Fue en una reunión conjunta de comisiones a la que asistió el ministro de Justicia, quien expuso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre.

La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura fuedebatida en el Senado, durante una reunión conjunta de comisiones a la que asistirá el ministro de Justicia, Martín Soria.

El titular de la cartera de Justicia llegó al encuentro que se comenzó a partir desde las 16.00, donde expuso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre de 2021.

En dicha reunión, se encontraban presentes el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.

A la reunión también llegaron los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador neuquino Oscar Parrilli, ya que el tema también fue girado a esa comisión.

La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la actual normativa que en 2006 redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.

Así lo publicó el Poder Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, y los ministros de Salud y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, con lo que oficializó la puesta en marcha de esta norma que tiene como objetivo advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación fue aprobada mediante el decreto 151/2022 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca).

La ley 27.642, sancionada el 26 de octubre de 2021, tiene como meta que la población cuente con información sobre los productos que consume a través de un sistema de etiquetado que advierta cuando un producto tenga “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales”, y/o “exceso en calorías”, según valores propuestos por la OPS, y otro tipo de advertencias como la presencia de edulcorantes o cafeína.

También establece que este tipo de productos no pueden tener publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- ni ser vendidos en entornos escolares, entre otros puntos.

En los considerandos del decreto que aprueba la reglamentación se remarca que “la alimentación saludable es aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad, y de acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”.

También advierte que “la prevención de la malnutrición implica, entre otras medidas, la advertencia sobre los excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en alimentos envasados y bebidas analcohólicas, a partir de información clara, oportuna y veraz que resguarde los derechos de las consumidoras y los consumidores”.

Asimismo, en el decreto se argumenta que el uso del etiquetado frontal con sistema gráfico de advertencias octogonal negro en los productos envasados “resulta ser el más visible, comprensible, claro y eficaz para identificar nutrientes críticos en exceso, transmitir una mayor percepción de riesgo para la salud y un mejor desempeño para disminuir la intención, tanto de consumo como de compra en el territorio argentino”.

Así lo advirtió el Presidente en referencia a la alza de la suba de los alimentos. También se refirió al presente del oficilismo y convocó a la unidad.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró este martes que es “imperioso” ocuparse del aumento de precios de los alimentos y afirmó que “es una situación realmente compleja” y que “si el diálogo no funciona”, no le “va a temblar el pulso” para tomar medidas.

“Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas las causas, trabajando en toda la cadena de valor y formadores de precio tratando de buscar un punto de acuerdo”, sostuvo el mandatario en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que pidió que “cada uno asuma las responsabilidades que tiene”.

Fernández afirmó que “algunos especulan y suben los precios por las dudas“, y señaló que “tenemos que ir detrás de los especuladores”.

“Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer”, dijo el Presidente.

Fernández afirmó que el Gobierno “trabaja con los formadores de precios y estudia la cadena de valor” para contener la suba de los alimentos, y afirmó que el tema “debe asumirse con toda responsabilidad y firmeza”.

El Presidente dijo que va a poner todo su esfuerzo “para poner orden en los precios en la Argentina en un momento donde está todo desordenado” producto de la guerra en Ucrania, y advirtió que “si el diálogo no funciona”, no le “va a temblar el pulso” para tomar medidas.

“Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender el ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie”, señaló.

Además, consideró que “lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver al mismas recetas” que generaron las crisis, y afirmó que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo” alcanzado por el Gobierno porque afirman que “se le pide poco” al país.

Por otro lado, el presidente aseguró que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, pero remarcó que es él quien “toma las decisiones” de Gobierno porque “no existe una Presidencia colegiada”. Así, dijo que, de su parte, “solo van encontrar voluntad de seguir trabajando juntos” dentro del Frente de Todos y expresó que eso se va “a ir logrando poco a poco”.

Fernández resaltó que “la unidad es absolutamente necesaria” y llamó a los integrantes del oficialismo a “estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años”.

“No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad”, aseveró el mandatario, quien luego agregó: “El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo”¨.

“Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción”, dijo el Presidente, para luego afirmar que dentro de la coalición oficialista “no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más”.

Fernández dijo que “tenemos que aprender a convivir” con las diferencias dentro del Frente de Todos y aseveró: “No voy a hacer nada para que esto se rompa“.

Denuncian que el expediente por las torturas a la tropa propia en las islas lleva casi un año paralizado. Marchan a la sede de la CSJ.

A pocos días de cumplirse los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes se movilizarán hoy a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se pronuncie en la causa judicial donde se investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, y denuncian que ese expediente se encuentra paralizado hace once meses.

“Son 40 años de impunidad. Pedimos a la Corte el pronto despacho de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar”, señaló a Télam Ernesto Alonso, excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, organismo querellante desde el inicio de la causa en 2007.

La movilización comenzará a las 12 frente al máximo tribunal ubicado en Talcahuano 550, en el centro porteño, y será encabezada por el Cecim junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, confirmó a esta agencia Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la organización de veteranos de guerra.

Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y un centenar de militares denunciados, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si los hechos denunciados deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles.

“Lo que queremos es que se los caracterice como crímenes de lesa humanidad para que se pueda investigar y habilitar el juzgamiento a los artífices del horror en Malvinas. Parte de los militares denunciados han intentado que se declare la prescripción de la acción penal”, destacó el letrado.
Entre los presuntos ilícitos se encuentran la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad.

El principal medio de tortura denunciado que aparece en la mayor cantidad de casos, según el letrado, fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.

También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.

Dentro del grupo de personas que declararon se encuentran víctimas directas y otras que prestaron declaración como testigos y que son consideradas por la querella como víctimas indirectas de la tortura porque “bajo el fuego de una potencia enemiga les tocó ver cómo torturaban a otros compañeros de trinchera”, agregó Guerrero Iraola.

El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, y allí la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, y procesó en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados.

La Fiscalía, la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal introdujo que los supuestos ilícitos están prescriptos, y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.

El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial naval del Batallón de Infantería de Marina (BIM) 5, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa.

Este fallo revocatorio fue acorde con uno anterior en el mismo sentido firmado por otra sala de Casación que había favorecido a otro militar, Jorge Taranto, también acusado por esos hechos.

En ese contexto, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte Suprema, y la jueza fueguina decidió esperar el trámite que tendrán esas actuaciones.

“Estamos exigiendo que la Corte primero falle rápido, y segundo que falle de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia restaurativa y justicia transicional”, añadió el abogado del Cecim La Plata.

El sindicato La Fraternidad anuncio que el paro de trenes de 24 horas de la próxima semana afectará a los servicios de pasajeros y de cargas de todo el país.

El Secretariado Nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, llamó a un paro de 24 horas en todo el país para el 29 de marzo próximo, que afectará los servicios de pasajeros y de cargas, “en defensa de la industria ferroviaria y los puestos de trabajo“, informó el dirigente.

Maturano aseguró en un comunicado que el 29 de marzo próximo se paralizarán todos los trenes de pasajeros y cargas del país durante 24 horas “en defensa de la industria ferroviaria y el empleo, vulnerado por la decisión judicial de suspender los servicios entre Buenos Aires y Bahía Blanca”, enfatizó en el documento.

El gremio también decidió el estado de “alerta y movilización” ante “los permanentes ataques que sufren los servicios ferroviarios”, dijo el dirigente.

“La Fraternidad también irá a la huelga ese día en rechazo de las irregularidades producidas en la compra fantasma de pasajes en servicios ferroviarios, que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte”, afirmó Maturano.

El gremio informó que la huelga también se fundamenta “en los ataques al ferrocarril durante el asfaltado de vías y la negativa de algunos intendentes a que los servicios se detengan en sus localidades, como ocurre en Chascomús”.

“El malestar también se relaciona con las conductas de algunos gobiernos provinciales que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios propiedad de la Nación y utilizan terrenos para variados fines y no para construir viviendas para el personal, que no tiene casa propia en un 60%”, dijo Maturano.

“Algunas comunas de forma irregular asfaltaron vías en los pasos a nivel, lo que impide que los trenes paren en las estaciones de esas localidades. Existe una embestida contra la actividad. A ello se suma la compra fantasma de pasajes, lo que agota las comodidades para derivar pasajeros al autotransporte”, denunció.

Maturano embistió contra la decisión de algunos jueces, que prohibieron “la circulación ferroviaria entre Buenos Aires y Bahía Blanca, lo que beneficia a empresas automotoras que reaparecieron en el mercado a partir de medidas tendenciosas que golpean al tren, en un contexto nacional en el que fallecen más de 5 mil personas en accidentes de tránsito carretero”, enfatizó el sindicalista.

A los usuarios incorporados en la nueva resolución se les reconocerán hasta 36 garrafas subsidiadas por año en hogares de hasta cinco integrantes y 44 para los que cuenten con más miembros.

El gobierno de la Nación amplió los subsidios para la compra de garrafas establecido en el Plan Hogar a los usuarios de bajos recursos de localidades de once provincias, en el marco del Régimen de Zona Fría sancionado en junio de 2021.

La medida se formalizó mediante la resolución 150/2022 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva normativa alcanza a los beneficiarios de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se suman 94 partidos de Buenos Aires (distribuidos en dos zonas), 6 departamentos de Catamarca, 13 de Córdoba, 5 de Jujuy, 4 de La Rioja, 18 de Mendoza, 15 de Salta, 16 de San Juan, 8 de San Luis, 8 de Santa Fe y 1 de Tucumán.

A los usuarios del Régimen de Zona Fría incorporados en la resolución se les reconocerán hasta 36 garrafas subsidiadas por año en hogares de hasta cinco integrantes y 44 para los que cuenten con más miembros, en tanto para el resto se amplía la cantidad de unidades.

El programa Hogares con Garrafas (Hogar) subsidia o compensa de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el país que consuman Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado. Para percibir el subsidio, dichos usuarios deberán residir en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no estar conectados a la red de distribución de gas de su localidad.

Con la ampliación del Régimen de Zona Fría establecida en junio del año pasado a través de la ley 27.637, pasó a ser necesario “efectuar adecuaciones con el fin de facilitar el acceso a la compra de garrafas mediante un nuevo esquema de asignación para beneficiarios del Programa Hogar que asegure una mayor protección a los hogares de bajos recursos”, se indicó en los considerandos de la resolución.

Durante la jornada, el Gobernador anunció medidas para fortalecer al Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana la apertura de una ronda de negocios multisectorial en la que participaron representantes de 150 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), cooperativas y grandes firmas. Fue en el municipio de Pilar, junto al ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; y el intendente local, Federico Achával.

Estamos redoblando los esfuerzos para que los recursos y las políticas públicas lleguen a sus verdaderos destinatarios: buscamos generar trabajo y, para eso, necesitamos que las empresas argentinas tengan rentabilidad adecuada y capacidad de crecimiento”, resaltó Kicillof y agregó: “Después de años de tasas de interés inaccesibles y tarifas energéticas que crecían de forma desproporcionada, hoy nuevamente las pequeñas y medianas empresas cuentan con instrumentos destinados a fomentar, apalancar y acompañar el desarrollo productivo”.

Con esta primera ronda de negocios de 2022, se favorece el intercambio entre empresas de los rubros industriales, comerciales y de servicios. Este año se prevé la realización de estos encuentros en diferentes puntos de la provincia, en donde se hará hincapié en la promoción del diálogo y el intercambio tendiente a impulsar la competitividad y el consumo interno de las pequeñas y medianas empresas bonaerenses.

El Gobernador resaltó “el rol que ha recuperado la banca pública como principal herramienta para el crédito productivo en esta etapa de reactivación”. “Hemos cambiado completamente la orientación del Banco Provincia porque estamos convencidos de que el Estado debe buscar el desarrollo, la expansión y la inclusión laboral”, expresó y subrayó: “La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de nuestro país y necesita seguir generando las condiciones que les permitan a sus pequeñas y medianas empresas tomar decisiones de inversión para seguir creciendo”.

En ese sentido, anunció que, en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Fondos de Garantía Provinciales del Ministerio de Desarrollo Productivo, desde el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) se le otorgó al Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA) una ampliación de 700 millones de pesos adicionales, lo cual le permite tener un cupo de 900 millones para reafianzar avales otorgados a las MiPyMEs de la Provincia. Además, FOGABA cuenta con asistencia financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por 500 millones de pesos, los cuales fueron destinados a su Fondo de Riesgo para incrementar el monto de las operaciones garantizadas. De esta forma, el FOGABA va a poder asistir a las PyMEs con 4.800 millones de pesos.

“Trabajamos para ampliar el rol del FOGABA porque es una institución fundamental para garantizar la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas, brindándoles el financiamiento que necesitan para seguir creciendo con más trabajo e inversión”, explicó Costa y añadió: “A través del programa 6 por 6, estamos trabajando para revertir cuatro años de deterioro y dos de pandemia con un Estado presente, que acerca herramientas y apuesta por la producción y el trabajo”.

En tanto, Merediz señaló: “Las PyMEs tienen una tarea fundamental en esta etapa de recuperación y crecimiento de la economía argentina. Lo muestran cada día, mediante la innovación y el desarrollo de nuevos productos”. “Por eso venimos trabajando con la Provincia de Buenos Aires para que cuenten con los instrumentos de financiamiento necesarios para seguir creciendo y desplegando todas sus capacidades”, agregó.

Por su parte, Achával remarcó: “Nuestro municipio afronta un proceso de transformación vinculado al esfuerzo que hacen todos los días quienes están participando hoy en este encuentro”.

“Tenemos la voluntad y la decisión de mirar hacia adelante, articulando el sistema productivo de Pilar para mejorar la producción y fomentar el trabajo en beneficio de las industrias locales y de nuestros vecinos y vecinas”, dijo.

“Tenemos un perfil emprendedor basado en la producción, que requiere encontrar los instrumentos adecuados, ponerlos a disposición y mantener un diálogo abierto para mejorarlos y que sean útiles para el crecimiento de nuestro país”, sostuvo Kicillof y concluyó: “Tenemos una oportunidad muy grande producto de la recuperación genuina de la economía y, para aprovecharla, tenemos que seguir trabajando de forma articulada los tres niveles de Gobierno junto al sector privado”.

Estuvieron presentes el subsecretario bonaerense de Población, Territorio y Desarrollo Sustentable, Daniel Guastavino; la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg; y el director provincial de Desarrollo Territorial y PyME, Ariel Aguilar

Enfermeros y personal sanitario de CABA anunciaron un plan de lucha con paro total de actividades por 24 horas. Se movilizarán este martes hasta el Ejecutivo porteño.

El personal de salud de la ciudad de Buenos Aires agrupado en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) anunció un paro de 24 horas, junto a la Federación de Profesionales, para el próximo martes, cuando se manifestarán en contra de los “salarios de miseria”.

Además, los trabajadores del sector exigen que se reconozca a la enfermería como una actividad profesional.

Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE, dijo sobre el nuevo índice de inflación que se conoció la semana pasada que “la canasta de pobreza llega a los 84 mil pesos y la canasta familiar supera los 140 mil”.

“El equipo de salud en los hospitales de la ciudad más rica del país cobra salarios de miseria. Y en la enfermería en particular es aberrante la situación: 70 mil pesos de promedio, sumas en negro y aguinaldos de 20 mil, y encima discriminadas de la Carrera Profesional. Intolerable”, expresó.

Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria de Prensa de la Federación de Profesionales, detalló: “Desde ALE, como parte de la Federación de Profesionales, impulsamos un paro de 24 horas para el martes 22 con concentración y movilización, que vamos a estar definiendo en las próximas horas”.

Y aseguró que junto al equipo de salud, “la vamos a seguir hasta el final por todos nuestros reclamos”, entre los que se encuentran además del salario y el pase a planta, la Inclusión de Enfermería en la Ley 6.035 de Profesionales de la Salud.

Además, dijeron que desde ALE están cerca de completar el objetivo de 40 mil firmas en apoyo al proyecto de Iniciativa Popular, para que la Legislatura trate su Inclusión en la esa ley.

En una carta abierta reciente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitaron una audiencia urgente para lograr ese propósito

A partir de este lunes, no será obligatorio el uso de tapabocas en los establecimientos educativos dela Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, determinó que el uso del barbijo sea optativo en todos las escuelas de todos los niveles a partir de este lunes, de acuerdo a la baja de casos de coronavirus, y desde Nación dejaron esta medida en manos de cada jurisdicción.

Así, el barbijo deja de ser obligatorio con el objetivo de mejorar el “bienestar socioemocional” de los alumnos al recuperar las dinámicas en las aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros.
El ciclo lectivo 2022 comenzó el 21 de febrero en el marco de una situación epidemiológica que brindó la posibilidad de hacerlo con una flexibilización en los protocolos, indicó la Ciudad.

Ahora, a partir del contexto sanitario actual que refleja un descenso del 65% en los nuevos casos diarios respecto a ese momento, la idea de la Ciudad es dar un nuevo paso para que los chicos puedan asistir a clases con normalidad.

Desde el gobierno porteño indicaron que la decisión fue tomada por especialistas de los ministerios de Salud y Educación de la Ciudad en base a dos ejes centrales.

Las reuniones comenzarán este martes. La apuesta central del llamado se concentra en la necesidad de contener los aumentos de la canasta básica.

El Gobierno volvió a reactivar desde el martes una mesa de diálogo sectorial con la participación de representantes sindicales, empresarios y de la economía popular.

La iniciativa oficial, lanzada en el marco del paquete de anuncios del presidente Alberto Fernández en lo que él mismo denominó como la “guerra” contra la inflación, comenzó a activarse en parte en contactos informales durante el fin de semana y buscará tomar forma desde mañana con el llamado formal a la ronda de encuentros.

Sin anticipar los detalles de la estrategia, desde la Casa Rosada deslizaron que la apuesta central de la convocatoria se concentra en la necesidad de contener la aceleración de la inflación de las últimas semanas y garantizar para ello un compromiso más firme del sector empresario para no repetir la experiencia del año pasado con el fracasado acuerdo de precios y salarios.