La suba de tarifas y de precios que se mantenían regulados son los principales vectores que afectarán los ingresos de los trabajadores.

La caída del Producto Bruto Interno rondará este año de entre el 3 y 4%, pero la del consumo será aun mayor, entre el 6 y 8%, según estimaciones de consultoras privadas.

Desde Abeceb, apuntaron a que el salario real en el sector privado formal “podría caer en promedio 6,1% en 2024 pero el ingreso disponible podría reducirse más del doble producto del fuerte reacomodamiento de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público, combustibles, etc, cuyos precios se vienen ajustando muy por encima de la inflación”.

“Esa pérdida de poder adquisitivo se verá reflejada en una caída del consumo privado que podría rondar el 8% durante este año”, destacó la consultora que dirige el ex ministro Dante Sica.

“La retracción del poder de compra se da en el marco de un proceso muy fuerte de corrección de precios relativos que venían muy atrasados y que provoca que la gente deba gastar mucho más de lo que lo hacía anteriormente para afrontar esas facturas, recortando la plata disponible para comprar otros bienes o servicios”, adelantó.

Abeceb puso como ejemplo que la inflación interanual en marzo (2024-2023) fue del 290% “pero los precios de muchos bienes o servicios claves para la vida cotidiana superaron con creces esta magnitud: electricidad y gas, aumentaron el 300%, bebidas alcohólicas, 302%; alimentos, 306%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; aguas minerales, gaseosas y jugos, 386%.”

En definitiva, “la caída del salario real del 6,1% mencionada en realidad disfraza una retracción aún mayor de la capacidad de compra porque a esa pérdida hay que sumarle el fuerte impacto de todas las subas mencionadas y que hace que recortemos los gastos”, agregó.

En tanto, desde el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) advirtieron que la aprobación del proyecto de “Ley de Bases” y la reforma tributaria, “no evitará un mayor ajuste”.

“Para llegar a superávit primario”, que el presidente Javier Milei busca obtener este año, “la Nación no podrá gastar más de 90/95 pesos por cada 100 de ingresos genuinos” y por esto “habrá que seguir recortando subsidios a las tarifas de transporte y energía, con el consiguiente impacto sobre los bolsillos”.

“Ordenar mejor las políticas y modificar instrumentos no evitará una caída del PBI cercana al 3 % este año, con una merma del 6 % en el Consumo”, destacó la casa de estudios de la Fundación Mediterránea.

En medio de este panorama, el intendente de Tigre, Julio Zamora, enfatizó que desde el municipio: “Tenemos que estar cerca de las familias que viven en situación de exclusión y no llegan a fin de mes”, en momentos en que el índice de pobreza ronza el 51,6% según cálculos privados.

“Es fundamental hablar y escuchar a los vecinos y vecinas para ir sintetizando los pedidos que se hacen en respuestas políticas”, dijo Zamora al participar de un acto en un Centro de Jubilados de esa localidad bonaerense.

Con una Canasta Básica Total (CBT) de $ 773.385 al término de marzo, el Índice de Pobreza alcanzó el 51.8% , estimó el economista Martín Rozada de la Universidad Torcuato di Tella.

La actividad metalúrgica registró durante marzo una variación interanual de -17,7% y respecto a febrero de este año disminuyó un -2,8%.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que durante los primeros tres meses del año el sector acumula una retracción de -6,6% y de manera similar, la utilización de la capacidad instalada disminuyó más de 10 puntos porcentuales contra el mismo período del año previo, ubicándose en uno de los niveles más bajos de los últimos 8 años, siendo superado solamente por los 4 meses más duros de la pandemia del 2020.

A nivel sectorial, la caída interanual de marzo se ha replicado en todos los rubros que componen el entramado metalúrgico con contracciones de hasta más de 20%.

El sector de Bienes de Capital (-18,3%), Fundición (-20,4%) y Equipos Eléctricos (-19,7%) han sido de los más afectados durante el mes en curso, con caídas que

superan al promedio general mientras que la Maquinaria Agrícola (-13,3%) fue uno de los sectores que menos han caído durante el mes, influenciado por la recuperación de algunas empresas en la provincia de Buenos Aires.

En este mes volvió a observarse que, en términos relativos, las empresas vinculadas a la cadena del petróleo, gas y minería son las que menores contracciones han registrado y por otro lado, las vinculadas a las cadenas de la construcción y el consumo final han registrado las disminuciones más fuertes del período analizado.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la producción seguirá disminuyendo en línea con la demanda interna y el uso de la capacidad instalada, por lo que es necesario promover la inversión pero con una visión de impulsar el desarrollo de la industria nacional” y enfatizó la importancia de “evitar que las urgencias y presiones sectoriales promuevan la importación de equipos producidos como estipula ‘el Régimen de Grandes Inversiones presentado en el proyecto de Ley Bases”.

En el análisis provincial, la caída también ha sido generalizada con una variabilidad considerable. En este sentido, Santa Fe continúa siendo la provincia más afectada por la influencia del sector de maquinaria agrícola donde, por el momento, no se registra una recuperación. En Buenos Aires, por el contrario, parecería comenzar a verse una recuperación del sector de maquinaria agrícola ya que, si bien también se registró una contracción, fue menor a la de Santa Fe.

Por otro lado, las dos provincias que menores caídas han registrado han sido Mendoza y Entre Ríos. En ambos casos, algunas empresas del sector de Bienes de Capital han influenciado para este resultado.

Con respecto a las exportaciones durante marzo del presente año, registraron un monto total de 380 millones de USD y cayeron -5,4% con respecto al año previo. Las importaciones, por su lado, fueron de 1610 millones de USD y tuvieron una variación interanual negativa de -39,5%.

A pesar de las fuertes contracciones en la actividad verificadas en los últimos meses, aún no se observa una situación de tal magnitud en el nivel de empleo que aportan las empresas del sector. Si comparamos contra el mes previo, el empleo se contrajo -0,5%, pero se observa una relativa estabilidad desde mediados del 2022.

Esta tarde se reunirán las dos CTA y ATE para definir los detalles de la próxima jornada nacional de lucha de los estatales.

A dos semanas de los despidos masivos en el estado, el Frente de Gremios Estatales convocó a un plenario con motivos de organizar una jornada de lucha nacional para el 30 de abril, previo a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), del 1° de mayo.

“No estamos frente a un ajuste más, no estamos frente a cualquier Gobierno, estamos frente a un programa para colonizar la Argentina y (el presidente) Javier Milei es el encargado de ejecutarlo, tenemos que confrontarlo”, apuntó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que encabezará el plenario de estatales.

En el contexto de las auditorías encabezadas por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, a principios de abril, los estatales sufrieron más de 15.000 despidos como consecuencia de la negativa del Gobierno a renovar los contratos, así como también vieron el cierre de una serie de organismos e institutos nacionales.

“Se despiden 15.000 trabajadores en el Estado, se intenta desmantelar el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Télam, ahora la Biblioteca Nacional y se desfinancian el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las universidades públicas”, agregó Aguiar.

Cabe recordar que, la jornada nacional de lucha del Frente de Gremios Estatales, que está conformado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, así como también la CTA de los Trabajadores y ATE, llegará antes del paro general convocado por la CGT del 9 de mayo.

En ese marco, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, anunció que el gremio se plegará a la convocatoria al decir que “el país será testigo de un paro histórico donde toda la clase trabajadora estará unida para ponerle un freno al gobierno que busca hambrear al pueblo”.

Por su parte, el dirigente de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, encabezó un encuentro gremial el martes por la tarde, en el que resolvieron su participación en la “gran marcha nacional universitaria que se realizará el 23 de abril en las principales ciudades del país en defensa de la universidad pública y del salario de los trabajadores”.

Es preciso mencionar que, en la previa a la marcha federal universitaria, el gremio de estatales, ATE, anunció que realizará un bloqueo en las rutas de Río Negro para este viernes, con el objetivo de impedir la llegada del presidente de la Nación, Javier Milei, al hotel Llao Llao, que viajará para hacer una presentación en el Foro de Convergencia Empresarial.

Los sindicatos docentes mostraron una recepción favorable hacia la propuesta, llevándola al debate con sus bases.

Cumpliendo con lo acordado, la Provincia de Buenos Aires retomó este miércoles las negociaciones paritarias y acordó con las autoridades de los gremios que representan a los trabajadores de la ley 10430 y de los regímenes especiales un nuevo tramo de aumento salarial en abril de 9,5 puntos porcentuales. El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en mayo.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó: “Estamos en un contexto en el que la situación económica se ha ido deteriorando notoriamente producto de las políticas del Gobierno Nacional. Cada nuevo indicador confirma una recesión profunda, que avanza con una rapidez pocas veces vista, y eso afecta los recursos tributarios provinciales; lo que se agrava ante la no transferencia de recursos obligatorios no automáticos por parte de Nación”. Y agregó: “Esta oferta implica un enorme esfuerzo desde el Estado Provincial, pero se corresponde con nuestro compromiso con el poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores provinciales”.

Por su parte, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini, puso en valor el encuentro paritario como espacio de acuerdos entre “este Estado provincial, que tiene la voluntad política, y los gremios, que entienden y valoran el esfuerzo que hace la Provincia” y agregó que: “En el caso de los docentes, valoramos también la homologación de dos acuerdos vinculados a la estabilidad de docentes”.

El acuerdo contempla también un incremento en los tramos de Ingreso Familiar que dan derecho a la percepción de asignaciones familiares, de acuerdo con este nuevo aumento porcentual. El mismo incremento se aplicará al tope de ingresos que excluye del cobro de asignaciones al grupo familiar, quedando determinado en $1.766.240.

Además del Ministro López, estuvieron presentes, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; y Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

Desde el 15 de abril se implementa la reducción del uso de ascensores, aires acondicionados e iluminación eléctrica en las aulas debido a restricciones presupuestarias en esa casa de altos estudios.

El rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que a partir de esta semana la casa de estudios funcionará con restricciones en el uso de la luz, el gas y los ascensores debido al recorte de $7.000.000 en los fondos que son aportados por el Gobierno de Javier Milei.

Según informó el Consejo Superior de la UBA en su resolución 322/2024, que fue publicada en los sitios de cada Facultad, desde el 15 de abril comenzó la reducción del uso de ascensores, aires acondicionados y hasta de la iluminación eléctrica en el caso de las aulas que funcionan durante el turno mañana.

La Resolución N° 322/2024 ejecutada el 10 de abril, se originó luego de una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales del presupuesto asignado para la Universidad en este 2024.

Debido a esta situación, se decidió que tampoco habrá nuevas becas y ni actividades de extensión y se convocó a una marcha que se realizará en la Plaza de Mayo, el próximo martes 23 de abril, en contra del ajuste y de los recortes que permanentemente surgen por parte del gobierno nacional.

Ese sindicato estatal busca poner un freno a las cesantías con un recurso de amparo.

Ante la ola de despidos en la administración nacional, el gremio de trabajadores estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, presentará un amparo ante la justicia con el objetivo de poner un freno a las desvinculaciones definidas por los funcionarios del Gabinete del presidente de la Nación, Javier Milei.

De esta manera, el gremio de estatales se separó del método de reclamo contra los despidos encabezado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que, el miércoles, llevó adelante una jornada nacional de lucha con asambleas e ingresos masivos a las dependencias públicas, a la vez que anunció un paro nacional para el próximo viernes.

En ese marco, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, realizará una presentación de amparo colectiva ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que la Justicia le “ordene al Estado empleador el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales”.

Además, en el recurso de amparo, el gremio de estatales fundamentó que “mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagran al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.

A su vez, desde UPCN indicaron que el Gobierno nacional, “bajo la excusa de supuestas auditorías” sumó a la lista de despidos a trabajadores estatales “contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente” sin criterio alguno.

“Esas desvinculaciones no responden a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado”, afirmaron desde el sindicato de estatales, a la vez que indicaron que la medida se tomó “sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector”.

Por este motivo, desde UPCN consideraron que se trata de un “atropello injusto y desmedido” por parte del Gobierno de La Libertad Avanza, por lo que se declaró en “estado de alerta y movilización permanente”, con el objetivo de acompañar la presentación judicial y poner un freno a los despidos.

Cabe mencionar que, en el marco de la medida de lucha de ATE del miércoles, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno tomó la iniciativa de “achicar gastos”, de manera que se desvincularon 15.000 contratos con el argumento de que se trata de “personal que no es necesario”.

El sindicato transportista define la medida de fuerza para la semana que viene.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró este miércoles en “estado de alerta” y anunció que llevará adelante un paro del servicio en el AMBA, para el próximo lunes 8 de abril, si se “verifica” el incumplimiento del acuerdo salarial firmado con las empresas de transporte en febrero pasado.

La medida se anunció anoche a través de la cuenta oficial de la UTA en la red social X (ex Twitter), en la que compartió el comunicado y expresaron que mantendrán el “estado de alerta por incumplimiento del acuerdo salarial”.

“Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/24 y que fuera homologada con fecha 19/2/24, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte, la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”, aseguró el gremio que conduce Roberto Fernández en un comunicado.

Las cámaras de transporte le enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, e intimaron al gobierno a cancelar “urgentemente” la deuda de compensaciones (subsidios) impagas a la fecha, que según denuncian asciende a 50.278 millones de pesos.

Dicho pago, aseguran, es condición para que puedan abonar una suma no remunerativa a los choferes, pactada en paritarias.

La UTA advirtió este jueves que “se corre el riesgo (de) que en los próximos días no haya transporte público” en el AMBA. El aviso se da en paralelo al paro de colectivos de 48 horas que afecta desde el miércoles al interior del país.

Roberto Carlos Fernández, secretario General e integrante del Consejo Directivo Nacional de la UTA, aseguró la semana pasada en declaraciones a Radio 10 que “el transporte público corre riesgo en el AMBA”.

En este marco, la UTA publicó un comunicado en el cual advierten “a la población” que, “ante el incumplimiento al acta acuerdo firmada por las partes de fecha 02/02/2024 y homologada por la autoridad de aplicación, con fecha 19/02/2024, referente a la recomposición salarial, de los trabajadores nucleados en la UTA, se corre riesgo que en los próximos días no haya Transporte Público de Pasajeros en el AMBA”.

Luego, el texto -que lleva la firma de Fernández y una mención a las Juntas Ejecutivas de la UTA- concluye que la posible medida se encuentra “motivada por el reclamo que públicamente está haciendo el sector empresario ante el Ministerio de Economía por la falta de compromiso acordado en dicha acta, a través de la Secretaría de Transporte, para que este pueda seguir operando regularmente”.

Se trata de Mariana Hortal Sueldo, quien abandonó el barco liberatario en plena disputa con los estatales por la ola de despidos.

En medio de la profundización del conflicto entre los gremios estatales y el gobierno nacional por los despidos masivos, renunció este miércoles la subsecretaria de Trabajo, Marina Hortal Sueldo. La información fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

Según la explicación oficial, la dirigente dejó el cargo porque había llegado a la Secretaría con el ex titular del área, Omar Yasín, quien también salió eyectado de la administración libertaria luego de que trascendiera un aumento de sueldo para el Ejecutivo. Acorde a lo que detallaron desde Capital Humano, la intención de Sueldo era irse con Yasín, pero le pidieron que se quedara.

Actualmente el secretario de Trabajo es Julio Cordero, quien asumió en reemplazo de Yasín. Pero Cordero no quería que Sueldo siguiera en su cargo y ella tampoco quería quedarse según publicó el portal Infobae.

El pasado 11 de marzo, Milei sorprendió durante una entrevista televisiva matutina al anunciar que había despedido a Yasín de la Secretaría “por un error que no debió haber sucedido”.

Ese “error” al que se refirió el Presidente fue el DNU a través del cual se había establecido un aumento del 48% de los salarios de los empleados jerárquicos del Ejecutivo, en medio del discurso oficialista de motosierra y anticasta. Lo cierto, es que aquel decreto también llevaba la firma del jefe de Estado, aunque toda la responsabilidad recayó sobre Yasín.

Este miércoles, la salida de Hortal Sueldo llegó en el epílogo de un día agitado, marcado por la protesta gremial de ATE ante la ola de despidos en el sector público impuesta por el Gobierno. Los manifestantes ingresaron por la fuerza durante la mañana a distintas oficinas públicas, en cuya mayoría los aguardaban cordones policiales para intentar detenerlos. Se produjeron choques que no revistieron mayor gravedad, más allá del malestar propio de la situación.

La General del Ejército de EE.UU mantendrá reuniones con varios integrantes del Gobierno y visitará Tierra del Fuego, entre otras actividades.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general del Ejército, Laura Richardson, inició este miércoles su visita al país, donde cumplirá con una extensa agenda que incluye reuniones con varios integrantes del Gobierno Nacional con el objetivo de “profundizar” las relaciones bilaterales en materia de “cooperación en defensa regional”.

Según informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Richardson se reunirá con el jefe del gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Defensa, Luis Petri, por parte del Gobierno, además de los jefes del Estado Mayor Conjunto.

El vocero explicó que esta visita se da en el marco de “las excelentes relaciones que Argentina está teniendo con Estados Unidos” con la llegada al Gobierno de Milei y que llevará a que, después de 13 años, el portaaviones USS George Washington de la Marina estadounidense visite Argentina en mayo próximo.

Según publicó este miércoles en su cuenta de la red social X, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, dio la bienvenida a Richardson “en su tercera visita” al país suramericano, un viaje que “celebra la asociación en defensa” entre ambos países “y explora formas de profundizar la cooperación en defensa” en el hemisferio occidental.

Richardson también viajará a Ushuaia, Tierra del Fuego, para interactuar con personal miliar local para conocer sus misiones y el papel que desempeñan “en la salvaguardia de rutas marítimas vitales para el comercio global”.

Además, y según la agenda compartida por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la comandante del Comando Sur participará en una ceremonia de transferencia de un avión de transporte Hércules C-130H a la Fuerza Aérea Argentina, una donación de asistencia de seguridad financiada por Estados Unidos.

El referente de Nuevo Encuentro se suma al Gabinete bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el primer día hábil de abril con una serie de designaciones en distintos organismos bonaerenses, entre los que se resalta la oficialización de Martín Sabbatella como titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista.

Si bien existían rumores de que Sabbatella podría entrar al gabinete de Kicillof, el gobernador confirmó su decisión recién este miércoles a través de la oficialización de su puesto en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el líder de Nuevo Encuentro y principal aliado de Máximo Kirchner quedó a cargo de un área clave de la comuna.

Así, Kicillof no sólo designó al titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista, sino que con ese gesto intenta calmar las tensiones que existen dentro del kirchnerismo duro tras la derrota de las elecciones presidenciales, que dejaron en jaque a una buena parte de dirigentes que desempeñaban sus tareas en el Gobierno nacional.

Es preciso mencionar que, Sabbatella llegó a la provincia de Buenos Aires para reemplazar a Leonardo Nardini en la presidencia del Comité de Cuenca del Río Reconquista, que debió retirarse de sus tareas en la comuna para ejercer su cargo de intendente del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Además de Sabbatella, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires incorporó al ex diputado Edgardo Depetri, que integra el Frente Transversal Nacional y Popular, que ocupará el lugar de Guillermo Jelinsky como miembro del Directorio en representación del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires informó que el presidente de Nuevo Encuentro Ituzaingó e integrante del directorio de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Daniel Larrache, se sumará como representante del Ministerio de Gobierno para sustituir a Luis Morales.

En tanto, por medio del Decreto Nº314, Kicillof designó a partir del 1° de marzo de 2024 y con carácter ad-honorem a Alejandro Urdampilleta como presidente del Directorio del Comité de Cuenca del Río Luján (Comilu). Ese lugar también se encontraba a cargo del ex ministro y actual intendente de Malvinas Argentinas.

En última instancia, a través del Decreto Nº316, Kicillof designó a Sergio Martinelli en el cargo de Director Administrativo y Contable del Comilu, a Juan Pedro Filpe como Director Técnico, a Mariana Rodríguez como Directora de Relaciones Institucionales, a Dalina Citati como Directora de Asuntos Legales, y a Daniela Días Santos en el cargo de Directora de Gestión de la Cuenca.