Las promociones bancarias y la “noche del Juguete” evitaron una caída mayor.

Las ventas de juguetes para navidad cayeron un 6 por ciento según la Cámara Argentina del sector, aunque las compras de último momento atenuaron el impacto de la restricción presupuestaria que afrontan las familias, ya que hasta fines de la semana pasada la caída era del 10%.

La Cámara Argentina del Juguete informó que 7 de cada 10 regalos de Papá Noel son juguetes y en este año, “con restricciones presupuestarias en las familias, se decidió privilegiar a los niños y niñas, reduciendo otros gastos de la nochebuena”. Según el informe esto se debe a que los juguetes aumentaron menos que otros productos.

Aún así hubo caída, que se atenuó en los últimos tres días producto de llamadas “compras de último momento” y de las promociones bancarias. ​​​” A partir del jueves, con la Noche de las Jugueterías se empezó a verificar una mayor afluencia de consumidores a los comercios de barrio y cadenas de jugueterías”, informó la Cámara.

Los artículos más económicos son los que se vendieron en mayor volumen y en base a observaciones del comportamiento del consumidor en locales, ​​se compraron artículos para que sean compartidos entre hermanos como los arcos y pelotas de fútbol o juegos de mesa.

“Salvo los productos de aire libre como pelotas, inflables, globos de agua, lanza aguas, andadores, juegos para la arena y didácticos para primera infancia, todas las categorías han presentado retrocesos”, indicó la Cámara.

El ticket promedio en jugueterías de barrio fue de $7000 por juguete, mientras que en cadenas de jugueterías, ascendió a $18000.

En la actualidad, no hay un juguete que se destaque sino que son muchos tipos de categorías que se demandan. Esto es bueno para el gremio ya que permite una venta más homogénea y no se concentran los pedidos en uno o dos productos únicamente. Existe mucha competencia hacia el interior del sector.

Los principales artículos con licencia de una compañía internacional son los de “Avengers”, “Peppa Pig”, “Merlina”, “La Granja de Zenón”, “Sofía” y los de siempre como “Princesas”, “Frozen” y “Mickey Mouse”.

La decisión se informó por el Boletín Oficial. También se revisará la situación de los trabajadores que están desde antes y se buscará el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos.

En el marco de su plan de ajuste y achicamiento del Estado, el presidente Javier Milei firmó otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, en este caso, ordenará no renovar los contratos de aquellos empleados públicos que hayan ingresado a partir de enero de este año y revisar la situación de todos aquellos que estén desde antes de esa fecha.

El Poder Ejecutivo estableció estas medidas por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de este martes del Boletín Oficial con las firmas del presidente, Javier Milei, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La primera norma, referida a las contrataciones de personal, sostiene en su primer artículo que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas.

En este punto, se exceptúan las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.

En tanto, las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos.

Además, se solicita a las autoridades de cada área un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 y, en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación.

Al mismo tiempo, se instruye a los titulares de las jurisdicciones a que informen a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de estas medidas.

El Decreto 1109/17 establece el régimen de contratación de personas humanas, para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales y establece que dichos contratos no podrán superar los 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso.

ADEMÁS: Por la inflación, el Banco Central evalúa emitir billetes de $20.000 y $50.000
En los considerandos del Decreto 84 se recuerda, por otra parte, la modificación de la Ley de Ministerios que obliga a revisar todas aquellas contrataciones y la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública, argumenta la norma.

En tanto, el Decreto 77 prorroga la vigencia del Decreto 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, por el cual se establecieron restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.

Las restricciones son las comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y dicha norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

El artículo 8º de esa norma establece que las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

También se incluyen a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Además se incluye a Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

También están comprendidos en la norma los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

El Procurador del Tesoro se mostró optimista del avance en la Justicia y el Congreso del decreto alentado por el Poder Ejecutivo.

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, afirmó este lunes que “no hay vuelta atrás” para el decreto de desregulación de la economía; consideró que “van a ser derrotados los amparistas” contra la medida por la “jurisprudencia” de la Corte Suprema y planteó que “los legisladores pueden dividirlo en 10 distintas leyes con un contenido ‘espejo’ o más o menos modificado”.

A la vez, recordó que “valen” los contratos que fueron firmados antes de la derogación de la Ley de Alquileres que dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional.

“Yo creo que van a ser derrotados los amparistas, no tienen razón. Por la propia jurisprudencia de la Corte”, dijo el jefe de los abogados del Estado en diálogo con radio Rivadavia.

El funcionario, quien indicó que “hay tres” amparos y que “puede haber más”, cuestionó estas acciones y argumentó que “el país está en una situación terrible” y se “necesitan medidas de urgencia”.

“Si la impugnación al decreto es que no hay necesidad de urgencia, yo creo que eso se pierde. Por lo que ya ha dicho la Corte y por lo que es de sentido común”, señaló el exintegrante del máximo tribunal del país, exministro de Justicia del Gobierno de Carlos Menem y exauditor General de la Nación.

En ese sentido, Barra indicó que “no hay vuelta atrás” al DNU anunciado la semana pasada por el presidente Javier Milei, y “en especial cuando hablamos de esto en Navidad, una fecha de esperanza”.

En relación al pedido de un sector de la oposición de dividir el decreto en leyes para que sea tratado por el Congreso, el Procurador del Tesoro señaló que los legisladores “ya lo tienen allí y lo pueden hacer”.

“Si quieren, los legisladores pueden dividirlo en 10 distintas leyes aprobando lo que está o con un contenido ‘espejo’, o más o menos modificado”, explicó.

Al ser consultado sobre la vigencia de los contratos firmados con la Ley de Alquileres, Barra sostuvo que “en principio, ese contrato vale”.

“Sí, el contrato sí, pero siempre que no se oponga al cambio de régimen. Dice el Código Civil que no se puede invocar derechos adquiridos frente a normas de orden público”, agregó.

El encuentro se llevará a cabo en la Casa de Gobierno de la Provincia a partir de las 14.30. También participarán Intendentes funcionarios, legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria.

Este viernes por la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará una cumbre con intendentes bonaerenses para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, que contará con la participación del diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) provincial, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía, Sergio Massa.

De esta manera, la cumbre de Kicillof, que comenzará a las 14:30 horas y contará con la participación de intendentes bonaerenses, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria, se llevará adelante en la Casa de Gobierno de la Provincia, ubicada en la calle 6 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata.

En ese sentido, se espera que, el encuentro del Gobernador con los dirigentes bonaerenses, Máximo Kirchner y Sergio Massa, tenga entre sus puntos a tratar el impacto de las medidas económicas, anunciadas en el DNU de Milei, en la Provincia hacia el próximo año.

Según trascendió, uno de los principales objetivos de Unión por la Patria, es evitar que el DNU de Milei tenga la aprobación en las Cámaras del Congreso de la Nación, debido a que, si tiene el rechazo en ambas, perdería completa vigencia.

Por otra parte, los intendentes bonaerenses, que se encontrarán cara a cara con Kicillof esta tarde, también tienen previsto evaluar el tema de las cuentas provinciales y municipales, debido a que el Gobierno provincial definió prorrogar la presentación del Presupuesto 2024 tras el anuncio del mega DNU de Milei.

Sobre esto, desde la Casa de Gobierno informaron que, “en vistas del contexto de incertidumbre y debido a que el Gobierno nacional no presentó pautas macroeconómicas, la Provincia no cuenta con elementos suficientes para elaborar un Presupuesto” para el año que viene.

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof este viernes enviará a la Legislatura bonaerense un pedido de endeudamiento por un monto equivalente a USD 1.800 millones para cumplir con los vencimientos que deberá afrontar la Provincia de Buenos Aires en 2024, así como también la nueva Ley Impositiva y la extensión de las emergencias.

De esa forma, según pudo reconstruir este medio, el pedido de endeudamiento de Kicillof, junto con la renovación del paquete de leyes de emergencia económica, social, productiva y energética, ingresará por Diputados, mientras que la Ley Impositiva será girada al Senado bonaerense, para mantener un equilibrio entre ambas Cámaras.

Las organizaciones exigen al Gobierno que se haga cargo de la crisis social y que garantice la asistencia alimentaria a las familias más vulnerables. La infantería de la Policía rodeó a los manifestantes.

Los movimientos sociales nucleados en la Unidad Piquetera (UP) y del Frente de Lucha Piquetero, protestaban esta mañana en uno de los ingresos principales al ministerio de Capital Humano, portando ollas vacías de alimentos y en reclamo de “una audiencia urgente” con la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.

“Las organizaciones del Frente de Lucha y Unidad Piquetera estamos frente al (ex) ministerio de Desarrollo Social, concurriremos con las ollas vacías y hacemos el pedido reiterado de reunión urgente, con la ministra Pettovello, que hicimos el martes pasado”, informaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa conjunto.

En ese marco, explicaron que “la situación en los comedores populares no podría ser peor, no hay comida en los comedores hace un mes y medio y los tradicionales productos navideños que suele entregar el Ministerio de Desarrollo Social tampoco han llegado”.

La protesta contaba además con la presencia de referentes de organizaciones sociales de zona norte de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento de Organizaciones de Tierra y Vivienda, entre otros.

El peronismo de la Provincia convocó a empresarios, políticos y dirigentes para plantarse al decreto antidemocrático impulsado por el Presidente.

En medio del revuelo social y político por la presentación de un súper DNU por parte del presidente Javier Milei para “desregular la economía”, desde el PJ bonaerense salieron a plantar la bandera del rechazo a las medidas y convocaron a presentar resistencia no solo en el Congreso, sino también en las calles.

Desde la organización que comanda Máximo Kirchner, señalaron que el gobierno de Milei “tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”.

“No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”, sentenciaron.

En ese plano, señalaron que el DNU “inconstitucional” del presidente Milei “agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

“El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, aseveraron.

“La sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”, subrayaron.

Por eso, desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazaron tanto el decreto como el contenido de estas medidas, las que, aseguraron, vienen a “desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

Finalmente, convocaron a “todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

Bajo la consigna “No se vende”, los trabajadores de la entidad financiera se movilizan hacia la sede del Ejecutivo.

Trabajadores del Banco Nación realizan un abrazo simbólico por la no privatización de la entidad, después de la derogación impulsada por el Gobierno sobre el artículo de la ley que impedía la venta de la principal entidad estatal financiera del país a privados, tras el anuncio del DNU

Al grito generalizado de “No se vende”, los trabajadores del Banco Nación se encuentran marchando hacia la Casa Rosada en reclamo de la medida publicada en el Boletín Oficial.

Cabe aclarar que el Banco Nación es la institución bancaria más grande del país en cantidad de depósitos, de clientes, de sucursales y presencia territorial.

Por medio del DNU de Desregulación, quedó derogado el Artículo 2 de la Ley 21.799, cuyo texto es el siguiente:

“Los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal donde únicamente se depositarán los que al respecto determine la ley que rija en esa materia. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina, los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.

Así, el Banco Nación pierde la exclusividad de los depósitos judiciales y de los realizados en moneda extranjera por los organismos nacionales.

Por otra parte, el Banco queda ahora expuesto a la política de privatizaciones que habilitó el DNU para todas las empresas públicas.

El sector sindical bancario ya está en alerta y movilizado, con la Asociación Bancaria y Sergio Palazzo a la cabeza.

Alberto Lamas, Delegado General de la Gremial Interna de Banco Nación de la Seccional Buenos Aires, por su parte, explicó que se organizó una “gran asamblea en el Banco, y luego hicimos una marcha y abrazo simbólico rodeando el banco, estuvo nuestro secretario general y diputado nacional Sergio Palazzo, se quedó en seguir organizando la resistencia y la pelea al decreto que nos quieren privatizar”.

“Más allá de que el decreto habla de convertir al banco en sociedad anónima, en el fondo es una privatización similar a la que quiso hacer Carlos Menem en la década del 90. Así que ahí hay un paralelismo que nos preocupa porque privatizar al banco significa sacarlo de la esfera pública y convertirlo en un banco más del sistema financiero, chiquito y que poco tenga que ver en la incidencia que tenga en el sistema financiero”, agregó.

El intendente de Pehuajó apuntó contra el decreto del Presidente. Pidió a los Diputados que no lo avalen y advirtió que quién lo haga será un traidor a la Patria.

En cadena nacional, el presidente Javier Milei enumeró los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga 300 leyes entre ellas la de Alquileres, de Góndolas, Compre Nacional y Abastecimiento. También avanza hacia la privatización de empresas pública, la cesión del paquete accionario de Aerolíneas y la llegada de las SA al fútbol e incluye cambios en la medicina prepaga y las obras sociales.

Desde sus redes sociales, el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, cruzó el anuncio del DNU. “¡Que lindo anuncio de la casta! Estamos en presencia de otro enorme perjuicio al pueblo argentino”, dijo .

Y pidió “¡POR FAVOR Diputados no avalen este avasallamiento! El que avale esto será un traidor a la Patria”.

En las 83 páginas donde se derogan más de 300 leyes no se explicó a partir de cuándo entran en vigencia las medidas. Para salvar la situación, el Gobierno dictará un nuevo decreto en las próximas horas.

El presidente de la Nación, Javier Milei, prepara un nuevo DNU de carácter correctivo. El motivo: se olvidó de establecer en el Decreto de Necesidad y Urgencia que la norma rige desde hoy mismo.

Es un contrasentido y un error, dado que el DNU es una norma de urgencia y siempre se dicta para que se ponga en marcha de manera inmediata.

El Código Civil establece en el artículo 5 que las medidas rigen a partir de los ocho días de su publicación -desde 2 de enero-, salvo que la propia norma establezca otra cosa.

Milei ya fue advertido por sus colaboradores y se espera que hoy mismo se publique un decreto para corregir la omisión. En cadena nacional, el mandatario anunció este miércoles un paquete de medidas orientadas a implementar la desregulación económica y reforma del Estado.

El asesor presidencial defendió el decreto del Ejecutivo y cuestionó las protestas que se desarrollaron anoche tras la difusión de la cadena nacional del mandatario.

El asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios encargados de la redacción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el Gobierno nacional, defendió hoy la iniciativa, dijo que busca “marcar un cambio de rumbo” y cuestionó las protestas que se desarrollaron anoche tras la difusión de la cadena nacional del presidente Javier Milei.

“El DNU es un mecanismo institucional, Alberto Fernández no sé cuántos emitió, es un mecanismo que está en la Constitución”, afirmó Sturzenegger esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó que el DNU “exige una emergencia y la emergencia que vio el Presidente es la necesidad de marcar un cambio de rumbo”.

En cuanto a los cacerolazos y protestas con epicentro en la Plaza Congreso, que se registraron anoche, Sturzenegger dijo irónicamente estar “impactado” por lo “rápido” que los manifestantes leyeron el DNU.

“Argentina es un país demasiado estable en su sistema de casta: si vemos los actores de la política, el sindicalismo o los empresarios, podemos sacarles una foto y ver que son los mismos personajes año tras año”, dijo.

Asimismo indicó que la clave del decreto es fomentar la “competencia” y, en este sentido, consideró que “el cambio que propone Milei no le dice a los sindicatos que no tengan obras sociales, sino que compitan, porque la competencia los hará mejores”.

Al dar otro ejemplo de los contenidos del decreto, expresó que “cuando decimos que se receten genéricos le estamos diciendo a los laboratorios que van a competir, y cuando decimos cielos abiertos no le decimos a Aerolíneas (Argentinas) que dejen de volar, sino que compitan”.

Sobre la aerolínea de bandera, aclaró que el decreto no establece un traslado del paquete accionario de la empresa a los trabajadores, pero dijo que “prepara el marco legal por si Milei quiere avanzar en ese sentido”.

“Las sociedades del Estado -amplió- se transforman en anónimas, pasan a tener las características de cualquier sociedad”.

Al respecto, señaló que “en la década del 80′ YPF concentraba la mitad de la deuda del país, y cuando YPF empieza a cotizar en bolsa ya no tiene ese problema”.

Sobre la posibilidad de que los empleados de empresas públicas pasen a manejar esas compañías en el futuro expresó que “las leyes que están asociadas a la estatización de Aerolíneas decían que los empleados pueden tener el 10 por ciento de las acciones, y el decreto prepara el terreno legal por si el Presidente quiere avanzar en ese territorio y permite que los empleados puedan tener el 100 por ciento de esas acciones”.

Sin embargo, reiteró Sturzenegger, “no es una decisión tomada darle Aerolíneas a sus trabajadores”.

Al señalar cuál es el cambio más importante que establece el DNU a su criterio, el asesor presidencial señaló el cambio en el artículo 958 del Código Civil y Comercial, que permite “recuperar la libertad de comerciar, de pactar contratos entre las partes”.