Luego del traspaso de la gobernadora Vidal, desde la oposición local advirtieron que los vecinos no pueden circular libremente por el lugar y le apuntaron al jefe comunal por "querer hacer negocios" con privados. Además, apuntan contra emprendimientos de "dudosa habilitación". Días atrás el intendente fue citado a indagatoria por defraudación en la construcción de viviendas sociales.

Otro integrante de Cambiemso se suma al difícil momento en materia de transparencia que afecta a Cambiemos. Es que luego de que días atrás fuera citado a indagatoria por el fiscal federal Jorge Di Lello por defraudación en la construcción de viviendas sociales, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, suma un nuevo capítulo judicial.

En este caso, dirigentes de la oposición local denunciaron que el alcalde ex radical, devenido en massista, devenido al macrismo, busca "privatizar" la zona del puerto del municipio, cuya administración fue traspasada de la órbita provincial a la distrital días atrás.

El concejal Fabián Brest, del bloque PJ-FpV, advirtió que el decreto provincial que otorga al municipio la explotación del puerto no impide que haya "concesiones o cesiones a privados". Incluso afirmó que el libre acceso al puerto "está negado" a los vecinos por emprendimientos "de dudosa habilitación".

Según consignó el sitio La Política Online, los dirigentes del peronismo sanisidrense vinculan esta situación con la denuncia de los padres del Hogar Infantil Municipal, ubicado en la zona del puerto, que la gestión de Posse cerró a fines de 2016. Desde la oposición local consideraron que "con la entrega del puerto cerró todo" y atribuyeron la actitud del intendente a sus intenciones de "hacer negocios en la zona".

Los concejales de la oposición citaron como antecedentes la venta del viejo Hospital de San Isidro en 2003 a la empresa AG Producciones para construir un complejo habitacional; la privatización gastronómica y comercial de grandes sectores de la costa sanisidrense; y la venta en 2012 de un predio donde funcionó un ex centro clandestino de detención y en el que ahora hay un complejo de oficinas, entre otros.

El 8 de febrero, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó un acto junto a Posse para anunciar la transferencia de la explotación y la administración del puerto de San Isidro a ese municipio. En un comunicado oficial se consignó que esa medida "permitirá generar un espacio público de 7 hectáreas para que vecinos y turistas puedan disfrutar del sector de rivera".

Un vehículo volcó hoy en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 24, de la mano que va a Luján. Vecinos se acercaron hasta el lugar y se llevaron las bebidas que transportaba el camión. Caos vehicular.

El hecho generó que las personas que pasaban por el lugar se llevaron las bebidas y comenzaron a cargar los cajones que estaban en el suelo. Muchas botellas se rompieron quedando los vidrios diseminados por la cinta asfáltica  y las que se salvaron fueron saqueadas por la gente.  En apenas minutos no quedó  prácticamente nada: Solo cajones y vidrios.

Se desconocen los motivos que provocaron el vuelco del Camión de bebidas, lo que generó un corte total y desvío de la colectora que va hacia Lujan.

Además, en el kilómetro 25 chocaron en cadena siete vehículos y el desvió se da por la colectora a la altura del Puente Santa Rosa.

La medida tomada por el gobierno nacional de sacarle los aranceles a la importación de productos informáticos comienza a tener consecuencias graves para las empresas y trabajadores del sector.

La decisión fue comunicada oficialmente en el día de ayer y desde el sector reiteraron las quejas, ya que según dicen, de esta manera se les hace imposible competir con los mismos productos que vienen subsidiados desde China. De esta manera, la primera medida que toman las empresas es producir menos y, por lo tanto, ajustar por el lado de los trabajadores. Lo mismo sucedió hace unos días en la fábrica metal mecánica PMV S.A de Hurlinghan, donde despidieron 25 empleados.

Desde la cartera de Producción, Francisco Cabrera, debió hacer frente a las fuertes críticas y en tal sentido subrayó que el Gobierno "no le va a soltar la mano a ningún trabajador" y, aseveró que “la eliminación de aranceles para la importación de componentes informáticos beneficiará a las familias y a las pyme".

Según el Ministerio de Producción, desde hoy rige la eliminación del arancel que era del 12% para la importación de componentes para fabricar computadoras, y se eliminará el 35 por ciento para el ingreso de notebooks, tablets y computadoras, a partir del 1º de abril. En el gobierno confían que la medida va "a reducir el precio de los equipos informáticos en el mercado nacional, entre los más caros de la región".

El presidente de la empresa PC Arts Argentina, dueña de la marca Banghó, Carlos Suaya, manifestó que la medida aplicada por el Gobierno va a generar una pérdida de 500 puestos de trabajo. En una entrevista con radio La Red, señaló que Banghó tenía "800 empleados en tres plantas muy industrializadas", pero advirtió que pasará a tener "menos de la mitad”.

"Hay un componente en los precios que es horrible y los funcionarios, en lugar de trabajar en los costos del Estado en toda la economía, piensan que importando informática a cero aranceles ajustan el nivel de precios; es una forma de pensar, pero no consideran la cantidad de gente que va a quedarse sin trabajo", concluyó Suaya.

La política económica del Gobierno Nacional de fuerte apertura a las importaciones ya empezó a tener consecuencias directas en el aumento de los niveles de desempleo. Los 25 trabajadores despedidos de la fábrica PMV S.A de Hurlingham, son un nuevo testimonio de como la aplicación de estas políticas siguen destruyendo la industria nacional.

La metalúrgica PMV S.A es una fábrica especializada en la construcción de cabinas para maquinas agrícolas. La empresa PLA de Santa Fé que compraba el producto a PMV S.A, dejó de comprar las cabinas debido a que ahora importa maquinarias agrícolas desde Italia, está decisión dejó a 25 trabajadores en la calle.

Esta fábrica metal mecánica que esta radicada hace 10 años en Hurlingham, hoy se encuentra tomada por los trabajadores que esperan una pronta solución a su situación y, además, reclamaron en el Ministerio de Trabajo que se les pague sus indemnizaciones.

En una entrevista realizada en Radio del Plata, el Secretario de la Unión Obrera Metalúrgica (seccional Morón), Sergio Souto, manifestó que "estamos con la planta tomada porque despidieron a 25 trabajadores". Además añadió: "Al margen de la defensa de los puestos de trabajos que es nuestro objetivo, la situación se agrava aún más porque tampoco se pone a disposición de los compañeros las indemnizaciones".

Con respecto a las indemnizaciones, Souto señaló que "se han hecho las presentaciones y hemos pedido la intervención al Ministerio de Trabajo, entendiendo que estas son las consecuencias de la libre importación que lleva adelante el Gobierno Nacional", marcando que "en esta planta se fabricaban cabinas para el sector del agro, para la empresa PLA que está en la provincia de Santa Fé y la misma ha decidido importar maquinaria desde Italia y con esto dejó a 25 trabajadores a la calle".

"En este sentido la UOM vuelve a reafirmar que el Gobierno Nacional debe cambiar sus políticas de importación porque le está quitando el trabajo a los argentinos", sentenció Souto.

Para finalizar el Secretario General de la UOM (Morón) contó que: "Estuvimos con los compañeros en la semana y el sábado tambien, hemos recibido la visita del intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, que se ha puesto a disposición".

Los despidos en el sector metal mecánico ya trepan a 10 mil en los últimos meses, junto al sector textil son de los más perjudicados por la apertura de las importaciones. La UOM activó un plan de lucha junto a los trabajadores para que no se sigan destruyendo empleos.

UOM seccional Morón

Gabriel Katopodis cargó contra la gestión de Macri tras una semana negra. Tiene "buen ritmo para endeudarse y aumentar las tarifas y muy poca rapidez para atender a los que más lo necesitán", disparó.

El intendente del partido de San Martín, Gabriel Katopodis, criticó este domingo al Gobierno por entender que "tiene buen ritmo para endeudarse y aumentar las tarifas", mientras cuestionó que meter "la mano en el bolsillo a los jubilados fue una decisión".

"Ya no hay margen para errores", consideró y subrayó: "En algunos casos puede haber errores y en otros casos, hay decisiones muy intencionales, como el tarifazo del 800 ó 900 por ciento".

En ese sentido, evaluó: "Buscar un ahorro de 3 mil millones de pesos en el déficit fiscal, metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados fue una decisión".

"Es un gobierno que tiene buen ritmo para endeudarse y aumentar las tarifas y muy poca rapidez para atender a los trabajadores, de las pymes, de los sectores más necesitados", fustigó.

En diálogo con Radio 10, Katopodis apuntó: "Es un Gobierno lento, impreciso, que improvisa".

Además graficó la falta de rumbo: "Es un Gobierno que en un mes echó al ministro de Economía, al secretario de Obra Pública, al presidente del Banco Nación"

La expresión fue vertido por Agustín Fernández, funcionario de la Dirección de Políticas de Juventud de la Municipalidad de Tres de Febrero, del intendente macrista y ex periodista de TN Diego Valenzuela. Tras ser denunciado públicamente, le rescindieron su contrato.

Las alusiones al horror y la reivindicación de la última dictadura Cívico-Militar es cada vez más frecuente entre los funcionarios de Cambiemos, Ahora fue el turno de Agustín Fernández, funcionario de la Dirección de Políticas de Juventud de la Municipalidad de Tres de Febrero, quien se despachó con una frase hiriente y desagradable a través de Twitter.

“Exigimos al Sr Intendente, Diego Valenzuela, que dé explicaciones por estos hechos aberrantes y que el funcionario en cuestión sea apartado de su cargo inmediatamente, ya que tales expresiones no se pueden permitir bajo ningún concepto”, expresaron en un comunicado de prensa desde de la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos-Desaparecidos de Tres de Febrero.

“Resulta evidente, a esta altura, que el equipo del Sr. Valenzuela y la coalición política “Cambiemos” no se caracterizan por estar conformadas por “hombres de la democracia” sino más bien por apologistas del terrorismo de Estado. Los dichos de Juan Manuel Lucioni (Secretario de Seguridad) y Agustín Fernández (funcionario de la Dirección de Juventud), en el plano local, de Martiniano Molina (Intendente de Quilmes) y de Darío Lopérfido (ex Secretario de Cultura de la CABA), a nivel regional, y de Juan José Gómez Centurión (ex militar carapintada y Director de General de Aduanas de la Nación) en el plano nacional, no dejan lugar a dudas”, sigue el escrito.

“Los vecinos y vecinas de Tres de Febrero no podemos permitir que la gestión distrital se encuentre en manos de personas que niegan el genocidio perpetrado por los militares, con la complicidad de la sociedad civil, del empresariado y de la Iglesia, entre 1976 y 1983. No a la presencia de Juan Lucioni como Secretario de Seguridad de Tres de Febrero. No a la presencia de Agustín Fernández en la gestión municipal. Memoria, Verdad y Justicia”, finaliza el comunicado.

Luego de la denuncia pública, el Secretario de DDHH del distrito Miguel Ángel Delamer expresó a través de las redes sociales que “le fue rescindido el contrato ni bien se conocieron sus posteos”.

Como explica el comunicado, no es el primer episodio de este tipo que se da en el partido luego del triunfo de Cambiemos: el intendente PRO y ex columnista de TN, Diego Valenzuela, nombró en la Secretaría de Seguridad a un militar retirado defensor del genocidio, Juan Manuel Lucioni. El mismo protagonizó un acto en Plaza San Martín de reivindicación de la dictadura.

La senadora bonaerense del Frente Para la Victoria Mónica Macha presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el ministro de Salud, Jorge Lemus, y el director ejecutivo del Hospital Posadas, Pablo Bertoldi Hepburn, a quienes acusó de "espionaje, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público".

La denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Penal Nº 8, Dr. Marcelo Martinez de Giorgi, Fiscalía Nº 4, a cargo del Dr. Carlos Stornelli, y lleva el número de causa 1823/17, que deberá resolver si da curso a la misma.

La legisladora consideró en un comunicado que la designación de Bertoldi Hepburn como director del Hospital Posadas tiene que ver con "la misión de hacer espionaje sobre los profesionales y despedirlos por su pertenencia política o ideológica" y conjeturó que "su tarea es detectar y marcar militantes políticos, instalar el miedo y perseguir compañeros/as".

"Con la denuncia que presentamos hoy buscamos que se investigue el nombramiento de un hombre de la Agencia Federal de Inteligencia al frente de un Hospital nacional como es el Posadas. Bertoldi no tiene antecedentes ni experiencia que avalen su designación como director de una institución tan importante", afirmó Macha, también esposa del líder de la agrupación kirchnerista Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

"Pareciera que su función y su misión es hacer espionaje político y perseguir a trabajadoras y trabajadores por su pertenencia ideológica. Es inaudito que hoy después de 30 años de democracia tengamos que denunciar que se persiguen trabajadores por su forma de pensar, su militancia o su ideología. Parte de la democracia significa la participación política y que se ponga un director para que investigue a los trabajadores es alarmante y demuestra el grado de persecución que está ejecutando el macrismo", agregó.

Asimismo, la senadora aseguró que "hoy el gobierno a través del espionaje busca disciplinar y cercenar la práctica política lo cuál tiene efectos directos en el trabajo de los compañeros y compañeras pero también en la degradación de nuestra democracia. Este es un gobierno de empresarios que gobierna para sus amigos y que necesita que haya poca política".

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en una causa por supuesta defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales para un barrio carenciado en ese partido del norte del conurbano bonaerense.

En un extenso dictamen al que accedió Télam, el fiscal solicitó al juez federal Sebastián Ramos que se indague a Posse y a otros imputados por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar" en el bajo de San Isidro.

Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas pero sólo se hicieron 44, pese a lo cual los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas.

Di Lello visitó en persona el barrio e inspeccionó las casas, antes de emitir el dictamen donde reclama las indagatorias en base a un perjuicio al Estado Nacional calculado en 31 millones de pesos, fondos que fueron girados a la Municipalidad de Vicente López por parte del gobierno nacional.

Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras", advirtió el fiscal.

Además pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras y su certificación, "Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco".

También pidió indagar a quien era por entonces supervisora de Obras del Instituto de la Vivienda bonaerense, María de los Angeles Polantinos.

En el dictamen incluyó para ser citado al secretario de Obras Públicas de San Isidro, Bernardo Landívar, al subsecretario Federico García y a otros funcionarios.

De las 250 viviendas que debían edificarse con fondos nacionales y cumpliendo "exigencias edilicias y de equpamiento" sólo se hicieron 44, en el marco del llamado "proyecto 48" para San Isidro.

"El valor total de la obra era de 37.682.054 pesos", recordó el fiscal.

Según informes incorporados en la causa, las 44 viviendas construidas representaron el 17,6 por ciento del total, por lo que el perjuicio al Estado Nacional rondaría los 31 millones de pesos.

Di Lello aludió a un informe de la Procuraduría contra el lavado de activos (Procelac) que "desnudó una compleja trama de vinculaciones" entre los imputados "que robustece" las sospechas del delito.

El intendente de Vicente López y primo del Presidente aseguró que "no conocer el caso" y evitó responder respecto de la condonación de la multimillonaria deuda del Grupo Macri al Estado por la administración del Correo Argentino que decidió el gobierno nacional.

El nuevo escándalo PRO tiene a todos desubicados. Más allá de que los declarantes seriales salen a justificar la decisión y buscan hilar alguna argumentación, otro prefieren evitar pronunciarse. Ese es el caso de Jorge Macri, intendente de Vicente López y pariente del Presidente, que esbozó una insólita evasiva sobre el polémico perdón de $70 mil millones que su primo le otorgó al Correo Argentino SA, empresa propiedad del Grupo Macri.

"Te digo la verdad: no conozco el caso. Vi el titular y no quiero opinar, sobre todo porque además soy familia, así que tengo que entender bien lo que salió hoy", respondió el jefe comunal de Vicente López tras tomarse un extenso silencio a pesar de estar en televisión.

Jorge pareció realizar una remake de la frase de su primo "te la debo", cuando había sido consultado sobre la muerte de una auxiliar docente, en Mar del Plata, mientras reclamaba que le habían descontado dinero de su sueldo por paros.

Según reveló el portal Nuestras Voces, el tema ya se replicó en todo el mundo y le generó a Macri, el ministro Oscar Aguad y un funcionario dos denuncias penales.

Jorge Macri es también una de las caras visibles de Cambiemos en la Provincia y busca encabezar la boleta en las legislativas de este año, por lo que el tema y el deterioro marcado de la imagen del apellido podrían atentar contra sus aspiraciones electorales.