La interna en el PRO, de cara a las elecciones presidenciales del 2023, comienza a mostrar sus primeras grietas.

En el marco de la interna por la candidatura presidencial del PRO en 2023, la titular de esa fuerza política, Patricia Bullrich, reconoció el distanciamiento con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“La relación ha dejado de fluir, fluye menos. Tampoco me quiero detener mucho en pensar qué le pasó a Horacio y por qué tiene una relación más cortada conmigo”, señaló.

Bullrich puso como ejemplo que antes tenían “una reunión semanal o quincenal” y ahora el vínculo se reduce a las reuniones de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. No obstante, le bajó el tono a la discusión al sostener que es necesario “hacer fluir la relación” nuevamente “en este momento tan difícil para el país y la gente”.

En este sentido, opinó que la relación con Rodríguez Larreta “se puede arreglar en la medida que uno tenga voluntad, tampoco es que no se pueda arreglar”.

La ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri explicó las definiciones sobre las candidaturas en Juntos por el Cambio y dijo que todavía se encuentran en un “momento de espera y de construcción” porque resta un largo trecho para las primarias del año que viene, aunque admitió una potencial candidatura presidencial.

“Yo sinceramente no soy de la Provincia. No me siento de la Provincia, no me gustan esos cambios. Si algo haría es trabajar por el país, y no por la Provincia ni por la Ciudad“, subrayó.

Sobre las diferencias que mantiene con el jefe de Gobierno porteño sobre la forma de concebir la política, Bullrich manifestó que “Larreta tiene una idea más de negociar que de enfrentar“.

El Gobierno bonaerense oficializó la creación de este plan maternal y puso en marcha una unidad para aplicar diferentes líneas de la ley de los mil días.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes mediante el decreto en el Boletín Oficial la creación del Plan Qunita, que establece la entrega de un kit con una cuna y otros elementos de cuidado, y la puesta en marcha de una unidad provincial para la implementación la Ley nacional N° 27.611, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, conocida como ley de los mil días.

El Plan Qunita bonaerense“como una estrategia integral de cuidados, en la que se articulan políticas de acceso a una salud sexual integral, políticas de acompañamiento y atención respetuosa del embarazo, parto y puerperio, acciones de acompañamiento del nacimiento, lactancia y crianza de niños y niñas durante los primeros años”.

Además, el decreto establece que la implementación del plan Quinita bonaerense será un trabajo interministerial coordinado entre las carteras de Salud, Justicia y Derechos Humanos, y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, quienes tendrán diferentes tareas para asegurar la correcta aplicación del programa.

Como modo de financiamiento, la normativa faculta “al Ministerio de Hacienda y Finanzas a asignar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los fondos necesarios para la ejecución del presente, con destino al plan Qunita bonaerense”.

“El programa dará cobertura a mujeres embarazadas y personas gestantes con otras identidades de género, con cobertura pública exclusiva, y que perciban la asignación por embarazo (o potencialmente beneficiaria) y sus familias, residentes de la provincia de Buenos Aires”, especifica el decreto que crea el plan Qunita bonaerense.

En esa dirección, la normativa aclara que el plan Qunita bonaerense “incluye el acceso a elementos necesarios para garantizar un nacimiento con equidad, a través de la entrega de elementos que promueven prácticas de cuidado recomendadas, como la promoción del sueño seguro, la lactancia materna y el desarrollo infantil”.

Además, se creó la unidad provincial para implementar diferentes acciones de la ley de los mil días, integrada por las carteras de Salud, Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, Desarrollo a la Comunidad, Dirección de Cultura y Educación, Justicia y Derechos Humanos, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ministerio de Gobierno y Jefatura de Gabinete de Ministros.

La normativa establece que la unidad provincial “tendrá la función de coordinar la implementación de todas las políticas que contribuyan a la atención de la salud integral de las personas gestantes y recién nacidas, como así también en los primeros tres años de vida”, derechos enunciados en la ley de los mil días.

El Gobierno comunicó que el haber mínimo llegará de manera escalonada hasta los 47.850 pesos en diciembre. Así lo había acordado, la semana pasada, el Consejo del Salario.

El Gobierno oficializó la suba del salario mínimo, que llegará a poco más de $47.000 a fin de año, y de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 4/2022 del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial. El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió el 16 de este mes y ahí acordó una mejora escalonada de ese haber y de la prestación de desempleo.

Ahora, el Poder Ejecutivo fijó oficialmente para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y los organismos del Estado Nacional en que actúe como empleador, un Salario Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares.

A partir del 1° de junio de 2022, en $42.240 para todos los trabajadores mensualizados y de $211,20 por hora para los jornalizados y $45.540 para los mensualizados y de $227,70 por hora para los jornalizados.

En la Resolución, el Gobierno destacó que el el consenso obtenido en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil “contribuye al fortalecimiento del diálogo social y de la cultura democrática en el campo de las relaciones del trabajo”.

De acuerdo con lo dispuesto, se establecieron las siguientes sumas:
A partir del 1° de abril de 2022, Además, se incrementaron los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, de la siguiente manera:

$10.817 y $18.028, respectivamente, a partir del 1° de abril de 2022.
$11.733. y $19.556, respectivamente, a partir del 1° de junio de 2022.
$12.650 y $21.083 respectivamente, a partir del 1° de agosto de 2022.
$13.292 y $22.153 respectivamente, a partir del 1° de diciembre de 2022.

Los reclusos pedían ser trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Bloquearon la entrada y tenían facas para exigir que se cumpla su pedido.

Un grupo de detenidos ubicados en el anexo de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad provocó serios incidentes en un calabozo de dicha dependencia policial. Allí generaron destrozos en mobiliario y baños, en reclamo de traslados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Ante esta situación, personal de esa seccional, ubicada en la calle Lavalle al 1900, en el barrio de Balvanera, convocó al SAME que arribó en forma preventiva minutos después.

“No hubo fuga ni intento de ella. Ni tampoco tomaron la comisaría. Ellos mismo obturaron la entrada a la alcaldía para reclamar y que no entren el grupo de contención“, revelaron autoridades policiales.

Las autoridades dieron a los 22 internos involucrados en los reclamos el lapso de una hora para deponer la actitud. Asimismo, se informó que los internos, todos ilesos y sin necesidad de ser atendidos por SAME, serán distribuidos en distintas alcaidías de la ciudad.

Los internos fueron trasladados por parte de las Unidades de Traslado de Internos, tras lo cual se realizó una requisa e inspección de los calabozos, estableciendo los daños, que implican la imposibilidad de alojar detenidos por el momento. En el sector de patio y baños se hallaron 10 facas de metal y madera.

Interviene en el hecho el Juzgado número 39, a cargo de Fernando Mario Caunedo, Secretaría 135 de Marcelo Alberto Muffatti. El reclamo de los presos justamente es un pedido que las autoridades de seguridad de la Ciudad reclaman desde hace tiempo, por lo que quieren que se habilite el traslado de presos con condena al sistema federal en este caso.

Así figura en el escrito presentado por el prófugo ante la Comisión de Refugiados de Uruguay. En su declaración hizo mención a los agentes de la AFI y a dos jueces de la Corte.

El exoperador judicial de Mauricio Macri y hoy prófugo de la Justicia argentina –con pedido de captura de Interpol- Fabián “Pepín” Rodríguez Simón terminó por confesar, por escrito, cuál fue su verdadero rol durante la administración de Cambiemos.

Comodoro Py es como se denomina “un grupo de juzgados y fiscalías penales federales que, desde la última dictadura militar y también durante los gobiernos democráticos, fueron colonizados por agentes o colaboradores de los servicios de inteligencia locales, constituyendo una poderosa corporación extorsiva y al margen del derecho”.

Al no hacer distinción, el imputado incluye a la administración que integró, cuya cúpula de la AFI está bajo investigación en múltiples causas de espionaje ilegal, según reveló ambito.com

“Pepín” contó que se unió a Macri en 2007. Describió cargos y roles –incluido su rol en el Ministerio de Ambiente, donde llegó a ser procesado por la UCEP (esto no lo menciona)- y se autodefinió como “interlocutor y enlace político del PRO con la Coalición Cívica, a nivel local (CABA), nacional y regional”.

También se autodefinió como “interlocutor político del PRO con movimientos sociales de izquierda”, señalando a la CTEP de Juan Grabois, un nexo siempre sospechado, pero ahora confirmado.

“Soy abogado de confianza de Macri y de Rodríguez Larreta”, enunció a continuación, además de “consultor de cuestiones técnicas de derecho internacional”. “Soy íntimo amigo personal de José María Torello desde hace más de cuarenta años”, indicó. Torello es otro de los imputados por la mesa judicial y por su interacción en la presión de jueces.

“Soy amigo personal desde hace más de cuarenta años de Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte desde 2016 y presidente desde 2018”, puntualizó.

Como asesor “diseñé y coordiné la implementación de la estrategia político jurídica de transferencia de la actividad de juego en territorio porteño”. Justamente en ese punto, el entonces funcionario macrista incluyó que, durante su paso por la función, protagonizó “varios episodios de importancia política simbólica que contribuyeron a levantar exageradamente mi perfil y exponerme a rencores personales y políticos”.

Respecto a la designación de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti, por decreto simple, dijo: “Los candidatos habían sido sugeridos por mí a requerimiento de Macri cuando era candidato y la modalidad de designación provisoria había sido también sugerencia mía como una alternativa válida jurídicamente”.

El año pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó la captura nacional e internacional de Rodríguez Simón. En esa causa está imputado por extorsión y amenazas a los dueños del Grupo Indalo: Cristóbal López y Fabián de Souza, quienes fueron encarcelados -durante el gobierno de Macri- sin pruebas.

La oferta paritaria contempla aumentos en marzo, julio y septiembre.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptaron la propuesta de mejora salarial que formuló el gobierno provincial la semana pasada y de este modo la mesa de diálogo salarial se cerró con una suba del 40% para el sector.

La oferta contempla un aumento del 16% en marzo, del 10% en julio y un tercer incremento del 14% en septiembre; así como también una cláusula de seguimiento y otra de reapertura luego de la última suba, a fin de lograr y mantener una recomposición real de los salarios por medio del monitoreo de la evolución de los indicadores económicos, para retomar el diálogo, de ser necesario, antes de reabrir la negociación.

Cabe recordar que el ofrecimiento, presentado el jueves pasado, había tenido buena recepción por parte de la dirigencia de la AJB, que había señalado que lo llevarían para ponerlo a consideración de las bases, y finalmente llegó la respuesta afirmativa a la oferta.

Asimismo, la bonificación ­especial y la compensación funcional se incrementan en dos puntos porcentuales desde el 1° de marzo de 2022 y en 2,7 puntos porcentuales acumulados a partir del 1° de septiembre.

Por el lado de la Provincia, del encuentro de la semana pasada donde fue presentada la propuesta salarial participó Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo bonaerense, y los subsecretarios de Coordinación Económica y Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Nicolás Todesca, y de Empleo Público y Gestión de Bienes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Daniel Lorea, entre otros funcionarios.

Fue en una reunión conjunta de comisiones a la que asistió el ministro de Justicia, quien expuso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre.

La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura fuedebatida en el Senado, durante una reunión conjunta de comisiones a la que asistirá el ministro de Justicia, Martín Soria.

El titular de la cartera de Justicia llegó al encuentro que se comenzó a partir desde las 16.00, donde expuso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre de 2021.

En dicha reunión, se encontraban presentes el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.

A la reunión también llegaron los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador neuquino Oscar Parrilli, ya que el tema también fue girado a esa comisión.

La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la actual normativa que en 2006 redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.

Así lo publicó el Poder Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, y los ministros de Salud y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, con lo que oficializó la puesta en marcha de esta norma que tiene como objetivo advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación fue aprobada mediante el decreto 151/2022 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca).

La ley 27.642, sancionada el 26 de octubre de 2021, tiene como meta que la población cuente con información sobre los productos que consume a través de un sistema de etiquetado que advierta cuando un producto tenga “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales”, y/o “exceso en calorías”, según valores propuestos por la OPS, y otro tipo de advertencias como la presencia de edulcorantes o cafeína.

También establece que este tipo de productos no pueden tener publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- ni ser vendidos en entornos escolares, entre otros puntos.

En los considerandos del decreto que aprueba la reglamentación se remarca que “la alimentación saludable es aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad, y de acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”.

También advierte que “la prevención de la malnutrición implica, entre otras medidas, la advertencia sobre los excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en alimentos envasados y bebidas analcohólicas, a partir de información clara, oportuna y veraz que resguarde los derechos de las consumidoras y los consumidores”.

Asimismo, en el decreto se argumenta que el uso del etiquetado frontal con sistema gráfico de advertencias octogonal negro en los productos envasados “resulta ser el más visible, comprensible, claro y eficaz para identificar nutrientes críticos en exceso, transmitir una mayor percepción de riesgo para la salud y un mejor desempeño para disminuir la intención, tanto de consumo como de compra en el territorio argentino”.

Así lo advirtió el Presidente en referencia a la alza de la suba de los alimentos. También se refirió al presente del oficilismo y convocó a la unidad.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró este martes que es “imperioso” ocuparse del aumento de precios de los alimentos y afirmó que “es una situación realmente compleja” y que “si el diálogo no funciona”, no le “va a temblar el pulso” para tomar medidas.

“Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas las causas, trabajando en toda la cadena de valor y formadores de precio tratando de buscar un punto de acuerdo”, sostuvo el mandatario en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que pidió que “cada uno asuma las responsabilidades que tiene”.

Fernández afirmó que “algunos especulan y suben los precios por las dudas“, y señaló que “tenemos que ir detrás de los especuladores”.

“Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer”, dijo el Presidente.

Fernández afirmó que el Gobierno “trabaja con los formadores de precios y estudia la cadena de valor” para contener la suba de los alimentos, y afirmó que el tema “debe asumirse con toda responsabilidad y firmeza”.

El Presidente dijo que va a poner todo su esfuerzo “para poner orden en los precios en la Argentina en un momento donde está todo desordenado” producto de la guerra en Ucrania, y advirtió que “si el diálogo no funciona”, no le “va a temblar el pulso” para tomar medidas.

“Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender el ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie”, señaló.

Además, consideró que “lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver al mismas recetas” que generaron las crisis, y afirmó que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo” alcanzado por el Gobierno porque afirman que “se le pide poco” al país.

Por otro lado, el presidente aseguró que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, pero remarcó que es él quien “toma las decisiones” de Gobierno porque “no existe una Presidencia colegiada”. Así, dijo que, de su parte, “solo van encontrar voluntad de seguir trabajando juntos” dentro del Frente de Todos y expresó que eso se va “a ir logrando poco a poco”.

Fernández resaltó que “la unidad es absolutamente necesaria” y llamó a los integrantes del oficialismo a “estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años”.

“No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad”, aseveró el mandatario, quien luego agregó: “El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo”¨.

“Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción”, dijo el Presidente, para luego afirmar que dentro de la coalición oficialista “no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más”.

Fernández dijo que “tenemos que aprender a convivir” con las diferencias dentro del Frente de Todos y aseveró: “No voy a hacer nada para que esto se rompa“.

Denuncian que el expediente por las torturas a la tropa propia en las islas lleva casi un año paralizado. Marchan a la sede de la CSJ.

A pocos días de cumplirse los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes se movilizarán hoy a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se pronuncie en la causa judicial donde se investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, y denuncian que ese expediente se encuentra paralizado hace once meses.

“Son 40 años de impunidad. Pedimos a la Corte el pronto despacho de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar”, señaló a Télam Ernesto Alonso, excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, organismo querellante desde el inicio de la causa en 2007.

La movilización comenzará a las 12 frente al máximo tribunal ubicado en Talcahuano 550, en el centro porteño, y será encabezada por el Cecim junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, confirmó a esta agencia Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la organización de veteranos de guerra.

Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y un centenar de militares denunciados, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si los hechos denunciados deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles.

“Lo que queremos es que se los caracterice como crímenes de lesa humanidad para que se pueda investigar y habilitar el juzgamiento a los artífices del horror en Malvinas. Parte de los militares denunciados han intentado que se declare la prescripción de la acción penal”, destacó el letrado.
Entre los presuntos ilícitos se encuentran la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad.

El principal medio de tortura denunciado que aparece en la mayor cantidad de casos, según el letrado, fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.

También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.

Dentro del grupo de personas que declararon se encuentran víctimas directas y otras que prestaron declaración como testigos y que son consideradas por la querella como víctimas indirectas de la tortura porque “bajo el fuego de una potencia enemiga les tocó ver cómo torturaban a otros compañeros de trinchera”, agregó Guerrero Iraola.

El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, y allí la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, y procesó en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados.

La Fiscalía, la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal introdujo que los supuestos ilícitos están prescriptos, y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.

El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial naval del Batallón de Infantería de Marina (BIM) 5, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa.

Este fallo revocatorio fue acorde con uno anterior en el mismo sentido firmado por otra sala de Casación que había favorecido a otro militar, Jorge Taranto, también acusado por esos hechos.

En ese contexto, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte Suprema, y la jueza fueguina decidió esperar el trámite que tendrán esas actuaciones.

“Estamos exigiendo que la Corte primero falle rápido, y segundo que falle de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia restaurativa y justicia transicional”, añadió el abogado del Cecim La Plata.