El reconocido diario internacional le dedicó una dura editorial al presidente de la Nación.

The Guardian volvió a publicar una editorial contra Javier Milei en donde señalan que dentro de su gobierno “hay elementos del fascismo, elementos tomados prestados del Estado chino y elementos que reflejan la historia de dictadura de Argentina”. Además lo comparan con la ex primer ministra Liz Truss, quien permaneció en su cargo 45 días en el 2022.

En una nota publicada por el periodista George Monbiot, analizan algunos puntos del primer mes de gobierno de Milei: “Un programa intensivo de recortes masivos; demoler servicios públicos; privatizar bienes públicos; centralizar el poder político; despedir a funcionarios públicos; eliminar las restricciones a las corporaciones y oligarcas; destruir regulaciones que protegen a los trabajadores, a las personas vulnerables y al mundo vivo; apoyar a los propietarios contra los inquilinos; criminalizar la protesta pacífica; restringir el derecho de huelga”.

“Milei está intentando, con un vasto decreto de ’emergencia’ y un monstruoso ‘proyecto de ley de reforma’, lo que los conservadores han hecho en el Reino Unido durante 45 años”, añade.

Asimismo, el autor atribuye el programa de gobierno de Javier Milei a la influencia que tuvo del think tank Atlas Network, una ONG con sede en los Estados Unidos: “Podríamos describir ciertas políticas como las de Milei, Bolsonaro, Truss, Johnson o Sunak, pero todas son variaciones de los mismos temas, ideadas y perfeccionadas por los tanques de basura que pertenecen a la misma red. Esos presidentes y primeros ministros son sólo las caras que presenta el programa”.

El texto de The Guardian concluye afirmando que “los tanques basura de dinero oscuro y la Red Atlas son un medio muy eficaz para disfrazar y acumular poder. Son el canal a través del cual los multimillonarios y las corporaciones influyen en la política sin mostrar sus manos, aprenden las políticas y tácticas más efectivas para superar la resistencia a su agenda y luego difunden estas políticas y tácticas por todo el mundo. Así es como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias”.

Desde el 2023 y en medio de la campaña electoral, el periódico británico The Guardian viene publicando una serie de notas críticas acerca del actual presidente Javier Milei. Como referencia, el día de su asunción el medio escribió: “El discurso de Milei tuvo fuertes ecos del discurso de toma de posesión de Donald Trump en 2017, en el que el magnate estadounidense prometió poner fin a una era de ‘carnicería estadounidense’, crimen y pobreza y devolver el poder al ‘pueblo’. ‘Argentina se ha convertido en un baño de sangre’, dijo Milei, prometiendo luchar contra los narcotraficantes que habían ‘secuestrado’ las calles de sus ciudades más grandes”.

Otra comparación con Trump fue publicada después de las PASO: “Milei admira a Donald Trump, comercia con la misoginia y dice cosas escandalosas para llamar la atención. A pesar de lo que afirma Milei, el Papa no es un emisario del ‘maligno’ ni la crisis climática es ‘una mentira socialista’”. En el mismo artículo, The Guardian apuntó que el mandatario es un “fanático del misionero del libre mercado Milton Friedman” que cree que la inflación “es el resultado de que hay demasiada moneda argentina, el peso, en circulación” y que, pese a que las ideas de Friedman “han sido desacreditadas”, “sus seguidores, como Milei, los mantienen con fervor religioso”.

Finalmente, el hecho más notorio fue la publicación de una carta entre sus páginas, en donde convocaron a más de 100 especialistas económicos y sociales -como Thomas Piketty, Jayati Ghosh y Branko Milanovic- en donde señalaron que las propuestas de Javier Milei están “llenas de riegos que las hacen potencialmente muy dañinas para la economía y el pueblo de Argentina”. “Una reducción grande en el gasto estatal incrementaría los ya altos niveles de pobreza y desigualdad, y podría resultar en un incremento de la tensión social y el conflicto”, agregan.

Cuestionaron el comunicado de Cancillería al cumplirse 191 años de la usurpación. “Ya vivimos la época de las relaciones carnales”, recordaron.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata tildó de “engañoso” el comunicado difundido por Cancillería argentina al cumplirse 191 años de la usurpación británica a las Islas Malvinas y denunció un “plan de entrega del Gobierno de Javier Milei de nuestra soberanía nacional”.

En el escrito se cuestionó el comunicado emitido desde la Cancillería donde, según denunciaron, “advertimos un entrelíneas en un párrafo engañoso que coincide con lo que LLA dejó por escrito en su plataforma electoral, que dice: ‘En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones'”.

En ese aspecto, rechazaron que “ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur”.

“No hay soberanía posible cuando cada día queda más en evidencia a un gobierno que responde a una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales”, sentenció el CECIM La Plata.

A la vez, resaltó que “hoy estamos nuevamente en manos de una fuerza de tareas para entregar todo vestigio de política soberana y así lo declararon en su plataforma electoral la Libertad Avanza”.

“La última gestión de gobierno neoliberal endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quieren avanzar en forma antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social”, enfatizó la entidad.

Se completará con una segunda suba en febrero cuando la tarifa pasará a $ 125.

El pasaje del subte en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar desde hoy $ 110, un incremento de 37,5%, como parte del primero de los dos tramos de aumentos autorizados por el Gobierno porteño el mes pasado.

La modificación del cuadro tarifario, tratada y aprobada en una audiencia pública desarrollada el 4 de diciembre pasado, se completará con una segunda suba en febrero, cuando la tarifa pasará a $ 125.

La tarifa del Premetro, en tanto, pasó a ser de $ 38,50.Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), firma estatal a cargo de la supervisión del subte -operado por la privada Emova- señaló en un comunicado que el aumento permitirá “seguir garantizando el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”.

“La actualización responde, principalmente, a la variación de la tarifa técnica, que refleja el costo de la explotación del servicio y consiste en el cociente entre dichos costos y el número de pasajeros pagos, de manera tal de mantener sustentable el sistema de transporte público”, indicaron.

Con el nuevo aumento seguirá vigente el descuento de Red SUBE realizado en el caso de combinar con colectivos y trenes dentro de una ventana de dos horas.

Asimismo, continuará el beneficio para pasajeros frecuentes: a partir de los 21 viajes mensuales, el boleto pasa a ser de $ 88, desde los 31, $ 77; y desde los 41 viajes en adelante, saldrá $ 66.Además, seguirán vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, estudiantes, personas con discapacidad, personas trasplantadas; y los abonos social, maestro y estudiantil.

El aumento del subte se suma al de los colectivos, que pasaron el 1 de enero a cobrar una tarifa mínima de $ 76,92 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque aún, en muchos casos, sigue cobrándose la tarifa anterior por retrasos en la implementación en las máquinas de cobro.

Los trenes del área metropolitana, por su parte, cobrarán una tarifa mínima de $ 37,38 desde el lunes 15 de enero en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte; y de $ 43,38 en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza.

En ambos casos, se trata de un incremento del orden del 45%.En los próximos días se realizará una audiencia pública para definir una nueva tarifa, con recortes de subsidios, tanto para trenes como para colectivos.

A dichos recortes de subvenciones, se le sumarán incrementos mensuales de acuerdo con la inflación acumulada, según lo dispuso la Resolución 8/2023 publicada el miércoles pasado.

El Gobierno Nacional invitó a otras jurisdicciones a sumarse a esta fórmula de aumento, aunque se desconoce aún si la Ciudad de Buenos Aires adherirá a la misma con los subtes.

Así lo determinó el juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal. Ayer la Justicia aceptó la cautelar impulsada por la central obrera y frenó parte del decreto.

El juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, habilitó este jueves la feria para tratar por separado amparos presentados contra la totalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei y, de esta manera, desarmó la posibilidad de un proceso colectivo por lo que la cautelar que frenó parte del decreto en el fuero laboral continuará allí.

El magistrado declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo (como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad) y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su “desvinculación inmediata”, informó la agencia de noticias estatal Télam.

En esa línea, Pico (quien se encuentra de turno en la feria judicial) ordenó que sean remitidas a “las jurisdicciones correspondientes las actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso” colectivo. La medida tomada por la juez habilita a que los magistrados federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar los casos que se abran contra el DNU de Milei.

En este marco, el magistrado consideró que es “inoficioso” el pedido del Estado nacional de migrar del fuero laboral al Contencioso la cautelar impulsada por la CGT (que aceptó ayer la Cámara Nacional del Trabajo) que frenó parte del decreto. El Gobierno nacional podría ir ahora a la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal para que la decisión sea revisada.

La presentación lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza. Se pide que se deje sin efecto el decreto antidemocrático que impulsa el Ejecutivo.

Un total de 500 intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), presentaron ante la Justicia un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei, se informó hoy oficialmente.

La presentación, a la que tuvo acceso Télam, fue hecha este martes, lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

A la vez, el recurso judicial planteado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña solicitó “que se ordene, como medida de urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, explicó Espinoza en un comunicado.

Para el dirigente peronista, el decreto presidencial “afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs y los productores regionales”.

En la acción de amparo, se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.

“Pero para ello, y sin la intermediación (como corresponde) del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país”, mencionó.

Y se sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.

En ese sentido, Espinoza consideró que “a días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo”, afirmó.

“Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y PyMEs, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades”, dijo.

Los encuentros giraron en torno a la defensa de la democracia y los diferentes derechos vulnerados por las normativas impulsadas por el Gobierno.

Este miércoles fue una jornada activa para el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), en el marco de la organización de la resistencia parlamentaria al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) masivo y el proyecto de ‘Ley Omnibus’ presentada al Congreso impulsados por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Luego de que este martes el titular del bloque, Germán Martínez, solicitara con carácter urgente una reunión con su par de La Libertad Avanza (LLA), Martín Menem, para conocer detalles sobre cómo pretende el oficialismo tratar la mencionada Ley; la cruzada del bloque opositor continuó ayer con dos encuentros.

Una de ellas tuvo lugar por la tarde con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de diferentes organismos de Derechos Humanos, con quienes ratificaron “la defensa de la democracia que está siendo avasallada a través del DNU y la Ley Ómnibus”.

Además, precisaron, “se ratificó el compromiso de trabajar juntos por la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales que están siendo vulnerados mediante las medidas del gobierno de La Libertad Avanza”.

Finalmente, y pensando en el próximo 24 de marzo, se expresó la necesidad de “que todo el arco político argentino, la justicia, organizaciones de la sociedad civil, y la ciudadanía en su conjunto defiendan la democracia argentina, a más de 40 años de su recuperación”.

La jornada por la Memoria, Verdad y Justicia de este año se dará en un contexto muy especial, donde la nueva administración nacional diseñó y viene implementando un polémico protocolo que criminaliza las manifestaciones que corten calles o rutas.

También se prevé -a través del mencionado DNU- la ilegalidad de reuniones de tres o más personas en espacios públicos con fines de expresión de algún tipo de reclamo sin dar previo aviso a las autoridades, lo cual generó amplio repudio en el campo popular y cuestionamientos respecto a las ‘libertades’ que el Gobierno pregonaba defender hasta hace semanas en campaña.

En tanto, el día de ayer también fue marco de un encuentro de representantes del peronismo en la cámara baja con uno de los actores sociales más perjudicados por las nuevas medidas instrumentadas: los inquilinos.

La derogación de la Ley de Alquileres prevista en el mega decreto, que libera los contratos a un común acuerdo entre las partes y habilita a negociarlos en cualquier tipo de moneda, tuvo un fuerte impacto en el mercado inmobiliario y elevó la incertidumbre y preocupación entre quienes rentan mensualmente su vivienda.

En el marco del encuentro con agrupaciones de inquilinos de todo el país que se dio en forma presencial y remota, expresaron “un enérgico rechazo” a la eliminación de la normativa, que había sido modificada en octubre en el Congreso -y que tampoco colmaba las expectativas de las partes-.

“Fue un encuentro de diálogo y escucha en el que se manifestó la peligrosa situación que enfrentan los inquilinos de todo el país. Dicha decisión del gobierno de La Libertad Avanza empuja a millones de argentinos/as a un escenario de injusticia y padecimiento”, expresó el bloque de diputados a través de las redes sociales.

Sobre el final del comunicado, sentenciaron: “Desde el bloque de UP nos sumamos al reclamo general de las y los inquilinos de todo el país para ponerle freno al avance del DNU”.

Alcanzó un aumento de 18,6% en diciembre y acumuló durante todo el año un incremento del 206%, 2,65 veces más que en 2022.

El precio de los alquileres alcanzó una suba de 18,6% en diciembre y acumuló durante todo 2023 un incrementos del 206%, 2,65 veces más que en 2022 y muy por encima de la inflación (160,9%) y del ajuste del Índice de Contratos Locativos (135,5%).

Así lo reveló un informe del portal especializado Zonaprop, que indicó que el alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA ya se ubica en $334.888 mensuales.

Según el relevamiento, realizado en base a los avisos publicados en el portal inmobiliario, un monoambiente de 40 m2 se alquila por $280.260 mensuales y uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un precio de 463.301 pesos por mes.

Las cifras describen la dificultad que viven hoy en día miles de familias que buscan acceder a la vivienda en un mercado muy restringido y encarecido.

“Los precios del alquiler subieron 18,6% en diciembre y se registró un incremento del 206% anual, 2,65 veces más que en 2022. Este incremento es muy superior a la inflación (190,9%) y el ajuste del ICL (135,5%)”, indicó el trabajo.

Dentro de la oferta por barrio, Palermo aparece como el más caro para alquilar, con un valor de $491.737 mensuales. Le siguen Belgrano ($487.654) y Núñez ($477.163). En cambio, Liniers es el barrio más accesible por $273.253, seguido por Monte Castro y Floresta, $284.809 y $288.139, respectivamente.

En tanto, Corredor Norte, Corredor Noroeste y Macrocentro son las zonas con mayores precios en cuanto alquiler, $474.377 mensuales, $419.140 y $358.652, respectivamente. Por el contrario, el Oeste ($301.687) y el Sureste ($308.272) son las zonas más económicas.

Si bien en el segundo semestre del año registró un cambio de tendencia con un 1,2% de incremento en el precio de venta, el precio medio acumuló en 2023 un retroceso de 1,0%.

Esta variación fue menor a la de 2022, cuando fue de 6,6% al registrar cinco años consecutivos de caída. Según los datos de diciembre, el valor se ubica un 22,3% por debajo del máximo alcanzado en 2019.

Los precios de avisos publicados en el portal registran un incremento mensual del 0,3% en diciembre, en tanto que el metro cuadrado se ubica en 2.177 dólares.

Esto implica que un monoambiente de 40 m2 tiene un precio de 95.538 dólares para la venta, mientras que uno de dos ambientes y 50 m2 alcanza 114.798 dólares y uno de 3 ambientes y 70 m2 está en 159.288 dólares.

Mientras que en 2022, el 83% de los barrios de la ciudad registraron una baja en el precio de inmuebles, en 2023 el 65% registra suba del precio mensual. Desde julio, el porcentaje crece y se ubica por encima del 50%.

Por otro lado, el volumen de escrituras en la Ciudad en noviembre fue 21% superior al mismo mes del 2022. En lo que va del año se registra un incremento del 22% respecto a 2022 y 19% respecto a 2019, aunque todavía no alcanza los valores de 2018.

En cuanto al costo de construcción medido en dólares, se registra una baja 0,2% en 2023 mientras que el precio de los departamentos disminuye 1,0%, es decir que construir cuesta un 91,2% más que en octubre de 2020 pero se mantiene 32,7% por debajo de abril 2018 y 17,4% por debajo del promedio 2012-2022.

Puerto Madero encabeza el ranking de barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires con un valor de 5.697 dólares por m2. Le siguen Palermo (3.019 dólares/m2) y Belgrano (2.756 dólares/m2).

Por el contrario, Lugano, Nueva Pompeya y La Boca son los barrios más económicos con un precio de 979 dólares/m2, 1.382 dólares/m2 y 1.436 dólares/m2, respectivamente.

La relación alquiler/precio aumenta y se ubica en 5,75% anual en diciembre, es decir, se necesitan 17,4 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 27% menos que en 2022.

La firma que produce Montagne y New Balance entre otras marcas, anunció que volverá a dejar de producir hasta febrero.

Bicontinentar, la ex Paquetá que reabrió en 2021 tras cerrar en 2018, tendrá su planta parada hasta febrero y abrió retiros voluntarios para 100 operarios. Espera que la producción se retome en un mes cuando se normalice la entrega de materia prima.

En 2021 Bicontinentar Footwear Technologies reabrió la planta conocida como ex-Paquetá, que había cerrado durante el industricidio de Macri en 2018 en la ciudad bonaerense de Chivilcoy. Esta semana anunció que volverá a cerrar, esta vez hasta febrero y ofreció retiros voluntarios a 100 empleados que firmaron su indemnización más un 10% extra.

La ex Paquetá o Bicontinentar Footwear Technologies que fabrica las zapatillas New Balance o productos Montagne, aseguró a distintos medios que desde el cambio de gobierno tienen serios problemas para importar insumos. A esto se sumó la brutal devaluación que frenó la economía y generó una previsión de fuerte caída de la actividad para el año que viene.

El periodo de vacaciones estaba programado. Actualmente se quedaron con 280 trabajadores que volverán a la planta en la primera semana de febrero, señalaron. La expectativa es que para entonces todo se habrá regularizado respecto a las materias primas que necesitan para producir.

«La empresa tenía órdenes firmes para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero las dificultades en la aprobación de licencias de importación de insumos y pagos al exterior generaron importantes atrasos en la cadena de abastecimiento de la mayoría de nuestros clientes. Aún así, tomamos la decisión de conservar la dotación completa», explicó la firma en un comunicado.

Pero la situación se complicó hace un mes. «En vistas a atender a esa producción atrasada, pero sin el stock suficiente, balanceamos el trabajo con los recursos disponibles, alterando la planificación, pero preservando las fuentes de trabajo. Hasta la última semana de noviembre hubo una planificación firme con horizonte a junio. Lamentablemente, la primera semana de diciembre varios clientes nos informaron que muchos de los insumos pendientes no llegarían, notificando la cancelación de pedidos«, aclaró.

«En el último semestre de 2021 y todo 2022 fuimos protagonistas y comunicadores activos de buenas noticias, reales y constatables. Hubo momentos en que debimos abrir una línea de producción por mes al ritmo del arribo de nuevos clientes«, señaló la compañía en relación a la época de mayor demanda donde debió ampliar su operación.

«Pero esos buenos tiempos se terminaron este año, con los problemas para importar y la previsión de una caída de la actividad en 2024«, anticipó de cara al año entrante.

La empresa produce en el país marcas internacionales como New Balance, Under Armour, Diadora, Montagne, Le Coq Sportif, Hush Puppies, Olylmpikus, Ringo y Athix.

Este miércoles se dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el decreto presidencial.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este miércoles el capitulo laboral de mega DNU del presidente Javier Milei como respuesta a la denuncia presentada por la CGT.

En la víspera, la Justicia del Trabajo aceptó levantar la feria judicial para tratar la denuncia de la Central General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación que apunta a desregular la economía y cambiar las condiciones laborales en el país.

La resolución fue con una votación dividida: los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior resolvieron frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales mientras que la jueza Dora González votó en disidencia, aludiendo que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

Entre otras disposiciones, el Título IV del DNU que suspendió la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incluye una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio.

Entre los esenciales están “los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior; y cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

En la categoría “actividades de importancia trascendental”, figuran “la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación”.

Será para el 15 de enero próximo. Habrá paro con movilizaciones en todo el país, en rechazo a las cesantías en el Estado y el programa económico del Gobierno.

Desde la conducción de las Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se convocó a una “jornada nacional de lucha” para el 15 de enero, con paros y movilizaciones en todo el país, en rechazo a las cesantías dispuestas en el sector público por la gestión de Javier Milei.

El gremio además ratificó su adhesión al paro general de la CGT con movilización del 24 de este mes, de la que participará con una columna, pero decidió acelerar los tiempos debido a que el Gobierno hizo efectiva la no renovación de contratos de trabajadores estatales que ingresaron en 2023.

“Los estatales no podemos esperar hasta el 24, necesitamos salir a responder antes a los despidos del Gobierno nacional”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, antes de ingresar al encuentro de la conducción del sindicato que se hizo en el Hotel Quagliaro, perteneciente al sindicato, ubicado en la calle Moreno al 2.600.

El 15 de enero coincide con la fecha de fundación de ATE, mientras que antes, el 10 de este mes, el gremio hará una marcha a la ANSES, anticiparon fuentes del sindicato a NA.

La modalidad de “jornada lucha” fue adoptada para que las seccionales de provincias y municipios puedan adherir bajo el formato más propicio.

“Los que puedan hacer paro lo harán y el que pueda hacer solo marcha hará eso. Lo decidimos así para cubrirnos porque enero es un mes especial por las vacaciones”, explicaron las misma fuentes.

“La insensibilidad de este Gobierno es absoluta. Sin que existan causas justificadas y violentando todas las normas, dejan en la calle a miles de familias”, había apuntado Aguiar horas antes de comunicar la medida.

“Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de este 2024”, agregó el dirigente que sucedió el año pasado a Hugo “Cachorro” Godoy, quien quedó al frente de la CTA Autónoma.

Y cerró: “Tenemos que seguir rechazando en la calle un DNU y una Ley Ómnibus que nos perjudican a todos y hieren de muerte a nuestra Democracia”.