Mientras Luis Caputo promete un rápido rebote de la economía, el Presidente sorprendió con una explicación insólita para justificar la demora: el crecimiento se evalúa a un siglo. El ajuste se siente hoy, pero para disfrutar de la prosperidad que promete el Gobierno parece que habrá que tener paciencia por varias generaciones.

Javier Milei volvió a correr el arco de las expectativas económicas. Cuestionado por las promesas de recuperación del ministro de Economía, Luis Caputo, y por la demora en la reactivación del consumo y la industria, el Presidente salió a relativizar los indicadores de corto plazo con una frase que parece sacada de un manual para justificar promesas incumplidas: “En general se mira a 100 años, pero, como estamos en política, miramos de a cuatro”.

La explicación presidencial abre un interrogante inevitable: si el Gobierno asegura que la economía está a punto de despegar, ¿por qué necesita ahora un horizonte de cien años para evaluar sus resultados? La respuesta de Milei parece sencilla: cuando los números del presente incomodan, siempre se puede ampliar el calendario.

El problema es que el ajuste de la motosierra no se mide a cien años. Los recortes, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para sostener el consumo se sienten todos los días. Las familias no pueden postergar el pago del alquiler, las tarifas o los alimentos hasta el próximo siglo, por más que el Presidente invite a observar la economía con una perspectiva centenaria.

Milei defendió su programa económico y atribuyó las dificultades de determinados sectores a la volatilidad internacional y al reordenamiento de los precios relativos. También destacó los avances en energía, minería y balanza comercial, con especial énfasis en Vaca Muerta y las exportaciones de hidrocarburos.

Sin embargo, el crecimiento de algunos sectores exportadores no resuelve por sí solo las dificultades del mercado interno. Una cosa es exhibir récords de producción energética y otra muy distinta es conseguir que la recuperación llegue a los comercios, las fábricas y los bolsillos de los trabajadores.

El mandatario también insistió en que su gestión debe evaluarse a partir de la supuesta situación heredada en diciembre de 2023 y defendió el superávit fiscal y la desregulación como pilares de una futura expansión económica. Pero esa argumentación vuelve a chocar con las expectativas que el propio Gobierno alimentó al anunciar una recuperación acelerada.

La contradicción es evidente: Caputo proyecta el rebote, Milei pide paciencia y la sociedad sigue esperando resultados concretos. Si la actividad no despega al ritmo prometido, el horizonte se estira; si los indicadores mensuales no acompañan, se invoca el largo plazo.

En definitiva, el Gobierno parece haber encontrado una nueva unidad de medida para la recuperación: el siglo. La motosierra funciona en tiempo presente, pero la prosperidad prometida todavía no tiene fecha cierta de llegada. Y mientras Milei invita a pensar en los próximos cien años, millones de argentinos necesitan saber cómo van a llegar a fin de mes.

El abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido de detención contra el ministro de Economía, el titular del Banco Central y el director de la entidad por las operaciones con derivados de oro que, según la AGN, dejaron un saldo negativo de más de mil millones de dólares. También solicitó la prohibición de salida del país y medidas para evitar una eventual obstrucción de la investigación.

El escándalo por las operaciones con oro del Banco Central escala en los tribunales y golpea de lleno al equipo económico de Javier Milei. El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet, a quienes vinculó con las operaciones financieras realizadas durante 2025 que terminaron con un resultado negativo de US$ 1.023 millones, según la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo la investigación. Dalbón apuntó a presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, y reclamó que se investigue el papel de cada uno de los funcionarios involucrados.

Pero el pedido no se limita a las detenciones. El abogado también solicitó que los tres funcionarios tengan prohibido salir del país, que se les restrinja el acceso a las áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde se conserva documentación relevante para la causa y que no puedan comunicarse con funcionarios, auditores o testigos vinculados con la investigación.

Más de mil millones de dólares bajo sospecha

El núcleo del escándalo son las operaciones con derivados de oro que realizó el BCRA durante 2025. De acuerdo con los datos citados de la auditoría, las transacciones arrojaron pérdidas por $1.400.793 millones —equivalentes a US$ 960,2 millones— en opciones y otros $68.362 millones —US$ 62,8 millones— en primas de opciones.

En contraste, la tenencia de oro registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones. El balance de estas operaciones financieras quedó bajo cuestionamiento por su impacto y por la necesidad de esclarecer cómo se tomaron las decisiones que derivaron en semejante resultado negativo.

La dimensión del monto vuelve inevitable una pregunta: ¿quién autorizó las operaciones, bajo qué criterios se realizaron y quién debe responder por sus consecuencias? La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud en el organismo.

Dalbón apuntó contra Caputo y denunció una posible obstrucción

En declaraciones televisivas, el abogado sostuvo que las operaciones deben investigarse bajo las figuras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó la hipótesis de asociación ilícita y señaló a Caputo como posible jefe, una calificación que deberá ser evaluada por la Justicia.

Dalbón también cuestionó el desempeño de los funcionarios ante los organismos de control y afirmó que existen elementos que, a su entender, demostrarían intentos de obstruir la investigación y declaraciones falsas durante la auditoría. Esas afirmaciones forman parte de sus argumentos y deberán ser corroboradas judicialmente.

El abogado puso además el foco en el juez Lijo y el fiscal Pollicita, al reclamar que investiguen el destino de las operaciones y que tomen en serio las medidas solicitadas.

El expediente tiene otro antecedente: el 10 de agosto, la diputada Marcela Pagano había denunciado penalmente a Caputo y Bausili por la presunta desaparición de casi $4 billones de fondos públicos que, según sostuvo, quedaron sin un destino públicamente trazable.

La legisladora cuestionó entonces la respuesta atribuida al presidente del Banco Central —«En algún lado están»— y reclamó explicaciones sobre el manejo de los recursos.

Aunque se trata de planteos que deben analizarse en sus respectivos expedientes, ambas controversias alimentan los interrogantes sobre la transparencia en la administración de los fondos públicos y el funcionamiento de los mecanismos de control durante la gestión libertaria.

La Justicia tiene la palabra

El pedido de detención coloca a Caputo, Bausili y Curutchet en el centro de una controversia judicial de enorme relevancia económica e institucional. La investigación deberá determinar cómo se ejecutaron las operaciones, qué información manejaban sus responsables, si hubo irregularidades y si corresponde atribuirles responsabilidad penal.

Por ahora, la solicitud de Dalbón no equivale a una orden de detención ni demuestra por sí misma la comisión de delitos. Pero la magnitud de las pérdidas informadas por la AGN y los cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones exigen respuestas documentadas.

Más de mil millones de dólares en pérdidas y una investigación que apunta a las máximas autoridades económicas: el manejo del oro del Banco Central se convirtió en otro frente judicial

Los informes detectaron contrataciones por fuera de los mecanismos legales, medicamentos con diferencias millonarias de precios y graves fallas en los controles médicos e informáticos. Además, una empresa privada mantuvo acceso privilegiado al sistema del organismo durante más de tres años sin un contrato formal. Los hallazgos profundizan las sospechas de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo y comprometen al Gobierno.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos comprometedores para el Gobierno de Javier Milei. Tres auditorías realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026 detectaron irregularidades en las compras de medicamentos, prótesis, insumos médicos y sillas de ruedas durante la gestión de Diego Spagnuolo, con diferencias de precios de hasta 1.068% y operaciones realizadas al margen de los procedimientos obligatorios del Estado.

Uno de los casos más impactantes fue la compra del medicamento Macitentán, utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. En febrero de 2025, una droguería facturó cada unidad a $5.299.081, mientras que otra empresa vendió el mismo producto a $453.621 apenas un mes después. La diferencia fue de casi $4,85 millones por unidad. También se detectaron variaciones de precios en medicamentos oncológicos e inmunosupresores, además de preferencias por determinados proveedores sin justificaciones documentadas.

Las auditorías revelaron que la ANDIS realizó adquisiciones sin utilizar el sistema obligatorio COMPR.AR, sin licitaciones ni comparación documentada de ofertas y sin fundamentos legales suficientes para recurrir a contrataciones directas. El problema alcanzó también a compras de medicamentos por $11.925 millones para Entre Ríos y $837 millones para Neuquén, que no contaban con respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período examinado.

Las fallas no fueron solamente administrativas. Los auditores encontraron expedientes sin constancias de evaluación médica, ausencia de controles sobre las solicitudes de medicamentos y remitos firmados por personas cuya relación con los beneficiarios no pudo acreditarse. En una muestra de 219 expedientes, que representaba $29.713 millones en compras, también detectaron 21 casos por $2.510 millones en los que los domicilios de entrega consignados en las órdenes no coincidían con los de los remitos de recepción.

Otro hallazgo comprometedor involucra a GMS SA, una empresa tecnológica que mantuvo durante más de tres años el mantenimiento y soporte de un sistema informático de la ANDIS sin un contrato formal vigente. La firma contaba con accesos privilegiados a la base de datos y al sistema operativo del organismo. Los auditores, además, no pudieron verificar que el código fuente entregado en enero de 2026 correspondiera efectivamente con la versión en funcionamiento. La empresa aparece mencionada en la investigación judicial por corrupción en la agencia y había continuado como contratista estatal durante la gestión libertaria.

Los resultados se conocen mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos. En febrero de 2026, el juez Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, en una investigación que estimó un desvío de al menos $6.000 millones. Los procesamientos no equivalen a una condena, pero los hallazgos administrativos agregan elementos que deberán ser examinados en el expediente.

El dato más grave es que las irregularidades alcanzaron a un organismo del que dependen personas con discapacidad que necesitan medicamentos oncológicos, tratamientos para trasplantes y prótesis, muchas veces sin alternativas fuera del sistema público. Mientras el Gobierno de Milei hizo de la reducción del gasto estatal una de sus principales banderas, las auditorías exponen serias deficiencias en el control de miles de millones de pesos y abren interrogantes sobre quiénes se beneficiaron con las contrataciones y qué responsabilidades corresponden a los funcionarios involucrados.

El gobierno de Javier Milei mandó a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, a negar lo evidente: el brutal ajuste en las partidas para personas con Discapacidad. En el Congreso y ante la requisitoria de los legisladores opositores solo atinó a decir, una y otra vez: “No crean lo que dicen los medios”.

Quien mandó a Guberman fue Luis Caputo que empieza a temer por su propio lugar en el ministerio de Economía, ahora que crecen los rumores sobre la posible llegada de Alberto Ades, un economista del gusto de Milei que vive en Manhattan, Estados Unidos.

Muy nervioso, Guberman aseguró que “nunca hubo un ajuste” en las partidas previstas para Discapacidad y que el revuelo se produjo a causa de las noticias en la prensa. “No se dejen llevar por lo que dicen los medios”, aconsejó. El gobierno teme por la llegada del Papa León XIV que visitará justamente un cotolengo, que sufre los recortes en carne propia de Milei. Al presidente lo tienen sin cuidado las personas con discapacidad pero no quiere saber nada con un reto público del Papa.

El presidente de la Cámara de Diputados obtuvo un crédito de la banca pública por $197,4 millones para Gentech, la empresa de suplementos dietéticos de la que es titular. La firma saldó esa deuda en marzo, pero volvió a recibir otro préstamo por $18 millones. El caso suma un nuevo capítulo a la polémica por los créditos del Banco Nación a funcionarios y allegados al poder, en medio de la recesión y las dificultades que enfrentan miles de pequeñas y medianas empresas.

El escándalo por los préstamos millonarios del Banco Nación a dirigentes y personas vinculadas al oficialismo suma un nuevo nombre de peso: Martín Menem. El titular de la Cámara de Diputados accedió, a través de Gentech, su compañía de barritas de cereal y suplementos nutricionales, a un crédito de $197.430.000 en octubre de 2024, durante los primeros meses del ajuste impulsado por Javier Milei.

La revelación vuelve a poner bajo la lupa los criterios con los que la entidad estatal distribuye el financiamiento, mientras la política económica del Gobierno golpea los ingresos de los trabajadores, desploma el consumo y deja a numerosas pequeñas y medianas empresas al borde del cierre. En ese contexto, el acceso de una compañía vinculada a la máxima autoridad de la Cámara baja a recursos de la banca pública plantea interrogantes que exigen explicaciones.

Pero el caso no se limita a aquel desembolso. Según la información publicada por el portal de noticias Diagonales, Gentech recibió hace aproximadamente 40 días otro préstamo del Banco Nación, esta vez por $18 millones, después de haber cancelado en marzo de este año el crédito anterior, cuyo costo total había ascendido a $225.673.000.

Créditos millonarios y ajuste para las mayorías

El contraste resulta difícil de ignorar: mientras el Gobierno sostiene que no hay recursos para atender las necesidades sociales y mantiene una política de ajuste fiscal, una empresa presidida por uno de los principales referentes del oficialismo obtuvo financiamiento de una institución estatal por casi $200 millones.

El crédito original, que actualizado equivale aproximadamente a $350 millones o US$230.000 según la publicación, permitió a Gentech atravesar las dificultades financieras de los primeros meses de la gestión libertaria. La cuestión central es bajo qué condiciones se otorgó ese financiamiento, qué garantías se exigieron y si la operación respondió a criterios equivalentes a los aplicados al resto de las empresas que recurren al banco.

Gentech funciona desde 1997 y Martín Menem asumió su conducción en 2017. En su última declaración jurada, el diputado informó participaciones accionarias del 37%, 21%, 18% y 4% en la compañía, según los datos consignados en el informe. Además, mantiene una deuda de aproximadamente $68 millones con su propia empresa.

La dimensión institucional del caso exige especial atención: no se trata de un empresario ajeno al Estado que solicita financiamiento, sino de un funcionario de primera línea cuya compañía recibió préstamos de un banco público durante el ejercicio de su cargo. Esa circunstancia vuelve indispensable transparentar las condiciones de las operaciones y determinar si existieron posibles conflictos de intereses.

De los créditos estatales al negocio con la Selección

La trama también incluye a Tech Security SRL, empresa fundada por Menem y cedida a sus hermanos al comienzo de la gestión libertaria. En julio de 2025, la firma obtuvo un contrato con el Banco Nación por más de $3.900 millones para prestar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24.

De esta manera, dos compañías vinculadas al titular de Diputados quedaron relacionadas con operaciones millonarias en la órbita de la banca estatal: una recibió un crédito para financiar su actividad y la otra obtuvo un contrato para prestar servicios de seguridad a la misma institución.

A su vez, Gentech logró posicionarse como sponsor oficial de los suplementos dietéticos de la Selección Argentina. Durante la despedida internacional de Lionel Messi, las barritas energéticas de la marca estuvieron presentes en el entorno del equipo nacional.

La combinación de financiamiento bancario, contratación pública y expansión comercial no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades, pero sí refuerza la necesidad de conocer en detalle cómo se tomaron las decisiones y qué controles se aplicaron.

Mientras miles de comerciantes, industriales y emprendedores enfrentan tasas elevadas, caída de ventas y dificultades para sostener sus negocios, el caso Menem vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿qué condiciones ofrece la banca pública y a quiénes llegan sus recursos?

En un Gobierno que hizo de la lucha contra los privilegios y la llamada casta política una de sus principales banderas, la transparencia no puede ser una exigencia reservada a los adversarios. Los préstamos, los contratos y los eventuales conflictos de intereses de los funcionarios deben esclarecerse con información verificable y controles públicos, sin excepciones.

La Auditoría General de la Nación encendió una señal de alarma sobre las operaciones financieras del BCRA con las reservas de oro durante 2025. Su titular, Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud ni se habían utilizado reservas físicas de oro para operaciones de riesgo. La gestión de Luis Caputo y Santiago Bausili queda bajo fuertes cuestionamientos por el manejo de uno de los activos estratégicos del país.

El manejo de las reservas de oro del Banco Central quedó envuelto en una nueva polémica después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) identificara pérdidas por USD 1.023 millones durante 2025, equivalentes a unos $1,5 billones. Se trata de un resultado que expone la magnitud de las apuestas financieras realizadas con activos de la entidad y abre interrogantes sobre las decisiones adoptadas bajo la conducción económica de Javier Milei.

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue contundente al describir la operatoria: el BCRA realizó operaciones financieras apostando a una determinada trayectoria del precio internacional del oro, calculó mal su evolución y terminó registrando una pérdida millonaria. Según advirtió, desde que el organismo fiscaliza los estados contables de la entidad, «nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud».

La gravedad del caso excede cualquier discusión contable. El organismo identificó operaciones con derivados liquidables en dólares que utilizaron parte de las reservas de oro como activo subyacente. Aunque fueron registradas con fines de cobertura, sus resultados negativos y la exposición al riesgo quedaron bajo observación. La pregunta es inevitable: ¿por qué se comprometieron activos estratégicos del Banco Central en operaciones que terminaron arrojando semejante quebranto?

Una pérdida millonaria para el país

El informe corresponde a la auditoría de los estados contables del BCRA cerrados al 31 de diciembre de 2025. Si bien la AGN consideró que los balances reflejan razonablemente la situación patrimonial de la entidad desde el punto de vista técnico, formuló una observación específica sobre las operaciones vinculadas al oro.

Olmos también señaló el carácter excepcional de la operatoria: nunca antes, según su advertencia, se habían utilizado las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo con pérdidas de semejante magnitud. La cifra de USD 1.023 millones coloca bajo escrutinio las decisiones financieras del Banco Central y la responsabilidad política de las autoridades económicas.

En un país donde el Gobierno justifica el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos con el argumento de que no hay recursos disponibles, las pérdidas millonarias registradas en operaciones financieras plantean un fuerte contraste y exigen explicaciones públicas.

Las 37 toneladas de oro que siguen desaparecidas

El escándalo se suma a los cuestionamientos por el traslado al exterior de aproximadamente 37 toneladas de oro de las reservas argentinas. Hace un mes, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, defendió ante el Congreso la decisión de enviar el metal al extranjero y sostuvo que su destino y sus movimientos habían sido auditados y aprobados por la AGN.

Sin embargo, Olmos aclaró que la evaluación específica sobre la trazabilidad del oro depositado en el exterior todavía no había concluido y que la documentación entregada por el Banco Central continuaba bajo análisis. Por lo tanto, no corresponde presentar esa auditoría como una aprobación definitiva del destino y los movimientos de las reservas.

La senadora Juliana Di Tullio reclamó información sobre el paradero del oro y cuestionó la falta de precisiones oficiales. Bausili sostuvo que las reservas se encuentran en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, mientras que Di Tullio afirmó que el metal estaría en Londres. La ubicación efectiva de las tenencias y la documentación que permita reconstruir sus movimientos siguen siendo cuestiones centrales del debate.

Ante las contradicciones y la falta de una confirmación definitiva por parte de la AGN sobre la trazabilidad, la oposición presentó un proyecto para interpelar a Bausili en el Senado y exigir respuestas sobre el destino de las reservas.

El Gobierno, obligado a dar explicaciones

La pérdida de USD 1.023 millones y las dudas sobre el traslado del oro colocan al Banco Central frente a una exigencia ineludible de transparencia. No alcanza con defender las operaciones como decisiones técnicas ni con invocar objetivos de cobertura: es necesario explicar qué riesgos se asumieron, cómo se ejecutaron las transacciones y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

La advertencia de la AGN instala un interrogante de enorme relevancia institucional: cómo se administraron las reservas estratégicas de la Argentina y quién debe rendir cuentas por las pérdidas registradas. Mientras el Gobierno exige sacrificios a la sociedad en nombre del equilibrio fiscal, el manejo del oro argentino reclama información verificable, controles efectivos y responsabilidades claramente establecidas.

El presidente de la asociación APYME, Julián Moreno, se refirió a la crisis brutal de miles de pequeñas y medianas empresas en Argentina por la política económica de Javier Milei. “Qué país va a quedar si vivimos de productos que se producen en otro país”, describió.

“Esto se veía venir y viene pasando así desde el primer día de esta política económica. Lo dijimos el día 1. Cierran 30 empresas PYMES cada día, y así va a seguir pasando mientras no se haga nada. Tenemos que reaccionar”, advirtió el empresario.

El gobierno de Milei suele elogiar a los empresarios pero su política no para de afectar al sector privado. “Hay pueblos enteros que viven de sus empresas. En ciudades chicas, tener una empresa de 2000 empleados marca a la localidad. Si cierra, te quedás sin pueblo. Lo mismo pasa con las pymes que estamos en todo el país”, explicó Moreno en diálogo con AM 530.

Hoy, la CGT y diferentes sectores sociales y productivos, se movilizarán al ministerio de Economía para repudiar la política de Milei y defender a la industria nacional. “Las malvinas son argentinas, la industria también”, será la consigna.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, Estados Unidos avanza con una nueva estructura de seguridad en Argentina que amplía de manera significativa la presencia operativa de Washington en el país. La instalación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estará acompañada por US$13,35 millones destinados a equipamiento, capacitación, proyectos de seguridad e intercambio de inteligencia.

El desembarco representa un nuevo paso en el alineamiento estratégico del gobierno de Javier Milei con Washington. Aunque oficialmente se trata de una unidad regional de carácter civil dependiente del Departamento de Estado, y no de una base militar estadounidense, su alcance excede la cooperación bilateral estrictamente antidrogas: la estructura tendrá una función regional y estará vinculada al intercambio de información de inteligencia y a la coordinación de acciones contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

El dato que dimensiona el acuerdo es el financiamiento. Estados Unidos aprobó un paquete de US$13,35 millones, de los cuales US$7,5 millones estarán destinados a proyectos aun no declarados dentro de Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas regionales en las que también participará el país. Según el Gobierno argentino, la inversión multiplica por diez los recursos destinados hasta ahora a la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Una estructura de inteligencia con alcance regional

La justificación oficial es la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, el aspecto más relevante del acuerdo es que la nueva oficina estará orientada también a mejorar el intercambio de inteligencia y a fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas argentinas.

El Departamento de Estado financiará equipamiento, capacitación y proyectos destinados a incrementar las capacidades de las fuerzas de seguridad lo que se lee como un adoctrinamiento encubierto de cuadros profesionales civiles, de fuerzas de seguridad y militares. Al mismo tiempo, la unidad tendrá una dimensión regional: casi la mitad de los fondos —US$5,85 millones— estará destinada a iniciativas que exceden las fronteras argentinas.

Ese esquema convierte a la Argentina en un punto de articulación para la cooperación estadounidense en materia de seguridad en el Cono Sur. El objetivo declarado es compartir información y coordinar respuestas frente a las redes criminales transnacionales, pero la creación de una estructura permanente con acceso a información regional también abre un debate sobre el alcance de la presencia estadounidense y el manejo de información sensible dentro del país.

No está del todo claro si la nueva unidad tendrá autorización para realizar espionaje interno contra ciudadanos argentinos. Sin embargo, su participación en tareas de inteligencia criminal y su capacidad para articular información con organismos estadounidenses y fuerzas de distintos países plantean interrogantes sobre hasta dónde llegará la intervención de Washington en las estructuras argentinas de seguridad e inteligencia.

Del combate al narcotráfico a una mayor presencia estadounidense

El desembarco de la INL tampoco ocurre de manera aislada. Durante la gestión de Milei se profundizó la cooperación de seguridad con Estados Unidos, incluyendo intercambio de información, capacitación, operaciones conjuntas con organismos estadounidenses y ejercicios militares desarrollados con participación del Comando Sur y lo más grave sin autorización del Congreso Nacional.

En ese contexto, la nueva unidad puede ser interpretada como una pieza adicional dentro de una arquitectura de cooperación cada vez más amplia. Su carácter regional le permite a Washington utilizar a la Argentina como plataforma de coordinación con otros países sudamericanos, mientras el Gobierno de Milei presenta la iniciativa como una demostración de confianza de Estados Unidos hacia su política de seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró públicamente la decisión y sostuvo que Argentina y Estados Unidos son “socios estratégicos” en materia de seguridad. También destacó que el país fue elegido para albergar la nueva unidad regional y cerró su mensaje con la consigna oficialista “Ley y orden”.

Una nueva discusión sobre soberanía y seguridad

La cuestión de fondo, entonces, no se limita a cuánto dinero aportará Washington para combatir al narcotráfico. La discusión pasa por qué nivel de participación tendrá Estados Unidos en la seguridad argentina, qué información podrá circular a través de esta nueva estructura y hasta dónde se extenderá la cooperación con organismos y fuerzas estadounidenses.

La instalación de la unidad no implica, según la información oficial disponible, el establecimiento de una base militar estadounidense ni el despliegue de tropas norteamericanas. Pero sí supone la creación de una estructura estadounidense de alcance regional dedicada a seguridad, capacitación, equipamiento e intercambio de inteligencia dentro de la Argentina.

En paralelo, la existencia de una red de cooperación que conecta fuerzas argentinas, agencias estadounidenses y organismos de otros países podría facilitar futuras operaciones coordinadas de dudosos objetivos. Su eventual utilización para apoyar despliegues militares o ampliar las capacidades de vigilancia dependerá de los acuerdos concretos que se suscriban y de las atribuciones que finalmente tenga la unidad.

Así, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, Argentina se convierte en un nuevo nodo de la arquitectura de seguridad impulsada por Washington en Sudamérica, mientras el gobierno de Milei profundiza su alineamiento con Estados Unidos y abre un nuevo capítulo del debate sobre soberanía, inteligencia y presencia extranjera en territorio nacional.

Un informe de consultoras privadas enciende la alarma roja sobre el esquema de endeudamiento del Ministerio de Economía. El canje de pasivos y la emisión descontrolada de títulos cortos acumulan una montaña de compromisos impagables que amenaza con una nueva devaluación y más inflación.

El modelo económico de la gestión libertaria sumó una advertencia devastadora por parte del sistema financiero. Informes de principales consultoras privadas revelaron que la bola de nieve de la deuda en pesos emitida por la Tesorería bajo la conducción de Luis Caputo ya equivale a cuatro veces el tamaño de la base monetaria actual. La maniobra, presentada por la propaganda oficial como un “saneamiento” del Banco Central, no hizo más que trasladar y multiplicar el riesgo sistémico hacia las cuentas públicas del Estado.

El descalabro financiero responde a la estrategia del Palacio de Hacienda de patear vencimientos hacia el futuro mediante la colocación sistemática de títulos de deuda a corto plazo y letras a tasa fija. Lejos de reducir el pasivo estatal, la acumulación masiva de estos instrumentos generó una dependencia absoluta del carry trade y de los encajes bancarios, configurando una trampa de liquidez que deja al Gobierno sin margen de maniobra ante cualquier temblor en el mercado bursátil.

Esta hipertrofia de los pasivos estatales desmiente categóricamente la premisa del “déficit cero” y el supuesto orden macroeconómico que pregona Balcarce 50. Para sostener el diferimiento de los pagos, el Poder Ejecutivo se ve obligado a convalidar tasas de interés reales desmedidas que asfixian el crédito a la producción, congelan el consumo y devoran los ingresos del sector privado, acelerando la parálisis de la actividad económica real.

Especialistas del sector advierten que la magnitud del vencimiento acumulado pone al país en una encrucijada letal: o bien se avanza hacia un reperfilamiento forzoso de los compromisos, o la eventual emisión monetaria para cubrir los vencimientos derivará en un salto cambiario descontrolado y un nuevo espiral hiperinflacionario que devastará el poder adquisitivo de las mayorías.

El informe deja al descubierto la naturaleza especulativa del experimento libertario. Mientras el relato oficial intenta disimular el colapso social tras planillas de dibujo fiscal, la acumulación indiscriminada de deuda en pesos construye una bomba de tiempo financiera cuya detonación amenaza con arrastrar a la economía argentina a una crisis de proporciones históricas.

Traspasado por las críticas y escrachado en la Patagonia, el juez supremo macrista se niega a frenar la venta del país a capitales extranjeros y bloquea las decisiones del tribunal. La parálisis institucional obligó a convocar a dos camaristas para resolver una cautelar clave y evitar un estallido político.

La crisis institucional en el Palacio de Tribunales alcanzó niveles de sainete político. La Corte Suprema de Justicia quedó atrapada en una feroz interna entre sus tres únicos integrantes, desencadenada por el masivo repudio social tras el fallo que abrió las puertas a la entrega del territorio nacional y la derogación de la Ley de Tierras promovida por el DNU de Javier Milei. Ante el rechazo generalizado de la sociedad y los intentos de los magistrados por desligarse del costo político, las disputas internas dinamitaron la operatividad del tribunal.

El foco del conflicto tiene como protagonista a Carlos Rosenkrantz, el magistrado alineado con el macrismo, quien quedó profundamente resentido luego de ser increpado y escrachado por manifestantes en San Martín de los Andes, mientras sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti abandonaban sigilosamente el lugar para esquivar la protesta. Furioso por la exposición pública, Rosenkrantz decidió tomarse revancha bloqueando la cautelar presentada por la legisladora Magdalena Odarda para suspender la entrega de tierras, exigiendo sostener el aval al decreto privatizador del Gobierno.

La postura intransigente del juez desnudó la grave anomalía funcional del Máximo Tribunal, que opera con apenas tres de sus cinco miembros. Ante la falta de unanimidad provocada por la negativa de Rosenkrantz de acompañar la postura de Rosatti y Lorenzetti —dispuestos a otorgar la cautelar para enfriar la caldera social—, la Corte debió recurrir de urgencia a la convocatoria de dos conjueces, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para poder constituir la mayoría legal requerida.

El sainete en la cúpula del Poder Judicial no solo evidencia la falta de templanza y la mezquindad de sus integrantes, sino que termina dinamitando los endebles acuerdos políticos que la Casa Rosada intenta tejer en el Congreso. El ruido generado por el salvataje judicial a la entrega inmobiliaria complicó las negociaciones del oficialismo con sus aliados para debatir el Presupuesto 2027, al tiempo que potenció el impulso de la oposición para conseguir el quórum necesario y derogar definitivamente el mega DNU en la Cámara de Diputados.

Este nuevo episodio de la comedia cortesana pone al descubierto la absoluta degradación de la cabeza del Poder Judicial. Atrapados entre rencillas personales, escracher en el interior del país y maniobras para no asumir el costo del ajuste libertario, los jueces de la Corte priorizan sus vendettas de pasillo mientras el país asiste al intento de remate de sus bienes comunes y recursos estratégicos.