La mesa chica de esa central obrera analiza los pasos a a seguir en la sede central de UPCN.

Los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentran reunidos luego de que Pablo Moyano confirmara que la central obrera prepara un paro nacional.

El objetivo del encuentro es discutir la coyuntura política y económica y consensuar cuándo y cómo será la modalidad de una nueva medida de fuerza y el mismo se llevará a cabo en la sede de la calle Moreno al 1.300 de UPCN.

En declaraciones radiales, Moyano declaró que el motivo de este paro se debe a “las políticas represivas y regresivas” que tiene el Gobierno de Javier Milei.

“En los próximos días se va a anunciar una medida. Un paro nacional o una gran marcha federal, como movilizar el día que se trate el DNU (70/23) o la ley ómnibus, una medida se tiene que tomar. Todo lo que sea es para ponernos en contra de estas políticas económicas”, concluyó Moyano.

Asimismo, recalcó que los trabajadores no pueden “seguir esperando y viendo cómo se siguen generando más despidos”, al mismo tiempo que señaló que “la reforma laboral no puede pasar en el Congreso”.

Por el momento, se cree que el proyecto de la Ley Ómnibus ingresará al Parlamento entre hoy y pasado mañana y, además, se espera que realicen manifestaciones de distintos sectores en su contra.

Desde ATE Pensiones denunciaron más despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se encuentran en estado de alerta y movilización.

A través de un comunicado emitido este miércoles por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pensiones, repudiaron el despido y sin aviso de 323 empleados de distintas áreas de ese organismo en todo el país.

“El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó cesantes a otros 163 trabajadores del organismo, que se suman a los 160 de tandas anteriores, un número que asciende a 323 en total, en el contexto de una nueva ola de despidos que perpetra el gobierno de Milei en todas las áreas sensibles del Estado”, denuncia el comunicado firmado por el secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro.

Para ATE Pensiones,”este accionar se enmarca en un brutal plan de ajuste que lleva adelante el gobierno en todas los sectores estatales, en este caso despidiendo a quienes se encargan del asesoramiento, la atención y el inicio de los diferentes trámites y servicios que brinda el organismo”.

En ese sentido, los estatales de Pensiones nucleados en ATE señalaron: “Las Personas con Discapacidad y sus familias se encuentran frente a una situación de total desamparo por el cierre de centros de atención provinciales y el despido de trabajadores, de todo el país, que atienden sus demandas y resuelven sus problemáticas garantizando derechos”.

Al cierre del comunicado, los trabajadores indicaron: “Seguimos defendiendo derechos y fuentes de trabajo, resistiendo con dignidad y coraje.¡No vamos a ser cómplices del vaciamiento del Estado!¡Por la reincorporación de todas y todos los despedidos!”

Comunicado completo

En ESTADO de ALERTA y MOVILIZACIÓN y con ACCIONES CONCRETAS

Nuevos despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: vaciamiento, cierre de delegaciones y trámites urgentes paralizados.

Las y los trabajadores nucleados en ATE Pensiones repudiamos enérgicamente el despido, improcedente y sin previo aviso, de 323 compañeros de las diferentes oficinas del país, en uno de los peores momentos de nuestra historia económica y en vísperas de Semana Santa.

En el día de la fecha, el Director Ejecutivo de la ANDIS dejó cesantes a otros 163 trabajadores del organismo, que se suman a los 160 de tandas anteriores, un número que asciende a 323 en total, en el contexto de una nueva ola de despidos que perpetra el gobierno de Milei en todas las áreas sensibles del Estado.

Desde hace 100 días, el gobierno ejecuta sistemáticamente ataques contra trabajadores que hacen funcionar las oficinas y delegaciones de todo el país, empleados con más de 20 años de antigüedad en el organismo, algunos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y delegados sindicales, sin ningún tipo de explicación.

Este accionar se enmarca en un brutal plan de ajuste que lleva adelante el gobierno en todas los sectores estatales, en este caso despidiendo a quienes se encargan del asesoramiento, la atención y el inicio de los diferentes trámites y servicios que brinda el organismo: Pensiones No contributivas por Invalidez, Asignación por Trasplante, Certificado Único de Discapacidad, Programa Incluir Salud, Símbolo Internacional de Acceso, Registro de Prestadores, Subsidio por Sepelio y otros servicios para las personas con Discapacidad y sus familias.

La ANDIS, el órgano matriz en materia de Discapacidad en Argentina, mantiene paralizadas las políticas públicas que benefician al 15 por ciento de la población más vulnerable de nuestro país, un cuadro de situación crítico que se profundiza aún más por el cierre de delegaciones provinciales y el despido de los trabajadores que motorizan servicios y prestaciones.

Las Personas con Discapacidad y sus familias se encuentran frente a una situación de total desamparo por el cierre de centros de atención provinciales y el despido de trabajadores, de todo el país, que atienden sus demandas y resuelven sus problemáticas garantizando derechos.

Asimismo, las áreas del organismo que conforman la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas presentan un panorama alarmante y desalentador: Se dan de alta por sistema solo 200 Pensiones no Contributivas por mes (10 por día), mientras que entre 2011 y 2015 se cargaban por sistema entre 10 y 12 mil beneficios; los casos urgentes se encuentran completamente paralizados, excepto algunas pocas patologías; las dificultades y demoras son planificadas y ejecutadas por la gestión de turno a partir del desfinanciamiento en el sector, lo que constituye una condena a muerte para miles de personas que padecen el faltante de medicamentos, no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida ni cobran la pensión que les corresponde como derecho.

Seguimos defendiendo derechos y fuentes de trabajo, resistiendo con dignidad y coraje.
¡No vamos a ser cómplices del vaciamiento del Estado!
¡Por la reincorporación de todas y todos los despedidos!

Aumentos y recesión.

A partir de los fuertes aumentos que sufrieron las tarifas de colectivos y la caída del poder adquisitivo que se profundizó en los últimos tres meses, los empresarios del transporte informaron que en el mes de marzo se registró una gran caída en la cantidad de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que eligen este medio para moverse por las distintas ciudades.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en los días hábiles de marzo, la baja en la cantidad de usuarios que utilizan los colectivos del AMBA llegó al 12,2% en comparación a marzo del 2023, lo que significa también una gran caída en los ingresos de las empresas de transporte que cuentan con líneas en el Gran Buenos Aires.

Según el monitoreo de la entidad que representa a más de una treintena de empresas de transporte terrestre de pasajeros, además de la caída del 12,2% en promedio en los días hábiles de marzo, la merma en el uso de colectivos en el AMBA llega al 4,9% si se mide en kilómetros recorridos, lo que se representa una cantidad más amplia de coches parados.

Sin embargo, la diferencia se reduce los fines de semanas, ya que la baja en los usuarios transportados es de 6,4% los sábados, y 2,6% los domingos, siempre en comparación con marzo del año pasado.

“El atraso en los pagos de subsidios, que representa el 70% de los ingresos de las empresas de transporte, y el no reconocimiento total de la inflación, generan el desfinanciamiento que explican este deterioro que afecta a los usuarios”, indicaron las autoridades de AAETA que ven con preocupación la baja del uso de colectivos.

Es preciso recordar que, el nuevo cuadro tarifario de abril coloca el boleto mínimo de colectivo de 0 a 3 km en $270 para las personas que tengan la SUBE nominalizada. Quienes no hayan realizado el registro pagarán $429.30 el colectivo a partir del próximo mes. En el trayecto de 3 a 6 km pasará a $300 con SUBE y $478 sin este beneficio.

De acuerdo a un reciente reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la Universidad de Buenos Aires (UBA-Conicet), las familias que habitan en el AMBA gastan, en promedio, $75.429 por mes en el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.

Este número final, explican desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios, representó un incremento del 156%, frente al dato de diciembre, que arrojaba que los gastos alcanzaban los $29.487. En tanto, si se toma la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue para el transporte, con un aumento del 410% respecto a diciembre del año pasado.

Esa central sindical se encuentra en estado de alerta y movilización.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este martes una nueva jornada nacional de protesta, en rechazo a las decenas de miles de despidos que podrían ser notificados esta semana en el sector público y al 8 por ciento de aumento ofrecido en la paritaria del lunes para la Administración Pública Nacional.

Según informó ATE en un comunicado, el próximo domingo 31 de marzo vencen 70 mil vínculos laborales, de los cuales el Gobierno intenta desvincular al 30 por ciento

Este mediodía, el sindicato realizará una movilización al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ubicado en la avenida Paseo Colón 982. El cierre de ese organismo fue anunciado la semana pasada por el Gobierno.

Por otro lado, ATE rechazó durante la negociación paritaria que se desarrolló el último lunes el “magro ofrecimiento” del Gobierno del 8 por ciento, una “cifra muy por debajo de los últimos índices de inflación”, según indicó el gremio en el comunicado.

Durante este martes, en tanto, se realizarán distintos “ruidazos” en ministerios y organismos públicos, como así también asambleas, radios abiertas y cortes de rutas en todas las provincias y principales ciudades del país.

Los reclamos de ATE son: renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo, reincorporación de despedidos sin causa, aumento salarial por encima de la inflación y pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

Asimismo, rechazan el cierre de todos los organismos públicos y la privatización de empresas estatales; y expresan además su defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), solicitan aumento de emergencia para jubilados y pensionados y rechazan cualquier intento de privatización.

Desde ATE Capital, en tanto, se informó que por la mañana se impidió a los trabajadores ingresar a sus puestos en la secretaria de Trabajo, por lo que se realizará una movilización esta tarde hacia el organismo.

“Después de 18 años de venir a trabajar 8 horas de lunes y viernes, hoy no pude poner mi huella ni ingresar a mi lugar de trabajo”, denunció una trabajadora desde la puerta del organismo, quien aclaró que no recibió ningún telegrama de despido.

Por otro lado, el paro de 48 horas en el Senasa –convocado también por ATE para este martes y miércoles- quedó temporalmente pospuesto hasta después de Semana Santa después de que durante el fin de semana último las autoridades del organismo se comprometieran a dar marcha atrás con los despidos masivos dentro del sector.

Otro sector en conflicto es el de la Administración de Parques Nacionales: las nuevas autoridades comunicaron en las últimas horas a los delegados de ATE que no renovarán contratos este año, por lo que se acordaron medidas de fuerza, mientras que muchos parques se encuentran bloqueados por sus trabajadores a días del fin de semana largo.

También, los trabajadores de la Biblioteca Nacional advirtieron sobre una ola de despidos y el congelamiento del presupuesto institucional, medidas que “ponen en riesgo el funcionamiento de la entidad y el mantenimiento de sus colecciones”, por lo que le piden a las autoridades nacionales “la urgente revisión de esta situación en favor de la identidad nacional y el bien social”.

Más cuestionamientos a la política económica impulsada por el Gobierno.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, cuestionó al Gobierno por la “apertura indiscriminada”, por entender que esa decisión es “injusta y desleal” y provocará el cierre de “miles” de pequeñas y medianas empresas.

“Las medidas que lleva adelante el Gobierno plantean una competencia desleal para las pymes, son muy injustas. Tenemos hoy algunas empresas que trabajan al 25% de su capacidad instalada, por eso entendemos que tiene que haber una alternativa para darle más igualdad a la competitividad”, sostuvo el empresario. Rosato se expresó así al presentar un informe sobre “Las pymes industriales en los primeros 100 días de Milei”, a través del cual trazó un panorama del sector. Según el dirigente: “Argentina tiene que salir adelante con la producción y no con el fomento a las importaciones, porque el esfuerzo que pide el Gobierno está recayendo sobre las pymes y sobre los trabajadores. Y eso es lo que pedimos que se modifique”.

A su criterio, los trabajadores “no tienen recomposición salarial, el mercado interno se achica y las pymes y la industria comienzan a bajar los precios porque cae la demanda. Eso implica que se produce menos. Así, las empresas empiezan a ajustar por todos lados y dejan de lado las inversiones”. Rosato reclamó tanto al presidente Javier Milei como al ministro de Economía, Luis Caputo, que reciban a las pymes “así como recibieron la semana pasada a las grandes empresas del Grupo de los Seis”.

Por su parte, el economista Martín Kalos también advirtió por las “reglas de juego desiguales” para las pymes industriales argentinas, al tener que para competir con productos importados.

“Abren las importaciones a los productos terminados y no las abren para que las empresas locales compren insumos. Es decir, no dejan que las pymes argentinas produzcan para competir en el mercado local. Es que el Gobierno cambia las reglas de juego sin previo aviso y termina perjudicando a la producción nacional”, enfatizó.

Kalos comentó que en 2023 “había récord en la cantidad de pymes en el país, con buenos indicadores. Pero eso es lo que ahora está comenzando a deteriorarse y ya se está viendo en las vacaciones adelantadas, en recorte de horas extras, en suspensiones, entre otras decisiones empresarias”.

Lo anunció el vocero presidencial,quien no precisó cuál será nueva denominación. La directora de ese centro cultural se opone al cambio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), que funciona en el ex-Palacio del Correo y Telecomunicaciones ubicado en el cruce de las avenidas Paseo Colón y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires.

“Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”, señaló el portavoz.

La nueva denominación del espacio cultural aún no fue definida, aclararon fuentes de gobierno, y argumentaron que la decisión responde a que el nombre Néstor Kirchner está vinculado a la “corrupción”.

Al respecto, Adorni planteó que la nueva denominación no está definida, aunque aclaró que “ya hoy (es) exCCK”, y que “cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”. Entre las posibilidades se bajaran personalidades “de la cultura”, e incluso resonó la posibilidad de nombrarlo Jorge Luis Borges.

Por la mañana, Valeria Ambrosio, la nueva directora del hasta hoy CCK, designada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, planteó que “cambiarle el nombre es ridículo” y aseguró que no había modificaciones.

“No es algo inteligente, no me parece que sea algo interesante ni inteligente. Un lugar que nación de una manera, tiene un hombre y una identidad que conservar”, afirmó Ambrosio.

Luego de que 2002 dejara de utilizarse como sede del Correo Central, el predio ex Palacio de Correos se convirtió -post convocatoria a la licitación- en un centro cultural que, en 2010, se denominó Centro Cultural del Bicentenario en , y para 2012 adoptó el nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner.

Consecuencias del desfinanciamiento a la salud. Desde diciembre no se envían materiales necesarios.

Distintas provincias en todo el país denuncian que, desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el Estado Nacional no envió insumos para realizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo y casi no tienen stock para garantizarla. En algunas, los gobiernos provinciales compran los elementos para suplantar las faltas, pero en otras no, por lo que estiman que solo podrán llevarla a cabo durante algunos meses más. En reiteradas oportunidades el presidente Javier Milei explicitó su repudio a la ley sancionada en 2020, que atribuyó a la “agenda sangrienta” del feminismo.

Tampoco se mantiene la distribución bimestral de los kits con métodos anticonceptivos y el Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, está en riesgo porque a fin de mes se vencen los contratos de más de 700 trabajadores y trabajadoras que lo llevan adelante.

“Córdoba se quedó sin insumos de Nación y no hay circuito de compra efectivo, por lo que ya no estamos quedando sin insumos. La provincia compró, pero ¿hasta cuándo lo va a poder comprar? Hay un riesgo inminente. Tenemos la exigencia de que se reactiven las compras de Nación, necesitamos que se provea ya de insumo, no esperar a que falte”, afirmó Ana Morillo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien los equipos de salud siguen trabajando y las redes de profesionales para garantizar la IVE están activas, la falta de insumos la pone en riesgo en todo el país.

En las provincias denuncian que el circuito funcionaba correctamente hasta el año pasado, pero que ahora no hay una persona que dé la orden de distribuir los insumos. En el organigrama del Ministerio de Salud de la Nación no hay ninguna mención a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) que es el sector encargado de la distribución.

La cartera dirigida por Mario Russo es un lugar clave porque desde ahí se gestiona la compra de métodos anticonceptivos e insumos para garantizar IVE/ILE y se distribuyen en las 24 jurisdicciones de todo el país a través del Programa Remediar para el uso gratuito en el sistema de salud público. Se trata de misoprostol, mifepristona, combipack (mifepristona + misoprostol) y equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU). Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2023, la DNSSR distribuyó 70.428 tratamientos de misoprostol, 46.972 tratamientos de combipack y 8.010 tratamientos combinados (que constan de las mismas drogas que el combipack, pero con distinta presentación).

En Catamarca, por ejemplo, la situación es más compleja porque los insumos para los abortos legales provienen exclusivamente de Nación, por lo que estiman solo tienen para dos o tres más. Así lo confirmó a este diario Carola Ferreyra, trabajadora del sistema de Salud y referente del Plan ENIA en la provincia. “Lo poco que quedaba se ha distribuido entre los efectores que garantizamos el servicio, pero es lo que hay, no tenemos en el área central. En diciembre fue la última partida, que era poco y se distribuyó. Si no llega una partida nueva, podemos estirar dos o tres meses. No más que eso”, explicó Ferreira.

En Entre Ríos el lunes pasado recibieron anticonceptivos, pero nada de misoprostol de parte de la Nación. Hay lugares donde las compras las hacen los mismos centros de salud, pero la cantidad es acotada. “El panorama es incierto y sombrío porque no hay una decisión política del Ejecutivo de enviar los materiales. No hay firma para que nos envíen las cajas con medicamentos”, le dijo una trabajadora de salud entrerriana a elDiarioAR. La preocupación también reside en hasta qué punto las provincias podrán afrontar los gastos de la IVE con los recortes presupuestarios que tienen y con el aumento de los costos.

La falta de métodos anticonceptivos también es una preocupación muy grande en las provincias, a donde las últimas partidas que llegaron fueron en diciembre a través del programa Remediar. “Esto va a derivar en un problema tremendo, es un insumo caro. Nuestras usuarias pasan dificultades económicas y por ahí se priorizan otras cosas y no los métodos. Podemos dar información, pero no tenemos insumos para prevenir los embarazos y después si hay embarazos no deseados, no tenemos insumos para afrontarlo”, explicó Carola Ferreira.

Un dato basta para confirmar la importancia de la anticoncepción: entre 2010 y 2022, los embarazos adolescentes bajaron casi un 50%. Según los datos del Censo 2022, se bajó de un total de 13,1% de embarazos en mujeres de entre 15 y 19 años a 6,4% en el 2022. “Tenemos el stock que nos envío Nación anticipado, el 2021/2022 que tenía que llegar después, pero lo anticiparon porque sino iba a quedar haciendo cortocircuito con el gobierno actual, lo anticiparon para asegurar que lleguen”, explicó Morillo.

Otro de los riesgos inminentes es el desmantelamiento del Plan ENIA para prevenir los embarazos adolescentes que comenzó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó con el de Fernández. El 31 de marzo se vence el contrato de las 700 personas que trabajan en todo el país realizando Educación Sexual Integral en escuelas y centros de salud. Al inicio de la gestión de Javier Milei les renovaron el contrato por dos meses, hasta el 31 de marzo, pero hasta el momento nadie informó cómo continuarán.

Si bien el presidente Milei aún no cumplió con su promesa de derogar el aborto, la falta de presupuesto hace que en los hechos sus deseos pueden concretarse.

La vicepresidenta habló del vínculo que mantiene con el Presidente y su hermana, Karina Milei.

Tras una semana de máxima tensión y reconciliaciones en la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel brindó una extensa entrevista a Jonatan Viale para describir cómo estaba su relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria de Estado Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener “fuerte carácter”, “al igual que ella”. Y entre risas, la titular del Senado comentó: “Las dos queremos a Javier y las dos somos brava, pobre ‘Jamoncito’”, lanzó en referencia al jefe de Estado.

La decisión del Gobierno representará una pérdida para los haberes jubilatorios.

El gobierno de Javier Milei determinará por decreto la actualización de las jubilaciones en abril, que se dispondrá en base el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación que estaría solo entre el 12% y el 14% por la inflación de enero, que fue de 20,6%.

Contra lo que había afirmado y en medio de una fuerte presión política de la oposición, el gobierno decidió actualizar la fórmula por la que se establece el aumento de las jubilaciones a través de un decreto.

Hecho ese empalme, a partir de mayo, el Gobierno pretende que las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual y no por una combinación del promedio de aumentos salariales con la recaudación de la ANSES, como es ahora

De esta manera, la Casa Rosada busca adelantarse a la discusión que pretende dar la oposición en el Congreso, luego de no haber logrado un consenso con los sectores dialoguistas en el recinto.

El plan original del Presidente era eliminar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES pero esta propuesta fue desechada ante las sugerencias de la UCR. La nueva fórmula jubilatoria que proponía el Gobierno no convencía a nadie, ni siquiera a sus socios del PRO, pero requería de una mayoría legislativa que finalmente no llegó a consolidarse. La versión reducida de la ley ómnibus que el Gobierno envió a los gobernadores incluía un aumento del 10% para las jubilaciones y su indexación a la inflación a partir de abril.

Desde ATE Pensiones denuncian políticas de vaciamiento y prometen que defenderán sus derechos, las fuentes laborales y que resistirán las embestidas del Gobierno.

A través de un comunicado emitido este jueves por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pensiones, se denunció y comunicó que el personal de esa entidad estatal se encuentra en un plan de lucha en repudio de los 160 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Las y los trabajadores nucleados en ATE Pensiones continuamos en Estado de Alerta y Movilización permanente por el despido, arbitrario e injustificado, de más de 160 trabajadores de diferentes oficinas del país”, informó el primer párrafo del comunicado firmado por el Secretario General de ATE Pensiones, Walter Pignataro.

La misiva de ATE Pensiones se origina en un contexto marcado por miles de cesantías en diferentes áreas del Estado, mientras que desde la propia organización sindical esperan, para fin de mes, alrededor de 70 mil despidos por parte del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el comunicado titulado “Ajuste en Discapacidad”, recuerda a la sociedad que el Director Ejecutivo de la ANDIS a semanas de haber asumido su cargo “dejó cesantes a 16 trabajadores con Certificado Único de Discapacidad (CUD), algunos con más de 20 años de antigüedad en el organismo y patologías severas, mujeres embarazadas y delegados sindicales, sin ningún tipo de explicación ni previo aviso”.

Para los trabajadores estatales, “las áreas del organismo que conforman la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas presentan un panorama alarmante y desalentador, ya que “Se dan de alta por sistema solo 200 Pensiones no Contributivas por mes (10 por día), mientras que entre 2011 y 2015 se cargaban por sistema entre 10 y 12 mil beneficios”.

Al cierre del comunicado, los trabajadores aseguraron que seguirán defendiendo sus derechos, como sus fuentes de trabajo y que resistiran las embestidas del Gobierno con dignidad y coraje.

Comunicado completo.

Ajuste en Discapacidad

Seguimos en ESTADO de ALERTA y MOVILIZACIÓN por el despido de más de 160 trabajadores de la ANDIS

Las y los trabajadores nucleados en ATE Pensiones continuamos en Estado de Alerta y Movilización permanente por el despido, arbitrario e injustificado, de más de 160 trabajadores de diferentes oficinas del país.

El pasado miércoles 28 de febrero, el Director Ejecutivo de la ANDIS dejó cesantes a 16 trabajadores con Certificado Único de Discapacidad (CUD), algunos con más de 20 años de antigüedad en el organismo y patologías severas, mujeres embarazadas y delegados sindicales, sin ningún tipo de explicación ni previo aviso.

Este accionar se enmarca en un brutal plan de ajuste que lleva adelante el gobierno en todas las áreas sensibles del Estado, en este caso despidiendo a quienes se encargan del asesoramiento, la atención y el inicio de los diferentes trámites y servicios que brinda el organismo: Pensiones No contributivas por Invalidez, Asignación por Trasplante, Certificado Único de Discapacidad, Programa Incluir Salud, Símbolo Internacional de Acceso, Registro de Prestadores, Subsidio por Sepelio y otros servicios para las personas con Discapacidad y sus familias.

La ANDIS, el órgano matriz en materia de Discapacidad en Argentina, mantiene paralizadas las políticas públicas que benefician al 15 por ciento de la población más vulnerable de nuestro país, un cuadro de situación crítico que se profundiza aún más por el cierre de delegaciones provinciales y el despido de los trabajadores que motorizan servicios y prestaciones.

Las Personas con Discapacidad y sus familias se encuentran frente a una situación de total desamparo por el cierre de centros de atención provinciales y el despido de trabajadores, de todo el país, que atienden sus demandas y resuelven sus problemáticas garantizando derechos.

Asimismo, las áreas del organismo que conforman la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas presentan un panorama alarmante y desalentador: Se dan de alta por sistema solo 200 Pensiones no Contributivas por mes (10 por día), mientras que entre 2011 y 2015 se cargaban por sistema entre 10 y 12 mil beneficios; los casos urgentes se encuentran completamente paralizados, excepto algunas pocas patologías; las dificultades y demoras son planificadas y ejecutadas por la gestión de turno a partir del desfinanciamiento en el sector, lo que constituye una condena a muerte para miles de personas que padecen el faltante de medicamentos, no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida ni cobran la pensión que les corresponde como derecho.

Seguimos defendiendo derechos y fuentes de trabajo, resistiendo con dignidad y coraje.
¡No vamos a ser cómplices del vaciamiento del Estado!
¡Por la reincorporación de todas y todos los despedidos!