Finalmente, el Jefe de Gabinete y mano derecha de Karina Milei, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada en la que intentó justificar la adquisición de muchas propiedades y gastos descomunales en viajes de lujo. La explicación fue insólita: recordó que tiene inversiones millonarias en bitcoin.
En la última declaración como funcionario reflejaba bienes por solo u$s24.000. Recuerden que Adorni se jactaba de “no ser casta”.
Con la incorporación de los fondos ahora reconocidos, el patrimonio informado para ese mismo período se eleva a más de u$s530.000. Es decir, su patrimonio saltó 22 veces de la noche a la mañana. ¿Adorni no sabía que debía informar esos bitcoins? ¿No recordaba que tenía 500 mil dólares?
La titular del Senado apuntó directamente contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, al calificar como una “vergüenza” las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio.
A través de las redes sociales, Villarruel volvió a diferenciarse del círculo más cercano al Presidente y dejó una de sus críticas más contundentes contra un funcionario clave del Gobierno. Consultada por un usuario sobre una reciente entrevista de Adorni, la vicepresidenta fue tajante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.
El cruce se produjo luego de que Adorni intentara justificar distintos aspectos de su declaración jurada, un tema que ya había despertado cuestionamientos públicos por parte de Villarruel semanas atrás. En aquella oportunidad, la vicepresidenta había señalado que esperaba que el funcionario presentara la documentación correspondiente para aclarar la situación.
Pero el enfrentamiento no terminó allí. En otra interacción con usuarios, Villarruel apeló a la ironía para redoblar sus críticas. Al responder el mensaje de un seguidor que le pidió una “cascada de éxitos” por su cumpleaños, la vicepresidenta aprovechó para lanzar una indirecta contra el funcionario libertario: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, escribió, en alusión a las versiones que circularon sobre el origen de parte del patrimonio declarado por Adorni.
Las declaraciones vuelven a poner en evidencia el creciente distanciamiento entre Villarruel y el Gobierno nacional. Lo que comenzó como diferencias puntuales se transformó en una disputa cada vez más visible, con cuestionamientos públicos y señales de ruptura política entre los principales socios de la fórmula presidencial.
Durante una reciente visita a Rosario, la vicepresidenta también se había referido a su relación con la Casa Rosada y marcó diferencias de estilo con el oficialismo. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no respondería con faltas de respeto”, afirmó.
Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni, Villarruel volvió a despegarse de las decisiones del Ejecutivo. “Las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, sostuvo.
Con cada nuevo cruce, la relación entre Milei y Villarruel parece alejarse aún más de la convivencia institucional que exhibieron al inicio de la gestión, alimentando una interna que ya se desarrolla a cielo abierto dentro del oficialismo.
Tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada rectificativa y ensayó una defensa basada en una combinación de herencias, ahorros no declarados durante décadas y ganancias extraordinarias obtenidas con bitcoin.
La principal novedad fue su relato sobre una supuesta inversión temprana en criptomonedas. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200 mil dólares en bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a los 300 mil dólares, una operación que le habría permitido justificar más de medio millón de dólares incorporados ahora a su patrimonio declarado. “Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, relató durante la entrevista televisiva. Para el jefe de Gabinete, el valor de haber apostado por el Bitcoin entre 2014 y 2018 transformó a ese dispositivo de almacenamiento en una pieza de colección invaluable en su hogar.
La explicación llamó la atención incluso dentro del propio Gobierno, donde algunos funcionarios admitieron en privado su preocupación por el impacto político de un argumento que inevitablemente remite al universo de las criptomonedas en momentos en que el presidente Javier Milei continúa bajo presión por el escándalo vinculado a la megaestafa internacional de Libra.
Pero el relato de Adorni no se limitó al bitcoin. Durante una entrevista televisiva reconoció que durante años mantuvo ahorros sin declarar junto a su esposa. “Ahorramos toda la vida en negro”, afirmó, admitiendo públicamente una conducta que implicó la evasión de obligaciones fiscales.
Lejos de intentar minimizar esa confesión, el funcionario sostuvo que durante años consideró que mantener ahorros fuera de los registros oficiales era una forma de protegerse de las políticas económicas de gobiernos anteriores. Según explicó, recién ahora decidió regularizar esa situación mediante declaraciones rectificativas y el pago de impuestos, multas e intereses correspondientes.
Adorni también apeló a otros argumentos para reconstruir el origen de sus bienes. Mencionó dinero recibido tras la muerte de su padre en 2002, una herencia inmobiliaria y bienes registrados a nombre de su esposa que, según aseguró, “no aparecían correctamente reflejados en sus declaraciones” patrimoniales.
Las explicaciones llegaron además acompañadas por un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación. “Pensé en renunciar”, admitió durante la entrevista, aunque sostuvo que decidió permanecer en el cargo porque se considera víctima de acusaciones infundadas. “Me dolió un montón que me traten de chorro”, afirmó.
La presentación de la nueva declaración jurada se incorpora ahora a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que analiza la evolución patrimonial del funcionario. Mientras tanto, las sucesivas justificaciones —primero las herencias, luego los ahorros no declarados y finalmente las ganancias extraordinarias con bitcoin— continúan alimentando interrogantes sobre el verdadero origen de una fortuna que el propio Adorni reconoció haber mantenido fuera de los registros oficiales durante años.
Un informe forense elaborado por una división especializada en ciberdelito de la Policía Federal Argentina (PFA) incorporó nuevos elementos a la causa judicial por el caso $LIBRA y puso en cuestión uno de los principales argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei para desvincularse del proyecto.
El documento concluye que el 14 de febrero de 2025, a las 18:38, fueron creados mil millones de tokens $LIBRA y que, en ese momento, una única billetera concentraba el “control primario absoluto” del activo. Según el análisis, esa cuenta correspondía a la billetera fundacional del proyecto y estaba bajo control del equipo del empresario estadounidense Hayden Davis.
La conclusión adquiere relevancia porque contradice la versión sostenida por Milei, quien aseguró que al momento de promocionar la criptomoneda en redes sociales el activo ya era “público”. De acuerdo con el informe policial, cuando el Presidente publicó su mensaje, a las 19:01, $LIBRA todavía no estaba listada en ningún exchange centralizado y el contrato necesario para adquirir el token no se encontraba disponible públicamente en internet.
Los investigadores determinaron que durante las primeras horas la única manera de acceder al activo era contar con información provista directamente por el proyecto o recibir transferencias desde la billetera fundacional. La primera plataforma local en listar la criptomoneda fue Ripio, recién a las 21:40, más de dos horas después de la publicación presidencial.
La secuencia temporal reconstruida por la PFA resulta uno de los puntos más sensibles de la investigación: a las 18:38 se creó el token, a las 19:01 Milei difundió el contrato en sus redes sociales y recién a las 21:40 la moneda quedó disponible en una plataforma de intercambio reconocida. Horas después, el valor del activo se desplomó tras una extracción masiva de fondos desde la billetera inicial.
El expediente también incorporó información obtenida del teléfono de Mauricio Novelli, señalado como uno de los nexos entre el proyecto y el Presidente. Los peritajes revelaron comunicaciones entre ambos antes y después de la publicación del tuit. Ese mismo día, Novelli se encontraba en Texas junto a Hayden Davis, quien posteriormente reconoció haber estado reunido con personas vinculadas al entorno presidencial durante el lanzamiento.
Además, el análisis del dispositivo recuperó una imagen que haría referencia a un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares destinado a condicionar la actividad de Milei en redes sociales en los días previos al lanzamiento del token.
Si bien el informe es preliminar, sus conclusiones se suman a otras evidencias ya incorporadas a la causa y fortalecen las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía el Presidente acerca del origen, la administración y la distribución inicial de $LIBRA cuando decidió promocionar el proyecto. La investigación judicial busca determinar precisamente qué sabía Milei sobre el activo digital y quiénes controlaban efectivamente la operación en sus primeras horas de existencia.
La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito ingresó en una etapa sensible. La Justicia ya tiene en su poder el contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado importantes obras en una vivienda vinculada al funcionario y aseguró haber percibido alrededor de 245.000 dólares por esos trabajos.
Según pudo saber este medio, la extracción de la información almacenada en el dispositivo fue completada con éxito y los investigadores comenzaron a revisar el material obtenido. El análisis apunta a reconstruir el vínculo entre Tabar y Adorni, así como a verificar distintos aspectos de la declaración testimonial incorporada al expediente. La medida había sido ordenada luego de que el propio contratista entregara voluntariamente el aparato y autorizara el acceso a su contenido. Ahora, la expectativa está puesta en los mensajes, archivos y registros que puedan arrojar luz sobre la contratación de las obras, su ejecución y la forma en que fueron abonadas, reseñó Política Argentina.
Uno de los focos de interés está puesto en las comunicaciones mantenidas entre ambos. Durante su declaración, Tabar sostuvo que había recibido mensajes de Adorni a través de WhatsApp antes de comparecer ante la fiscalía. Según relató, el funcionario manifestó interés en dialogar con él e incluso le ofreció asistencia relacionada con su presentación judicial. Ese episodio despertó la atención de los investigadores y derivó en un examen integral del dispositivo para determinar el alcance de esos contactos y el contexto en el que se produjeron.
La fiscalía también busca reconstruir los intercambios vinculados específicamente a las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Tabar afirmó que los trabajos fueron abonados en efectivo y describió distintas remodelaciones efectuadas en el inmueble. La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes además avanzan sobre otros aspectos patrimoniales del funcionario. Entre ellos figuran movimientos financieros, operaciones con activos digitales y gastos relacionados con viajes y mejoras inmobiliarias.
Con la información obtenida del teléfono ya incorporada a la causa, los investigadores esperan determinar si los registros digitales permiten corroborar los dichos del contratista, reconstruir la relación mantenida con Adorni y establecer si existen elementos que contribuyan a esclarecer el origen de los fondos utilizados para afrontar las obras. En paralelo, la fiscalía trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia habitual en las investigaciones por enriquecimiento ilícito que suele preceder a eventuales llamados a declaración indagatoria.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó su adhesión al régimen de “inocencia fiscal” para regularizar activos no declarados, en una maniobra que forma parte del armado de la declaración jurada que presentaría esta semana. Así lo hizo también su mujer.
La estrategia de la pareja es clara: adherir al sistema para justificar lo que será un incremento patrimonial inexplicable. De este modo, podrían incluir nuevas propiedades y recibir el perdón fiscal. Igualmente, la justicia podría investigarlo por corrupción.
Según se supo, muchos funcionarios libertarios también se sumaron a la “inocencia fiscal” – todavía no trascendieron los nombres – para regularizar propiedades que no habían declarado ante la AFIP. Es decir, eran evasores. Una ley hecha a medida (de los libertarios).
Legisladores del kirchnerismo presentaron un informe que sostiene que la ex presidenta cumple una prisión domiciliaria con restricciones excepcionales. Cuestionan a la Corte Suprema y denuncian una persecución política y judicial.
A un año de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, legisladores nacionales del kirchnerismo denunciaron que la ex presidenta cumple una prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y asociación ilícita.
La presentación se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA y estuvo encabezada por los consejeros de la Magistratura Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y César Grau. Allí difundieron un informe elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública que, según afirmaron, demuestra un tratamiento judicial excepcional hacia la principal dirigente de la oposición.
Según el documento, más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones. El relevamiento también señala que personas condenadas por asociación ilícita en la Ciudad de Buenos Aires no enfrentan limitaciones similares.
“Entre quienes cumplen condenas vinculadas al ejercicio de la función pública, Cristina es la única que mantiene este nivel de restricciones”, sostuvieron los dirigentes durante la exposición.
Denuncian persecución y proscripción política
El próximo 10 de junio se cumplirá un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Una semana después, el 17 de junio, se hará efectivo el aniversario de su arresto domiciliario.
En ese contexto, los bloques de Unión por la Patria y el Justicialismo preparan una serie de actividades para denunciar lo que consideran un proceso de persecución política y judicial contra la ex mandataria.
Los legisladores anunciaron que presentarán una nota ante la Corte Suprema cuestionando las condiciones de detención y reclamando el cese de lo que calificaron como una situación “irregular, arbitraria y desproporcionada”.
Además, convocaron a una concentración frente al domicilio donde cumple prisión domiciliaria y a un banderazo en Parque Lezama para expresar respaldo a la ex presidenta.
Críticas a la Corte Suprema
Durante la presentación, los dirigentes apuntaron directamente contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner y dejaron firme la condena dictada por la Justicia federal.
Para el kirchnerismo, la decisión judicial no solo afectó los derechos de la ex presidenta, sino que tuvo consecuencias sobre el sistema democrático. En el documento presentado sostienen que la condena y la inhabilitación perpetua constituyen una forma de proscripción política que limita el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
“La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político”, remarcaron los consejeros, quienes insistieron en que las restricciones impuestas a Cristina Kirchner no tienen antecedentes comparables en otros casos de condenados con prisión domiciliaria.
A un año de la resolución judicial que modificó el escenario político argentino, el kirchnerismo volvió a denunciar que existe un tratamiento excepcional contra la ex mandataria y redobló sus cuestionamientos contra un Poder Judicial al que acusa de intervenir en la disputa política mediante decisiones que, aseguran, exceden el plano estrictamente jurídico.
La aparición de cadaver de un socio de Martín Menem dejó a la cúpula del gobierno en un estado de shock, mientras se investigan las causas del deceso. Compartían empresas con negocios millonarios con el estado nacional.
El fallecido es el venezolano Daniel Antonio Osorio Peñaloza, que fue encontrado muerto este domingo en su domicilio en Almagro. Osorio figuraba como director suplente de la firma Gen Tech Argentina SA, la firma de suplementos deportivos creada por Martín Menem. Además era socio de Menem en la empresa Insulow SRL.
Gentech es una de las proveedoras de la droguería Suizo Argentina, que comercializa sus productos y recibió un contrato de 27 mil millones de pesos de la Angencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estaba a cargo el procesado Diego Spagnuolo. De hecho, en tribunales se comenta que aparecería mencionada en uno de los audios del ex funcionario. Se sab: Spagnuolo es hombre de Karina Milei, que además es socia política (¿solo política?) de Martín Menem.
El coordinador del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos, Federico Vacarezza, sostuvo que el deterioro del empleo formal y del entramado productivo “ya no responde a un ajuste transitorio”, sino que empieza a mostrar características estructurales. Según el relevamiento de IPA, desde diciembre de 2023 ya desaparecieron casi 25.000 unidades productivas registradas y la pérdida acumulada de empleo formal podría superar los 500.000 puestos hacia fin de año.
El coordinador del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos —IPA—, Federico Vacarezza, expuso un diagnóstico crítico sobre la evolución del empleo registrado, la actividad industrial y la situación de las empresas argentinas. Durante su presentación, advirtió que los datos actuales muestran un deterioro persistente del entramado productivo nacional y reclamó “una corrección urgente del rumbo económico”.
“Los datos muestran que el deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, señaló Vacarezza.
De acuerdo con el informe del Observatorio IPA, si la actividad industrial y el mercado interno no logran recuperar dinamismo durante los próximos meses, Argentina podría superar hacia fin de año la barrera de los 500.000 empleos formales perdidos desde diciembre de 2023. Incluso, de mantenerse las tendencias actuales, la destrucción acumulada podría ubicarse entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo registrados.
La situación de la industria manufacturera aparece como una de las señales más preocupantes. Según el relevamiento, el sector ya perdió más de 77.000 empleos y más de 3.100 empresas desde el inicio del actual ciclo económico. Si no se revierte la dinámica, la industria podría superar los 100.000 puestos destruidos antes de finalizar el año.
“Argentina no solo está perdiendo empleo: está perdiendo empresas. Y cada empresa que cierra implica menos producción, menos inversión y menos oportunidades de trabajo para los argentinos”, afirmó Vacarezza.
El informe también advierte sobre un posible récord histórico en la mortandad de empresas. Desde diciembre de 2023 ya desaparecieron casi 25.000 unidades productivas registradas y, de mantenerse la tendencia actual, esa cifra podría superar las 35.000 hacia fin de año.
Vacarezza planteó además una paradoja central de la coyuntura económica: mientras algunos indicadores de producción industrial muestran rebotes puntuales, el empleo y la cantidad de empresas continúan cayendo.
“La industria puede mostrar una mejora estadística en determinados meses, pero eso no significa que exista una recuperación consolidada. El problema es que el rebote no derrama sobre el empleo ni sobre las PyMEs”, explicó.
Una nueva encuesta nacional de la consultora Giacobbe & Asociados expone un fuerte deterioro en la imagen pública de las principales figuras del gobierno libertario y refleja un creciente malestar social frente a la situación económica.
El relevamiento, realizado entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre 2.500 casos en todo el país, muestra una marcada caída en la valoración del presidente Javier Milei y un rechazo masivo hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El dato más contundente del estudio es la situación de Adorni, quien aparece como el dirigente oficialista con peor desempeño. El 64,5% de los encuestados tiene una imagen negativa del funcionario, mientras que apenas un 16% expresa una valoración positiva y un 13,6% lo califica de manera regular. Se trata del nivel de rechazo más alto entre todos los integrantes del Poder Ejecutivo incluidos en la medición.
La encuesta también confirma el desgaste de la figura presidencial. Javier Milei registra un 55% de imagen negativa frente a un 34,2% de positiva, consolidando una tendencia descendente que contrasta con los niveles de apoyo que exhibía durante su primer año de gestión. El retroceso resulta significativo si se considera que en agosto de 2024 había alcanzado un pico de 58,7% de imagen positiva. Los números actuales reflejan una pérdida sostenida de respaldo y alimentan las señales de una creciente crisis de credibilidad para el proyecto libertario.
El escenario tampoco es favorable para la vicepresidenta Victoria Villarruel, que acumula un 57,9% de imagen negativa y apenas un 11% de valoración positiva, aunque mantiene un elevado 25,1% de opiniones regulares.
Mauricio Macri con la peor imagen
Más allá de las figuras del oficialismo, el estudio revela un panorama de desconfianza generalizada hacia la dirigencia política. Entre los referentes opositores, Patricia Bullrich obtiene 38,8% de imagen positiva y 49,5% negativa; Axel Kicillof alcanza 34,8% positiva y 53,6% negativa; Cristina Kirchner registra 29,2% positiva y 55,8% negativa; mientras que Mauricio Macri aparece entre los dirigentes con mayor nivel de rechazo, con 62,5% de imagen negativa y apenas 13,9% positiva. Myriam Bregman cierra la lista con 32,3% de valoración positiva y 44,9% negativa.
Percepciones negativas sobre el rumbo económico del país
Los datos económicos ayudan a explicar el deterioro de las percepciones sobre el gobierno. El 57,8% de los consultados considera que lo peor de la crisis aún no llegó, frente al 40,3% que cree que ya pasó. Además, una mayoría percibe que la situación económica continúa agravándose: el 39,8% afirma que empeora rápidamente y otro 14,6% sostiene que lo hace de manera lenta. En contraste, apenas el 12,7% considera que la economía mejora rápidamente y un 23,3% observa una mejora gradual.
La desconfianza también se refleja en las preocupaciones ciudadanas. Ante la consulta abierta sobre los principales problemas del país, la corrupción ocupó el primer lugar entre las respuestas, seguida por la economía, la pobreza, el desempleo y la inseguridad. El predominio de estas preocupaciones, combinado con la caída de las principales figuras oficiales, configura un escenario complejo para el gobierno de Milei, que enfrenta crecientes dificultades para sostener la confianza pública en medio de un contexto económico y social adverso.
