Más cuestionamientos a la política económica impulsada por el Gobierno.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, cuestionó al Gobierno por la “apertura indiscriminada”, por entender que esa decisión es “injusta y desleal” y provocará el cierre de “miles” de pequeñas y medianas empresas.

“Las medidas que lleva adelante el Gobierno plantean una competencia desleal para las pymes, son muy injustas. Tenemos hoy algunas empresas que trabajan al 25% de su capacidad instalada, por eso entendemos que tiene que haber una alternativa para darle más igualdad a la competitividad”, sostuvo el empresario. Rosato se expresó así al presentar un informe sobre “Las pymes industriales en los primeros 100 días de Milei”, a través del cual trazó un panorama del sector. Según el dirigente: “Argentina tiene que salir adelante con la producción y no con el fomento a las importaciones, porque el esfuerzo que pide el Gobierno está recayendo sobre las pymes y sobre los trabajadores. Y eso es lo que pedimos que se modifique”.

A su criterio, los trabajadores “no tienen recomposición salarial, el mercado interno se achica y las pymes y la industria comienzan a bajar los precios porque cae la demanda. Eso implica que se produce menos. Así, las empresas empiezan a ajustar por todos lados y dejan de lado las inversiones”. Rosato reclamó tanto al presidente Javier Milei como al ministro de Economía, Luis Caputo, que reciban a las pymes “así como recibieron la semana pasada a las grandes empresas del Grupo de los Seis”.

Por su parte, el economista Martín Kalos también advirtió por las “reglas de juego desiguales” para las pymes industriales argentinas, al tener que para competir con productos importados.

“Abren las importaciones a los productos terminados y no las abren para que las empresas locales compren insumos. Es decir, no dejan que las pymes argentinas produzcan para competir en el mercado local. Es que el Gobierno cambia las reglas de juego sin previo aviso y termina perjudicando a la producción nacional”, enfatizó.

Kalos comentó que en 2023 “había récord en la cantidad de pymes en el país, con buenos indicadores. Pero eso es lo que ahora está comenzando a deteriorarse y ya se está viendo en las vacaciones adelantadas, en recorte de horas extras, en suspensiones, entre otras decisiones empresarias”.

Lo anunció el vocero presidencial,quien no precisó cuál será nueva denominación. La directora de ese centro cultural se opone al cambio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), que funciona en el ex-Palacio del Correo y Telecomunicaciones ubicado en el cruce de las avenidas Paseo Colón y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires.

“Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”, señaló el portavoz.

La nueva denominación del espacio cultural aún no fue definida, aclararon fuentes de gobierno, y argumentaron que la decisión responde a que el nombre Néstor Kirchner está vinculado a la “corrupción”.

Al respecto, Adorni planteó que la nueva denominación no está definida, aunque aclaró que “ya hoy (es) exCCK”, y que “cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”. Entre las posibilidades se bajaran personalidades “de la cultura”, e incluso resonó la posibilidad de nombrarlo Jorge Luis Borges.

Por la mañana, Valeria Ambrosio, la nueva directora del hasta hoy CCK, designada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, planteó que “cambiarle el nombre es ridículo” y aseguró que no había modificaciones.

“No es algo inteligente, no me parece que sea algo interesante ni inteligente. Un lugar que nación de una manera, tiene un hombre y una identidad que conservar”, afirmó Ambrosio.

Luego de que 2002 dejara de utilizarse como sede del Correo Central, el predio ex Palacio de Correos se convirtió -post convocatoria a la licitación- en un centro cultural que, en 2010, se denominó Centro Cultural del Bicentenario en , y para 2012 adoptó el nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner.

Consecuencias del desfinanciamiento a la salud. Desde diciembre no se envían materiales necesarios.

Distintas provincias en todo el país denuncian que, desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el Estado Nacional no envió insumos para realizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo y casi no tienen stock para garantizarla. En algunas, los gobiernos provinciales compran los elementos para suplantar las faltas, pero en otras no, por lo que estiman que solo podrán llevarla a cabo durante algunos meses más. En reiteradas oportunidades el presidente Javier Milei explicitó su repudio a la ley sancionada en 2020, que atribuyó a la “agenda sangrienta” del feminismo.

Tampoco se mantiene la distribución bimestral de los kits con métodos anticonceptivos y el Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, está en riesgo porque a fin de mes se vencen los contratos de más de 700 trabajadores y trabajadoras que lo llevan adelante.

“Córdoba se quedó sin insumos de Nación y no hay circuito de compra efectivo, por lo que ya no estamos quedando sin insumos. La provincia compró, pero ¿hasta cuándo lo va a poder comprar? Hay un riesgo inminente. Tenemos la exigencia de que se reactiven las compras de Nación, necesitamos que se provea ya de insumo, no esperar a que falte”, afirmó Ana Morillo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien los equipos de salud siguen trabajando y las redes de profesionales para garantizar la IVE están activas, la falta de insumos la pone en riesgo en todo el país.

En las provincias denuncian que el circuito funcionaba correctamente hasta el año pasado, pero que ahora no hay una persona que dé la orden de distribuir los insumos. En el organigrama del Ministerio de Salud de la Nación no hay ninguna mención a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) que es el sector encargado de la distribución.

La cartera dirigida por Mario Russo es un lugar clave porque desde ahí se gestiona la compra de métodos anticonceptivos e insumos para garantizar IVE/ILE y se distribuyen en las 24 jurisdicciones de todo el país a través del Programa Remediar para el uso gratuito en el sistema de salud público. Se trata de misoprostol, mifepristona, combipack (mifepristona + misoprostol) y equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU). Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2023, la DNSSR distribuyó 70.428 tratamientos de misoprostol, 46.972 tratamientos de combipack y 8.010 tratamientos combinados (que constan de las mismas drogas que el combipack, pero con distinta presentación).

En Catamarca, por ejemplo, la situación es más compleja porque los insumos para los abortos legales provienen exclusivamente de Nación, por lo que estiman solo tienen para dos o tres más. Así lo confirmó a este diario Carola Ferreyra, trabajadora del sistema de Salud y referente del Plan ENIA en la provincia. “Lo poco que quedaba se ha distribuido entre los efectores que garantizamos el servicio, pero es lo que hay, no tenemos en el área central. En diciembre fue la última partida, que era poco y se distribuyó. Si no llega una partida nueva, podemos estirar dos o tres meses. No más que eso”, explicó Ferreira.

En Entre Ríos el lunes pasado recibieron anticonceptivos, pero nada de misoprostol de parte de la Nación. Hay lugares donde las compras las hacen los mismos centros de salud, pero la cantidad es acotada. “El panorama es incierto y sombrío porque no hay una decisión política del Ejecutivo de enviar los materiales. No hay firma para que nos envíen las cajas con medicamentos”, le dijo una trabajadora de salud entrerriana a elDiarioAR. La preocupación también reside en hasta qué punto las provincias podrán afrontar los gastos de la IVE con los recortes presupuestarios que tienen y con el aumento de los costos.

La falta de métodos anticonceptivos también es una preocupación muy grande en las provincias, a donde las últimas partidas que llegaron fueron en diciembre a través del programa Remediar. “Esto va a derivar en un problema tremendo, es un insumo caro. Nuestras usuarias pasan dificultades económicas y por ahí se priorizan otras cosas y no los métodos. Podemos dar información, pero no tenemos insumos para prevenir los embarazos y después si hay embarazos no deseados, no tenemos insumos para afrontarlo”, explicó Carola Ferreira.

Un dato basta para confirmar la importancia de la anticoncepción: entre 2010 y 2022, los embarazos adolescentes bajaron casi un 50%. Según los datos del Censo 2022, se bajó de un total de 13,1% de embarazos en mujeres de entre 15 y 19 años a 6,4% en el 2022. “Tenemos el stock que nos envío Nación anticipado, el 2021/2022 que tenía que llegar después, pero lo anticiparon porque sino iba a quedar haciendo cortocircuito con el gobierno actual, lo anticiparon para asegurar que lleguen”, explicó Morillo.

Otro de los riesgos inminentes es el desmantelamiento del Plan ENIA para prevenir los embarazos adolescentes que comenzó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó con el de Fernández. El 31 de marzo se vence el contrato de las 700 personas que trabajan en todo el país realizando Educación Sexual Integral en escuelas y centros de salud. Al inicio de la gestión de Javier Milei les renovaron el contrato por dos meses, hasta el 31 de marzo, pero hasta el momento nadie informó cómo continuarán.

Si bien el presidente Milei aún no cumplió con su promesa de derogar el aborto, la falta de presupuesto hace que en los hechos sus deseos pueden concretarse.

La vicepresidenta habló del vínculo que mantiene con el Presidente y su hermana, Karina Milei.

Tras una semana de máxima tensión y reconciliaciones en la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel brindó una extensa entrevista a Jonatan Viale para describir cómo estaba su relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria de Estado Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener “fuerte carácter”, “al igual que ella”. Y entre risas, la titular del Senado comentó: “Las dos queremos a Javier y las dos somos brava, pobre ‘Jamoncito’”, lanzó en referencia al jefe de Estado.

La decisión del Gobierno representará una pérdida para los haberes jubilatorios.

El gobierno de Javier Milei determinará por decreto la actualización de las jubilaciones en abril, que se dispondrá en base el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación que estaría solo entre el 12% y el 14% por la inflación de enero, que fue de 20,6%.

Contra lo que había afirmado y en medio de una fuerte presión política de la oposición, el gobierno decidió actualizar la fórmula por la que se establece el aumento de las jubilaciones a través de un decreto.

Hecho ese empalme, a partir de mayo, el Gobierno pretende que las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual y no por una combinación del promedio de aumentos salariales con la recaudación de la ANSES, como es ahora

De esta manera, la Casa Rosada busca adelantarse a la discusión que pretende dar la oposición en el Congreso, luego de no haber logrado un consenso con los sectores dialoguistas en el recinto.

El plan original del Presidente era eliminar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES pero esta propuesta fue desechada ante las sugerencias de la UCR. La nueva fórmula jubilatoria que proponía el Gobierno no convencía a nadie, ni siquiera a sus socios del PRO, pero requería de una mayoría legislativa que finalmente no llegó a consolidarse. La versión reducida de la ley ómnibus que el Gobierno envió a los gobernadores incluía un aumento del 10% para las jubilaciones y su indexación a la inflación a partir de abril.

Desde ATE Pensiones denuncian políticas de vaciamiento y prometen que defenderán sus derechos, las fuentes laborales y que resistirán las embestidas del Gobierno.

A través de un comunicado emitido este jueves por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pensiones, se denunció y comunicó que el personal de esa entidad estatal se encuentra en un plan de lucha en repudio de los 160 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Las y los trabajadores nucleados en ATE Pensiones continuamos en Estado de Alerta y Movilización permanente por el despido, arbitrario e injustificado, de más de 160 trabajadores de diferentes oficinas del país”, informó el primer párrafo del comunicado firmado por el Secretario General de ATE Pensiones, Walter Pignataro.

La misiva de ATE Pensiones se origina en un contexto marcado por miles de cesantías en diferentes áreas del Estado, mientras que desde la propia organización sindical esperan, para fin de mes, alrededor de 70 mil despidos por parte del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el comunicado titulado “Ajuste en Discapacidad”, recuerda a la sociedad que el Director Ejecutivo de la ANDIS a semanas de haber asumido su cargo “dejó cesantes a 16 trabajadores con Certificado Único de Discapacidad (CUD), algunos con más de 20 años de antigüedad en el organismo y patologías severas, mujeres embarazadas y delegados sindicales, sin ningún tipo de explicación ni previo aviso”.

Para los trabajadores estatales, “las áreas del organismo que conforman la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas presentan un panorama alarmante y desalentador, ya que “Se dan de alta por sistema solo 200 Pensiones no Contributivas por mes (10 por día), mientras que entre 2011 y 2015 se cargaban por sistema entre 10 y 12 mil beneficios”.

Al cierre del comunicado, los trabajadores aseguraron que seguirán defendiendo sus derechos, como sus fuentes de trabajo y que resistiran las embestidas del Gobierno con dignidad y coraje.

Comunicado completo.

Ajuste en Discapacidad

Seguimos en ESTADO de ALERTA y MOVILIZACIÓN por el despido de más de 160 trabajadores de la ANDIS

Las y los trabajadores nucleados en ATE Pensiones continuamos en Estado de Alerta y Movilización permanente por el despido, arbitrario e injustificado, de más de 160 trabajadores de diferentes oficinas del país.

El pasado miércoles 28 de febrero, el Director Ejecutivo de la ANDIS dejó cesantes a 16 trabajadores con Certificado Único de Discapacidad (CUD), algunos con más de 20 años de antigüedad en el organismo y patologías severas, mujeres embarazadas y delegados sindicales, sin ningún tipo de explicación ni previo aviso.

Este accionar se enmarca en un brutal plan de ajuste que lleva adelante el gobierno en todas las áreas sensibles del Estado, en este caso despidiendo a quienes se encargan del asesoramiento, la atención y el inicio de los diferentes trámites y servicios que brinda el organismo: Pensiones No contributivas por Invalidez, Asignación por Trasplante, Certificado Único de Discapacidad, Programa Incluir Salud, Símbolo Internacional de Acceso, Registro de Prestadores, Subsidio por Sepelio y otros servicios para las personas con Discapacidad y sus familias.

La ANDIS, el órgano matriz en materia de Discapacidad en Argentina, mantiene paralizadas las políticas públicas que benefician al 15 por ciento de la población más vulnerable de nuestro país, un cuadro de situación crítico que se profundiza aún más por el cierre de delegaciones provinciales y el despido de los trabajadores que motorizan servicios y prestaciones.

Las Personas con Discapacidad y sus familias se encuentran frente a una situación de total desamparo por el cierre de centros de atención provinciales y el despido de trabajadores, de todo el país, que atienden sus demandas y resuelven sus problemáticas garantizando derechos.

Asimismo, las áreas del organismo que conforman la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas presentan un panorama alarmante y desalentador: Se dan de alta por sistema solo 200 Pensiones no Contributivas por mes (10 por día), mientras que entre 2011 y 2015 se cargaban por sistema entre 10 y 12 mil beneficios; los casos urgentes se encuentran completamente paralizados, excepto algunas pocas patologías; las dificultades y demoras son planificadas y ejecutadas por la gestión de turno a partir del desfinanciamiento en el sector, lo que constituye una condena a muerte para miles de personas que padecen el faltante de medicamentos, no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida ni cobran la pensión que les corresponde como derecho.

Seguimos defendiendo derechos y fuentes de trabajo, resistiendo con dignidad y coraje.
¡No vamos a ser cómplices del vaciamiento del Estado!
¡Por la reincorporación de todas y todos los despedidos!

Los trabajadores estatales se reúnen hoy para definir un paro general ante la nueva ola de despidos anunciada por el Gobierno.

Los trabajadores estatales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reúne este jueves al Consejo Directivo Nacional para definir nuevas medidas de fuerza ante los rumores de una nueva ola de despidos masivos por parte del Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei.

Es que, el Gobierno nacional define por estas horas el futuro de los miles de contratos de trabajadores del Estado que fueron renovados por 3 meses en diciembre pasado, y que vencen a fines de marzo.

Tal es así que, en su habitual conferencia matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que “efectivamente va a haber bajas“, aunque no pudo precisar cuántas.”A nadie que esté trabajando y que le sea útil a la gente se le va a dar de baja el contrato, no veo por qué deba haber preocupación”, añadió el funcionario.

Sin embargo, desde ATE adelantaron que esperan alrededor de 70 mil despidos por parte del Ejecutivo nacional. Incluso, en las últimas horas, circuló un “manual de despidos” en el cual se detalla cómo comunicar e instrumentar las desvinculaciones de empleadas y empleados de todos los organismos y dependencias estatales. Allí, se indica que las primeras comunicaciones serían verbales y se iniciarían el 26 de marzo.

Frente a este panorama, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que “los despidos son inminente” por lo que hay que “anticipar la huelga”. “Frente al manual de despidos del Gobierno, los estatales tenemos que profundizar nuestro plan de lucha.

Hemos decidido convocar a una nueva reunión de nuestro Consejo Nacional con la presencia de CABA y las 23 provincias”, adelantó a través de sus redes sociales.

En esa línea, el secretario de ATE explicó que “son más de 70.000 los contratos que vencen el 31 de marzo”, por lo que en la reunión de este jueves el sindicato que nuclea a los trabajadores estatales van a definir nuevas medidas de fuerza que les permita “evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes”.

“Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general, se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”, señaló Aguiar y remarcó: “Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional”.

De efectivizarse los 70 mil despidos a los trabajadores estatales, el Ejecutivo continuaría en su plan motosierra, que podará, según las intenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, la agencia de noticias Telenoticias Americana (Télam), el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Cinear y Cine Play.

Además, el titular de la cartera de Economía realizaría recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Vale recordar que, Adorni, anticipó este martes que el Gobierno avanzará también con el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que dejará un saldo de 900 despidos.

“El 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político. Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, justificó el funcionario libertario.

A días de conmemorarse un nuevo aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, el organismo de derechos humanos comunicó que una integrante de esa agrupación fue violentada en su casa. Los agresores pintaron en las paredes “VLLC”.

Comunicado de la Red Nacional de H.I.J.O.S.👇 pic.twitter.com/Xq1RQXkSM0

— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) March 21, 2024

Hijos denunció que una militante fue atacada y agredida sexualmente en su casa por dos personas que pintaron en la pared la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo). Consideraron que se trata de un “ataque político”. Se radicó la denuncia correspondiente en el ámbito judicial.

A través de un comunicado que difundieron en redes sociales, la Red Nacional de Hijos hizo público un hecho de violencia contra una militante de la organización de derechos humanos. “Dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente”, señalaron.

Relataron que “ella fue atacada, golpeada, abusada sexualmente y recibió amenazas de muerte por parte de sus captores”. Además, detallaron que los autores del hecho pintaron la pared con la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo).

“Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio de las máximas autoridades del país. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del poder judicial y hacemos responsable al gobierno Nacional”, apuntaron.

Se espera que las precipitaciones y fuertes vientos sigan durante tod el día.

Casi 100 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están sin luz producto de la tormenta que azota a la región desde la noche del martes con fuertes vientos, intensas lluvias y actividad eléctrica.

En Edenor son 23.384 los afectados, mientras que en Edesur 70.383. Se prevé que el mal clima continúe durante toda la jornada del miércoles. La cantidad de usuarios que están sin energía eléctrica se encuentran publicados en la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Hasta el momento ninguna de las empresas concesionarias dio información sobre cuando volvería la luz.

En Edenor los más afectados con el corte son Caseros, Ituzaingó, González Catán, Laferrere, Isidro Casanova, Villa Madero, Moreno, Del Viso, La Lonja, San Miguel y Delta.

Con respecto a Edesur, son: Carlos Spegazzinni, Temperley, Claypole, 9 de abril, El Jaguel, Tristán Suárez, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Guernica, Alejandro Korn, Boedo, Flores, Parque Patricios, San Cristobal y Villa Crespo.

La medida amparó a un afiliado de Swiss Medical y regirá provisoriamente por seis meses.

Una nueva medida cautelar ordenó retrotraer las facturas de una empresa de medicina prepaga a los valores de 2023 ajustados por el índice de aumentos de salarios por el término de seis meses.

La medida fue dispuesta por el juez federal de San Martín Oscar Papayero, quien le ordenó a Swiss Medical que “proceda a la facturación de las cuotas al valor de la cuota de diciembre de 2023, efectuando los ajustes mensuales que resulten de aplicarle el Índice Salarial que publica el INDEC”.

El documento dispuso también “suspender los plazos procesales por el plazo de 20 días para el tratamiento de la cuestión de competencia y eventual acumulación a las demandas colectivas o hasta tanto resuelva el Superior que le corresponda intervenir”.

Eso significa que este caso, que es individual, podría acumularse a los procesos colectivos, que apuntan al dictado de una medida que abarque a todos los usuarios de una misma “clase” de empresas de medicina prepaga.

“La presente medida –añade el fallo- tendrá vigencia por un plazo que -prudencialmente- se fija en seis meses, o hasta tanto –de así considerarlo- sea modificada por el magistrado que habrá de entender o bien dicte sentencia definitiva”.

El afiliado beneficiario del fallo deberá prestar “caución juratoria” para el cumplimiento de la cautelar, “que se considera prestada con la solicitud de la medida cautelar habida cuenta las especiales circunstancias del caso”, subrayó el juez.

El afiliado fue patrocinado por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, que mediante un comunicado anunció: “Estamos recibiendo casos para presentar amparos de afiliados de Swiss Medical de San Martín, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Morón, La Matanza, Merlo, Moreno, Marcos Paz, Ituzaingó e Hurlingham”.