La senadora volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó el costo de los créditos. Reclamó que bancos y fintech informen de manera clara cuánto terminará pagando cada persona y exigió que las entidades se hagan cargo de refinanciar las deudas.

Patricia Bullrich volvió a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei y lanzó un nuevo cuestionamiento sobre el rumbo de la economía. Después de reclamar públicamente “más velocidad en los resultados” del programa oficial, la senadora puso ahora el foco en uno de los problemas que golpean cada vez con mayor fuerza a los hogares: el endeudamiento y el aumento de la morosidad.

Durante una sesión en el Senado, Bullrich cuestionó el elevado costo financiero de los préstamos y apuntó directamente contra bancos y fintech. La dirigente reclamó que las entidades informen de manera visible y sencilla cuánto terminará pagando una persona antes de aceptar un crédito.

“Cuando uno mira la letra chica, se da cuenta del robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo al referirse al Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos.

La senadora propuso aplicar al sistema financiero una lógica similar a la del etiquetado frontal de los alimentos. Su idea es que quien solicite un crédito pueda conocer, antes de contratarlo, el monto final que deberá devolver.

“Tiene que aparecer un cartel gigante, un etiquetado frontal que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000’”, ejemplificó.

Para Bullrich, una información de ese tipo permitiría a los consumidores dimensionar el verdadero costo del financiamiento y pensar dos veces antes de asumir una nueva deuda.

Bullrich exigió que bancos y fintech “se hagan cargo”

El planteo de la senadora se produjo en un contexto de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias. Durante su intervención, Bullrich mencionó una tasa de morosidad del 12,8% y sostuvo que el oficialismo sigue de cerca la evolución de la situación.

Sin embargo, rechazó que el Estado deba utilizar recursos públicos para cubrir las deudas de quienes no pudieron afrontar sus compromisos.

En cambio, reclamó que la responsabilidad recaiga principalmente sobre las entidades que otorgaron los créditos. En ese sentido, exigió que bancos y fintech presenten planes de refinanciación, extiendan plazos y ofrezcan alternativas para que los deudores puedan regularizar su situación.

“Los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo”, afirmó.

El planteo constituye un nuevo gesto de diferenciación de Bullrich respecto del discurso económico del Gobierno. Mientras desde el oficialismo se suele remarcar que las deudas surgen de acuerdos entre privados, la senadora puso el foco en las condiciones en las que las entidades ofrecen los préstamos y en el costo final que enfrentan los consumidores.

El Costo Financiero Total, bajo la lupa

El CFT reúne los diferentes costos asociados a un crédito y permite determinar cuánto deberá devolver efectivamente quien toma el préstamo. Bullrich cuestionó que esa información no siempre resulte suficientemente visible para los consumidores y reclamó que el dato aparezca de manera directa antes de aceptar una operación.

Incluso propuso incorporar un aviso o “pop” que muestre de forma inmediata cuánto terminará pagando el usuario. A su entender, conocer el costo real del crédito podría llevar a muchas personas a evaluar con mayor cuidado si están en condiciones de asumir una nueva obligación.

El reclamo adquiere relevancia en medio del debate sobre cómo enfrentar el crecimiento de la morosidad sin que el costo termine trasladándose al conjunto de los contribuyentes.

La oposición prepara una nueva ofensiva

El problema del endeudamiento familiar también comenzó a ganar espacio en la Cámara de Diputados. Los bloques opositores intentaron incorporar proyectos vinculados con la problemática durante la última sesión, aunque no consiguieron reunir la mayoría necesaria. La votación terminó con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La oposición anunció además una sesión especial para el 9 de septiembre, en la que buscará avanzar con iniciativas vinculadas al endeudamiento y la morosidad. Entre ellas se encuentran modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y la creación de un programa de alivio financiero y desendeudamiento familiar.

En ese escenario, Bullrich intenta fijar una posición propia: rechaza que el Estado rescate a los deudores, pero exige que las entidades financieras asuman responsabilidades y faciliten mecanismos para refinanciar las obligaciones.

La nueva advertencia se suma a sus recientes cuestionamientos al desempeño económico del Gobierno. Primero reclamó “más velocidad en los resultados” para que las mejoras lleguen a la vida cotidiana. Luego puso el foco en el impacto del endeudamiento sobre el consumo.

Ahora, Bullrich vuelve a incomodar al Gobierno de Milei al apuntar contra las condiciones del sistema financiero y exigir que bancos y fintech se hagan cargo de una parte del problema.

El mensaje es claro: antes de seguir endeudando a las familias, la senadora reclama que los consumidores sepan exactamente cuánto deberán pagar y que las entidades financieras asuman un papel activo frente a una morosidad que ya encendió las alarmas.

La nueva planta de ABSA, ubicada en Ensenada, producirá 8.400 bidones diarios y permitirá al Estado bonaerense dejar de contratar a empresas privadas para el embotellamiento.

En medio de la disputa política por el rol que debe ocupar el Estado en la economía, el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró en Ensenada la primera planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses (ABSA). La obra representa una apuesta concreta por ampliar las capacidades productivas de una empresa estatal y garantizar desde el sector público la provisión de un recurso esencial.

La instalación cuenta con capacidad para producir 8.400 bidones por día y permitirá que ABSA deje de tercerizar el embotellamiento con proveedores privados. Para ponerla en funcionamiento se construyó un nuevo edificio de acopio, se incorporaron equipos y se acondicionó el circuito de tratamiento de agua.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Durante el acto, Kicillof presentó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia para recuperar y fortalecer las capacidades del Estado provincial. “Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA: recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año”, sostuvo.

El gobernador remarcó además que la recuperación de la empresa pública no implica solamente una cuestión de eficiencia, sino también de derechos. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia”, afirmó.

Ensenada tiene lista la primera planta embotelladora de @ABSAOficial y 62 vehículos destinados a la limpieza y desobstrucción de colectores.

La planta tiene capacidad para producir 8400 bidones diarios y junto a las camionetas y camiones forma parte de las políticas preventivas… pic.twitter.com/XAIWOLHJoM

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 28, 2026

Una señal política frente al modelo de Milei

La puesta en marcha de la embotelladora tiene, además, una fuerte carga política. Mientras el Gobierno nacional impulsa privatizaciones, reducción del Estado y transferencia de actividades estratégicas al sector privado, la Provincia de Buenos Aires apuesta por ampliar la capacidad de sus empresas públicas.

Kicillof volvió a utilizar la inauguración para cuestionar el rumbo de la administración de Milei y reivindicar un modelo de Estado presente.

“Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, afirmó el mandatario bonaerense.

En esa línea, recordó las experiencias de privatización de décadas anteriores y sostuvo que la Provincia eligió transitar un camino diferente: “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”.

El mensaje de Kicillof busca así instalar una diferencia de fondo: frente a un Gobierno nacional que propone retirar al Estado de distintas áreas de la economía, la administración bonaerense reivindica su capacidad para producir, invertir y gestionar directamente bienes y servicios esenciales.

La discusión adquiere particular relevancia cuando se trata del agua, un recurso indispensable que la Provincia plantea administrar bajo una lógica de servicio público y no exclusivamente bajo criterios de rentabilidad privada.

Más inversión y capacidad operativa para ABSA

La jornada también incluyó la entrega de 60 nuevas camionetas pick up y dos camiones destinados a tareas de limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de ABSA alcanzó las 236 unidades.

Obed destacó que la nueva infraestructura forma parte de la decisión de fortalecer la empresa estatal para mejorar la prestación del servicio. “Esta obra es una muestra más de la decisión de fortalecer ABSA para que pueda cumplir cada vez mejor con su responsabilidad de brindar un servicio esencial”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, profundizó el contraste con la política nacional. “En tiempos donde el Gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar”, afirmó.

La inauguración de la primera embotelladora provincial se convierte así en un símbolo de la disputa entre dos modelos de gestión: uno que propone achicar el Estado y avanzar con privatizaciones, y otro que busca recuperar capacidades públicas y mantener bajo gestión estatal recursos y servicios considerados esenciales.

Para Kicillof, la planta de Ensenada no es solamente una nueva instalación productiva. Es una demostración de que el Estado también puede producir, invertir y gestionar eficientemente; y una respuesta política al proyecto nacional que promueve la privatización y el repliegue del sector público.

En un contexto de profunda pérdida del poder adquisitivo, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se reunirá este viernes para discutir una nueva actualización del haber básico. La negociación será virtual y reunirá al Gobierno, las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales, con una segunda convocatoria prevista para las 14 en caso de no alcanzarse los dos tercios necesarios para aprobar un acuerdo.

El salario mínimo se encuentra actualmente en $376.600 para los trabajadores mensualizados y en $1.883 por hora para los jornalizados, un monto equivalente a unos u$s245,34 al tipo de cambio oficial. Es uno de los valores más bajos de la historia reciente del país. Para no ser indigente, una familia necesita ganar 700 mil pesos. Es decir, con dos salarios mínimos, una familia argentina llega por poco a cubrir una canasta elemental de productos para sobrevivir. Para Milei, Argentina está mejor que nunca. ¿Sí?

Mientras, diputados y senadores peronistas proponen alinear el salario mínimo con la canasta básica total, es decir, que una familia no sea pobre. De esa forma, un trabajador debería ganar más de un millón de pesos por mes. Empezará a debatirse en el Congreso.

Mientras el presidente Javier Milei recorre escenarios repitiendo consignas y hablando de una Argentina que solo su imaginación ve, el ministro de Economía, Luis Caputo, toma distancia del mandatario y reconoce que la situación es muy delicada.

Ayer, Economía anunció un plan de créditos hipotecarios pagado con fondos de la ANSES, algo que era repudiado hasta hace unas semanas como política “populista”. En la conferencia, Caputo habló de “justicia social”, palabra que repudia Milei. ¿Se habrá enterado el presidente de lo que anda diciendo su ministro de Economía?

Pero la distancia entre Milei y Caputo no termina ahí. Ahora trascendió que Economía estudia subir por decreto los salarios más bajos porque reconoce que están muy por debajo de la línea de la pobreza. ¿No era que Milei había sacado a millones de la pobreza? ¿No era que el salario estaba en niveles récord? Caputo cree que no y piensa en subir sueldos que hoy están por debajo de los 700 mil pesos mensuales.

El grupo de Paolo Rocca cuestionó el rumbo económico y advirtió que el “orden macro” ya no alcanza. Frente al avance de China y la crisis de sectores industriales, reclamó una estrategia que vaya más allá de los recursos naturales y permita recuperar tecnología, conocimiento y valor agregado.

Una fuerte advertencia sobre el rumbo económico surgió desde el propio corazón del empresariado industrial. Techint alertó que la Argentina corre el riesgo de profundizar la reprimarización de su economía si el Gobierno de Javier Milei mantiene como principal horizonte el desarrollo de los sectores que generan dólares rápidamente, sin una política destinada a fortalecer la industria, la tecnología y las cadenas de valor nacionales.

Durante el tradicional Boletín Informativo Techint, Javier Martínez Álvarez, vicepresidente del Grupo Techint, sostuvo que “Argentina requiere una profunda reflexión para aprovechar una oportunidad histórica”, frente al avance de China, la guerra comercial y el nuevo escenario de la economía mundial.

El mensaje fue claro: el orden macroeconómico era necesario, pero ya no alcanza como programa de desarrollo. Para el holding de Paolo Rocca, la Argentina necesita comenzar a definir qué sectores productivos quiere preservar, cuáles pretende desarrollar y cómo incorporará conocimiento y tecnología para evitar quedar reducida a una economía exportadora de recursos naturales.

“Lo que determina el ingreso futuro de un país no es solamente cuánto exporta, sino cuán diversa y sofisticada es la red de conocimientos y capacidades que sustentan aquello que se produce”, planteó Martínez Álvarez. Y remarcó: “Limitarse a la renta de los recursos naturales no alcanza: el desafío es construir más conocimiento, más capacidades y más valor agregado”.

El riesgo de una Argentina cada vez más primaria

La preocupación expuesta en el encuentro apunta directamente al corazón del modelo económico oficial. Vaca Muerta, la minería y el agro pueden generar una importante cantidad de divisas, pero no necesariamente garantizan por sí mismos un proceso de desarrollo industrial.

El riesgo es que la Argentina termine exportando petróleo, gas, minerales y productos agropecuarios mientras importa cada vez más bienes industriales y tecnológicos.

Marcos Buscaglia, fundador de Alberdi Partners, sintetizó esa amenaza al advertir que, si no se modifica el rumbo, “Argentina tiene una posibilidad de una economía donde el sector primario crece fuertemente”.

El problema, según Buscaglia, es que no aparece el impulso necesario al sistema científico, tecnológico e institucional. “Sí vamos a crecer, pero con un crecimiento más pobre”, alertó.

La definición resulta especialmente significativa porque cuestiona la idea de que cualquier crecimiento del PBI implique necesariamente desarrollo. Una economía puede crecer por el aumento de sus exportaciones primarias y, al mismo tiempo, perder complejidad productiva, empleo industrial y capacidades tecnológicas.

China expone las debilidades del modelo

El avance de China constituye el otro gran frente de preocupación. Mientras el gigante asiático aumenta su capacidad industrial y busca nuevos mercados para colocar su producción, la industria argentina enfrenta una competencia cada vez mayor.

En Techint plantearon que la respuesta no puede ser simplemente abrir la economía y esperar que las empresas locales sobrevivan por su propia capacidad de adaptación. La inserción internacional, sostienen, debe ser estratégica y definir qué sectores resultan fundamentales para el desarrollo nacional.

Un directivo industrial citado durante la jornada puso como ejemplo a Brasil, que mantiene vínculos comerciales con China pero también aplica barreras antidumping para proteger determinados sectores.

Leland Miller, cofundador y CEO de China Beige Book y miembro de la U.S.-China Economic & Security Review Commission, fue todavía más explícito: el desafío consiste en identificar qué industrias nacionales podrían desaparecer si no se las protege y desarrolla frente a la competencia china.

La discusión, por lo tanto, no pasa por romper relaciones con China, sino por evitar que la Argentina quede integrada al mundo en una posición subordinada: exportando materias primas e importando productos elaborados.

El “drama tecnológico” argentino

El problema industrial se combina con otro déficit estructural: la pérdida de capacidades científicas y tecnológicas.

Ricardo Hausmann, fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, cuestionó la idea de que una macroeconomía ordenada sea suficiente para garantizar el crecimiento sostenido.

Según los datos expuestos durante el encuentro, China cuenta con un 40% más de investigadores por millón de habitantes que Argentina y genera 113 veces más patentes.

“La brecha de ingresos no se cierra porque se amplió la brecha tecnológica”, advirtió Hausmann, quien además señaló que “la complejidad económica argentina no está subiendo, ha estado bajando”.

El diagnóstico deja expuesta una de las principales contradicciones del modelo: mientras Argentina apuesta a atraer inversiones hacia sus recursos naturales, sus capacidades para desarrollar tecnología, industria y productos de mayor valor agregado continúan rezagadas.

El peligro del modelo de enclaves

Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, advirtió sobre el riesgo de consolidar un modelo de enclaves, en el que grandes proyectos extractivos generan exportaciones y divisas pero mantienen débiles vínculos con el resto de la economía.

La comparación con Australia, Canadá y Noruega resulta clave. Esos países lograron desarrollar cadenas de proveedores, investigación, innovación y capacidades tecnológicas alrededor de sus recursos naturales.

Argentina, en cambio, todavía presenta enormes dificultades para transformar su riqueza natural en una plataforma de industrialización.

El contraste tecnológico es contundente: mientras Noruega registra un índice de patentamiento en petróleo y gas de 0,76 en relación con su participación en la producción global, Argentina apenas alcanza 0,007.

“No vamos en camino de construir los activos complementarios que nos permitan ir diversificando las exportaciones”, sostuvo López. Y resumió el problema: “No es que nos falta capacidad inventiva: lo que falta es todo lo demás”.

La advertencia que interpela al modelo de Milei

El planteo surgido del encuentro de Techint deja así una advertencia de fondo para el Gobierno: la estabilidad macroeconómica puede ser una condición necesaria, pero no constituye por sí sola un modelo de desarrollo.

Si la política económica concentra sus esfuerzos en petróleo, gas, minería y agro, mientras la industria enfrenta importaciones crecientes, cae el consumo y se debilitan las capacidades tecnológicas, la Argentina corre el riesgo de profundizar una estructura primario-exportadora que ya demostró sus límites históricos.

El desafío no es solamente producir más y exportar más. Es producir mejor, agregar valor, desarrollar tecnología, generar empleo calificado y construir cadenas industriales capaces de competir internacionalmente.

Por eso, la advertencia de Techint resulta particularmente incómoda para el rumbo oficial: hasta uno de los principales grupos industriales del país señala que no alcanza con ordenar la macroeconomía ni con apostar a los recursos naturales. Sin una estrategia industrial y tecnológica, la Argentina puede crecer en dólares y, al mismo tiempo, retroceder en desarrollo.

Estados Unidos amplió por 90 días el ingreso de carne vacuna magra sin aranceles para reforzar la oferta de carne molida. Brasil aparece entre los principales beneficiados, mientras la Argentina no podrá aprovechar el nuevo cupo por contar ya con una cuota específica.

El gobierno de Donald Trump abrió una nueva ventana para el ingreso de carne vacuna a Estados Unidos sin aranceles, con un volumen de hasta 300.000 toneladas durante 90 días. La medida comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026 y permitirá el ingreso de hasta 100.000 toneladas mensuales hasta alcanzar el límite establecido.

La decisión busca incrementar la disponibilidad de carne destinada principalmente a la elaboración de carne molida, en un escenario marcado por la menor oferta interna y la reducción del stock ganadero estadounidense. Sin embargo, la apertura no representa una nueva oportunidad para todos los países exportadores.

Argentina quedó afuera del nuevo beneficio. La razón es que el país ya cuenta con un contingente arancelario específico para ingresar carne vacuna al mercado estadounidense. Por lo tanto, no podrá aprovechar el cupo adicional habilitado por la administración Trump.

La misma situación alcanza a Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que también disponen de cuotas específicas. En cambio, Brasil aparece en una posición más favorable, ya que actualmente no cuenta con un cupo preferencial específico para sus exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos y podría aprovechar la ampliación dispuesta por Washington.

Una oportunidad que Argentina no podrá aprovechar

Según la proclamación de la Casa Blanca, el nuevo esquema tendrá una vigencia de tres meses y estará destinado exclusivamente a determinados cortes magros. La carne deberá utilizarse para ser mezclada con producción estadounidense en la elaboración de carne molida.

Además, los productos deberán comercializarse con un descuento cercano al 25% respecto de los valores habituales de importación, con el objetivo de aumentar la oferta y contribuir a contener los precios para los consumidores estadounidenses.

La medida tampoco modifica los compromisos comerciales de Estados Unidos con los países que poseen tratados de libre comercio ni altera las condiciones de las naciones que ya cuentan con contingentes específicos.

Así, mientras Brasil puede encontrar una nueva puerta de entrada al estratégico mercado estadounidense, la Argentina deberá continuar operando bajo su cuota habitual.

La decisión vuelve a poner en evidencia las limitaciones que enfrenta la industria cárnica argentina para ampliar su participación en uno de los mercados más importantes del mundo. El alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump no se traduce, en este caso, en un beneficio comercial adicional para las exportaciones argentinas, mientras competidores regionales pueden aprovechar la nueva oportunidad abierta por Washington.

El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inconstitucional un artículo de la reforma laboral que establecía un mecanismo perjudicial para los trabajadores al momento de actualizar sus indemnizaciones.

La decisión representa un importante límite al avance de una reforma cuestionada por afectar derechos laborales y reducir el valor real de los resarcimientos.

El fallo de la Sala I, firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, cuestionó el artículo 55 de la Ley 27.802 y sostuvo que la disposición viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, además del artículo 14 bis, que establece garantías específicas para los trabajadores.

La sentencia se originó a partir del despido de un trabajador de un lavadero y concluyó que el artículo cuestionado “no supera el examen de constitucionalidad”. Según explicó el juez Catani, incluso aplicando el piso mínimo establecido por la propia norma —el 67% del importe resultante de actualizar el capital según la variación del IPC más una tasa del 3% anual— el mecanismo terminaba provocando “la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Uno de los principales cuestionamientos de la Justicia fue que la norma colocaba en una situación todavía más desfavorable a quienes debían recurrir a los tribunales para reclamar una indemnización. Para Catani, esa diferencia resulta irrazonable porque no se basa en la naturaleza del crédito ni en la fecha en que se generó, sino exclusivamente en el hecho de que el trabajador haya tenido que judicializar su reclamo.

El magistrado remarcó además que el artículo 55 sometía a un régimen menos favorable precisamente a quienes habían acudido al Poder Judicial para obtener tutela de sus derechos, algo que contradice el principio constitucional que impide imponer cargas o perjuicios por ejercer legítimamente el derecho de reclamar ante la Justicia.

En la misma línea, el fallo rechazó la posibilidad de aplicar la denominada “doctrina del esfuerzo compartido”, al considerar que la Constitución no habilita a distribuir entre trabajador y empleador la pérdida del valor de un crédito que corresponde al primero.

De esta manera, la Justicia estableció un límite concreto a una de las disposiciones más cuestionadas de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Si bien la declaración de inconstitucionalidad no implica automáticamente el regreso al régimen anterior a la Ley 27.802, el tribunal determinó que deberán aplicarse los parámetros previstos en su artículo 54.

Ese artículo establece que los créditos derivados de las relaciones laborales deben actualizarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, más una tasa de interés del 3% anual sobre el capital actualizado hasta el momento del efectivo pago.

El fallo constituye así un importante freno judicial al intento del Gobierno de reducir el alcance económico de las indemnizaciones laborales y reafirma que cualquier modificación de las reglas de trabajo debe respetar las garantías establecidas por la Constitución. Para los trabajadores, la decisión representa un respaldo frente a una reforma que buscaba reducir el costo de las indemnizaciones y una señal de que los derechos laborales no pueden ser avasallados sin límites.

En el gobierno de Javier Milei hay mucha preocupación por la situación del operador de ultraderecha Fernando Cerimedo, que tuvo mucho poder en el esquema libertario. A tal punto que la mujer de Cerimedo, Natalia Basil, tuvo un puesto en ANDIS, la agencia de discapacidad que saltó a la fama porque se conocieron cobras de coimas multimillonarias que involucraban a Karina Milei.

Cerimedo no solo operó para Milei sino también para otros gobiernos de derecha en la región, entre ellos Bolivia. Fue en ese país, donde se lo acusa de haber contratado sicarios para asesinar a su amante, Nadia Beller. Según Beller, que sobrevivió al ataque, Cerimedo decía manejar cientos de millones de dólares que repartía entre funcionarios de diferentes países. ¿La llamará a declarar la justicia argentina?

Por ahora Cerimedo sigue detenido en Bolivia y hay expectativas por lo que pueda pasar con la información en su celular. ¿Es cierto que tenía una billetera digital que manejaba plata negra? ¿Desde esa billetera salieron millones de dólares a funcionarios del gobierno de Milei? La justicia deberá dar respuestas.

El costo de viajar volverá a dispararse en septiembre y sumará presión sobre los bolsillos de millones de argentinos. Colectivos, trenes y subtes tendrán nuevos aumentos, en un escenario donde el transporte vuelve a encarecerse por encima de la inflación general.

La suba se sumará a los incrementos previstos para septiembre en agua, luz, gas, peajes, prepagas y colegios privados, configurando otro mes de fuerte presión sobre los gastos cotidianos de las familias.

Colectivos: aumentos que duplican la inflación

A pesar de que la inflación de julio fue del 2,1%, los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires volverán a aumentar por encima de ese índice. Aunque resta la oficialización de las respectivas jurisdicciones, las tarifas se incrementarían 4,1% en CABA y 4,3% en PBA.

En la Ciudad, el boleto mínimo pasaría de $852,90 a $887,87, mientras que en la provincia treparía de $1.111,19 a $1.158,97.

En territorio bonaerense, además, los pasajeros deberán afrontar tarifas de hasta $2.043,84 para recorridos superiores a 27 kilómetros.

Trenes: una suba que golpea con fuerza

El impacto también llegará a los trenes. Desde el 1° de septiembre, el boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca y Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para usuarios con SUBE registrada.

Se trata de un incremento del 14,29%, muy por encima de la inflación de julio, lo que representa un nuevo encarecimiento del costo de trasladarse diariamente.

Subtes: otro aumento en plena presión sobre los ingresos

Los subtes porteños tampoco quedarán al margen. La tarifa aumentará alrededor de 4% y llegará a $1.753.

Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo será todavía mayor: $2.541,10 para el subte y $975,54 para el premetro. En tanto, los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $613,55, mientras que la tarifa estudiantil llegará a $245,42.

De esta manera, septiembre volverá a comenzar con un nuevo golpe al bolsillo. Para quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas, cada aumento implica destinar una porción mayor de sus ingresos a algo tan básico como trasladarse.

Con tarifas que avanzan por encima de la inflación en varios casos, el costo de viajar se convierte nuevamente en una pesada carga para millones de trabajadores, mientras se acumulan aumentos en servicios esenciales y otros gastos familiares.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados calificó de “llorones” a quienes tienen deudas y aseguró que algunos dejaron de pagar los televisores que compraron para ver el Mundial porque “Argentina no salió campeón”.

En una polémica e insólita declaración, Bertie Benegas Lynch responsabilizó a los propios endeudados por los altos niveles de morosidad y cuestionó los proyectos de la oposición que buscan brindar asistencia a quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros.

El legislador libertario sostuvo que muchas personas tomaron créditos para comprar un televisor “para el Mundial” y que, tras la eliminación de Argentina, decidieron no pagar sus deudas. “Ahora que Argentina no salió campeón, no quieren pagar la deuda”, afirmó.

Benegas Lynch rechazó así cualquier abordaje general del problema del endeudamiento y cuestionó la idea de “defender a los deudores”. “Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero en las estadísticas se agarra todo”, argumentó el economista, que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El diputado también acusó a sus pares de la oposición de sostener un supuesto “discurso contra el sistema financiero”, al mismo tiempo que impulsan medidas que, según su interpretación, terminarían funcionando como un rescate para los bancos.

La polémica se profundizó con la intervención de Patricia Vázquez, diputada de la bancada libertaria, quien planteó una particular interpretación sobre quién se encuentra en una situación de vulnerabilidad: “¿Ustedes quieren que salgamos a bancar al acreedor?”. Y agregó: “¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor, porque es el que supuestamente no puede cobrar”.

Las declaraciones de ambos legisladores generaron cuestionamientos por trasladar la responsabilidad de la creciente morosidad a los propios deudores, en lugar de poner el foco en el deterioro de los ingresos y la capacidad de pago de los hogares. El planteo libertario reduce así un problema económico que afecta a miles de familias a una supuesta falta de voluntad de quienes contrajeron las deudas.