Un informe de consultoras privadas enciende la alarma roja sobre el esquema de endeudamiento del Ministerio de Economía. El canje de pasivos y la emisión descontrolada de títulos cortos acumulan una montaña de compromisos impagables que amenaza con una nueva devaluación y más inflación.

El modelo económico de la gestión libertaria sumó una advertencia devastadora por parte del sistema financiero. Informes de principales consultoras privadas revelaron que la bola de nieve de la deuda en pesos emitida por la Tesorería bajo la conducción de Luis Caputo ya equivale a cuatro veces el tamaño de la base monetaria actual. La maniobra, presentada por la propaganda oficial como un “saneamiento” del Banco Central, no hizo más que trasladar y multiplicar el riesgo sistémico hacia las cuentas públicas del Estado.

El descalabro financiero responde a la estrategia del Palacio de Hacienda de patear vencimientos hacia el futuro mediante la colocación sistemática de títulos de deuda a corto plazo y letras a tasa fija. Lejos de reducir el pasivo estatal, la acumulación masiva de estos instrumentos generó una dependencia absoluta del carry trade y de los encajes bancarios, configurando una trampa de liquidez que deja al Gobierno sin margen de maniobra ante cualquier temblor en el mercado bursátil.

Esta hipertrofia de los pasivos estatales desmiente categóricamente la premisa del “déficit cero” y el supuesto orden macroeconómico que pregona Balcarce 50. Para sostener el diferimiento de los pagos, el Poder Ejecutivo se ve obligado a convalidar tasas de interés reales desmedidas que asfixian el crédito a la producción, congelan el consumo y devoran los ingresos del sector privado, acelerando la parálisis de la actividad económica real.

Especialistas del sector advierten que la magnitud del vencimiento acumulado pone al país en una encrucijada letal: o bien se avanza hacia un reperfilamiento forzoso de los compromisos, o la eventual emisión monetaria para cubrir los vencimientos derivará en un salto cambiario descontrolado y un nuevo espiral hiperinflacionario que devastará el poder adquisitivo de las mayorías.

El informe deja al descubierto la naturaleza especulativa del experimento libertario. Mientras el relato oficial intenta disimular el colapso social tras planillas de dibujo fiscal, la acumulación indiscriminada de deuda en pesos construye una bomba de tiempo financiera cuya detonación amenaza con arrastrar a la economía argentina a una crisis de proporciones históricas.

Traspasado por las críticas y escrachado en la Patagonia, el juez supremo macrista se niega a frenar la venta del país a capitales extranjeros y bloquea las decisiones del tribunal. La parálisis institucional obligó a convocar a dos camaristas para resolver una cautelar clave y evitar un estallido político.

La crisis institucional en el Palacio de Tribunales alcanzó niveles de sainete político. La Corte Suprema de Justicia quedó atrapada en una feroz interna entre sus tres únicos integrantes, desencadenada por el masivo repudio social tras el fallo que abrió las puertas a la entrega del territorio nacional y la derogación de la Ley de Tierras promovida por el DNU de Javier Milei. Ante el rechazo generalizado de la sociedad y los intentos de los magistrados por desligarse del costo político, las disputas internas dinamitaron la operatividad del tribunal.

El foco del conflicto tiene como protagonista a Carlos Rosenkrantz, el magistrado alineado con el macrismo, quien quedó profundamente resentido luego de ser increpado y escrachado por manifestantes en San Martín de los Andes, mientras sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti abandonaban sigilosamente el lugar para esquivar la protesta. Furioso por la exposición pública, Rosenkrantz decidió tomarse revancha bloqueando la cautelar presentada por la legisladora Magdalena Odarda para suspender la entrega de tierras, exigiendo sostener el aval al decreto privatizador del Gobierno.

La postura intransigente del juez desnudó la grave anomalía funcional del Máximo Tribunal, que opera con apenas tres de sus cinco miembros. Ante la falta de unanimidad provocada por la negativa de Rosenkrantz de acompañar la postura de Rosatti y Lorenzetti —dispuestos a otorgar la cautelar para enfriar la caldera social—, la Corte debió recurrir de urgencia a la convocatoria de dos conjueces, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para poder constituir la mayoría legal requerida.

El sainete en la cúpula del Poder Judicial no solo evidencia la falta de templanza y la mezquindad de sus integrantes, sino que termina dinamitando los endebles acuerdos políticos que la Casa Rosada intenta tejer en el Congreso. El ruido generado por el salvataje judicial a la entrega inmobiliaria complicó las negociaciones del oficialismo con sus aliados para debatir el Presupuesto 2027, al tiempo que potenció el impulso de la oposición para conseguir el quórum necesario y derogar definitivamente el mega DNU en la Cámara de Diputados.

Este nuevo episodio de la comedia cortesana pone al descubierto la absoluta degradación de la cabeza del Poder Judicial. Atrapados entre rencillas personales, escracher en el interior del país y maniobras para no asumir el costo del ajuste libertario, los jueces de la Corte priorizan sus vendettas de pasillo mientras el país asiste al intento de remate de sus bienes comunes y recursos estratégicos.

La Justicia declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno de Javier Milei a pagar de “inmediato” a las universidades, pero apelará el fallo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025. Sin embargo, la gestión libertaria se niega a aceptar el fallo y seguir con el ajuste sobre las universidades.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

Con la apelación, el gobierno busca dilatar los tiempos para no cumplir con la normativa y no pagar para sostener el superávit fiscal. Sobre el impacto fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto sancionado equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde mensualmente el Banco Central argentino informó que Argentina está en recesión. Hasta hace unas semanas habían dicho lo contrario pero la realidad se impuso. Ya ni los bancos pueden negar que el modelo económico de Javier Milei no funciona.

Ahora, las 33 consultoras y centros de investigación y las 11 entidades financieras que integran el panel estimaron que el PIB desestacionalizado se contrajo 1% durante el tercer trimestre. 

Es una revisión de 2,1 puntos porcentuales respecto del REM anterior. Para todo 2026 redujeron la expansión prevista, hasta apenas 1,5%. El Top 10 de pronosticadores que más aciertan fue más pesimista: bajó su cálculo un punto y ahora espera apenas 1,2%, pero en una tendencia hacia la recesión a medida que avanza el año. ¿Y ahora?

Una de las principales medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que un remolcador paraguayo chocara contra las estructuras de protección del puente General Manuel Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes.

El accidente ocurrió cuando el remolcador Tío Jan, que trasladaba cinco barcazas, impactó contra la defensa flotante del puente. El choque desplazó parte de la infraestructura de protección, rompió el amarre del convoy y dejó a las barcazas a la deriva, generando una situación de riesgo en un punto estratégico de la navegación sobre el río Paraná.

El episodio adquiere especial relevancia porque se produjo poco después de que el Gobierno flexibilizara las normas para la navegación comercial en aguas argentinas mediante el Decreto 690/2026, una reforma impulsada por Sturzenegger que modificó el régimen de practicaje y pilotaje.

La reforma eliminó o flexibilizó restricciones que el Gobierno consideraba obsoletas, entre ellas algunas vinculadas con las dimensiones de los convoyes y con la obligatoriedad de contar con prácticos. El argumento oficial fue reducir regulaciones, agilizar la navegación y bajar los costos de la actividad comercial.

Pero ahora, tras el accidente, Prefectura Naval volvió a establecer límites para los convoyes que atraviesan la zona del puente: 180 metros de eslora y 50 metros de manga. Es decir, una de las restricciones que habían sido flexibilizadas vuelve a aparecer después de un incidente que puso en riesgo infraestructura estratégica.

"Hay un negocito" dijo Sturzenegger en junio y eliminó las dimensiones exigidas para los convoy de barcazas que bajan desde Paraguay por el río Paraná. Tres meses después: un convoy de barcazas paraguayas se lleva puesto parte del puente General Belgrano a la altura de Corrientes. ¿Quién va a pagar los daños? La desregulación de Sturzenegger pone en riesgo la vida de los argentinos y te carga el costo a vos. PD: hoy, domingo 4 de octubre, la prefectura volvió a restringir las dimensiones máximas permitidas…¿no es que era un “negocito”? Burros, bestias e irresponsables. @fedesturze te menciono a ver si tenés alguna respuesta para dar.

— Julia Strada (@Juli_Strada) October 4, 2026

La secuencia vuelve a encender las alarmas sobre los efectos concretos de una política que busca eliminar controles y restricciones en nombre de la desregulación. El interrogante no es menor: si esas limitaciones eran consideradas innecesarias, ¿por qué Prefectura decidió reinstalarlas precisamente después del choque?

El antecedente inmediato tampoco había sido sencillo para el Gobierno. En agosto, la flexibilización del régimen de practicaje provocó un fuerte conflicto con los profesionales del sector, que paralizó durante varios días la actividad y afectó el movimiento de buques en distintos puntos del país.

Ante la gravedad del conflicto, el Ejecutivo suspendió temporalmente la aplicación del Decreto 690 y abrió una mesa de trabajo para discutir un nuevo esquema regulatorio. También acordó una reducción del 20% en las tarifas del practicaje.

Ahora, el incidente en el puente General Belgrano vuelve a colocar bajo escrutinio el criterio con el que el Gobierno está llevando adelante su programa de desregulación. La reducción de controles puede significar menores costos para determinados sectores, pero también plantea interrogantes cuando se aplica sobre actividades que involucran seguridad, infraestructura estratégica y circulación de grandes convoyes.

La responsabilidad directa por el choque corresponde al remolcador que impactó contra las defensas y deberá ser determinada con precisión por las investigaciones correspondientes. Pero el episodio abre otra discusión: si la flexibilización de las reglas modificó los márgenes de seguridad de la navegación y si las restricciones que Prefectura acaba de reinstalar deberían haber continuado vigentes.

La imagen resulta difícil de ignorar: primero se flexibilizan las reglas; después ocurre un accidente; y finalmente el Estado vuelve a imponer límites en el mismo punto donde había reducido las restricciones. Esa secuencia vuelve a poner en debate hasta dónde puede avanzar la motosierra regulatoria cuando están en juego la seguridad y la protección de infraestructura crítica.

La inflación volvió a tomar impulso en septiembre y puso en tensión el discurso oficial de estabilización de la economía. El índice alcanzó el 2,1%, por encima del 1,8% registrado en agosto, mientras la Canasta Básica Total ya trepó a $2.076.505 y la Canasta Básica Alimentaria superó los $1,13 millones.

El dato surge del nuevo Informe Económico y Social del IETSE correspondiente a septiembre de 2026 y marca una interrupción de la desaceleración observada en los meses anteriores. La inflación acumulada durante 2026 alcanza el 24%, mientras que la variación interanual llega al 32,8%.

El repunte inflacionario adquiere especial relevancia frente al discurso oficial que viene destacando la estabilización de las principales variables económicas. Sin embargo, los datos relevados muestran que la presión sobre los precios persiste y continúa impactando directamente sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Una canasta básica que ya supera los $2 millones

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $2.076.505, el ingreso mínimo que necesita el hogar de referencia para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a $1.130.236, estableciendo el umbral de ingresos necesario para superar la línea de indigencia.

Los valores muestran la magnitud del esfuerzo que deben realizar los hogares para sostener consumos considerados esenciales, en un escenario en el que los precios continúan avanzando y el poder de compra enfrenta crecientes dificultades.

El consumo se desploma y las compras de alimentos se resienten

El deterioro también aparece con claridad en las ventas de los comercios minoristas de proximidad. Según el IETSE, las ventas en volumen de alimentos y bebidas cayeron 8,3% interanual en septiembre, un retroceso que el informe vincula con las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus niveles de consumo.

La situación también golpea a los propios comerciantes. Consultados sobre cuánto tiempo consideran que podrían sostener su actividad, el 34,7% respondió que podría hacerlo durante un año o menos:

• Más de 12 meses: 65,3%
• Entre 6 y 12 meses: 18,6%
• Entre 3 y 6 meses: 10,2%
• Menos de 3 meses: 5,9%

Cada vez menos margen para afrontar una emergencia

El deterioro de los ingresos también queda reflejado en la situación financiera de los hogares. El 28,5% tuvo que pedir dinero para afrontar gastos básicos, mientras que la capacidad para resistir una interrupción de los ingresos aparece severamente limitada.

Ante una pérdida o interrupción de sus ingresos, el 61,3% de los hogares podría sostenerse menos de una semana. Otro 32,7% podría hacerlo entre una semana y un mes.

El margen de maniobra, por lo tanto, es reducido: para una amplia mayoría de las familias, cualquier imprevisto puede convertirse rápidamente en un problema para cubrir las necesidades esenciales.

La comida, cada vez más condicionada por la falta de dinero

El informe expone además un escenario crítico en materia alimentaria. Apenas el 42,4% de los hogares accede plenamente a los alimentos que necesita, mientras que el 57,6% restante enfrenta algún tipo de dificultad o restricción.

La situación resulta todavía más preocupante en los hogares con menores. En septiembre, el 28,6% informó que algún niño, niña o adolescente tuvo que reducir la cantidad de comida por falta de dinero.

Entre los adultos, el 39,1% de los hogares señaló que algún integrante redujo voluntariamente lo que comió para que los alimentos alcanzaran para el resto de la familia.

Fiado, tarjeta y préstamos para llegar a fin de mes

Ante la insuficiencia de los ingresos, el endeudamiento y el financiamiento cotidiano aparecen como mecanismos cada vez más utilizados para sostener la alimentación.

El 38,4% de los hogares recurrió al fiado, el 36,5% utilizó tarjetas de crédito y el 13,9% tomó préstamos para comprar alimentos.

En conjunto, el 88,8% de los hogares utilizó alguna modalidad de financiamiento para acceder a la comida, un dato que refleja el estrecho margen con el que muchas familias afrontan sus gastos cotidianos.

Así, mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la estabilización y la recuperación, los indicadores relevados por el IETSE muestran otra dimensión de la economía: la inflación volvió a acelerarse, la canasta básica ya supera los $2 millones, el consumo de alimentos se contrajo y millones de hogares deben recurrir al crédito, al fiado o a reducir su alimentación para poder sostenerse.

Casi seis de cada diez personas quieren un cambio total de la política económica y Patricia Bullrich mide mejor que Javier Milei. La desaprobación de la gestión libertaria es 58,1% y la aprobación 36,6%. Según un estudio de Management & Fit, el 57,5% de los encuestados está a favor de un cambio total de políticas y del equipo de gestión. Implica una suba de 0,5% entre septiembre y julio. Al mismo tiempo, quienes están a favor de la continuidad, bajaron 1,5%.

Ese descontento se traslada a la imagen de Milei, que cosecha 31,2 de negativa contra 52,7% de positiva y un diferencial de -21,5%. Patricia Bullrich tiene 33 de positiva y un diferencial de -16,7.

En el peronismo, Cristina Kirchner alcanza 31% de positiva y 51,3 de negativa, mejores números que Axel Kicillof. El gobernador tiene cifras muy similares a la Milei: 28,1% de positiva y 50,6 de negativa y un diferencial de -22,5.

Myriam Bregman tiene el mejor diferencial de imagen con -12%, fruto de una positiva de 26,4 y una negativa de 38,4%.

Mauricio Macri y Sergio Massa alcanzan un diferencial negativo de 38,9 y 39,8% respectivamente y en la medición solo los supera Karina Milei con -45,1%.

Las percepciones a futuro sobre la situación del país muestran el descontento con el gobierno: en dos meses subió más de 3 puntos la negativa y escaló a 46,4%. La evaluación de la situación personal también se deterioró casi dos puntos y llega a 39,3%.

La desocupación ganó terreno como el principal problema del país para uno de cada cinco encuestados y supera a los amentos de tarifas.

Los niveles de confianza y desconfianza en Milei tienen un leve aumento y hubo una suba de 5% entre quienes creen que la economía tardará más de un año en mejorar.

En la Provincia, la percepción de la gestión es peor que en el resto del país. La desaprobación de la gestión subió más de tres puntos en dos meses y entre la población con nivel educativo bajo supera el 70%, es de 61% para los de nivel medio y 60,9 para los de nivel alto.

La encuesta abarcó 2600 casos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, un margen de error de 2,1% y encuestas presenciales, online y telefónicas.

El presidente Javier Milei sumó al economista Alberto Ades a la reunión de gabinete ante la sugestiva ausencia de Luis “Toto” Caputo, que dio parte de enfermo pero después confirmó su presencia en La Misa del Gordo Dan para esta misma noche. Ades es muy crítico de la política fina de Luis Caputo.

El gobierno anunció la presencia de Ades, que es doctor en Economía de Harvard, mediante un comunicado oficial en el que lo igualó al resto de los funcionarios de primer rango. El invitado presentó ante los ministros su último libro, titulado “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”. Pero además de hablar de su libro, el economista expuso su mirada sobre la situación económica global.

Ades, por supuesto, reivindica el rumbo general de la economía globalizadora de Milei: “Tenemos potencial para consolidarnos como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales”. Como Milei, Ades cree en una Argentina que exporte al exterior, lo que generaría empleo para un tercio de la población. ¿Y el resto?

Pero además, Ades cuestiona algunos temas de política fina de Caputo que hacen que la inflación no baje más rápido, según él. Su presencia en la reunión: ¿fue un mensaje claro de Milei a Caputo? Si para Milei el objetivo es llegar a inflación cero el año que viene, algo se está haciendo mal porque la suba de precio sigue amesetada en torno al 2%, un número “altísimo” según explicaron siempre los actuales dirigentes oficialistas cuando fueron oposición. ¿Fracasó el modelo? ¿Es necesario cambiar al ministro?

Frente a los números negativos de actividad, el funcionario parece haber cambiado las certezas por un curioso repertorio de explicaciones: menos gas, más lluvias, nevadas, el Mundial de fútbol y ahora también hasta la visita del Papa.

En abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguraba que la Argentina había ingresado en un “proceso virtuoso” y lanzaba una de sus promesas más grandilocuentes: los 18 meses siguientes serían “los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. Apenas cinco meses después, frente a los números negativos de actividad, el funcionario parece haber cambiado las certezas por un curioso repertorio de explicaciones: menos gas, más lluvias, nevadas, el Mundial de fútbol y hasta la visita del Papa.

El dato que obligó a Caputo a salir a explicar la situación fue el resultado del EMAE de julio, que registró una caída del 1,4% interanual y un derrumbe del 2,9% respecto de junio. Frente a semejante retroceso, el ministro sostuvo que durante el mes se produjeron distintos “shocks transitorios” que golpearon a varios sectores de la economía.

Según su explicación, la industria manufacturera sufrió por una menor disponibilidad de gas, mientras que las mayores lluvias y nevadas afectaron a la construcción, la minería y algunos servicios. Pero el listado de factores no terminó allí: Caputo también mencionó las menores horas trabajadas vinculadas al Mundial de fútbol disputado durante el año.

Y, como si el Mundial no fuera suficiente para explicar los tropiezos de la economía, el ministro también vinculó la volatilidad de los mercados con la visita del Papa. Según planteó, la llegada del pontífice podía generar movimientos transitorios en la actividad y en el comportamiento de los mercados. Así, el repertorio oficial para explicar los problemas económicos terminó incorporando un elemento tan inesperado como difícil de tomar en serio: la agenda papal.

El contraste con sus propias previsiones resulta todavía más evidente. En abril, Caputo aseguraba que la inflación se encaminaba hacia su “certificado de defunción” y que el país ingresaba en una etapa de mayor crecimiento. Ahora, ante los datos adversos, el ministro busca relativizar el retroceso destacando que la actividad acumuló un crecimiento del 1,7% durante los primeros siete meses de 2026.

El problema es que el dato mensual de julio no parece acompañar el relato oficial. De los 15 sectores que integran el EMAE, apenas siete registraron aumentos interanuales, mientras que los restantes mostraron retrocesos. La economía, por lo tanto, continúa exhibiendo un comportamiento desigual y sectores que todavía no consiguen recuperar dinamismo.

El escenario también choca con el discurso triunfalista que el Gobierno mantiene puertas afuera del país. Mientras la administración de Javier Milei promociona en el exterior una Argentina transformada, lista para recibir inversiones y encaminada hacia una nueva etapa de crecimiento que la convertiría en una potencia mundial, distintos indicadores comenzaron a exhibir dificultades en actividad, consumo y empleo. Incluso el riesgo país superó los 600 puntos en septiembre, en un contexto que obligó al Gobierno a buscar alternativas para sostener la confianza financiera.

“Los paros, el Mundial o ahora la visita del papa afectan las mediciones y hacen que tenga más volatilidad” Luis Caputo remarcó que “la tendencia ciclo saca el ruido económico” y afirmó: “El EMAE desestacionalizado no refleja la realidad”. https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/rX6TEu6EB4

— Corta (@somoscorta) October 6, 2026

Pero Caputo no abandonó el optimismo. Durante la Argentina Week en París volvió a reivindicar su diagnóstico y aseguró que el Gobierno había producido un “punto de inflexión” y que la Argentina se encaminaba a conseguir cuatro años consecutivos de superávit financiero.

Así, mientras los datos muestran una economía que vuelve a pisar el freno, el ministro continúa defendiendo la idea de una transformación exitosa. La diferencia es que, cuando aparecen los números negativos, el repertorio de explicaciones parece ampliarse: primero fueron los “shocks transitorios”; después, el gas, las lluvias, las nevadas, el Mundial y ahora hasta la visita del Papa.

La escena resulta casi caricaturesca: en abril eran “los mejores 18 meses” en décadas y la inflación tenía su “certificado de defunción”; cinco meses después, una caída de la actividad puede explicarse por el clima, las horas destinadas a mirar fútbol y hasta por la volatilidad asociada a una visita papal. Por ahora, aquella prometida edad de oro de la economía argentina sigue sin aparecer, pero las excusas para explicar su ausencia no dejan de multiplicarse.

La industria automotriz argentina profundiza su deterioro y acumula una caída de 16,9% en la producción durante los primeros nueve meses del año. En septiembre se fabricaron 39.747 vehículos, un 15,6% menos que en igual mes de 2025. El desplome de la producción expone el impacto de la recesión sobre uno de los sectores industriales más importantes del país, mientras el mercado interno continúa por debajo de los niveles del año pasado.

La industria automotriz volvió a mostrar en septiembre un panorama preocupante. Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales produjeron 39.747 unidades durante el mes, lo que representa una caída de 15,6% respecto de septiembre de 2025, cuando se habían fabricado 47.108 vehículos.

El dato adquiere todavía mayor gravedad al observar el acumulado anual: entre enero y septiembre se produjeron apenas 314.975 vehículos, frente a los 379.243 fabricados durante el mismo período del año pasado. Son 64.268 unidades menos, equivalentes a un derrumbe del 16,9%.

La comparación mensual tampoco alcanza para ocultar el deterioro. En septiembre se fabricaron apenas 366 unidades más que en agosto, cuando habían salido de las terminales 39.381 vehículos, lo que representa una mejora marginal de apenas 0,9%.

El retroceso fue especialmente marcado en algunos segmentos. La producción de automóviles se desplomó 28,1% interanual en septiembre, convirtiéndose en uno de los principales factores detrás de la fuerte contracción del sector.

La situación revela además una creciente dependencia de las ventas externas para sostener los niveles de actividad. En septiembre se exportaron 28.213 unidades, un 6,8% más que un año atrás y el mejor registro mensual de 2026. De acuerdo con ADEFA, el 71% de los vehículos producidos durante el mes tuvo como destino mercados externos.

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones alcanzaron las 203.072 unidades, equivalentes al 64,5% de la producción total. Brasil concentró más del 60% de los envíos, aunque redujo parcialmente su participación, mientras que América Central, Perú, Chile y Colombia incrementaron su peso y explicaron casi otro 32% de las exportaciones.

El desempeño exportador aparece así como el principal sostén de una industria que enfrenta un escenario cada vez más complicado puertas adentro. El propio presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, reconoció que el mercado interno se mantiene por debajo de los niveles de 2025, mientras las terminales buscan recuperar volumen de producción.

El contraste es evidente: mientras las exportaciones ofrecen un alivio parcial, la producción acumulada se encuentra casi 17% por debajo del año pasado y el mercado interno continúa sin recuperar los niveles previos. La industria automotriz, uno de los pilares del entramado manufacturero argentino, atraviesa así un año marcado por la fuerte contracción de la actividad y por la creciente necesidad de colocar su producción fuera del país para sostener el funcionamiento de las plantas.