Los jefes comunales fueron a la Justicia para frenar el Decreto antidemocrático impulsado por el Ejecutivo.

Intendentes que forman parte de la Federación Argentina de Municipios (FAM), organismo presidido por el mandamás de La Matanza, Fernando Espinoza, encararon un encuentro en CABA.

“Decidimos presentar un recurso de amparo y pedido de cautelar para frenar el DNU del presidente Milei, que avasalla totalmente los derechos que supimos conseguir en los últimos cien años; es totalmente inconstitucional”, señaló Espinoza tras el encuentro.

En ese sentido, sostuvo que “más allá de todo lo que avasalla, esto se tiene que tratar en el Congreso de la Nación” y disparó: “Estamos en democracia, pero parecería que vivimos una dictadura” ya que “un presidente y diez personas generan un DNU que favorece a grandes grupos y que perjudica al 90 por ciento de los argentinos”.

“Nosotros, como representantes de millones de voces, que son nuestros vecinos, a la que escuchamos todos los días… Milei lleva 18 días como presidente y nosotros como intendentes; y lo que escuchamos nosotros en estos días es a empresarios decir que tienen que echar gente, a comerciantes que dicen que se les cayeron las ventas, a jubilados que nos dicen que no llegan a los diez días del mes; a los trabajadores de todos los sectores que representamos”, valoró.

En ese plano, resaltó: “No podemos borrar d eun plumazo todos los derechos, no podemos vender los recursos naturales. La Argentina no está en venta, esperamos que la Justicia dé lugar a frenar este DNU, que los debates se generen en el Congreso, que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias”.

“Estamos en un momento de mucha incertidumbre y esto hace que los que quieran tomarse vacaciones lo duden y no lo hagan, teníamos una temporada antes del DNU y otra después de estos anuncios. Esto se monitorea día a día, pero la situación es compleja, sino las cámaras hoteleras, secretarios de turismo de otras localidades”, añadió el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien fue parte del encuentro.

Fue a través de una reunión que mantuvieron las autoridades de CAME con el secretario de Comercio de la Nación, donde pusieron de relieve que “es clave un instrumento” de financiación como este.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y el secretario general de la entidad, Ricardo Diab, se reunieron este jueves con el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, y con el secretario de la Economía del Conocimiento, Emprendedores y Pyme de la Nación, Marcos Ayerra.

El motivo del encuentro fue solicitar la continuidad de un programa similar al vigente “Ahora 12” para compras en 3 y 6 cuotas financiadas. Al respecto, el titular de CAME sostuvo que “para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”.

En ese sentido, Lavigne manifestó que el Gobierno nacional y el Banco Central ya están negociando las pautas financieras del nuevo plan que empalmará con el “Ahora 12”, y resumió: “En las próximas semanas tendremos definiciones”.

A su vez, desde CAME se planteó la necesidad de tener alternativas de financiamiento especial que sean de fácil acceso para el sector pyme.

Por otra parte, Lavigne destacó que aquellas pymes importadoras que tengan deudas con proveedores del exterior tienen que inscribirse en el “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior” contemplado en el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI).

De esta manera agilizarán los pagos de los compromisos vencidos a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

Por último, González y Diab informaron la participación de la entidad pyme en la Expo Apras 2024, la 41ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados del estado de Paraná, Brasil, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de abril en la ciudad de Curitiba. La Secretaría de Comercio asumió el compromiso de ser parte de la inauguración.

En el evento se promocionarán los productos de las pymes argentinas en el mercado brasileño y CAME instalará un showroom permanente para fomentar la internacionalización pyme.

La producción de la industria manufacturera pyme bajó 6,4% en septiembre frente al mismo período del año pasado. Es el cuarto mes consecutivo en que la actividad se retrae. En total, acumula una caída de 0,8% en los primeros nueve meses del año. En la comparación mensual, la producción se mantuvo sin cambios.

El Gobierno envió carta a los países integrantes del bloque de los Brics para anunciar que no considera “oportuno en esta instancia” participar de economías emergentes.

El Gobierno argentino anunció hoy que envió carta a los países integrantes del bloque de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para anunciar que no considera “oportuno en esta instancia” participar de ese espacio de economías emergentes.

Así lo comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Diana Mondino. Fuentes gubernamentales confirmaron a Télam que se envió una nota a los presidentes de los cinco países que integran el bloque: Luis Inácio Lula da Silva (Brasil), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), Narendra Modi (India), Xi Jinping (China) y Vladimir Putin (Rusia).

Según trascendió, en las cartas se afirma que “no se considera oportuno en esta instancia participar como miembro a partir del 1 de enero del 2024 ya que muchos ejes de la política exterior actual difieren de la anterior” gestión.

En agosto pasado, Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron aceptados para ingresar al grupo a partir del 1 de enero de 2024. El foro de los Brics representa actualmente el 36% del PBI mundial y el 46% de la población del planeta.

En ese momento, el por entonces presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina se propuso ser parte de los Brics porque “el difícil contexto internacional confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo”.

El abogado Pablo Llonto hizo una primera lectura de los puntos más importantes del proyecto de ley y cuestionó duramente su contenido.

El mega proyecto de ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei impactará de lleno en materia de derechos humanos. Especialistas aclararon que “no se mete con la Obediencia Debida”, aunque advierten por una regresión en un aspecto central, al considerar que de aprobarse se reglamentará el gatillo fácil. Qué podría pasar con los represores presos por delitos de lesa humanidad.

El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Llonto explicó en declaraciones radiales los puntos principales de la ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso y puntualizó las modificaciones que habrá en términos de los juicios por delitos de Lesa Humanidad y crímenes de gatillo fácil.

“Primero quería llevar un poco de tranquilidad a las víctimas y familiares de víctimas en delitos de Lesa Humanidad. Porque anda circulando una mala interpretación de este proyecto en el sentido de señalar que se mete la Obediencia Debida”, remarcó.

Sobre este punto, que circuló mucho en los medios y redes sociales, dijo que si bien “el proyecto tiene barbaridades de punta a punta, no hay una modificación” en el tema de los delitos de Lesa Humanidad y la Obediencia Debida, que prevé una presunción iuris et de iure para de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas con un grado por debajo de coronel.

“Eso ha estado siempre en el Código Penal, después tuvo una ley especial para los delitos de Lesa Humanidad. Los tribunales, los jueces, la Corte, todos los tribunales del país han dicho que no se aplica para estos casos. En ese sentido, no es así lo que se está diciendo. No hay “restauración”. Siempre estuvo”, aclaró.

Llonto, en este punto, añadió sobre el segundo gran avasallamiento en términos de derechos humanos: “En el inciso 4 le han agregado unas líneas al texto, porque dicen que se debe interpretar a favor de las fuerzas de seguridad. Esto está hecho para la Policía y el gatillo fácil. Seguramente que de este artículo, si pasara, esto lo van a utilizar los defensores de quienes cometan delitos de gatillo fácil”.

Y este punto sí se toca con los delitos de los genocidas: “Seguramente algún defensor de Lesa Humanidad también se agarre de esto para intentar meterlo. Pero los tribunales han rechazado”. A lo que añadió: “Sí los agregados que hay al tema de impedirles a los familiares de las víctimas querellar contra el funcionario público que haya cometido este delito. Es claramente sobre el caso Chocobar”.

En este contexto, Llonto opinó: “Hace unos días que estamos diciendo que el Congreso se puede reunir y sesionar para el rechazo del DNU, para no entrar en esta trampa de creer que como en las sesiones extraordinarias hay un límite para tratar nos metieron el DNU”.

El diputado nacional y presidente del PJPBA dialogó con Roberto Caballero. “La pregunta que hay que hacerse es por qué el presidente confía en alguien a quien acusó de despilfarrar 15 mil millones de dólares”, afirmó en relación al ministro de economía Luis Caputo.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner consideró este jueves que el Gobierno nacional busca “atorar la discusión” en el Congreso nacional con el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el envió del proyecto de Ley ómnibus para que “terminen pasando muchas de las cosas” que figuran en esas iniciativas.

“El Presidente (Javier Milei) utiliza una herramienta que tiene a su disposición como es la firma de un DNU. Acá el problema es como se utiliza esa facultad. Creo que con esa norma y el envío al Congreso de la ley ómnibus, se está buscando atorar una discusión en el Congreso para que muchas cosa terminen por pasar”, señaló Máximo Kirchner en declaraciones a El Destape Radio.

Para el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el contenido de esas dos iniciativas “es agresivo para con la gente y lo mismo ocurre” con el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

“Lo que se debe resolver es el problema de ingresos que tienen los argentinos. La mirada institucional de Argentina no es una vestimenta de ocasión que uno puede decir cuando se la pone o no. Acá hay una fabula que sostiene que las ideas que se quieren aplicar desde el Gobierno no funcionan porque los trabajadores no están de acuerdo. Pero el verdadero problema es que son iniciativas que han fracasado en Argentina”, enfatizó.

El legislador nacional observó que los argentinos padecen a diario “un montón de situaciones” que no se verifican en el discurso que pretende hacer circular el Gobierno ante la sociedad.

“En octubre del año pasado hicimos un acto con gran parte del movimiento obrero organizado y planteamos que había en marcha tres proyectos sobre flexibilizaciones. Uno laboral, uno ambiental y otro impositivo. Estos elementos se pueden encontrar tanto en el DNU como dentro de la Ley ómnibus”, concluyó.

Los manifestantes protestan en La Matanza en contra del DNU y de la Ley Ómnibus impulsada por el Presidente. La medida de fuerza culminará a las 14 horas

Los manifestantes protestan en La Matanza en contra del DNU y de la Ley Ómnibus presentada por el presidente de la Nación.

Un grupo de Organizaciones Sociales realizaban este jueves una protesta con un corte parcial de la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, en La Matanza, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía anunciado por el presidente Javier Milei.

La protesta se extenderá hasta las 14 en la Ruta 3 entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala.

“Este es el inicio de un plan de lucha que irá creciendo en forma escalonada. Hoy será por cinco horas, en unos días volveremos a la ruta y así llegaremos al corte por tiempo indeterminado como fue hace más de 20 años atrás cuando derrotamos a (Patricia) Bullrich y a (Fernando) De la Rúa”, dijo el titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D’Elía, uno de los dirigentes convocantes de la protesta.

Además de la FTV, participan de la convocatoria la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza, entre otros.

“Estamos en este corte en la Ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de (el presidente Javier) Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”, sostuvo D’ Elía.

En este sentido, el dirigente social afirmó que “el modelo económico y social de (Javier) Milei consiste en un altísimo grado a la consagración de la entrega del país a los sectores concentrados de la economía y del privilegio, tanto de los poderosos locales como extranjeros”.

Esta protesta se da luego de la presentación en el Congreso Nacional de la Ley Ómnibus presentada por el Ejecutivo para la reformulación del Estado.

La decisión se conoció cuando la movilización a Tribunales convocado por las centrales obreras todavía no habían finalizado el acto. La excusa elegida: el Decreto no se encuentra en vigencia.

El juez nacional del Trabajo, Ignacio Ramonet, desestimó el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el Mega DNU de Javier Milei.

El juzgado laboral interviniente rechazó la presentación de la central de los trabajadores de una medida cautelar “interina” para suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya que aún no está en vigencia.

“Desestimar la medida cautelar “interina” solicitada por la parte actora y correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver”, resolvió el juzgado.

Cabe recordar que la presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69. Allí buscaban frenar los artículos del DNU vinculados a la reforma laboral.

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió al menos diez amparos contra el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.

La primera fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la cual el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un “amparo colectivo” y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado. La acción judicial fue presentada por esa asociación civil y organizaciones como ATE y CTA contra el decreto de desregulación económica.

También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, que quedó radicada ante el Juzgado 12 de ese fuero.

Durante el martes presentaron amparos el extitular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.

Por la anunciada eliminación de inversión en obras públicas por parte del Gobierno nacional, el jefe comunal de Lanús celebró la iniciativa del diputado nacional.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, destacó mediante sus redes sociales un proyecto elaborado por el diputado nacional Máximo Kirchner.

Junto a otros legisladores nacionales, Kirchner busca establecer el “Fondo Federal para el Desarrollo Nacional”.

Según se dio a conocer, la iniciativa está diseñada para contrarrestar el impacto negativo previsto en los ingresos de los estados provinciales y municipales a raíz de las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei.

El legislador nacional, destaca que estas medidas, junto con las declaraciones del presidente y su ministro de economía, Luis Caputo, “tendrán un impacto negativo en los ingresos de los estados provinciales y municipales, impidiendo el desarrollo de obras esenciales para sus comunidades”.

El flamante mandatario comunal de Lanús, expresó en su cuenta de X (ex Twitter): “El proyecto de Máximo Kirchner plantea una alternativa al ajuste de Milei. Si el Gobierno Nacional elimina la inversión en obras públicas, el Fondo Federal para el Desarrollo Nacional es una herramienta indispensable para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas de Lanús”.

La marcha hacía los Tribunales para rechazar el DNU impulsado por el Poder Ejecutivo culminó a horas del mediodía. También participaron organizaciones sociales, políticas y gremiales, entre otras.

Dirigentes de la CGT solicitaron esta tarde al Poder Judicial que “actúe” para que “frene y deje sin efecto” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera, que se reúne mañana, analizará la posibilidad de convocar a un plan de lucha que podría incluir un paro general.

En el marco de la masiva manifestación frente al palacio de Tribunales en el centro porteño, los triunviros de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), y los sindicalistas Sergio Palazzo (Bancarios), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (Upcn), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Juan Carlos Schmitd (Portuarios) expresaron su rechazo al DNU porque “atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores” y “solo beneficia a un grupo de empresarios”.

En declaraciones a la prensa, el diputado y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que la manifestación transcurrió “con tranquilidad, en paz y masivamente a la espera de que la Justicia termine con este DNU que es inconstitucional” y agregó: “Ojalá que el Poder Judicial deje sin efecto el DNU”.

“Esperemos que la Justicia de vuelta el tema del DNU porque sino, cada cuatro años, se cambia el marco jurídico del país. Después que no se quejen si hay una reforma judicial por decreto”, advirtió Palazzo.

En tanto, el secretario general de los trabajadores de la construcción, Gerardo Martínez, planteó: “Queremos un Presidente que respete la división de poderes y que entienda y comprenda que los trabajadores tienen la necesidad de defenderse en forma colectiva”.

“A la CGT nos preocupa todas las reformas del DNU, pero más las sociolaborales porque guardan un sentido que va en contra de los derechos de los trabajadores, ya que viola los derechos constitucionales”, manifestó.

Martínez, quien es uno de los gremialistas con mayor diálogo con el Gobierno de La Libertad Avanza, sostuvo que “el diálogo es algo que nosotros estamos reclamando con una mesa tripartita entre el Estado y los sectores empresariales”.

Sobre la posibilidad de la convocatoria a un paro general como medida de fuerza, Martínez adelantó que “mañana tenemos el comité central confederal de la CGT donde la idea es que se articule un plan estratégico para defender los derechos de los trabajadores”.

“Todas las medidas que forman parte de un plan se van a analizar”, remarcó ante la consulta de llamar a un paro nacional.

Por su parte, el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, calificó a la marcha como “muy importante” porque “fue más gente de la esperada”.

“El DNU sin consulta y sin hablar con nadie es algo que no va. Nosotros quizás algunas cosas las podemos compartir y se pueden discutir, pero no hubo ningún llamado a la CGT para debatir los puntos del DNU que tiene aspectos laborales y de las obras sociales”, remarcó.

Y añadió: “Estamos preocupados por la marcha del país que viene desde antes porque hace años que los argentinos no encontramos el mecanismo de dialogo para lograr la unidad nacional”.

A su turno, el secretario general de la Federación de la Industria Naval, Juan Carlos Schmid, manifestó que “es una protesta importante porque el decreto de necesidad y urgencia no tiene ninguna necesidad ni urgencia y además atenta contra el derecho a huelga y a la libertad sindical”. Por eso, Schmid consideró que el DNU “es una declaración de guerra a los sindicatos”, por lo que “a este decreto se lo enfrenta con la lucha en la calle y con mucha inteligencia”.

“No hay que confundir prudencia con resignación porque ningún trabajador va a resignarse a perder su convenio colectivo, sus derechos y sus conquistas”, cerró el gremialista.

El Gobernador buscará aprobar el jueves en la Legislatura un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscará aprobar el jueves en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, dos sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria que tienen como objetivo profundizar la integración del sistema de salud.

Las iniciativas fueron incluidas dentro de un proyecto enviado el viernes pasado por el Poder Ejecutivo a las cámaras en el que además se busca prorrogar el estado de emergencia vigente en diversas áreas como seguridad, salud y educación, y se solicita autorización de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.

Según explicó en declaraciones formuladas a Télam el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se trata de “herramientas claves para profundizar la integración del sistema de salud”.

Kreplak detalló que se proyecta que “ambas iniciativas se constituyan bajo el modelo de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, lo que quiere decir que la provincia tendrá su control”.

Describió que “la Empresa bonaerense de emergencias en salud busca mejorar el sistema de emergencia de toda la provincia mejorando los estándares de calidad y el financiamiento”.

“Sabemos que son grandes problemas que cada distrito y cada localidad tiene. Tenemos el proyecto y sabemos cómo hacer para contribuir a esa solución. Esperemos que nuestros legisladores y legisladoras las puedan convertir en ley para inmediatamente trabajar para concretarlas”, cerró.

En las propuestas, a las que tuvo acceso Télam, se precisa que el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, tendrá por objeto “realizar la investigación, el desarrollo, la producción, el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta y la distribución por mayor y/o menor así como el control de calidad de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud”.

También, se dedicará “al control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas y marcas nacionales o extranjeras, actividades de representación, mandato, comisión y consignación, la importación y exportación, así como toda otra actividad tendiente a fortalecer el desarrollo tecnológico, científico, productivo, de innovación de la propia sociedad, así como del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires”.

En la propuesta enviada a la Legislatura se pretende crear la “empresa bonaerense de emergencias en Salud”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con el objeto de “prestar el servicio de emergencias en salud que comprenderá la asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias”.

En paralelo, se ocupará de la logística y transporte de usuarios y usuarias del sistema de salud, ya sea traslados pre hospitalarios o bien traslados y derivaciones inter hospitalarios, la logística y transporte de insumos críticos del sistema de salud y residuos patogénicos de establecimientos de salud, y el manejo de un sistema integral de emergencias en salud”.

En la norma enviada a la Legislatura se aclaró que “el Poder Ejecutivo dictará los estatutos societarios de las sociedades creadas con el fin de optimizar el cumplimiento del objeto social” y se indicó que “a tales fines podrá autorizarlas a emitir, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deudas en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no, para el cumplimiento de su objeto social”