El diputado nacional y presidente del PJPBA dialogó con Roberto Caballero. “La pregunta que hay que hacerse es por qué el presidente confía en alguien a quien acusó de despilfarrar 15 mil millones de dólares”, afirmó en relación al ministro de economía Luis Caputo.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner consideró este jueves que el Gobierno nacional busca “atorar la discusión” en el Congreso nacional con el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el envió del proyecto de Ley ómnibus para que “terminen pasando muchas de las cosas” que figuran en esas iniciativas.

“El Presidente (Javier Milei) utiliza una herramienta que tiene a su disposición como es la firma de un DNU. Acá el problema es como se utiliza esa facultad. Creo que con esa norma y el envío al Congreso de la ley ómnibus, se está buscando atorar una discusión en el Congreso para que muchas cosa terminen por pasar”, señaló Máximo Kirchner en declaraciones a El Destape Radio.

Para el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el contenido de esas dos iniciativas “es agresivo para con la gente y lo mismo ocurre” con el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

“Lo que se debe resolver es el problema de ingresos que tienen los argentinos. La mirada institucional de Argentina no es una vestimenta de ocasión que uno puede decir cuando se la pone o no. Acá hay una fabula que sostiene que las ideas que se quieren aplicar desde el Gobierno no funcionan porque los trabajadores no están de acuerdo. Pero el verdadero problema es que son iniciativas que han fracasado en Argentina”, enfatizó.

El legislador nacional observó que los argentinos padecen a diario “un montón de situaciones” que no se verifican en el discurso que pretende hacer circular el Gobierno ante la sociedad.

“En octubre del año pasado hicimos un acto con gran parte del movimiento obrero organizado y planteamos que había en marcha tres proyectos sobre flexibilizaciones. Uno laboral, uno ambiental y otro impositivo. Estos elementos se pueden encontrar tanto en el DNU como dentro de la Ley ómnibus”, concluyó.

Los manifestantes protestan en La Matanza en contra del DNU y de la Ley Ómnibus impulsada por el Presidente. La medida de fuerza culminará a las 14 horas

Los manifestantes protestan en La Matanza en contra del DNU y de la Ley Ómnibus presentada por el presidente de la Nación.

Un grupo de Organizaciones Sociales realizaban este jueves una protesta con un corte parcial de la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, en La Matanza, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía anunciado por el presidente Javier Milei.

La protesta se extenderá hasta las 14 en la Ruta 3 entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala.

“Este es el inicio de un plan de lucha que irá creciendo en forma escalonada. Hoy será por cinco horas, en unos días volveremos a la ruta y así llegaremos al corte por tiempo indeterminado como fue hace más de 20 años atrás cuando derrotamos a (Patricia) Bullrich y a (Fernando) De la Rúa”, dijo el titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D’Elía, uno de los dirigentes convocantes de la protesta.

Además de la FTV, participan de la convocatoria la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza, entre otros.

“Estamos en este corte en la Ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de (el presidente Javier) Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”, sostuvo D’ Elía.

En este sentido, el dirigente social afirmó que “el modelo económico y social de (Javier) Milei consiste en un altísimo grado a la consagración de la entrega del país a los sectores concentrados de la economía y del privilegio, tanto de los poderosos locales como extranjeros”.

Esta protesta se da luego de la presentación en el Congreso Nacional de la Ley Ómnibus presentada por el Ejecutivo para la reformulación del Estado.

La decisión se conoció cuando la movilización a Tribunales convocado por las centrales obreras todavía no habían finalizado el acto. La excusa elegida: el Decreto no se encuentra en vigencia.

El juez nacional del Trabajo, Ignacio Ramonet, desestimó el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el Mega DNU de Javier Milei.

El juzgado laboral interviniente rechazó la presentación de la central de los trabajadores de una medida cautelar “interina” para suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya que aún no está en vigencia.

“Desestimar la medida cautelar “interina” solicitada por la parte actora y correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver”, resolvió el juzgado.

Cabe recordar que la presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69. Allí buscaban frenar los artículos del DNU vinculados a la reforma laboral.

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió al menos diez amparos contra el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.

La primera fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la cual el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un “amparo colectivo” y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado. La acción judicial fue presentada por esa asociación civil y organizaciones como ATE y CTA contra el decreto de desregulación económica.

También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, que quedó radicada ante el Juzgado 12 de ese fuero.

Durante el martes presentaron amparos el extitular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.

Por la anunciada eliminación de inversión en obras públicas por parte del Gobierno nacional, el jefe comunal de Lanús celebró la iniciativa del diputado nacional.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, destacó mediante sus redes sociales un proyecto elaborado por el diputado nacional Máximo Kirchner.

Junto a otros legisladores nacionales, Kirchner busca establecer el “Fondo Federal para el Desarrollo Nacional”.

Según se dio a conocer, la iniciativa está diseñada para contrarrestar el impacto negativo previsto en los ingresos de los estados provinciales y municipales a raíz de las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei.

El legislador nacional, destaca que estas medidas, junto con las declaraciones del presidente y su ministro de economía, Luis Caputo, “tendrán un impacto negativo en los ingresos de los estados provinciales y municipales, impidiendo el desarrollo de obras esenciales para sus comunidades”.

El flamante mandatario comunal de Lanús, expresó en su cuenta de X (ex Twitter): “El proyecto de Máximo Kirchner plantea una alternativa al ajuste de Milei. Si el Gobierno Nacional elimina la inversión en obras públicas, el Fondo Federal para el Desarrollo Nacional es una herramienta indispensable para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas de Lanús”.

La marcha hacía los Tribunales para rechazar el DNU impulsado por el Poder Ejecutivo culminó a horas del mediodía. También participaron organizaciones sociales, políticas y gremiales, entre otras.

Dirigentes de la CGT solicitaron esta tarde al Poder Judicial que “actúe” para que “frene y deje sin efecto” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera, que se reúne mañana, analizará la posibilidad de convocar a un plan de lucha que podría incluir un paro general.

En el marco de la masiva manifestación frente al palacio de Tribunales en el centro porteño, los triunviros de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), y los sindicalistas Sergio Palazzo (Bancarios), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (Upcn), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Juan Carlos Schmitd (Portuarios) expresaron su rechazo al DNU porque “atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores” y “solo beneficia a un grupo de empresarios”.

En declaraciones a la prensa, el diputado y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que la manifestación transcurrió “con tranquilidad, en paz y masivamente a la espera de que la Justicia termine con este DNU que es inconstitucional” y agregó: “Ojalá que el Poder Judicial deje sin efecto el DNU”.

“Esperemos que la Justicia de vuelta el tema del DNU porque sino, cada cuatro años, se cambia el marco jurídico del país. Después que no se quejen si hay una reforma judicial por decreto”, advirtió Palazzo.

En tanto, el secretario general de los trabajadores de la construcción, Gerardo Martínez, planteó: “Queremos un Presidente que respete la división de poderes y que entienda y comprenda que los trabajadores tienen la necesidad de defenderse en forma colectiva”.

“A la CGT nos preocupa todas las reformas del DNU, pero más las sociolaborales porque guardan un sentido que va en contra de los derechos de los trabajadores, ya que viola los derechos constitucionales”, manifestó.

Martínez, quien es uno de los gremialistas con mayor diálogo con el Gobierno de La Libertad Avanza, sostuvo que “el diálogo es algo que nosotros estamos reclamando con una mesa tripartita entre el Estado y los sectores empresariales”.

Sobre la posibilidad de la convocatoria a un paro general como medida de fuerza, Martínez adelantó que “mañana tenemos el comité central confederal de la CGT donde la idea es que se articule un plan estratégico para defender los derechos de los trabajadores”.

“Todas las medidas que forman parte de un plan se van a analizar”, remarcó ante la consulta de llamar a un paro nacional.

Por su parte, el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, calificó a la marcha como “muy importante” porque “fue más gente de la esperada”.

“El DNU sin consulta y sin hablar con nadie es algo que no va. Nosotros quizás algunas cosas las podemos compartir y se pueden discutir, pero no hubo ningún llamado a la CGT para debatir los puntos del DNU que tiene aspectos laborales y de las obras sociales”, remarcó.

Y añadió: “Estamos preocupados por la marcha del país que viene desde antes porque hace años que los argentinos no encontramos el mecanismo de dialogo para lograr la unidad nacional”.

A su turno, el secretario general de la Federación de la Industria Naval, Juan Carlos Schmid, manifestó que “es una protesta importante porque el decreto de necesidad y urgencia no tiene ninguna necesidad ni urgencia y además atenta contra el derecho a huelga y a la libertad sindical”. Por eso, Schmid consideró que el DNU “es una declaración de guerra a los sindicatos”, por lo que “a este decreto se lo enfrenta con la lucha en la calle y con mucha inteligencia”.

“No hay que confundir prudencia con resignación porque ningún trabajador va a resignarse a perder su convenio colectivo, sus derechos y sus conquistas”, cerró el gremialista.

El Gobernador buscará aprobar el jueves en la Legislatura un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscará aprobar el jueves en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, dos sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria que tienen como objetivo profundizar la integración del sistema de salud.

Las iniciativas fueron incluidas dentro de un proyecto enviado el viernes pasado por el Poder Ejecutivo a las cámaras en el que además se busca prorrogar el estado de emergencia vigente en diversas áreas como seguridad, salud y educación, y se solicita autorización de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.

Según explicó en declaraciones formuladas a Télam el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se trata de “herramientas claves para profundizar la integración del sistema de salud”.

Kreplak detalló que se proyecta que “ambas iniciativas se constituyan bajo el modelo de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, lo que quiere decir que la provincia tendrá su control”.

Describió que “la Empresa bonaerense de emergencias en salud busca mejorar el sistema de emergencia de toda la provincia mejorando los estándares de calidad y el financiamiento”.

“Sabemos que son grandes problemas que cada distrito y cada localidad tiene. Tenemos el proyecto y sabemos cómo hacer para contribuir a esa solución. Esperemos que nuestros legisladores y legisladoras las puedan convertir en ley para inmediatamente trabajar para concretarlas”, cerró.

En las propuestas, a las que tuvo acceso Télam, se precisa que el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, tendrá por objeto “realizar la investigación, el desarrollo, la producción, el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta y la distribución por mayor y/o menor así como el control de calidad de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud”.

También, se dedicará “al control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas y marcas nacionales o extranjeras, actividades de representación, mandato, comisión y consignación, la importación y exportación, así como toda otra actividad tendiente a fortalecer el desarrollo tecnológico, científico, productivo, de innovación de la propia sociedad, así como del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires”.

En la propuesta enviada a la Legislatura se pretende crear la “empresa bonaerense de emergencias en Salud”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con el objeto de “prestar el servicio de emergencias en salud que comprenderá la asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias”.

En paralelo, se ocupará de la logística y transporte de usuarios y usuarias del sistema de salud, ya sea traslados pre hospitalarios o bien traslados y derivaciones inter hospitalarios, la logística y transporte de insumos críticos del sistema de salud y residuos patogénicos de establecimientos de salud, y el manejo de un sistema integral de emergencias en salud”.

En la norma enviada a la Legislatura se aclaró que “el Poder Ejecutivo dictará los estatutos societarios de las sociedades creadas con el fin de optimizar el cumplimiento del objeto social” y se indicó que “a tales fines podrá autorizarlas a emitir, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deudas en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no, para el cumplimiento de su objeto social”

Las promociones bancarias y la “noche del Juguete” evitaron una caída mayor.

Las ventas de juguetes para navidad cayeron un 6 por ciento según la Cámara Argentina del sector, aunque las compras de último momento atenuaron el impacto de la restricción presupuestaria que afrontan las familias, ya que hasta fines de la semana pasada la caída era del 10%.

La Cámara Argentina del Juguete informó que 7 de cada 10 regalos de Papá Noel son juguetes y en este año, “con restricciones presupuestarias en las familias, se decidió privilegiar a los niños y niñas, reduciendo otros gastos de la nochebuena”. Según el informe esto se debe a que los juguetes aumentaron menos que otros productos.

Aún así hubo caída, que se atenuó en los últimos tres días producto de llamadas “compras de último momento” y de las promociones bancarias. ​​​” A partir del jueves, con la Noche de las Jugueterías se empezó a verificar una mayor afluencia de consumidores a los comercios de barrio y cadenas de jugueterías”, informó la Cámara.

Los artículos más económicos son los que se vendieron en mayor volumen y en base a observaciones del comportamiento del consumidor en locales, ​​se compraron artículos para que sean compartidos entre hermanos como los arcos y pelotas de fútbol o juegos de mesa.

“Salvo los productos de aire libre como pelotas, inflables, globos de agua, lanza aguas, andadores, juegos para la arena y didácticos para primera infancia, todas las categorías han presentado retrocesos”, indicó la Cámara.

El ticket promedio en jugueterías de barrio fue de $7000 por juguete, mientras que en cadenas de jugueterías, ascendió a $18000.

En la actualidad, no hay un juguete que se destaque sino que son muchos tipos de categorías que se demandan. Esto es bueno para el gremio ya que permite una venta más homogénea y no se concentran los pedidos en uno o dos productos únicamente. Existe mucha competencia hacia el interior del sector.

Los principales artículos con licencia de una compañía internacional son los de “Avengers”, “Peppa Pig”, “Merlina”, “La Granja de Zenón”, “Sofía” y los de siempre como “Princesas”, “Frozen” y “Mickey Mouse”.

La decisión se informó por el Boletín Oficial. También se revisará la situación de los trabajadores que están desde antes y se buscará el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos.

En el marco de su plan de ajuste y achicamiento del Estado, el presidente Javier Milei firmó otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, en este caso, ordenará no renovar los contratos de aquellos empleados públicos que hayan ingresado a partir de enero de este año y revisar la situación de todos aquellos que estén desde antes de esa fecha.

El Poder Ejecutivo estableció estas medidas por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de este martes del Boletín Oficial con las firmas del presidente, Javier Milei, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La primera norma, referida a las contrataciones de personal, sostiene en su primer artículo que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas.

En este punto, se exceptúan las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.

En tanto, las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos.

Además, se solicita a las autoridades de cada área un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 y, en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación.

Al mismo tiempo, se instruye a los titulares de las jurisdicciones a que informen a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de estas medidas.

El Decreto 1109/17 establece el régimen de contratación de personas humanas, para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales y establece que dichos contratos no podrán superar los 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso.

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En los considerandos del Decreto 84 se recuerda, por otra parte, la modificación de la Ley de Ministerios que obliga a revisar todas aquellas contrataciones y la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública, argumenta la norma.

En tanto, el Decreto 77 prorroga la vigencia del Decreto 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, por el cual se establecieron restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.

Las restricciones son las comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y dicha norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

El artículo 8º de esa norma establece que las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

También se incluyen a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Además se incluye a Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

También están comprendidos en la norma los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

El Procurador del Tesoro se mostró optimista del avance en la Justicia y el Congreso del decreto alentado por el Poder Ejecutivo.

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, afirmó este lunes que “no hay vuelta atrás” para el decreto de desregulación de la economía; consideró que “van a ser derrotados los amparistas” contra la medida por la “jurisprudencia” de la Corte Suprema y planteó que “los legisladores pueden dividirlo en 10 distintas leyes con un contenido ‘espejo’ o más o menos modificado”.

A la vez, recordó que “valen” los contratos que fueron firmados antes de la derogación de la Ley de Alquileres que dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional.

“Yo creo que van a ser derrotados los amparistas, no tienen razón. Por la propia jurisprudencia de la Corte”, dijo el jefe de los abogados del Estado en diálogo con radio Rivadavia.

El funcionario, quien indicó que “hay tres” amparos y que “puede haber más”, cuestionó estas acciones y argumentó que “el país está en una situación terrible” y se “necesitan medidas de urgencia”.

“Si la impugnación al decreto es que no hay necesidad de urgencia, yo creo que eso se pierde. Por lo que ya ha dicho la Corte y por lo que es de sentido común”, señaló el exintegrante del máximo tribunal del país, exministro de Justicia del Gobierno de Carlos Menem y exauditor General de la Nación.

En ese sentido, Barra indicó que “no hay vuelta atrás” al DNU anunciado la semana pasada por el presidente Javier Milei, y “en especial cuando hablamos de esto en Navidad, una fecha de esperanza”.

En relación al pedido de un sector de la oposición de dividir el decreto en leyes para que sea tratado por el Congreso, el Procurador del Tesoro señaló que los legisladores “ya lo tienen allí y lo pueden hacer”.

“Si quieren, los legisladores pueden dividirlo en 10 distintas leyes aprobando lo que está o con un contenido ‘espejo’, o más o menos modificado”, explicó.

Al ser consultado sobre la vigencia de los contratos firmados con la Ley de Alquileres, Barra sostuvo que “en principio, ese contrato vale”.

“Sí, el contrato sí, pero siempre que no se oponga al cambio de régimen. Dice el Código Civil que no se puede invocar derechos adquiridos frente a normas de orden público”, agregó.

El encuentro se llevará a cabo en la Casa de Gobierno de la Provincia a partir de las 14.30. También participarán Intendentes funcionarios, legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria.

Este viernes por la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará una cumbre con intendentes bonaerenses para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, que contará con la participación del diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) provincial, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía, Sergio Massa.

De esta manera, la cumbre de Kicillof, que comenzará a las 14:30 horas y contará con la participación de intendentes bonaerenses, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria, se llevará adelante en la Casa de Gobierno de la Provincia, ubicada en la calle 6 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata.

En ese sentido, se espera que, el encuentro del Gobernador con los dirigentes bonaerenses, Máximo Kirchner y Sergio Massa, tenga entre sus puntos a tratar el impacto de las medidas económicas, anunciadas en el DNU de Milei, en la Provincia hacia el próximo año.

Según trascendió, uno de los principales objetivos de Unión por la Patria, es evitar que el DNU de Milei tenga la aprobación en las Cámaras del Congreso de la Nación, debido a que, si tiene el rechazo en ambas, perdería completa vigencia.

Por otra parte, los intendentes bonaerenses, que se encontrarán cara a cara con Kicillof esta tarde, también tienen previsto evaluar el tema de las cuentas provinciales y municipales, debido a que el Gobierno provincial definió prorrogar la presentación del Presupuesto 2024 tras el anuncio del mega DNU de Milei.

Sobre esto, desde la Casa de Gobierno informaron que, “en vistas del contexto de incertidumbre y debido a que el Gobierno nacional no presentó pautas macroeconómicas, la Provincia no cuenta con elementos suficientes para elaborar un Presupuesto” para el año que viene.

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof este viernes enviará a la Legislatura bonaerense un pedido de endeudamiento por un monto equivalente a USD 1.800 millones para cumplir con los vencimientos que deberá afrontar la Provincia de Buenos Aires en 2024, así como también la nueva Ley Impositiva y la extensión de las emergencias.

De esa forma, según pudo reconstruir este medio, el pedido de endeudamiento de Kicillof, junto con la renovación del paquete de leyes de emergencia económica, social, productiva y energética, ingresará por Diputados, mientras que la Ley Impositiva será girada al Senado bonaerense, para mantener un equilibrio entre ambas Cámaras.