En los últimos doce meses se perdieron 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia, mientras que desde el inicio de la gestión libertaria la cifra asciende a 329.600 empleos menos, entre el sector público y el privado.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y muestran que la recuperación del mercado laboral sigue siendo esquiva. Aunque aumenta la cantidad de personas que trabajan, el crecimiento se explica principalmente por ocupaciones precarias e informales, mientras el empleo registrado continúa en retroceso.

El monotributo, que incorporó 49.500 nuevos inscriptos en el último año y 150.100 desde diciembre de 2023, no logra compensar la pérdida de puestos asalariados. La tendencia refleja un proceso de sustitución de empleo formal por modalidades laborales más inestables y con menor protección social.

Este deterioro también golpea al sistema previsional y de seguridad social. Según el informe, hay 622.300 aportantes menos mientras que los beneficiarios aumentaron en 426.261 personas, una combinación que agrava la presión sobre el financiamiento del sistema.

Los sectores más castigados son, precisamente, los que históricamente generan más empleo. De acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la industria manufacturera perdió alrededor de 83.000 puestos de trabajo, la construcción otros 60.000 y el comercio 33.200, confirmando el impacto de la recesión sobre la economía real.

El informe también advierte un cambio en la estructura productiva. Mientras la industria pierde peso como motor del crecimiento, avanzan actividades como la minería, los hidrocarburos y las finanzas, sectores de alta rentabilidad pero con escasa capacidad para generar empleo masivo. El resultado es una economía que crece en algunos nichos, pero sin traducirse en más trabajo de calidad.

Paralelamente, el empleo informal sigue ganando terreno. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), casi uno de cada dos trabajadores argentinos se desempeña en actividades microinformales, como changas, pequeños comercios, talleres, trabajo doméstico o cuentapropismo sin calificación, consolidando un mercado laboral cada vez más precarizado.

Las expectativas empresarias tampoco anticipan un cambio de tendencia. La última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC muestra que apenas el 6,2% de los industriales considera buena la situación del sector, mientras predominan las previsiones de menor producción y nuevas caídas del empleo debido a la debilidad de la demanda interna. En ese marco, el Índice de Confianza Empresarial volvió a deteriorarse y se ubicó en -17,8%, reflejando el pesimismo que atraviesa a la industria argentina.

Estudiantes de Filosofía y Letras echaron a un grupo de libertarios que habían ido a tapar un mural del Ché Guevara en la facultad. A pesar de que habían ido con gas pimienta, los libertarios tuvieron que refugiarse entre policías.

Aunque suelen preferir la frase “zurdo vas a correr” no lo llevan a la práctica, donde esta vez debieron salir corriendo ante una de sus nuevas provocaciones.

Desde hace algunos días, el infuencer libertario Marco Fattorello tiene una cruzada contra los murales del Ché Guevara que decoran distintas facultades de la UBA. Fattorello aprovechó que durante las vacaciones de invierno los claustros están semivacíos para intentar cumplir con su cometido. No pudo ser. Debió terminar escoltado por la policía.

Durante un acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo, el mandatario argentino insultó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón” y “basura socialista”, desatando una inmediata reacción del gobierno brasileño.

La respuesta de Brasilia fue contundente, en pocas horas, el Ministerio de Exteriores convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y el canciller Mauro Vieira citó de urgencia al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo oficial por las declaraciones de Milei.

Según trascendió, Vieira expresó su profundo malestar y reclamó incluso el relevo del cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler, por haber organizado la visita presidencial y participado del acto en el que se produjeron los agravios.

Lejos de limitarse a opinar sobre política internacional, Milei intervino de lleno en la campaña electoral brasileña al pedir el voto para Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. En la convención del Partido Liberal (PL), el Presidente argentino alentó a derrotar a lo que definió como “la basura socialista” y volvió a atacar al Foro de San Pablo, al que acusó de buscar “diseminar el comunismo” en un claro discurso alineado con la actual retorica de Washington.

El gesto fue interpretado como un nuevo intento de Milei por alinearse con el bolsonarismo y los sectores más duros de la derecha internacional, aun a costa de deteriorar la relación con el mayor socio económico de la Argentina.

La escalada continuó con nuevos ataques contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien Milei llamó “basura calva” por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

Como si el conflicto no fuera suficiente, el Presidente también afirmó, sin presentar evidencia, que el gobierno de Lula financió una supuesta campaña en redes sociales contra la Argentina durante el Mundial. Sin embargo, un informe de Inteligencia Analítica descartó esa versión al concluir que las publicaciones fueron espontáneas y no existió una operación coordinada.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro, en Brasil. pic.twitter.com/YB28LEXrHC

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 26, 2026

En lugar de aportar pruebas, la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” del Gobierno evitó responder sobre el origen de esa acusación y se limitó a recordar la visita que Lula realizó el año pasado a Cristina Fernández de Kirchner.

Las críticas no tardaron en llegar desde ambos lados de la frontera. El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que “da vergüenza ajena ver al presidente Milei insultar al Gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país”. En Brasil, el Partido de los Trabajadores consideró que el mandatario argentino “no está a la altura de la dignidad del cargo”, mientras que dirigentes del PDT y del PSOL se sumaron al repudio. También el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, calificó los dichos de Milei como “irrespetuosos”.

No es la primera vez que Milei provoca un conflicto con Brasil. En 2024 ya había generado una fuerte tensión al ausentarse de la Cumbre del Mercosur para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a Jair Bolsonaro. Ahora, con insultos directos contra Lula e injerencia en la campaña electoral brasileña, el Presidente vuelve a comprometer una relación estratégica para la Argentina en medio de una delicada situación económica y comercial.

Las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la posibilidad de que el dólar alcance los $1.800 “en los próximos meses” obligaron al Gobierno de Javier Milei a salir a bajar el tono del mensaje. Sin embargo, el mercado ve con atención esas palabras sobre todo teniendo en cuenta el año electoral de 2027.

Como pasó en la década de 1990, el gobierno apuesta al dólar planchado para dar estabilidad pero ese mismo dólar barato complica el rendimiento de muchos sectores económicos, a los que se les hace difícil competir con el exterior. Además, el gobierno libertario decidió no aplicar ninguna política de protección, como hace cualquier país del mundo.

Así las cosas, no sorprendieron las palabras del vocero porque muchas voces empresariales vienen advirtiendo sobre el retraso cambiario. El gobierno enfrenta un dilema que siempre se repiten en esquemas así: si devalúa habrá más inflación y menos actividad. Si no lo hace, podría haber presión sobre el tipo de cambio lo que derive en una corrida contra el dólar (todos comprando la divisa creyendo que está muy barato y que antes o después se va a encarecer).

De la dinamita al maquillaje: cómo la reforma de la Carta Orgánica expone el truco de la inflación acumulada y consagra el olvido definitivo de cerrar el Banco Central.

La reciente columna de Javier Milei en Clarín vuelve a echar mano del golpe de efecto efectista al lucir en su titular un estridente $12.819.532.788.614.400.000 de inflación acumulada en Argentina desde 1935. Sin embargo, apelar a un cálculo matemático compuesto de casi un siglo para impresionar a la tribuna no es más que un artilugio de manipulación estadística: acumular nominalmente casi un siglo de historia económica atravesado por la eliminación de 13 ceros en la moneda (pesos moneda nacional, ley 18.188, australes y pesos actuales) es mezclar la hiperinflación de 1989 (3.079%) con la estabilidad de la Convertibilidad o períodos de inflación internacional de posguerra. Más aún, resulta sumamente irónico que pretenda dictar cátedra sobre prudencia de precios cuando su propia gestión registró en sus primeros meses picos de inflación que superaron el 280% interanual tras una abrupta devaluación y liberación de precios regulados, demostrando que el ajuste lo terminó pagando el bolsillo popular mientras la inflación real acumulada de su gestión superó en tiempo récord las estimaciones más pesimistas.

El primer pilar de su propuesta pretende limitar la actuación del Banco Central a preservar “únicamente” el valor de la moneda, un axioma neoclásico que omite de manera insólita cómo operan las bancas centrales de los países desarrollados. Entidades como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) tienen por mandato estatutario un “doble rol” inequívoco: contener la inflación pero al mismo tiempo promover el máximo empleo sostenible y el crecimiento económico. Pretender que el BCRA actúe desvinculado de la realidad productiva y del mercado laboral del país implica atar de manos al Estado frente a shocks externos o recesiones, sacrificando puestos de trabajo e industria nacional en el altar de una meta monetaria abstracta y dogmática.

En el segundo y quinto punto, el Presidente promete prohibir de forma absoluta la asistencia del Banco Central al Tesoro bajo la amenaza de juzgar el señoreaje como “asociación ilícita” y derogar la reforma de 2012 para eliminar instrumentos como las Letras Intransferibles. Lo que la retórica oficial oculta cuidadosamente es que la propia administración de Milei ha recurrido de forma constante al endeudamiento con el sistema financiero y a maniobras de ingeniería financiera (como la migración de pasivos remunerados hacia pases, lefi y deuda directa del Tesoro) para absorber liquidez y maquillar el déficit cuasifiscal. Tipificar la política monetaria como delito penable no es más que una sobreactuación institucional que busca judicializar la política económica, ignorando que la emisión cero y el sobreendeudamiento en moneda extranjera han sido históricamente la antesala de severas crisis de liquidez y quiebras del sistema bancario privado.

Respecto al tercer eje, consistente en exigir mayorías calificadas de dos tercios del Congreso para remover al titular del BCRA con el pretexto de “blindarlo” de presiones políticas, el planteo roza el absurdo en términos de coherencia democrática. Elevar a una cúspide intocable a las autoridades de la entidad monetaria pretende congelar una orientación económica de mercado a espaldas de la alternancia republicana. Resulta irónico que un mandatario que ha gobernado recurrentemente mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) e intentado eludir los debates legislativos proponga ahora un candado constitucional para proteger a funcionarios que podrían estar ejecutando políticas diametralmente opuestas a las elegidas por la ciudadanía en las urnas.

Por último, el cuarto punto busca restringir el reparto de utilidades del Banco Central hacia el Estado, bajo el argumento de que se tratan de ganancias ficticias. Si bien el saneamiento del balance del BCRA es un criterio deseable, el verdadero problema radica en cómo el propio Ejecutivo evalúa sus activos: mientras exige al Banco Central estándares de extrema austeridad, utiliza las reservas internacionales como colateral para garantizar deuda privada o cubrir fuga de capitales. Restringir por completo los mecanismos de auxilio financiero del BCRA sin contar con un flujo sólido de divisas ni acceso sostenible al crédito internacional condena a la economía argentina a un esquema de vulnerabilidad extrema ante cualquier fluctuación de los mercados globales.

La gran estafa del eslogan de campaña: del “dinamitar” al institucionalizar

Más allá del debate técnico sobre la reforma monetaria, esta columna de opinión consagra de forma definitiva una de las estafas electorales más descaradas en la historia política reciente de la Argentina. Durante toda su campaña y sus años de irrupción mediática, Javier Milei edificó su identidad política bajo un lema categórico y sin matices: la promesa de “cerrar”, “eliminar” y hasta “dinamitar” el Banco Central de la República Argentina. Aquel discurso incendiario, que le sirvió para canalizar el enojo social contra la dirigencia tradicional jurando que erradicaría de raíz al “cáncer de la emisión”, ha quedado reducido a un mero folclín mediático para cautivar incautos.

Al presentar hoy un megaproyecto para reformar la Carta Orgánica, nombrar autoridades blindadas y reestructurar el funcionamiento del BCRA, el propio Presidente admite que la institución seguirá abierta, operativa y regulando la economía del país. La fantasmagórica dolarización sin dólares y el cierre del BCRA han pasado a ser promesas archivadas en el cajón de los eslóganes caducos. Lejos de destruir la “maquinita”, el Ejecutivo ha optado por apropiarse del sillón de Reconquista 266 para utilizar la estructura de la banca central a su favor, dejando en evidencia que la “libertad” prometida no era más que una consigna electoral tan volátil como el valor de la moneda que prometió exterminar.

En medio de las discusiones por el atraso cambiario y la presión sobre la divisa, el vocero oficial admitió que la cotización del dólar sufrirá un reajuste en el corto plazo, aunque descartó un salto devaluatorio brusco.

El debate alrededor de la política económica y el rumbo del tipo de cambio sumó una definición clave por parte del Poder Ejecutivo. En las últimas horas, representantes del Gobierno nacional admitieron abiertamente que el dólar podría alcanzar valores de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, reconociendo un margen de deslizamiento en el mercado cambiario ante las presiones inflacionarias y la cotización de los financieros.

El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 dentro de algunos meses. Después calificó esa corrección como “mínima” y aseguró que no tendría un impacto significativo en el bolsillo.

Hoy el dólar oficial está en $1.510. Llevarlo a $1.800… pic.twitter.com/OQR1BL1nK0

— Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) July 24, 2026

Las claves de la proyección cambiaria del Ejecutivo:

• Un margen de ajuste estimado: Desde la vocería oficial argumentaron que un avance de la divisa hacia la zona de los $1.700 o $1.800 representaría un movimiento gradual y “controlado”, rechazando tajantemente los pronósticos de la oposición que advierten sobre un salto devaluatorio desmedido.
• La postura sobre el atraso cambiario: Pese a admitir que la cotización se moverá al alza, el Ejecutivo mantiene su postura de que no existe un atraso estructural en el tipo de cambio, respaldándose en las metas de superávit comercial y el equilibrio en las cuentas públicas.
• El impacto en precios y salarios: Analistas de mercado señalan que la confirmación de un piso más alto para el dólar podría trasladarse a los precios de la canasta básica y poner mayor tensión sobre las paritarias, en un contexto donde los ingresos familiares ya llegan fuertemente golpeados por la recesión.

Expectativa en la City y presión sobre los financieros

El reconocimiento de esta nueva pauta para la divisa se da en un momento en que los dólares paralelos y financieros vienen mostrando oscilaciones y tocando récords nominales. Para los operadores de la City porteña, la admisión de un valor cercano a los $1.800 funciona como un sincericidio que busca achicar la brecha y fijar expectativas de cara a la segunda mitad del año.

Mientras el Ministerio de Economía procura sostener la liquidación de divisas para fortalecer las arcas del Banco Central, la confirmación de este escenario reaviva los reclamos del sector industrial y las pymes, que advierten sobre el impacto de la incertidumbre cambiaria en los costos de insumos importados y el valor final de la producción nacional.

Choferes de colectivos y delegados gremiales denunciaron que empresas de transporte, en base a directivas atribuidas al Gobierno Nacional, comenzaron a retirar de las unidades la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”, una medida que consideran parte de una bajada de línea desmalvinizadora.

Trabajadores de distintas líneas, entre ellas las del Grupo DOTA, aseguraron haber recibido órdenes para despegar mapas, banderas y calcomanías alusivas a Malvinas de los laterales de los colectivos. Según los testimonios, la remoción de las insignias también comenzó a realizarse en formaciones ferroviarias, lo que amplió la preocupación entre los gremios del transporte.

La norma vigente establece que la leyenda debe exhibirse en un lugar visible en colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia, trenes, barcos y aeronaves que operen dentro o fuera del país, por lo que los denunciantes sostienen que su eliminación no solo implica un fuerte gesto simbólico, sino también un eventual incumplimiento de la legislación.

Los choferes vinculan esta decisión con la incomodidad que mostró el gobierno de Javier Milei luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante el Mundial 2026, en el partido frente a Inglaterra. Afirman que la presunta orden para retirar las insignias comenzó a circular después de aquel encuentro, reforzando la percepción de que existe una intención de reducir la presencia de la causa Malvinas en los espacios públicos.

Lejos de apagarse, el gesto de la Selección fue replicado por otros equipos del fútbol argentino. Argentinos Juniors salió al campo de juego con la bandera antes de su partido frente a Sarmiento por el Torneo Clausura, mientras que Tigre hizo lo propio en su encuentro por la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay. Para quienes impulsan la denuncia, la decisión de retirar la leyenda de colectivos y trenes contrasta con el respaldo que la causa Malvinas sigue encontrando en distintos ámbitos de la sociedad y reabre el debate sobre el lugar que ocupa el reclamo de soberanía en la agenda del Gobierno nacional.

Un reciente informe alertó que el consumo masivo volvió a retroceder en junio al registrar una caída interanual del 2,7%, con lo que encadenó seis meses consecutivos en terreno negativo y profundizó el deterioro del gasto cotidiano de los hogares.

En ese marco, los alimentos y otros productos básicos volvieron a mostrar fuertes retrocesos en los principales canales de venta. Mientras, la inflación registrada por el Indec da a la baja. ¿Cómo se explica? Justamente, ocurre que el gobierno de Javier Milei decidió intervenir el índice oficial y no medir como corresponde la suba de precios en la economía, de ese modo, se subregistran subas importantes como son los servicios públicos. La inflación del Indec baja pero no la que sufren millones de argentinos cada mes en sus bolsillos reales.

El relevamiento, elaborado por Scentia, señaló que la contracción acumulada durante el primer semestre alcanzó el 2,9% respecto del mismo período de 2025. Entre los distintos formatos comerciales, los supermercados de cadena registraron una baja del 4,6%, mientras que en los mayoristas el descenso fue del 3,8% y en los autoservicios independientes llegó al 3,2%. La única excepción volvió a ser el comercio electrónico, que creció 34,8% interanual.

El presidente Javier Milei se desplomó en el índice de confianza al consumidor que elabora la Universidad Di Tella. En el Gobierno hay preocupación por el impacto del malhumor social en la reelección del Presidente. Es una encuesta que miran con atención los empresarios argentinos.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,67 puntos en julio, lo que representa una disminución del 4,78% respecto de junio, cuando había alcanzado 42,71 puntos. El relevamiento, a cargo de Poliarquía Consultores, se realizó en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 2 y el 16 de julio. La caída interrumpe dos meses consecutivos de recuperación, luego de las subas registradas en mayo y junio.

En la comparación interanual, el deterioro es aún más marcado: el ICC de julio se ubicó 12,30% por debajo del nivel registrado en julio de 2025. Según destacaron desde el CIF, fue la disminución interanual más marcada desde la crisis de la pandemia de Covid-19, en julio de 2020, cuando el índice se había derrumbado 13,6%. Además, el pico del índice en la actual gestión se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos, y desde entonces acumula una caída de 14,16%.

Pese a los reiterados gestos de respaldo político hacia el mandatario estadounidense y a la expectativa del Gobierno de obtener un trato preferencial, la administración norteamericana confirmó que los productos argentinos también quedarán alcanzados por el nuevo esquema de aranceles que comenzará a regir desde este viernes.

La medida fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyó a la Argentina dentro del grupo de 60 países alcanzados por la nueva política comercial impulsada por la Casa Blanca tras investigaciones vinculadas a prácticas comerciales y controles sobre el trabajo forzoso.

En concreto, las exportaciones argentinas deberán pagar un arancel general del 10% para ingresar al mercado estadounidense, el mismo nivel que regirá para países como Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Ecuador y el Reino Unido.

La decisión constituye un nuevo revés para la estrategia internacional de Milei, quien apostó por un alineamiento casi automático con Washington bajo la premisa de que esa cercanía abriría oportunidades comerciales y facilitaría un tratamiento diferencial para la Argentina. Sin embargo, la administración Trump dejó en claro que la afinidad política no pesa a la hora de definir medidas destinadas a proteger los intereses económicos de Estados Unidos.

Según explicó la USTR, los nuevos gravámenes forman parte de una política orientada a sancionar a los países que, según la evaluación de Washington, no implementan mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La decisión se apoyó en investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Estados Unidos para responder a prácticas que considera desleales o distorsivas para el comercio internacional.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

Aunque la resolución contempla la posibilidad de otorgar excepciones a determinados sectores o países que acrediten controles efectivos sobre estas prácticas, hasta el momento Washington no precisó cuáles podrían beneficiarse de ese tratamiento especial, por lo que la Argentina continuará alcanzada por el arancel general del 10%.

Los nuevos aranceles comenzarán a regir este viernes, una vez vencido el régimen transitorio que Estados Unidos había establecido tras la suspensión judicial del esquema anterior de tarifas globales promovido por Trump. La normativa también prevé aranceles de entre el 10% y el 12,5% para productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, mientras que otros países enfrentarán una tasa general del 12,5%.

Si bien algunos bienes considerados estratégicos quedarán exceptuados para evitar problemas de abastecimiento o impactos sobre la producción estadounidense, la decisión confirma que el alineamiento político del Gobierno argentino no alcanzó para obtener un trato diferencial. En materia comercial, la administración Trump volvió a priorizar la defensa de los intereses de Estados Unidos por encima de las afinidades ideológicas con la Casa Rosada.