El precio volvió a subir en las carnicerías de barrio. Reportan un alza de 100 pesos por kilo en la media res.

La carne vacuna volvió a subir ayer en las carnicerías de barrio que reportaron un alza de $100 por kilo en la media res. Todo en un contexto de fuerte caída del consumo.

Así lo señaló este miércoles Alberto Williams, titular de la Asociación de Carniceros porteña, que confirmó a este diario el incremento del valor de la media res que reciben en las carnicerías.

“Muy poco duró la baja del precio, apenas hasta la semana pasada. Hoy (por ayer) ya estamos recibiendo la media res con una suba de $100”, dijo Williams que agregó que “mientras tanto las ventas están cada vez peor, la gente ya no consume carne”.

Ante ese escenario el dirigente carnicero comentó que “el pollo bajó un poco de precio (está en $2000 el kilo) lo que hizo que aumentara un poquito el consumo, pero nada demasiado relevante; por el lado del cerdo no pasa lo mismo: a $8000 el kilo de bondiola es incomprable”.

Miguel Schiariti, presidente de CICCRA (Cámara de Industria y Comercio de Carnes), aseguró que en los últimos días el precio de la carne recortó un 30% la inicial suba del 50% registrada a principios de diciembre.

En declaraciones a CNN Radio, el presidente de CICCRA sostuvo que durante 2023 “la carne no aumentó hasta octubre y estuvo con los precios retrasados”. Ese mes, “los precios de la carne registraron un incremento entre un 20% y 30% durante octubre de 2023”, señaló.

Según su análisis, la sequía llevó a los productores ganaderos a acelerar el proceso de engorde, lo que generó una sobreoferta que mantuvo los precios estables por un tiempo.

“En la primera semana de diciembre, la carne aumentó entre un 50% y 60% del novillo en pie. La semana siguiente, posterior a la asunción de Javier Milei, empezó a bajar y redujo alrededor del 30% del aumento anterior del 50%”, aseguró.

Según las proyecciones de CICCRA, entidad que representa el punto de vista de los productores ganaderos, de aquí en adelante no se esperan grandes modificaciones en los precios pero estiman una producción en 2024 que sería un 15% menor que la del año anterior.

La carestía de la carne vacuna registrada antes de las fiestas tuvo como efecto que el consumo de pollo subiera un 15%, al tiempo que su precio bajaba un 10% en promedio, según fuentes del sector avícola.

El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) precisó que desde el 15 de diciembre último el consumo de los productos aviares tuvo un incremento de un 15%, aproximadamente.

El atractivo de este producto estuvo reforzado por la suba del precio de la carne. En las últimas semanas el kilo de pollo entero y de pata muslo pasó de $2600 a $2000/$2300 en tanto que la suprema, que llegaba a $5300, bajó a $4990. No sucedió lo mismo con el cerdo que no recortó la suba registrada a principios de diciembre.

El santo Pontífice sostuvo que “la medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables”.

El Papa Francisco afirmó este miércoles que la política “no puede dejarse dictar leyes por las finanzas” o el mercado y aseguró que las civilizaciones se miden por “cómo se trata a los más vulnerables”.

“La medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables: no olvidemos que las grandes dictaduras, pensemos en el nazismo, descartaron a los vulnerables, los mataron, los descartaron”, sentenció el pontífice este miércoles al recibir a una delegación del grupo de diálogo político “Dialop”.

En ese marco, el pontífice enumeró a “los pobres, los desempleados, los sin techo, los inmigrantes, los explotados y todos aquellos a quienes la cultura del descarte transforma en desperdicio”.

“Y esta es una de las peores cosas. Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar leyes por las finanzas y los mecanismos mercado. La solidaridad, además de una virtud moral, es una exigencia de la justicia, que requiere corrección. distorsiones y purificar las intenciones de los sistemas desiguales, incluso mediante cambios radicales perspectiva para compartir desafíos y recursos entre hombres y pueblos”, fundamentó.

En otra avanzada extorsiva, la ministra de Seguridad sostuvo una campaña “del miedo” si no se aprueba lo que quiere el Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este miércoles el proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, porque si “esta ley no se vota” el país “va a ir a una explosión” y enfatizó que es necesario que Argentina sea “amable para los negocios”.

La ministra, en declaraciones televisivas defendió la ley ómnibus de Milei y sostuvo: “Si esta ley no es votada en un país normal y si no toma el toro por las astas, va a ir una explosión”.

Luego, la funcionaria defendió la política económica del Gobierno: “Estamos en una inflación retrasada en donde el presidente dijo que el 30% es bajo”.

“Si nosotros no votamos lo que tenemos que votar, va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo el gobierno anterior”, dijo Bullrich.

Además, señaló que “los precios están retrasados, las tarifas, las escuelas. Nadie gana plata en el país. Necesitamos recursos estratégicos para lograr que la Argentina se simplifique y sea un país amable para los negocios y para que se gane plata en el país es necesario que se voten esas cosas“.

La ministra de Seguridad señaló que el Gobierno “está decidido en hacer un cambio” y se diferenció del sector que representa el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en la interna.

“El problema es que el Gobierno está decidido a hacer un cambio y sectores se resisten. Cuando jugué en la interna de mi partido, yo sabía que había actores dentro de mi partido que iban a una posición distinta”, indicó.

Así lo manifestó el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, quien además criticó los negociados en el ámbito sanitario.

El titular de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó la “liberación de precios en el mercado”, y la concepción de que la “salud es un negocio” y dijo que si se extiende este aumento en los precios de los medicamentos “habrá complicaciones severas en la salud del pueblo”.

“Hoy estamos en una situación difícil, pero lo más grave de lo que está sucediendo es la liberación de precios en el mercado, esta idea de pensar en la salud como un negocio y eso hizo que tengamos más de un cien por ciento de aumento en medicamentos en el mostrador”, afirmó el funcionario en declaraciones a radio AM750.

El ministro analizó la situación sanitaria en relación al dengue y al coronavirus, pero insistió en que el mayor problema radica en el aumento de los medicamentos a partir de las nuevas medidas del gobierno nacional.

“Esto está haciendo que mucha gente hoy no pueda comprar un medicamento indispensable, que quizás antes tenía cobertura de un 40 o 50% por obra social y hoy ya no puede comprarlo. Esta es una situación que, de extenderse unas semanas más, generará complicaciones severas en la salud del pueblo”, advirtió.

Kreplak señaló que el gobierno nacional cambió sus autoridades en el Ministerio de Salud y en la Agencia Nacional de Discapacidad y precisó que todavía no han mantenido ninguna reunión formal, pero, “ya hay una situación en el área de discapacidad preocupante porque hay un corte en la cadena de pago”.

“Esperemos que se resuelva lo más rápido posible, porque es una situación delicada”, agregó.

Al ser consultado sobre el aumento de casos de coronavirus, informó que a partir de la campaña de vacunación que hubo en Argentina, no tuvieron “los rebrotes que ha habido en el hemisferio norte”.

Dijo que en ese hemisferio, “este es el tercero o cuarto rebrote con olas de internación, con fallecimientos” y señaló que en Argentina “aparecen rebrotes de Covid junto con otras enfermedades respiratorias que no están generando aumento de internaciones”.

“En este momento no hay un aumento de internaciones por Covid significativo y por eso no hay necesidad de cambiar conductas en general”, agregó.

Recordó que sigue vigente la indicación de refuerzo para las personas mayores o con factores de riesgo y personas gestantes de tener una dosis en los últimos seis meses, porque esta población, “si recibe una dosis, reduce significativamente los riesgos”.

Por otro lado, sobre el dengue, afirmó: “En 2023 tuvimos la mayor epidemia de dengue de la cual se tenga registro en toda Latinoamericana y Argentina”.

“Es la primera vez que sucede que los mosquitos que antes no habitaban el suelo argentino, que es un suelo austral, hoy estén”, dijo y agregó que “antes no llegaban a muchas partes del país a las que hoy llegan y por primera vez algunas zonas tuvieron dengue continuo todo el año”.

Precisó que en la provincia de Buenos Aires, los casos que solían verse en verano, suceden antes y, en ese contexto, recomendó “medidas de cuidado” como descacharrar macetas o recipientes con agua y usar repelentes.

“Es muy importante el uso de repelentes, es un problema que haya aumentado tanto el precio, por eso estamos en la provincia produciendo, pero no alcanza para toda la población”, dijo respecto a la producción pública de repelente para abastecer a organismos públicos.

Agregó que “el repelente es eficaz y hay tratar de no ser picado por mosquitos, especialmente los que hayan tenido ya dengue, ya que la segunda vez podría generarse un dengue grave”.

El secretario general del gremio Camioneros y adjunto de la central obrera hizo el llamamiento en el marco del paro general convocado para esa fecha. “El objetivo es movilizarse con el DNU y la Ley Ómnibus”, sostuvo.

El secretario general del gremio Camioneros y secretario adjunto de la CGT, Pablo Moyano, llamó este miércoles a movilizarse en cada provincia el próximo 24 de enero para exigirles a los diputados y senadores que rechacen el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía y el proyecto de ley Basas y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Lo importante es que, por primera vez en muchos años, la CGT está más unida que nunca. El objetivo es movilizarse con el DNU y ‘la ley ómnibus’. Cada regional y cada provincia deberán movilizar en sus lugares le exigirán a sus diputados y senadores que voten en contra de estas iniciativas”, afirmó Moyano en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, el dirigente sindical valoró de forma positiva que cada trabajador le reclame a los legisladores que fijen una postura cuando estas iniciativas que impulsa el Ejecutivo se traten en el Congreso.

“¿Van a estar del lado de los laburantes o de esta ley que les va a sacar los derechos? Eso es lo que los trabajadores les tienen que preguntar. Estamos ante un Gobierno que tomó medidas contra la gente y para desviar las ganancias hacia las corporaciones”, remarcó Moyano.

En ese sentido, el referente del sindicato camionero afirmó que el DNU viene a aniquilar los derechos de los trabajadores.

“Hay que estar en estado de debate, alerta y movilización permanente porque se vienen tiempos jodidos. Es por eso que los diputados y senadores se tiene que poner de cara al pueblo. El DNU esta judicializado, pero no es definitivo, es importante rechazarlo, sobre todo desde el peronismo. Es una norma que no solo destruye las condiciones laborales sino que también entrega la soberanía nacional, fundamentó.

Por otro lado, Moyano descartó que el excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) en las últimas elecciones, Sergio Massa, haya estado en contra de la decisión de la CGT realizar un paro general con movilización.

“Puede haber charlas de mostrador, pero estamos llevando adelante una reconstrucción política de Unión por la Patria. Había trascendido que Sergio Massa estaba en contra del paro, pero no es así. Nos estamos reuniendo con distintos bloques del Congreso que tienen cuestionamientos al DNU y al proyecto de ley. Encima, con esta locura de que hay que festejar la inflación, todo se va a complicar día a día, concluyó.

La principal central obrera del país quiere formar parte del debate parlamentario y hacerse escuchar por ser la institución que representa a los trabajadores.

La Confederación Nacional del Trabajo (CGT) solicitó en las últimas horas ser parte del debate por la ‘Ley Ómnibus’ al Congreso, en calidad de institución representativa de los trabajadores.

Lo hizo a través de una carta con fecha de este martes enviada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y firmada por los secretarios Generales: Carlos Acuña (SOESGYPE); Pablo Moyano (Camioneros), y Héctor Daer (Sanidad).

“Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle participar en el trámite parlamentario del proyecto de Ley ‘Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’ elevado para su tratamiento por el Poder Ejecutivo”, expresa en sus primeras líneas la misiva.

Al respecto, la entidad que nuclea un sinnúmero de gremios puso de relieve que “es una institución de la democracia y representa a los trabajadores de todo el país” y deslizó: “Como usted comprenderá, la variedad de temas que incluye el proyecto afecta y modifica distintos aspectos de la vida social, laboral y económica del conjunto de los argentinos”.

A continuación, recordaron que la Confederación ya ha “expresado públicamente preocupación por la magnitud del proyecto” y explicaron que la intención es “compartir nuestra visión en los distintos temas en las Comisiones que den tratamiento al proyecto”.

Sobre el final, la carta concluye: “Conocemos el compromiso democrático y republicano expresado por usted, y en ese sentido creemos que podemos contribuir al debate”.

El documento fue publicado en redes sociales por Daer este martes por la noche, y remarcó el carácter de representantes de los trabajadores de la entidad que co-dirige.

La CGT ya había interpuesto un recurso ante la Justicia para suspender las reformas laborales que estipulaba el mega DNU presentado por Milei, que disponía todo un lote de desregulaciones en diferentes ámbitos económicos y productivos.

A principios de enero, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido y dictó una cautelar “suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el título IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en la causa”.

Ahora, el sector sindical avanza para influir en el futuro de la denominada Ley Ómnibus, que prevé modificar toda otra serie de elementos en lo que hace a las competencias de regulación del Estado y a sus organismos.

En tanto, el proyecto bautizado por Milei “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” comienza a debatirse este mismo martes en plenario de de Comisiones, del cual participarán también ministros y funcionarios de primera línea del Gobierno nacional.

El ministro de Infraestructura bonaerense expone en la audiencia pública en la que se presentan las nuevas tarifas del gas.

Las empresas que operan en la provincia de Buenos Aires pidieron aplicar aumentos que no bajan del 350 por ciento y Axel Kicillof mandó a un representante del gobierno a expresar su rechazo.

El encargado de esa tarea es Gabriel Katopodis, nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Antes de participar de la audiencia el funcionario dialogó con la prensa y expresó su rechazo a los incrementos propuestos por las distribuidoras. “Hay un pedido de incrementos que van entre el 350% y el 700%. Claramente son abusivos”, sintetizó el ministro.

Según Katopodis, cualquier tarifa de servicios públicos que suba por encima del 400 por ciento “es confiscatorio” y “va a golpear un bolsillo ya bastante dañado”. Sobre todo porque el gobierno de Javier Milei “hace las cuentas al revés”. “Decide aumentar prepagas, alquileres, tarifas y que bajen las jubilaciones y el salario”, advirtió.

Además de pedir una actualización tarifaria, las empresas dedicadas a proveer de gas a los domicilios e industrias de Argentina pidieron implementar un sistema de actualización mensual. Esto les permitiría volver a subir sin hacer nuevas audiencias y cuando lo consideren oportuno. El gobierno provincial también se opone a esta iniciativa. “Sería un incremento gatillo que claramente es indexatorio y abusivo y no se corresponde con la situación del salario”, argumentó Katopodis.

La tercera crítica a la propuesta de las empresas distribuidoras de gas de la Provincia tiene que ver con las inversiones. “Estamos rechazando también que sean las empresas las que definan hacia donde tenemos que orientar las inversiones”, afirmó el ministro antes de explicar que “lo van a hacer sin ningún sentido estratégico, solamente donde esté garantizada la rentabilidad de corto y mediano plazo”.

En este punto, quien fuera titular de Obras Públicas de Nación hasta diciembre de 2023, pidió que se priorice la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. “Necesitamos que sea el Estado el que lidere esa agenda para lograr la autonomía y la soberanía energética”, aseguró. La obra en cuestión es la que conectaría la ciudad bonaerense de Salliqueló con San Gerónimo, provincia de Santa Fe.

Al comienzo de la audiencia pública, el secretario de Energía designado por Milei, Eduardo Rodríguez Chirillo, se encargó de dar a conocer la política tarifa que pretende implementar el gobierno libertario.

Hasta el 1° de abril seguiría vigente la segmentación tarifaria actual y a partir de ahí se implementaría un nuevo esquema de subsidios. Para esto determinarán “los ingresos totales del grupo familiar y fijar una canasta básica energética con tipos de consumo en las distintas zonas del país para que el subsidio que otorgará el Estado sea diferencial cuando el precio de esa canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”.

El Gobierno definió los funcionarios que concurrirán al Congreso para defender la antidemocrática iniciativa.

l proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, conocido como Ley Ómnibus, comenzará a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La puesta en marcha del tratamiento en el Congreso de la Nación será con la presencia de ministros y funcionarios de la primera plana del Gobierno, que defenderán la iniciativa que aplica reformas de desregulación económica y del Estado.

En el marco del período de sesiones extraordinarias, el titular de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Gabriel Bornoroni, convocó a una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda (que preside José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (que encabeza Nicolás Mayoraz) para este martes a las 14 hs en la Sala 2 del edificio anexo C.

Será la primera de dos jornadas muy extensas previstas para esta semana: la segunda está convocada para este miércoles de 9 a 20 hs.

Para este martes, está confirmada la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mientras que el jueves asistirá la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que asistirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada uno de ellos disertará y responderá por tres horas.

Otros funcionarios de alto rango que concurrirían entre este martes y el miércoles son Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura), y Florencia Misrahi (AFIP).

“Se viene un clima de discusión. Va a haber gente a la cual preguntarle, cosa que hasta ahora no hubo”, señalaron altas fuentes de presidencia de Diputados en diálogo con la prensa parlamentaria.

A priori, La Libertad Avanza busca aprobar todo el paquete de 664 artículos a libro cerrado, aunque el presidente Javier Milei abrió una pequeña hendija al diálogo, tras deslizar que aceptaría “sugerencias” para mejorar la normativa.

En el proyecto de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, hay cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal que el Gobierno no podía constitucionalmente legislar por decreto, pero también coló allí todo tipo de cuestiones de la más diversa índole, lo cual fundamenta los planteos de la oposición sobre la irregularidad del procedimiento.

José Luis Espert: “Es posible que la Ley Ómnibus salga con algunas modificaciones”
Este martes, el diputado del monobloque Avanza Libertad, José Luis Espert, señaló que “es posible” que la iniciativa sea aprobada “con algunas modificaciones”, tras mantener una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunió en Casa Rosada con los dos funcionarios nacionales, con quienes habló sobre el plenario de Comisión Laboral, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y sobre la Comisión Asuntos Constitucionales.

“Acá venimos a darle el apoyo al Presidente (Javier Milei) para que salga la Ley Ómnibus”, indicó Espert en declaraciones a la prensa al salir de la Casa de Gobierno.

Al ser consultado sobre si tiene los votos para aprobar la ley ómnibus enviada por el poder Ejecutivo al Congreso, el diputado liberal sostuvo: “Salvo el kirchnerismo, que se va a oponer a todo, el resto de los bloques, con modificaciones, van a empujar una ley que es crítica para los argentinos”.

La jueza Capuchetti sentenció que hay “inexistencia de delito” y sobreseyó a los ex funcionarios, jueces y fiscales implicados, también al ex presidente y a todos sus socios.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al Gobierno de Mauricio Macri, y del propio expresidente, a jueces y fiscales, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició al Macri; a su asesor Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señalo que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.

“La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”, sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, continuó.

Y prosiguió: “Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.

“Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”, aseguró la jueza.

El fallo benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108 ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En la mañana de hoy, las distribuidoras y transportadoras de gas natural expondrán sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que comenzó virtualmente desde las 9hs.

Esto marca el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de “febrero o marzo”, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108 ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la “determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes”.

Así, los incrementos se realizarán paulatinamente a lo largo del año, y podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los otros seis puntos son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC); y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria. Sin embargo, la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.