguimiento sobre el hijo de la fundadora de la Coalición Cívica.

“Todo lo que encontramos en la AFI lo pusimos a disposición de la justicia. Se hicieron las denuncias pertinentes. La mayoría de las presentaciones que referían al espionaje ilegal. Lamentablemente, todas cayeron en (los tribunales federales) de Comodoro Py. Y ahí están durmiendo”, se lamentó Caamañao.

En ese sentido, remarcó: “El macrismo se dedicó al espionaje ilegal a través de la AFI y fue prácticamente lo único que hicieron en este organismo”.

La exinterventora también contó, a modo personal, la situación que vivió cuando inició su gestión al frente de la AFI, cuando en los primeros días había personal del organismo se acercaban a contar lo que hacían y traían “datos”.

“Ahí les explicaba que a nosotros esa información no nos servía porque habíamos venido a hacer algo distinto. Y entonces renunciaban”, subrayó.