Pese a los intentos del oficialismo por tomar distancia del estratega digital tras su detención en Bolivia, los registros de acceso revelan un flujo constante del consultor a los despachos del Poder Ejecutivo.

Luego de que la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por el atentado contra la abogada Nadia Beller sacudiera el escenario político, los registros oficiales de la Casa Rosada dejaron al descubierto el estrecho vínculo que el estratega digital mantuvo con el gobierno de Javier Milei. Los libros de ingreso a la sede de Gobierno confirman que el consultor ingresó al menos en 12 oportunidades desde el inicio de la gestión libertaria.

Las visitas registradas desacreditan la narrativa de ciertos sectores del oficialismo que buscaron presentar a Cerimedo como un actor externo o desvinculado de la toma de decisiones. El estratega no solo mantenía contacto cotidiano en el ecosistema de redes sociales y batallas culturales del espacio, sino que caminaba con habitualidad por los pasillos de Balcarce 50 para reunirse con altos funcionarios y coordinar la comunicación oficial.

El paso frecuente del consultor por los despachos del Poder Ejecutivo coincide con momentos clave de la gestión, en los que la estrategia digital del Gobierno desplegó campañas agresivas contra la oposición y sectores críticos. Las planillas de acceso exponen una cercanía operativa insostenible de negar ante la opinión pública.

El hallazgo de estos ingresos sistemáticos suma presión e incomodidad al Gobierno, que intenta capear las repercusiones internacionales del caso Judicial que involucra a Cerimedo en el exterior. La evidencia de los registros vuelve a poner bajo la lupa la red de influencias y el nivel de injerencia que los operadores digitales informales tienen en las decisiones del Estado.

El Gobierno anunció que utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para colocar plazos fijos en bancos y facilitar el otorgamiento de préstamos para vivienda. El programa promete unas 17 mil hipotecas, pero para acceder a un crédito promedio de US$80 mil se necesitarán ingresos familiares de al menos $3,5 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un mecanismo para que los bancos puedan ampliar su oferta de créditos hipotecarios a largo plazo. Para hacerlo, el Gobierno recurrirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que administrará colocaciones por $2 billones en entidades financieras.

Se trata del fondo que contiene recursos destinados a respaldar el sistema previsional y que históricamente fue identificado como parte de los activos vinculados a los trabajadores y jubilados. Ahora será utilizado para garantizar mayor previsibilidad a los bancos, que podrán recibir esos fondos a plazos de uno y hasta cinco años.

A cambio, las entidades deberán ofrecer créditos hipotecarios para primera vivienda con una tasa máxima de UVA más 7,5% anual. El FGS, por su parte, exigirá rendimientos mínimos para los depósitos que realizará en los bancos.

Según explicó Caputo, el esquema permitiría generar unos 17 mil créditos hipotecarios. El ejemplo presentado por el Gobierno contempla un préstamo de US$80 mil a 25 años, con una cuota inicial cercana a los $865 mil.

Pero el requisito de ingreso también marca el alcance real de la medida: para acceder a ese crédito se necesitarían ingresos familiares de aproximadamente $3,5 millones mensuales.

El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el mecanismo vuelve a poner en discusión el destino de los recursos administrados por ANSES: mientras se utiliza dinero del sistema previsional para darle mayor respaldo financiero a los bancos, millones de jubilados continúan dependiendo de haberes que no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.

Además, los créditos estarán sujetos a la evolución de la UVA, por lo que las cuotas no permanecen necesariamente constantes en términos nominales. La medida busca dinamizar el mercado hipotecario, pero deja abierta la discusión sobre quién asume el riesgo y quién termina beneficiándose con el uso de los fondos previsionales.

Las declaraciones ante el tribunal de Héctor Zavaleta y Luis Betnaza sobre presuntos pagos ilegales exhibieron serias inconsistencias con testimonios anteriores y entre sí, dejando al descubierto fisuras en la hipótesis principal del proceso judicial.

Las audiencias del juicio oral por la causa denominada “Cuadernos” registraron una jornada de alto impacto tras las declaraciones de dos altísimos exejecutivos del Grupo Techint, Héctor Zavaleta y Luis Betnaza. Durante su comparecencia, ambos testigos incurrieron en notorias contradicciones respecto a la modalidad y los montos de entregas de dinero en efectivo que habrían realizado en 2008, debilitando la solidez del relato acusatorio impulsado desde el inicio del expediente.

El careo indirecto y la confrontación de los testimonios revelaron discrepancias sustanciales sobre los hechos investigados. Mientras en etapas previas los exdirectivos sostuvieron la versión de un presunto “pago humanitario” motivado por el proceso de estatización de la siderúrgica Sidor en Venezuela, los testimonios rendidos ante el tribunal se mostraron erráticos y discordantes con las afirmaciones presentadas por otros ejecutivos de la misma firma en jornadas previas.

La estrategia de las defensas técnicas logró que los jueces permitieran confrontar en tiempo real las versiones del dúo directivo con las pruebas documentales y los dichos de otros testigos del grupo empresarial. Esta dinámica expuso no solo diferencias en los montos en pesos equivalentes a dólares mencionados, sino también fisuras profundas sobre las circunstancias de lugar, modo y los verdaderos interlocutores de los supuestos acuerdos.

El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto que las acusaciones formuladas en la etapa de instrucción carecen de la cohesión necesaria para sostener la versión oficial de los hechos. Con el avance del debate oral, el proceso judicial exhibe grietas cada vez más evidentes en los testimonios clave que sustentaron el expediente desde su origen.

Un grupo de diputados del peronismo federal presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de Javier Milei informe en detalle sobre el ingreso y el amarre del buque británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, un episodio que suscitó roces entre la administración de Javier Milei y la gestión de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los legisladores Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos impulsan una iniciativa para determinar quién autorizó la operación, bajo qué criterios y qué organismos nacionales y provinciales intervinieron en el amarre del petrolero con bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El hecho es grave y podría haber incumplido una ley que prohibe que barcos de bandera británica amarren en puertos argentinos. Vale recordar que Inglaterra explota ilegalmente el petróleo en la cuenca de Malvinas, por el que existe un conflicto diplomático. Además, Gran Bretaña ocupa de forma también ilegal territorios – el 25% de la superficie nacional – que corresponden a Argentina. ¿Milei no lo sabe?

El dólar mayorista cerró este martes en $1.512 y marcó un nuevo máximo nominal. Pero la presión más fuerte, sin embargo, apareció fuera del mercado oficial. El contado con liqui cerró en torno de los $1.600. Es una señal particularmente sensible porque el CCL es utilizado por empresas e inversores para dolarizar posiciones y sacar fondos del circuito local. La brecha con el mayorista volvió así a acercarse al 6%.

Por eso, el ministro de Economía Luis Caputo decidió salir a “hacer anuncios” durante el día de hoy aunque no se sabe sobre qué tema. El ministro quiere mostrar que acá no pasa nada y todo “marcha acorde el plan”. El tema es quién le cree. Mientras, la economía no arranca y 6 millones de personas están en mora porque no pueden pagar sus créditos.

Mientras tanto, el gobierno libertario decidió salir a pelearse cn la realidad y explicar que esos 6 millones de morosos no son un problema. Lo mismo hizo el oscuro empresario Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, la empresa que da préstamos y cobra tasas que pueden llegar al 900%. En los países serios, que aman Milei y Galperín, eso sería usura o directamente estafa.

La fiscalía encontró gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen todavía no estaría corroborado. El insólito plazo otorgado por la justicia vuelve a poner bajo la lupa el abultado patrimonio de Adorni y alimenta las sospechas sobre su origen.

El juez federal Ariel Lijo le otorgó otros 15 días hábiles a Manuel Adorni para que intente justificar el origen de sus bienes, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión genera fuertes interrogantes, especialmente porque la fiscalía ya detectó importantes inconsistencias en las cuentas del exfuncionario.

El fiscal Gerardo Pollicita reclamó explicaciones sobre 20 puntos vinculados con dólares declarados, operaciones inmobiliarias y distintos movimientos de dinero. Entre las principales observaciones aparecen $43 millones en gastos que superarían los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría debidamente acreditado.

La defensa de Adorni solicitó la prórroga argumentando que no había podido acceder a documentación mencionada en el expediente. Así, el exfuncionario consiguió 15 días adicionales para reunir explicaciones y documentación con las que intentar despejar las dudas sobre su patrimonio.

La investigación también puso el foco en un incremento patrimonial registrado durante su paso por la función pública, además de los bienes y movimientos económicos de su cónyuge. La Justicia analiza la trazabilidad de los fondos declarados ante los organismos correspondientes.

Mientras tanto, las inconsistencias siguen sin explicación. El dato que más indignación genera es que, frente a diferencias millonarias y cientos de miles de dólares cuyo origen no estaría corroborado, la respuesta judicial sea otorgar más tiempo para justificar un patrimonio que ya se encuentra bajo sospecha.

Si las explicaciones finalmente no resultan satisfactorias, Adorni podría ser citado a indagatoria, lo que elevaría aún más la gravedad de una investigación que continúa acumulando interrogantes.

Se filtraron los explosivos mensajes que Javier Milei le habría enviado a Agustín Laje luego de que el titular de la Fundación Faro cuestionara el rumbo económico del Gobierno. “Hijo de puta”, “traidor” y “ya vas a ver” habrían sido algunas de las expresiones utilizadas por el Presidente, que luego bloqueó al dirigente.

El episodio, revelado por el periodista Alejandro Bercovich en C5N, expone una severa crisis interna en el entorno presidencial y muestra hasta qué punto las críticas sobre la marcha de la economía generan tensión dentro del oficialismo.

Según el relato, Milei se encontraba en la Quinta de Olivos cuando vio una entrevista de Laje, uno de sus principales defensores ideológicos y referentes de la denominada “batalla cultural” libertaria. El politólogo había marcado diferencias con el Gobierno y advertido sobre el deterioro de la situación social y económica.

Entre sus cuestionamientos, Laje sostuvo que “no le estaba mejorando el metro cuadrado a la gente”, advirtió que el péndulo político podía ir “para el otro lado” y remarcó que “la gente no come batalla cultural”. Las declaraciones habrían desatado la furia presidencial.

De acuerdo con Bercovich, Milei totalmente sacado tomó su teléfono y comenzó a enviarle mensajes en mayúsculas, con fuertes insultos y amenazas. Poco después, habría bloqueado al titular de la Fundación Faro, profundizando una crisis que amenazaba con provocar una nueva ruptura dentro del armado libertario.

La intervención de Santiago Caputo

La escalada del conflicto habría obligado a intervenir a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos del Gobierno, para evitar que Laje abandonara la Fundación Faro, espacio central para el despliegue ideológico y político del oficialismo.

El episodio resulta particularmente significativo porque Laje no es un dirigente opositor: es uno de los principales referentes intelectuales del universo libertario y estuvo estrechamente vinculado a la construcción de la “batalla cultural” impulsada por el Gobierno.

El fuerte enfrentamiento revela así una fractura que va más allá de una disputa personal. Las diferencias sobre la situación económica y social comienzan a atravesar incluso al núcleo de aliados que hasta ahora habían sido fundamentales para defender el proyecto de Milei.

La reacción del Presidente también expone una creciente dificultad para procesar las críticas internas en un momento en que el malestar económico amenaza con convertirse en uno de los principales problemas políticos del oficialismo.

Según Bercovich, el episodio con Laje habría sido apenas un anticipo de la ira que posteriormente Milei descargó en sus discursos ante empresarios. La “batalla cultural” que el Gobierno convirtió en una de sus principales banderas empieza así a chocar con una realidad incómoda: las críticas sobre la economía ya no llegan solamente desde la oposición, sino también desde sus propios aliados.

Un especialista que analizó el historial y las pericias del Presidente advierte una grave desconexión de la realidad y exige evaluar su inhabilidad por la vía constitucional.

El estado de salud mental de Javier Milei ha pasado a ser un debate central respecto a su capacidad para gobernar. Durante una entrevista brindada a Crónica, el psiquiatra José Abásolo, profesional con 50 años de experiencia, expuso su diagnóstico presuntivo: “Estamos siendo gobernados por un individuo que ha perdido el contacto vital con la realidad”. El médico sostuvo que las descalificaciones habituales del mandatario responden a “una defectuosa estructuración de la conciencia moral, porque la conciencia moral es un juicio crítico de la razón mediante el cual se reconoce la cualidad ética de un acto y él no se da cuenta de eso”.

En su exposición, el especialista repasó los antecedentes del Presidente y recordó que logró verificar la pericia ordenada en 2018 por un juez de Salta tras agresiones a una periodista, habiendo hablado directamente con el psicólogo que intervino en Rosario de la Frontera. Abásolo remarcó que, lejos de ser un hecho aislado, se trata de “una sumatoria de hechos de conductas desadaptativas, de estímulo atentatorio a la dignidad de las personas”, agregando que “uno podría observarlo como una mala educación, pero en realidad también puede ser un síntoma de un trastorno de personalidad grave”.

Al detallar el cuadro psicopatológico, el profesional identificó un conjunto de síntomas alarmantes: “Aparecen elementos pseudodelirantes mesiánicos, la megalomanía, lo autorreferencial, la sobrevaloración, el orgullo, la desconfianza y la falta de comprensión empática”. Asimismo, afirmó categóricamente que Milei “desde que subió a este escenario no bajó más; vive su propia ficción permanentemente”, advirtiendo que, como ocurre con muchos enfermos mentales, es una persona vulnerable que puede ser aprovechada por sectores inescrupulosos. Por su parte, la conducción del programa solidarizó al canal con los periodistas agredidos por el mandatario y repudió la falta de respeto a la investidura presidencial.

El análisis contó también con la participación del dirigente sindical Rodolfo Aguiar, quien coincidió con el diagnóstico y manifestó: “La desconexión del Presidente con la realidad en este momento es absoluta, es completa. Tenemos un presidente que vive su propia ficción, una ficción en la que los argentinos no jugamos ningún rol”. En el intercambio, se planteó además que el jefe de Estado actúa como una “marioneta” y un “títere”, mientras que las decisiones centrales de la gestión son ejecutadas por el poder real en un contexto signado por la incapacidad del mandatario para entablar lazos afectivos duraderos.

Frente a la gravedad de la situación, Abásolo enfatizó que se debe recurrir a las herramientas institucionales: “El juicio político para mí tiene que existir y también la inhabilitación”. Recordó que el sistema constitucional establece la sucesión en el artículo 88 por razones de incapacidad física o mental, planteando que el Congreso debe ordenar un psicodiagnóstico exhaustivo a cargo del Cuerpo de Peritos Forenses para determinar la invalidez de sus actos jurídicos.

Finalmente, el psiquiatra concluyó con una tajante advertencia sobre el futuro institucional del país: “Creo que el pronóstico no es bueno. Dice cualquier cosa y no mide las consecuencias, tampoco es consciente de su padecimiento”. Los especialistas remarcaron que el examen médico no es una opinión política sino una medida de urgencia y sentido común, afirmando que “el destino del Presidente no debe ser la cárcel, sino un tratamiento psiquiátrico”, dado que su permanencia en el cargo resulta peligrosa tanto para la Nación como para su propia salud.

El presidente Javier Milei parece desconectado de lo que pasa en la realidad. Ahora, celebró una suba ínfima en junio de la actividad industrial, pero se olvidó decir que si mide lo que pasó en todo el semestre de 2026 la caída versus 2025 fue del 2,2%. Si se toma 2023, la caída supera el 8%.

Por la apertura de las importaciones y el atraso cambiario, la industria argentina sufre con el modelo económico libertario, que se jacta del cierre de empresas a diario. De hecho, desde que gobierna Milei hay menos empresas privadas que antes. ¿No era que la derecha argentina defiende a los empresarios?

Mientras cierran las empresas, crece el desempleo y el trabajo precario, y eso se debe en buena medida a la crisis de la industria argentina, uno de los sectores más dinámicos cuando se trata de incorporar empleados formales con buenos salarios. Milei va a contramano de lo que hacen los países exitosos. Pero no se da cuenta: prefiere pelearse con la realidad.

La detención en Bolivia del consultor político Fernando Cerimedo volvió a poner bajo la lupa una relación que el gobierno de Javier Milei intenta presentar como parte del pasado. Desde la Casa Rosada sostienen que Cerimedo no integra el oficialismo y que el vínculo con el Presidente se habría roto en 2023.

Sin embargo, su participación en la campaña que llevó a Milei a la Presidencia, su gravitación en el universo comunicacional libertario y sus posteriores ingresos a la Casa Rosada muestran una relación bastante más compleja.

Cerimedo fue uno de los operadores digitales vinculados a la campaña presidencial de Milei en 2023. Distintas reconstrucciones periodísticas lo ubican participando en la estrategia electoral y, especialmente, en la organización territorial y digital del armado libertario. El consultor construyó buena parte de su proyección regional a partir de esa cercanía con el entonces candidato presidencial.

El propio Gobierno intenta ahora establecer una frontera temporal precisa: Cerimedo habría participado de la campaña, pero no tendría ninguna relación con la administración nacional. La explicación, sin embargo, choca con los registros de sus movimientos posteriores a la asunción de Milei. Según información publicada en los últimos días, Cerimedo visitó la Casa Rosada al menos 13 veces desde diciembre de 2023 y su última visita registrada habría sido en junio de 2024. Es decir, los contactos con la sede del Poder Ejecutivo continuaron durante los primeros meses del gobierno libertario.

La relación tampoco puede analizarse por fuera de La Derecha Diario, el medio que Cerimedo fundó y que se convirtió en una de las principales usinas comunicacionales de la nueva derecha argentina y regional. El portal acompañó el ascenso de Milei y formó parte del ecosistema mediático que impulsó las posiciones libertarias en redes sociales. Cerimedo, además, utilizó su cercanía con Milei como una carta de presentación para proyectarse como asesor de dirigentes y candidatos de la derecha latinoamericana.

Otro elemento que vuelve especialmente delicado el caso es la relación entre el círculo de Cerimedo y la estructura estatal. Su esposa, Natalia Basil, fue funcionaria del gobierno nacional y dejó su cargo en medio de otro escándalo vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. La figura de Cerimedo también apareció mencionada en el marco de las investigaciones y controversias alrededor de ese organismo, un dato que complica el intento oficial de presentar al consultor como un personaje completamente ajeno al poder libertario.

La caída de Cerimedo se produce ahora en Bolivia, donde se encuentra detenido en el marco de una investigación por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. Se trata de una causa judicial en curso y Cerimedo rechaza las acusaciones. Paralelamente, la Justicia boliviana investiga otros aspectos surgidos de los allanamientos realizados en su entorno. El caso generó un fuerte impacto político por las conexiones regionales del consultor, que también trabajó o mantuvo vínculos con dirigentes de la derecha de otros países de América Latina.

Frente al escándalo, Milei eligió tomar distancia. En declaraciones recientes, el Presidente aseguró que Cerimedo no forma parte de su espacio y sostuvo que ambos dejaron de tener vínculo en 2023. Pero esa versión convive con un dato difícil de ignorar: el hombre al que hoy el oficialismo presenta como un extraño tuvo participación en la campaña presidencial, construyó su carrera regional a partir de su cercanía con Milei y continuó ingresando a la Casa Rosada una vez iniciado el gobierno.

El caso Cerimedo expone, así, una característica más amplia del armado libertario: la existencia de una extensa zona gris entre funcionarios formales, asesores informales, operadores digitales, empresarios de la comunicación y consultores políticos. Una red que no siempre ocupa cargos públicos, pero que puede tener influencia en campañas, estrategias de comunicación y vínculos internacionales. Ahora que uno de sus integrantes más conocidos quedó en el centro de un escándalo judicial, el Gobierno busca correrlo de la foto. El problema es que las fotos, las visitas y los vínculos documentados cuentan otra historia.