El ministro de Infraestructura bonaerense expone en la audiencia pública en la que se presentan las nuevas tarifas del gas.

Las empresas que operan en la provincia de Buenos Aires pidieron aplicar aumentos que no bajan del 350 por ciento y Axel Kicillof mandó a un representante del gobierno a expresar su rechazo.

El encargado de esa tarea es Gabriel Katopodis, nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Antes de participar de la audiencia el funcionario dialogó con la prensa y expresó su rechazo a los incrementos propuestos por las distribuidoras. “Hay un pedido de incrementos que van entre el 350% y el 700%. Claramente son abusivos”, sintetizó el ministro.

Según Katopodis, cualquier tarifa de servicios públicos que suba por encima del 400 por ciento “es confiscatorio” y “va a golpear un bolsillo ya bastante dañado”. Sobre todo porque el gobierno de Javier Milei “hace las cuentas al revés”. “Decide aumentar prepagas, alquileres, tarifas y que bajen las jubilaciones y el salario”, advirtió.

Además de pedir una actualización tarifaria, las empresas dedicadas a proveer de gas a los domicilios e industrias de Argentina pidieron implementar un sistema de actualización mensual. Esto les permitiría volver a subir sin hacer nuevas audiencias y cuando lo consideren oportuno. El gobierno provincial también se opone a esta iniciativa. “Sería un incremento gatillo que claramente es indexatorio y abusivo y no se corresponde con la situación del salario”, argumentó Katopodis.

La tercera crítica a la propuesta de las empresas distribuidoras de gas de la Provincia tiene que ver con las inversiones. “Estamos rechazando también que sean las empresas las que definan hacia donde tenemos que orientar las inversiones”, afirmó el ministro antes de explicar que “lo van a hacer sin ningún sentido estratégico, solamente donde esté garantizada la rentabilidad de corto y mediano plazo”.

En este punto, quien fuera titular de Obras Públicas de Nación hasta diciembre de 2023, pidió que se priorice la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. “Necesitamos que sea el Estado el que lidere esa agenda para lograr la autonomía y la soberanía energética”, aseguró. La obra en cuestión es la que conectaría la ciudad bonaerense de Salliqueló con San Gerónimo, provincia de Santa Fe.

Al comienzo de la audiencia pública, el secretario de Energía designado por Milei, Eduardo Rodríguez Chirillo, se encargó de dar a conocer la política tarifa que pretende implementar el gobierno libertario.

Hasta el 1° de abril seguiría vigente la segmentación tarifaria actual y a partir de ahí se implementaría un nuevo esquema de subsidios. Para esto determinarán “los ingresos totales del grupo familiar y fijar una canasta básica energética con tipos de consumo en las distintas zonas del país para que el subsidio que otorgará el Estado sea diferencial cuando el precio de esa canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”.

El Gobierno definió los funcionarios que concurrirán al Congreso para defender la antidemocrática iniciativa.

l proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, conocido como Ley Ómnibus, comenzará a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La puesta en marcha del tratamiento en el Congreso de la Nación será con la presencia de ministros y funcionarios de la primera plana del Gobierno, que defenderán la iniciativa que aplica reformas de desregulación económica y del Estado.

En el marco del período de sesiones extraordinarias, el titular de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Gabriel Bornoroni, convocó a una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda (que preside José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (que encabeza Nicolás Mayoraz) para este martes a las 14 hs en la Sala 2 del edificio anexo C.

Será la primera de dos jornadas muy extensas previstas para esta semana: la segunda está convocada para este miércoles de 9 a 20 hs.

Para este martes, está confirmada la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mientras que el jueves asistirá la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que asistirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada uno de ellos disertará y responderá por tres horas.

Otros funcionarios de alto rango que concurrirían entre este martes y el miércoles son Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura), y Florencia Misrahi (AFIP).

“Se viene un clima de discusión. Va a haber gente a la cual preguntarle, cosa que hasta ahora no hubo”, señalaron altas fuentes de presidencia de Diputados en diálogo con la prensa parlamentaria.

A priori, La Libertad Avanza busca aprobar todo el paquete de 664 artículos a libro cerrado, aunque el presidente Javier Milei abrió una pequeña hendija al diálogo, tras deslizar que aceptaría “sugerencias” para mejorar la normativa.

En el proyecto de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, hay cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal que el Gobierno no podía constitucionalmente legislar por decreto, pero también coló allí todo tipo de cuestiones de la más diversa índole, lo cual fundamenta los planteos de la oposición sobre la irregularidad del procedimiento.

José Luis Espert: “Es posible que la Ley Ómnibus salga con algunas modificaciones”
Este martes, el diputado del monobloque Avanza Libertad, José Luis Espert, señaló que “es posible” que la iniciativa sea aprobada “con algunas modificaciones”, tras mantener una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunió en Casa Rosada con los dos funcionarios nacionales, con quienes habló sobre el plenario de Comisión Laboral, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y sobre la Comisión Asuntos Constitucionales.

“Acá venimos a darle el apoyo al Presidente (Javier Milei) para que salga la Ley Ómnibus”, indicó Espert en declaraciones a la prensa al salir de la Casa de Gobierno.

Al ser consultado sobre si tiene los votos para aprobar la ley ómnibus enviada por el poder Ejecutivo al Congreso, el diputado liberal sostuvo: “Salvo el kirchnerismo, que se va a oponer a todo, el resto de los bloques, con modificaciones, van a empujar una ley que es crítica para los argentinos”.

La jueza Capuchetti sentenció que hay “inexistencia de delito” y sobreseyó a los ex funcionarios, jueces y fiscales implicados, también al ex presidente y a todos sus socios.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al Gobierno de Mauricio Macri, y del propio expresidente, a jueces y fiscales, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició al Macri; a su asesor Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señalo que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.

“La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”, sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, continuó.

Y prosiguió: “Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.

“Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”, aseguró la jueza.

El fallo benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108 ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En la mañana de hoy, las distribuidoras y transportadoras de gas natural expondrán sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que comenzó virtualmente desde las 9hs.

Esto marca el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de “febrero o marzo”, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108 ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la “determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes”.

Así, los incrementos se realizarán paulatinamente a lo largo del año, y podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los otros seis puntos son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC); y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria. Sin embargo, la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

El reconocido diario internacional le dedicó una dura editorial al presidente de la Nación.

The Guardian volvió a publicar una editorial contra Javier Milei en donde señalan que dentro de su gobierno “hay elementos del fascismo, elementos tomados prestados del Estado chino y elementos que reflejan la historia de dictadura de Argentina”. Además lo comparan con la ex primer ministra Liz Truss, quien permaneció en su cargo 45 días en el 2022.

En una nota publicada por el periodista George Monbiot, analizan algunos puntos del primer mes de gobierno de Milei: “Un programa intensivo de recortes masivos; demoler servicios públicos; privatizar bienes públicos; centralizar el poder político; despedir a funcionarios públicos; eliminar las restricciones a las corporaciones y oligarcas; destruir regulaciones que protegen a los trabajadores, a las personas vulnerables y al mundo vivo; apoyar a los propietarios contra los inquilinos; criminalizar la protesta pacífica; restringir el derecho de huelga”.

“Milei está intentando, con un vasto decreto de ’emergencia’ y un monstruoso ‘proyecto de ley de reforma’, lo que los conservadores han hecho en el Reino Unido durante 45 años”, añade.

Asimismo, el autor atribuye el programa de gobierno de Javier Milei a la influencia que tuvo del think tank Atlas Network, una ONG con sede en los Estados Unidos: “Podríamos describir ciertas políticas como las de Milei, Bolsonaro, Truss, Johnson o Sunak, pero todas son variaciones de los mismos temas, ideadas y perfeccionadas por los tanques de basura que pertenecen a la misma red. Esos presidentes y primeros ministros son sólo las caras que presenta el programa”.

El texto de The Guardian concluye afirmando que “los tanques basura de dinero oscuro y la Red Atlas son un medio muy eficaz para disfrazar y acumular poder. Son el canal a través del cual los multimillonarios y las corporaciones influyen en la política sin mostrar sus manos, aprenden las políticas y tácticas más efectivas para superar la resistencia a su agenda y luego difunden estas políticas y tácticas por todo el mundo. Así es como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias”.

Desde el 2023 y en medio de la campaña electoral, el periódico británico The Guardian viene publicando una serie de notas críticas acerca del actual presidente Javier Milei. Como referencia, el día de su asunción el medio escribió: “El discurso de Milei tuvo fuertes ecos del discurso de toma de posesión de Donald Trump en 2017, en el que el magnate estadounidense prometió poner fin a una era de ‘carnicería estadounidense’, crimen y pobreza y devolver el poder al ‘pueblo’. ‘Argentina se ha convertido en un baño de sangre’, dijo Milei, prometiendo luchar contra los narcotraficantes que habían ‘secuestrado’ las calles de sus ciudades más grandes”.

Otra comparación con Trump fue publicada después de las PASO: “Milei admira a Donald Trump, comercia con la misoginia y dice cosas escandalosas para llamar la atención. A pesar de lo que afirma Milei, el Papa no es un emisario del ‘maligno’ ni la crisis climática es ‘una mentira socialista’”. En el mismo artículo, The Guardian apuntó que el mandatario es un “fanático del misionero del libre mercado Milton Friedman” que cree que la inflación “es el resultado de que hay demasiada moneda argentina, el peso, en circulación” y que, pese a que las ideas de Friedman “han sido desacreditadas”, “sus seguidores, como Milei, los mantienen con fervor religioso”.

Finalmente, el hecho más notorio fue la publicación de una carta entre sus páginas, en donde convocaron a más de 100 especialistas económicos y sociales -como Thomas Piketty, Jayati Ghosh y Branko Milanovic- en donde señalaron que las propuestas de Javier Milei están “llenas de riegos que las hacen potencialmente muy dañinas para la economía y el pueblo de Argentina”. “Una reducción grande en el gasto estatal incrementaría los ya altos niveles de pobreza y desigualdad, y podría resultar en un incremento de la tensión social y el conflicto”, agregan.

Cuestionaron el comunicado de Cancillería al cumplirse 191 años de la usurpación. “Ya vivimos la época de las relaciones carnales”, recordaron.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata tildó de “engañoso” el comunicado difundido por Cancillería argentina al cumplirse 191 años de la usurpación británica a las Islas Malvinas y denunció un “plan de entrega del Gobierno de Javier Milei de nuestra soberanía nacional”.

En el escrito se cuestionó el comunicado emitido desde la Cancillería donde, según denunciaron, “advertimos un entrelíneas en un párrafo engañoso que coincide con lo que LLA dejó por escrito en su plataforma electoral, que dice: ‘En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones'”.

En ese aspecto, rechazaron que “ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur”.

“No hay soberanía posible cuando cada día queda más en evidencia a un gobierno que responde a una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales”, sentenció el CECIM La Plata.

A la vez, resaltó que “hoy estamos nuevamente en manos de una fuerza de tareas para entregar todo vestigio de política soberana y así lo declararon en su plataforma electoral la Libertad Avanza”.

“La última gestión de gobierno neoliberal endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quieren avanzar en forma antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social”, enfatizó la entidad.

Se completará con una segunda suba en febrero cuando la tarifa pasará a $ 125.

El pasaje del subte en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar desde hoy $ 110, un incremento de 37,5%, como parte del primero de los dos tramos de aumentos autorizados por el Gobierno porteño el mes pasado.

La modificación del cuadro tarifario, tratada y aprobada en una audiencia pública desarrollada el 4 de diciembre pasado, se completará con una segunda suba en febrero, cuando la tarifa pasará a $ 125.

La tarifa del Premetro, en tanto, pasó a ser de $ 38,50.Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), firma estatal a cargo de la supervisión del subte -operado por la privada Emova- señaló en un comunicado que el aumento permitirá “seguir garantizando el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”.

“La actualización responde, principalmente, a la variación de la tarifa técnica, que refleja el costo de la explotación del servicio y consiste en el cociente entre dichos costos y el número de pasajeros pagos, de manera tal de mantener sustentable el sistema de transporte público”, indicaron.

Con el nuevo aumento seguirá vigente el descuento de Red SUBE realizado en el caso de combinar con colectivos y trenes dentro de una ventana de dos horas.

Asimismo, continuará el beneficio para pasajeros frecuentes: a partir de los 21 viajes mensuales, el boleto pasa a ser de $ 88, desde los 31, $ 77; y desde los 41 viajes en adelante, saldrá $ 66.Además, seguirán vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, estudiantes, personas con discapacidad, personas trasplantadas; y los abonos social, maestro y estudiantil.

El aumento del subte se suma al de los colectivos, que pasaron el 1 de enero a cobrar una tarifa mínima de $ 76,92 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque aún, en muchos casos, sigue cobrándose la tarifa anterior por retrasos en la implementación en las máquinas de cobro.

Los trenes del área metropolitana, por su parte, cobrarán una tarifa mínima de $ 37,38 desde el lunes 15 de enero en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte; y de $ 43,38 en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza.

En ambos casos, se trata de un incremento del orden del 45%.En los próximos días se realizará una audiencia pública para definir una nueva tarifa, con recortes de subsidios, tanto para trenes como para colectivos.

A dichos recortes de subvenciones, se le sumarán incrementos mensuales de acuerdo con la inflación acumulada, según lo dispuso la Resolución 8/2023 publicada el miércoles pasado.

El Gobierno Nacional invitó a otras jurisdicciones a sumarse a esta fórmula de aumento, aunque se desconoce aún si la Ciudad de Buenos Aires adherirá a la misma con los subtes.

Así lo determinó el juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal. Ayer la Justicia aceptó la cautelar impulsada por la central obrera y frenó parte del decreto.

El juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, habilitó este jueves la feria para tratar por separado amparos presentados contra la totalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei y, de esta manera, desarmó la posibilidad de un proceso colectivo por lo que la cautelar que frenó parte del decreto en el fuero laboral continuará allí.

El magistrado declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo (como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad) y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su “desvinculación inmediata”, informó la agencia de noticias estatal Télam.

En esa línea, Pico (quien se encuentra de turno en la feria judicial) ordenó que sean remitidas a “las jurisdicciones correspondientes las actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso” colectivo. La medida tomada por la juez habilita a que los magistrados federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar los casos que se abran contra el DNU de Milei.

En este marco, el magistrado consideró que es “inoficioso” el pedido del Estado nacional de migrar del fuero laboral al Contencioso la cautelar impulsada por la CGT (que aceptó ayer la Cámara Nacional del Trabajo) que frenó parte del decreto. El Gobierno nacional podría ir ahora a la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal para que la decisión sea revisada.

La presentación lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza. Se pide que se deje sin efecto el decreto antidemocrático que impulsa el Ejecutivo.

Un total de 500 intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), presentaron ante la Justicia un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei, se informó hoy oficialmente.

La presentación, a la que tuvo acceso Télam, fue hecha este martes, lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

A la vez, el recurso judicial planteado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña solicitó “que se ordene, como medida de urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, explicó Espinoza en un comunicado.

Para el dirigente peronista, el decreto presidencial “afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs y los productores regionales”.

En la acción de amparo, se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.

“Pero para ello, y sin la intermediación (como corresponde) del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país”, mencionó.

Y se sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.

En ese sentido, Espinoza consideró que “a días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo”, afirmó.

“Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y PyMEs, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades”, dijo.

Los encuentros giraron en torno a la defensa de la democracia y los diferentes derechos vulnerados por las normativas impulsadas por el Gobierno.

Este miércoles fue una jornada activa para el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), en el marco de la organización de la resistencia parlamentaria al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) masivo y el proyecto de ‘Ley Omnibus’ presentada al Congreso impulsados por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Luego de que este martes el titular del bloque, Germán Martínez, solicitara con carácter urgente una reunión con su par de La Libertad Avanza (LLA), Martín Menem, para conocer detalles sobre cómo pretende el oficialismo tratar la mencionada Ley; la cruzada del bloque opositor continuó ayer con dos encuentros.

Una de ellas tuvo lugar por la tarde con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de diferentes organismos de Derechos Humanos, con quienes ratificaron “la defensa de la democracia que está siendo avasallada a través del DNU y la Ley Ómnibus”.

Además, precisaron, “se ratificó el compromiso de trabajar juntos por la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales que están siendo vulnerados mediante las medidas del gobierno de La Libertad Avanza”.

Finalmente, y pensando en el próximo 24 de marzo, se expresó la necesidad de “que todo el arco político argentino, la justicia, organizaciones de la sociedad civil, y la ciudadanía en su conjunto defiendan la democracia argentina, a más de 40 años de su recuperación”.

La jornada por la Memoria, Verdad y Justicia de este año se dará en un contexto muy especial, donde la nueva administración nacional diseñó y viene implementando un polémico protocolo que criminaliza las manifestaciones que corten calles o rutas.

También se prevé -a través del mencionado DNU- la ilegalidad de reuniones de tres o más personas en espacios públicos con fines de expresión de algún tipo de reclamo sin dar previo aviso a las autoridades, lo cual generó amplio repudio en el campo popular y cuestionamientos respecto a las ‘libertades’ que el Gobierno pregonaba defender hasta hace semanas en campaña.

En tanto, el día de ayer también fue marco de un encuentro de representantes del peronismo en la cámara baja con uno de los actores sociales más perjudicados por las nuevas medidas instrumentadas: los inquilinos.

La derogación de la Ley de Alquileres prevista en el mega decreto, que libera los contratos a un común acuerdo entre las partes y habilita a negociarlos en cualquier tipo de moneda, tuvo un fuerte impacto en el mercado inmobiliario y elevó la incertidumbre y preocupación entre quienes rentan mensualmente su vivienda.

En el marco del encuentro con agrupaciones de inquilinos de todo el país que se dio en forma presencial y remota, expresaron “un enérgico rechazo” a la eliminación de la normativa, que había sido modificada en octubre en el Congreso -y que tampoco colmaba las expectativas de las partes-.

“Fue un encuentro de diálogo y escucha en el que se manifestó la peligrosa situación que enfrentan los inquilinos de todo el país. Dicha decisión del gobierno de La Libertad Avanza empuja a millones de argentinos/as a un escenario de injusticia y padecimiento”, expresó el bloque de diputados a través de las redes sociales.

Sobre el final del comunicado, sentenciaron: “Desde el bloque de UP nos sumamos al reclamo general de las y los inquilinos de todo el país para ponerle freno al avance del DNU”.